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Sentencia CA-953-12 — Registro 2939

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 9 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 letra a) de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 9 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA:Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 14 de Junio de 2012, con excepción de la parte que exime de costas al ESTADO DE HONDURAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y susEMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña la relación directa que tenia la hoy demandante con el Titular de esta Secretaria cuyas funciones fueron dictadas directamente A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso de la Señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrada en el cargo de Asistente Especial Técnico desempeñó labores como empleado de confianza por lo tanto el Cargo que ostento la Señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA es un Cargo de Confianza y Puesto Excluido del Régimen del Servicio Civil, siendo dichos puestos nombrados y removidos por el Presidente de la República. La Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo uso del siguiente razonamiento: “CONSIDERANDO (9): Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye: Que el cargo que ocupaba la señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, de Asistente Especial Técnico, de la Secretaría de Relaciones Exteriores es un puesto protegido por el Régimen de Servicio Civil, pues este no se encuentra dentro de los cargos excluidos que establece el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, donde la autoridad nominadora estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdo y al no hacerlo, violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, por lo que el acto administrativo es nulo.” La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente la demandante fue nombrada, mediante Acuerdo No. 318-SRH, de fecha 2 de enero de 2007, en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERAN APLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de, Asistente Especial Técnico (Puesto Excluido), pues para nombrar a la Señora Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido la demandante queda excluida de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostentó en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el Cargo de Director Institucional (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no está regulado por la Ley de Servicio Civil.-En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto del régimen del servicio civil, el puesto que desempeñaba. No obstante que, como lo he expuesto, que el cargo desempeñado por la demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 9 del Reglamento de la mencionada Ley, pues siendo un puesto excluido no tiene que sujetarse a la cancelación de la servidora a procedimiento alguno, sin embargo, el Tribunal a pesar de ello considera que si es necesario llevar a cabo un procedimiento, siendo ese el motivo para declarar procedente la acción. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 9 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- “ Que el cargo que antecede tal como fue formulado resulta inamisible porque las razones siguientes: a) insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta impertinente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 numeral 2) , 723 numeral 1) literal a) y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido esta última disposición en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, representado en juicio por la abogada ALBA ROSARIO CORTEZ MEJIA, y la recurrida: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, representada en juicio por la abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injusta de que fue objeto la demandante y como medida para el restablecimiento de su Derecho, el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios caídos y las costas, promovida por la señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, representado en juicio por la Abogada ALBA ROSARIO CORTEZ MEJIA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 5 de febrero de 2007, comenzó a prestar los servicios al Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; que la Autoridad Nominadora en forma arbitraria ha emitido el acuerdo No.1279-SRH, de fecha 31 de agosto de 2009, mediante el cual se cancela a la demandante a partir del 4 de septiembre de 2009, del cargo que ostentaba, manifestando la Autoridad Nominadora ser un puesto excluido del Régimen de Servicio Civil; que la Ley del Servicio Civil así como su Reglamento ya establecen cuales son los puestos y los servidores públicos a quienes no les es aplicable o están al margen de la Ley del Servicio Civil, definidos en los mismos como servicios o puestos excluidos, dentro del cual no se encuentra enmarcado el cargo que desempeñaba en dicha Secretaría, por lo cual la causal invocada es completamente ilegal e injusta, habiéndose violentado además el procedimiento de cancelación de servidores públicos establecido en la Ley del Servicio Civil y su reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, contestó dicha demanda señalando que la cancelación de la demandante se realizó conforme a derecho, con estricto apego a las atribuciones que confiere la Constitución de la República en el artículo 245 numeral 5, el cual establece que el Presidente de la República tiene a su cargo la administración general del Estado, que de manera que el acuerdo de cancelación emitido por el Secretario de Estado de los Despachos de Relaciones Exteriores, en uso de las facultades legales delegadas por el señor Presidente de la República, en base al Decreto Ejecutivo No.02-2006, es completamente apegado a derecho, mismo en el que se le hizo saber a la demandante que de no estar conforme podía hacer uso del plazo de 15 días hábiles, para impugnar el acto administrativo ante el Juzgado correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de marzo de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No.1279-SRH de fecha 31 de agosto de 2009, emitido por el titular del Poder Ejecutivo, en consecuencia se anula totalmente; reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento se resuelve reintegrar a la demandante al cargo de Asistente Especial Técnico en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ser el cargo en el cual fue nombrada y del cual fue cancelada; condenando a dicha Secretaría al pago a favor de la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación hasta la fecha en que sea restituida en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder, con costas; bajo el criterio que la demandante fue cancelada del puesto de trabajo que desempeñaba en la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, sin indicar dicho acuerdo el motivo especifico de su cancelación, a pesar de estar protegida por la Ley de Servicio Civil; asimismo, no consta en autos que la autoridad nominadora, previo a tomar la decisión de cancelar de su puesto a la demandante, haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo que conlleva una decisión que infringe el ordenamiento jurídico, y por ello procede la nulidad de tal acuerdo, con el consecuente reconocimiento de la situación jurídica individualizada, al haber la parte demandante acreditado tal realidad.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha catorce de junio de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que el cargo que ocupaba la señora Lilia Judith Calix Orellana, de Asistente Especial Técnico, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un puesto protegido por el Régimen de Servicio Civil, pues este no se encuentra dentro de los cargos excluidos que establece el articulo 3 de la Ley de Servicio Civil, donde la autoridad nominadora estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdo y al no hacerlo, violo el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, por lo que el acto administrativo es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogada ALBA ROSARIO CORTEZ MEJIA, presentó en fecha uno de agosto de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha catorce de junio de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 152-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 307-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha tres de agosto de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, la señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, representada en juicio por la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, presentó en fecha cuatro de septiembre de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de septiembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución los Abogados WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, apoderada de la parte demandante y LUIS ARMANDO ALVARADO PADGETT, apoderado de la parte demandada, en fecha veintiuno de septiembre y nueve de noviembre de dos mil doce, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en concepto de parte recurrida y LUIS ARMANDO ALVARADO PADGETT, en concepto de parte recurrente, presentaron escrito de personamiento en fecha veinticinco de septiembre y quince de noviembre de dos mil doce, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 9 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 letra a) de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 9 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 14 de Junio de 2012, con excepción de la parte que exime de costas al ESTADO DE HONDURAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña la relación directa que tenia la hoy demandante con el Titular de esta Secretaria cuyas funciones fueron dictadas directamente A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso de la Señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrada en el cargo de Asistente Especial Técnico desempeñó labores como empleado de confianza por lo tanto el Cargo que ostento la Señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA es un Cargo de Confianza y Puesto Excluido del Régimen del Servicio Civil, siendo dichos puestos nombrados y removidos por el Presidente de la República. La Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo uso del siguiente razonamiento: “CONSIDERANDO (9): Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye: Que el cargo que ocupaba la señora LILIA JUDITH CALIX ORELLANA, de Asistente Especial Técnico, de la Secretaría de Relaciones Exteriores es un puesto protegido por el Régimen de Servicio Civil, pues este no se encuentra dentro de los cargos excluidos que establece el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, donde la autoridad nominadora estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdo y al no hacerlo, violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, por lo que el acto administrativo es nulo.” La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente la demandante fue nombrada, mediante Acuerdo No. 318-SRH, de fecha 2 de enero de 2007, en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERAN APLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de, Asistente Especial Técnico (Puesto Excluido), pues para nombrar a la Señora Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido la demandante queda excluida de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostentó en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el Cargo de Director Institucional (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no está regulado por la Ley de Servicio Civil.-En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto del régimen del servicio civil, el puesto que desempeñaba. No obstante que, como lo he expuesto, que el cargo desempeñado por la demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 9 del Reglamento de la mencionada Ley, pues siendo un puesto excluido no tiene que sujetarse a la cancelación de la servidora a procedimiento alguno, sin embargo, el Tribunal a pesar de ello considera que si es necesario llevar a cabo un procedimiento, siendo ese el motivo para declarar procedente la acción. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 9 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- II.- Que el cargo que antecede tal como fue formulado resulta inamisible porque las razones siguientes: a) insta la revisión del material probatorio, lo cual resulta impertinente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 numeral 2) , 723 numeral 1) literal a) y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido esta última disposición en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 953-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL