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Sentencia CA-952-12 — Registro 2938

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la parte demandante, se anula el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; del Código Procesal Civil, consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio….”.- “ Que el cargo que antecede resulta inamisible por las razones siguientes: se omite establecer si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, causales que comprenden situaciones jurídicas distintas que debieron ser precisadas en forma separada e independiente y, olvida la Impetrante señalar la disposición (es) que a su criterio fue (ron) infringida (as).-“Que en el segundo motivo se esgrime: “En cuanto al segundo motivo y al tenor de lo que dispone el Articulo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: “No se admitirá la Acción Contencioso Administrativo respecto de: Los Actos Firmes, es decir aquellos que no hayan sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos y firmes.” Además y de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice” Que el segundo cargo también resulta inadmisible puesto que el impetrante omite el concepto de la infracción así como el precepto legal que sustente el motivo.- “ Que en el tercer y cuarto motivo se aduce lo siguiente: “TERCER MOTIVO: Que de acuerdo a la pruebas presentadas y evacuadas en su oportunidad, se demostró que efectivamente la parte demandante Señora WENDY SUYAPA HERNANDEZ, se le cancelaron sus derechos en concepto de Prestaciones Laborales, las cuales fueron aceptadas, asimismo las pruebas presentadas y evacuados oportunamente se demostró entre otros, que si efectivamente se realizo inspección a la Dirección de Servicio Civil, como medio de prueba propuesto por nuestra parte,....; CUARTO MOTIVO: Finalmente en el considerando numero 5, de la Sentencia de Primera Instancia, queremos decir que si efectivamente la parte demandante en ningún momento ni por ninguna circunstancia comprobó que se le hayan violentado los derechos a su representada, y era a quien le correspondía probar lo que pedía, por lo tanto le correspondía la carga de la prueba, en ese sentido queremos manifestar que no se comprobó nada en el proceso es por tal razón el motivo del Recurso de Casación, por no estar conforme con el mismo fallo,….”.- “ Que en la formulación de los cargos que anteceden también el impetrante incurre en defectos técnicos que los vuelven inadmisibles, al olvidar establecer el concepto de la infracción, el precepto legal en que se sustenten los motivos alegados y además se alude al material probatorio para efectos de valorización, cuando mediante este recurso no se puede instar la revisión del material probatorio de conformidad a los dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-“.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente deice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de octubre del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, representada en juicio por el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO y el Recurrido: La señora WENDY SUYAPA HERNANDEZ, representada en juicio por la Abogada YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, reintegro a puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y costas, promovida en fecha ocho de septiembre del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora WENDY SUYAPA HERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, por medio de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que en fecha 19 de enero del 2009, mediante Acuerdo SE-010-2009, fue nombrada en el cargo de Secretaria del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. Resulta que en fecha 18 de agosto del 2010, mediante Acuerdo No SE-008-2010, sin haber incurrido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 261 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil se le notificó la cancelación del cargo, viciando consecuentemente de nulidad el acto que hoy se impugna. Por otra parte, es evidente la negligencia en que ha incurrido la Autoridad Nominadora en la emisión del acto impugnado, pues ha omitido cumplir con lo prescrito en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, al no haber previamente comunicado la decisión de cesantía a la Dirección de Servicio Civil y fundamentarla en cualquiera de los 2 presupuestos que el artículo 53 establece en cuanto a reducción forzosa de servicios y de personal por razones de orden presupuestario o bien para obtener una más eficaz económica organización administrativa. Además el artículo 54 arriba citado dispone que para adoptar esta decisión debe tomarse en cuenta los resultados de las evaluaciones periódicas que se le hayan hecho al cesanteado, mismas que nunca se le practicaron.- 2.- La parte demandada, el PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, manifiesta que se rechaza lo señalado por la parte demandante en lo referente a la nulidad del acto que se impugna, pues hay comprobante de ejecución gastos emitido por la Tesorería General de la República de fecha 29 de septiembre del 2010, que contiene la orden de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a favor de la señora WENDY SUYAPA HERNANDEZ, por un monto total de L.31,356.1l, cantidad de dinero que le fue acreditada a la demandante mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco del País (BANPAIS S.A.) lo cual también se desprende del comprobante SIAFI como una operación satisfactoria del banco pagador, adquiriendo ésta el carácter de firme, ya que al tenor de lo que dispone el Articulo 31 inciso a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “No se admitirá la acción contencioso administrativo respecto de los actos firmes, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos y firmes”.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de noviembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción y Se anula el acuerdo de cancelación número SE-008-2010 de fecha dieciocho de agosto del 2010, reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar a la demandante a su cargo de SECRETARIA del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Estado de la Presidencia, condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado de la Presidencia al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, sin costas; bajo el criterio que la pretensión de la demandante en la presente causa es el reintegro y salarios dejados de percibir, por lo que el depósito a cuenta de prestaciones realizado a la cuenta de la demandante es un claro abuso por parte de la autoridad nominadora de pretender restringir el derecho que le asiste a la demandante de acudir a los tribunales por no habérsele seguido el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, tampoco se acreditó documento firmado por la demandante en la que se manifieste haber recibido satisfactoriamente sus prestaciones como documento de respaldo.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 3 de mayo del 2012, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmar la sentencia definitiva de mérito venida en apelación, sin costas; bajo el criterio de que al haber sido la demandante cancelada por cesantía, la autoridad nominadora se tenía que sujetar a los presupuestos que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir dichos actos, lo que consta que no realizó la autoridad nominadora, violentando con esto el ordenamiento jurídico y viciando de nulidad el acto administrativo impugnado, por encontrarnos ante un acto nulo de pleno derecho tal como lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo. Que en cuanto al alegato que a la actora le fueron acreditadas en su cuenta bancaria las prestaciones laborales motivadas por la cesantía, es correcta la apreciación del a-quo en el sentido que si dicha cesantía es ilegal el afectado por mandato expreso de la Constitución de la República puede exigir dicho pago o el reintegro al cargo del que fue cancelado y es esto último lo que pretende la demandante y si en el caso que dichas prestaciones fueron gozadas por la demandante se tendrán que deducir las mismas del pago de salarios dejados de percibir ordenados en sentencia como daños y perjuicios y asimismo el puesto que ocupaba la demandante no es excluido del régimen de servicio civil.- 5.- La representación procesal de la demandante, el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, presentó con fecha 19 de junio del 2012, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 3 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 089-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 526-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 25 de junio del 2012, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha 11 de septiembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, declaró la preclusión del plazo señalado por la Ley para que la Abogada YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL se pronunciara sobre el contenido del presente recurso de casación y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución en fecha 27 de septiembre de 2012, como parte demandada, al Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO y a la parte demandante, Abogada YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL, en fecha 12 de noviembre de 2012, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, en su condición de apoderado parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 28 de septiembre del 2012, en concepto de parte recurrente y la Abogada YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL, personándose en concepto de parte demandante/recurrida en fecha 15 de noviembre del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; del Código Procesal Civil, consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio….”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inamisible por las razones siguientes: se omite establecer si el concepto de la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, causales que comprenden situaciones jurídicas distintas que debieron ser precisadas en forma separada e independiente y, olvida la Impetrante señalar la disposición (es) que a su criterio fue (ron) infringida (as).- III.- Que en el segundo motivo se esgrime: “En cuanto al segundo motivo y al tenor de lo que dispone el Articulo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: “No se admitirá la Acción Contencioso Administrativo respecto de: Los Actos Firmes, es decir aquellos que no hayan sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos y firmes.” Además y de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que dice:….”.- IV.- Que el segundo cargo también resulta inadmisible puesto que el impetrante omite el concepto de la infracción así como el precepto legal que sustente el motivo.- V.- Que en el tercer y cuarto motivo se aduce lo siguiente: “TERCER MOTIVO: Que de acuerdo a la pruebas presentadas y evacuadas en su oportunidad, se demostró que efectivamente la parte demandante Señora WENDY SUYAPA HERNANDEZ, se le cancelaron sus derechos en concepto de Prestaciones Laborales, las cuales fueron aceptadas, asimismo las pruebas presentadas y evacuados oportunamente se demostró entre otros, que si efectivamente se realizo inspección a la Dirección de Servicio Civil, como medio de prueba propuesto por nuestra parte,....; CUARTO MOTIVO: Finalmente en el considerando numero 5, de la Sentencia de Primera Instancia, queremos decir que si efectivamente la parte demandante en ningún momento ni por ninguna circunstancia comprobó que se le hayan violentado los derechos a su representada, y era a quien le correspondía probar lo que pedía, por lo tanto le correspondía la carga de la prueba, en ese sentido queremos manifestar que no se comprobó nada en el proceso es por tal razón el motivo del Recurso de Casación, por no estar conforme con el mismo fallo,….”.- VI.- Que en la formulación de los cargos que anteceden también el impetrante incurre en defectos técnicos que los vuelven inadmisibles, al olvidar establecer el concepto de la infracción, el precepto legal en que se sustenten los motivos alegados y además se alude al material probatorio para efectos de valorización, cuando mediante este recurso no se puede instar la revisión del material probatorio de conformidad a los dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- VII.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VIII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesa l Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su cuatro motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigara. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 952-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL