Sentencia CA-914-12 — Registro 2769
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por el demandante declarando procedente la acción incoada, en consecuencia se anula totalmente, reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve adoptar el reintegro del demandante al cargo de sub – director
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 046-2010 de fecha trece (13) de julio de dos mil diez (2010), dictado por Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3 por consiguiente en ningún momento se acredito que se ha lesionado ningún derecho, lo cual demostramos que no se ha infringido el ordenamiento jurídico, para hacer efectiva dicha cancelación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal e, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando seis, para proceder a la cancelación del Señor ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, como dice este Honorable Tribunal no se consulto ala Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación del Señor ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que regir por un procedimiento previo proceder a la cancelación del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias.TERCERO: El Considerando antes mencionado, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confierela Ley de Propiedad. CUARTO: El Considerando número siete de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar al ciudadano ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos.QUINTO: El Considerando número ocho de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal e, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia”.- “ Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, además indica dos preceptos autorizantes uno fundamentado en el Código Procesal Civil y otro peticionando una nulidad, cuando deviene obligado relacionar cada motivo de casación con su respectivo precepto autorizante. Y por último en ninguno de los apartados o numerales señala que norma fue infringida”” En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra esteAuto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, numeral a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de julio de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITTUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y el Recurrido: ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, representados en juicio por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico, con quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, que se reconozca una situación jurídica individualizada de titular de los derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, el reintegro al cargo de subdirector general dependiente de la dirección de general de regularización predial, del Instituto de la Propiedad o a otro de igual o mejor salario y categoría, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta que sea reintegrado a su cargo mediante sentencia definitiva condenatoria, reconociéndole los respectivos incrementos salariales que en su caso tuviera el puesto del cual fue despedido, ilegalmente durante la secuela del juicio, más el pago de los derechos laborales que ocurran durante el juicio, como decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones y bonificación por concepto de vacaciones, especial condena en costas a la parte demandada en el presente juicio, promovida por el señor ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero y de este domicilio, representado en juicio por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio del año dos mil diez, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representados en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el IP mediante cuero 24-2006 del 31 de marzo del 2006, a partir del 1 de marzo del 2007 fue ascendido al cargo de Sub-Director General, dependiente de la Dirección General de Regularización Predial del IP, que fue cancelado de su cargo mediante acuerdo de cancelación 046-2010 del 13 de julio del 2010, notificado y efectivo desde esa misma fecha, acuerdo de cancelación en el que no se invoca causal de despido que tipifique la causal de despido o de cesantía, para lo cual la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen los requisitos y procedimiento, mismos que no se siguieron, lo cual vuelve ese acto en ilegal, injusto y arbitrario, ya que violenta el ordenamiento jurídico al no observarse el debido proceso o los pasos y requisitos que las leyes establecen para emitir este tipo de acto administrativo, que en la fecha que fue cancelado se encontraba en reposo por encontrarse mal de salud y a pesar de ello le llamaron para que se presentara a la Sub- Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad para entregarle el acuerdo de cancelación.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que la fecha en que argumenta fue nombrado, no es correspondiente al acuerdo de nombramiento, rechazando los demás hechos alegados por el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, en consecuencia se anula totalmente, reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve adoptar el reintegro del demandante al cargo de sub – director dependiente de la dirección general de regularización predial, condenar al Instituto de la Propiedad al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieren corresponder, se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. Criterio: que no consta en autos que la institución previo a tomar la decisión de cancelar de su puesto al demandante haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley del Instituto de la Propiedad y su Reglamento de Personal específicamente en el artículo 68 y 71 que fueron expuestos en los considerandos que anteceden, lo que conlleva a establecer una decisión que infringe el ordenamiento jurídico, y por ello procede la nulidad de tal acuerdo, que si bien, el Instituto de la Propiedad está facultado para cancelar por despido, al un servidor público, aquel debe cumplir previa y posteriormente a tal decisión con los supuestos establecidos en el reglamento interno de personal, y al no cumplirlos por lo cual la cancelación se vuelve ilegal y sujeta a la administración pública a las responsabilidades patrimoniales derivadas de tal decisión ilícita.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación del demandante esta obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Instituto de la Propiedad y su reglamento de personal para emitir esta clase de acuerdos, y al no hacerlo violo con esto el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta resulte ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.096-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 410-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, representada en juicio por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, presentó, en fecha seis de septiembre del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de septiembre del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha trece de septiembre del año dos mil doce la Abogada NORMA SOLORZANO en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, y en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil doce el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA, presentó escrito en fecha seis de noviembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- 9.- Que mediante auto de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil doce se dio por precluído el termino concedido y dejado de utilizar por parte de la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO, en su condición de apoderada de la parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 046-2010 de fecha trece (13) de julio de dos mil diez (2010), dictado por Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3 por consiguiente en ningún momento se acredito que se ha lesionado ningún derecho, lo cual demostramos que no se ha infringido el ordenamiento jurídico, para hacer efectiva dicha cancelación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal e, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando seis, para proceder a la cancelación del Señor ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación del Señor ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que regir por un procedimiento previo proceder a la cancelación del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias. TERCERO: El Considerando antes mencionado, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 037-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. CUARTO: El Considerando número siete de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar al ciudadano ALEJANDRO JOSE SANTOS BRITO, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. QUINTO: El Considerando número ocho de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206,207, 208, 719 literal e, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia”.- II.- Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, además indica dos preceptos autorizantes uno fundamentado en el Código Procesal Civil y otro peticionando una nulidad, cuando deviene obligado relacionar cada motivo de casación con su respectivo precepto autorizante. Y por último en ninguno de los apartados o numerales señala que norma fue infringida.- III.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en su condición de apoderado de la parte demandada. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de julio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha dieciséis de julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 914-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL