Sentencia CA-913-12 — Registro 2937
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandado por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 26 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 26 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 02 de agosto de 2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones se exige, cuenta fe y apoyo especiales de parte de la autoridad nominadora. A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso del Señor FELIX PEDRO GONZALES GUTIERREZ, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrado en el cargo de Auditor Interno Jefe, desempeñó labores como empleado de confianza. Asimismo durante el momento procesal oportuno, se constató que en el Sistema de Computo de la Dirección General de Servicio Civil no aparece el nombre del Señor FELIX PEDRO GONZALES GUTIERREZ, no tiene conocimiento de este tipo de nombramientos en vista que se encuentran bajo la categoría de Puesto Excluido. En consecuencia la Dirección General de Servicio Civil a través del Departamento de Normas y Procedimientos emitió Opinión Legal: en el sentido que la Dirección General se abstiene de CERTIFICAR, en el puesto de Auditor Interno Jefe, por encontrarse en la categoría de puesto excluido del Régimen de Servicio Civil. Puesto Excluido el que no está bajo el Régimen del Servicio Civil, y que estos puestos son nombrados y removidos por el Presidente de la República. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente el demandante fue nombrado, mediante Acuerdo 105-2006, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil seis, en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando el Honorable Juez de Primera Instancia y la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERAN APLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de Auditor Interno Jefe (Puesto Excluido), pues para nombrar al Señor Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido al demandante LO EXCLUYE la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostentó en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el de Auditor Interno Jefe (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no están regulados por la Ley de Servicio Civil. En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto del régimen del servicio civil el puesto que desempeñaba. No obstante que, como lo he expuesto, que el cargo desempeñado por el demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 26 del Reglamento de la mencionada Ley, que, como no se encuentra dentro de la definición que da éste último artículo de lo que es empleado de confianza, no lo considera como tal, y es ahí entonces en donde se produce la equivocación porque según su criterio, si la ley no lo dice entonces no se puede considerar como empleado de confianza, olvidando que la ley, aunque no lo diga de manera expresa su sentido lógico deriva de la norma jurídica propiamente dicha, esto es, que un puesto de Auditor Interno Jefe, por las responsabilidades que conlleva es de confianza del titular de la Secretaría de Estado para la que labora, además sin sujeción a horarios de trabajo y tanto es así que su nombramiento nunca se registró en el Servicio Civil, y el que decide quién será empleado de confianza es el Secretario de Estado pues así lo dice la Ley en forma expresa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 26 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible puesto que el Impetrante en su explicación insta a la revisión de la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia impugnada, lo cual resulta impropio en este extraordinario recurso, al amparo de lo que dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de octubre del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución de los presentes Recursos de Casación interpuestos y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Como parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población, representado en juicio por el Abogado JOSUE DANIEL BARAHONA y como Recurrido: Como parte demandante el señor FELIX PEDRO GONZALEZ GUTIERREZ, representado en juicio por el Abogado YAMIR REYES ALVARADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria, contraída a pedir la nulidad de un acto particular de la Administración Pública por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos del administrado y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro o a otro de igual categoría y salario, más el pago de salarios dejados de percibir que en derecho correspondan, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del dos mil ocho, por el señor FELIX PEDRO GONZALEZ GUTIERREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población, por medio de su representante legal la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que comenzó a laborar para el Estado de Honduras, mediante acuerdo número 105-2006, a partir del 1 de marzo del año 2006, desempeñándose en el cargo de Auditor Interno, devengando un sueldo mensual; posteriormente mediante acuerdo número 479-2008, de fecha 5 de junio del 2008, se le notificó la cancelación del cargo, mencionándole solo las gracias por los servicios prestados, ya que según la autoridad nominadora su puesto era excluido del régimen de Servicio Civil, la cancelación violenta el ordenamiento jurídico, mencionando los artículos 256, 257, 321 de la Constitución de la República; 3, 38 inciso b), d) y g), 47 de la Ley de Servicio Civil; 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, dice que rechaza las pretensiones del demandante, ya que no está protegido por el Régimen de Servicio Civil, sino por las normas especiales que al efecto ha emitido el Tribunal Superior de Cuentas. Señala que esas normas especiales que regulan la relación entre los auditores internos y los diferentes órganos del Poder Ejecutivo, no reconocen el pago de derechos o salarios dejados de percibir o indemnización alguna.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de octubre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró PROCEDENTE la acción, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. Anular el Acuerdo N° 479-2008 del 2 de junio 2008 emitido por la demandada, pues fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para tal efecto. Reconocer a favor del demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento adopta las siguientes medidas: a) Reinstalar en el cargo de Auditor Interno Jefe en la Secretaria de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia al demandante FELIX PEDRO GONZALES GUTIERREZ. b) Pagar a favor del demandante, FELIX PEDRO GONZALES GUTIERREZ, concerniente a los sueldos que correspondan a partir de la fecha de su ilegal cancelación, hasta que el demandante sea restituido satisfactoriamente en su cargo. c) Diferir para la etapa de ejecución de esta sentencia el cálculo de los sueldos condenados a pago. d) Decretar, en todo caso, la nulidad del acto por el cual se hubiere designado el sustituto en el puesto que desempeñaba el demandante, sin costas; bajo el criterio que al momento de cancelación del demandante la demandada no había emitido las normas generales que regulan la relación entre el demandante y la entidad para la cual prestaba sus servicios, lo procedente es acudir a la Ley cuya finalidad es establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público, es decir la Ley de Servicio Civil, pues como se dijo, esta Ley es la que regula a los servidores públicos que laboran en las Secretarías de Estado. En la senda de lo establecido, dicho cuerpo legal establece, a través de las figuras de las cesantías y el despido, los mecanismos procedentes para dar por terminada la relación de servicio entre los servidores públicos y las distintas Secretarías de Estado.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 2 de agosto del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que al momento de la cancelación del demandante no había entrado en vigencia el marco rector de la Auditoría Interna del Sector Público, por lo cual siendo empleados del sector público, a los auditores internos les era aplicable la Ley de Servicio Civil; en este sentido, el apelante alega, que dichas disposiciones no le eran aplicables al demandante por ser dicho cargo excluido del régimen de servicio civil, por ser empleado de confianza del Secretario de Estado, tal como lo establece el artículo 3 literal a) de la Ley de Servicio Civil; sin embargo, si bien es cierto, la Ley de Servicio Civil estipula que no le son aplicables sus disposiciones a los Secretarios y Subsecretarios de Estado y a sus empleados de confianza, sin estipular quienes son dichos empleados de confianza, no menos cierto es que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, vigente al momento del nombramiento y cancelación del demandante, estipula claramente en sus artículos 21 y 22 quienes son los empleados de confianza de los Secretarios y Subsecretarios de Estado y el procedimiento a seguir en el caso del literal e) del referido artículo 21 del precitado Reglamento, dentro de los cuales no se encuentra el cargo que desempeñaba el demandante, ni consta procedimiento alguno para determinar el referido cargo como de confianza, en consecuencia, el demandante no era empleado de confianza del Secretario de Estado, por lo cual le eran aplicables las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; ya que para que un cargo sea considerado excluido del régimen de servicio civil debe estar claramente establecido en el referido artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, como en su Reglamento, no bastando con que se estipule en el acuerdo de nombramiento y cancelación tal circunstancia o que un órgano diga que el cargo es excluido.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, el Abogado JOSUE DANIEL BARAHONA, como apoderado del ESTADO DE HONDURAS, presentó en fecha 19 de septiembre del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 2 de agosto del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 176-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 173-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 20 de septiembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, presentó en fecha 10 de octubre del 2012, escrito de contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 15 de octubre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución el Abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, apoderado de la parte demandante en fecha 30 de octubre del 2012 y el Abogado JOSUE DANIEL BARAHONA ANDINO, apoderado de la parte demandada, en fecha 31 de octubre del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, apoderado de la parte demandante en concepto de parte recurrido, presentó personamiento en fecha 5 de noviembre del 2012 y mediante providencia de fecha 19 de noviembre del 2012, se declaró precluído el término concedido y dejado de utilizar por el Abogado JOSUE DANIEL BARAHONA ANDINO, apoderado de la parte demandada.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 26 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 26 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 02 de agosto de 2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para sus funciones se exige, cuenta fe y apoyo especiales de parte de la autoridad nominadora. A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso del Señor FELIX PEDRO GONZALES GUTIERREZ, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrado en el cargo de Auditor Interno Jefe, desempeñó labores como empleado de confianza. Asimismo durante el momento procesal oportuno, se constató que en el Sistema de Computo de la Dirección General de Servicio Civil no aparece el nombre del Señor FELIX PEDRO GONZALES GUTIERREZ, no tiene conocimiento de este tipo de nombramientos en vista que se encuentran bajo la categoría de Puesto Excluido. En consecuencia la Dirección General de Servicio Civil a través del Departamento de Normas y Procedimientos emitió Opinión Legal: en el sentido que la Dirección General se abstiene de CERTIFICAR, en el puesto de Auditor Interno Jefe, por encontrarse en la categoría de puesto excluido del Régimen de Servicio Civil. Puesto Excluido el que no está bajo el Régimen del Servicio Civil, y que estos puestos son nombrados y removidos por el Presidente de la República. La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente el demandante fue nombrado, mediante Acuerdo 105-2006, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil seis, en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando el Honorable Juez de Primera Instancia y la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERAN APLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de Auditor Interno Jefe (Puesto Excluido), pues para nombrar al Señor Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido al demandante LO EXCLUYE la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostentó en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el de Auditor Interno Jefe (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no están regulados por la Ley de Servicio Civil. En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto del régimen del servicio civil el puesto que desempeñaba. No obstante que, como lo he expuesto, que el cargo desempeñado por el demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 26 del Reglamento de la mencionada Ley, que, como no se encuentra dentro de la definición que da éste último artículo de lo que es empleado de confianza, no lo considera como tal, y es ahí entonces en donde se produce la equivocación porque según su criterio, si la ley no lo dice entonces no se puede considerar como empleado de confianza, olvidando que la ley, aunque no lo diga de manera expresa su sentido lógico deriva de la norma jurídica propiamente dicha, esto es, que un puesto de Auditor Interno Jefe, por las responsabilidades que conlleva es de confianza del titular de la Secretaría de Estado para la que labora, además sin sujeción a horarios de trabajo y tanto es así que su nombramiento nunca se registró en el Servicio Civil, y el que decide quién será empleado de confianza es el Secretario de Estado pues así lo dice la Ley en forma expresa. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 26 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible puesto que el Impetrante en su explicación insta a la revisión de la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en la sentencia impugnada, lo cual resulta impropio en este extraordinario recurso, al amparo de lo que dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su motivo único. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 913-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL