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Sentencia CA-903-12 — Registro 7372

Resumen

En primera instancia se declaró procedente la acción incoada por la demandante por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisado el escrito que contiene la interposición y formalización del recurso de casación, se puede detectar que el mismo no reúne ni cumple las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil, ya que no se indican las causales o motivos, las normas infringidas, el precepto autorizante, entre otros; limitándose a realizar una expresión de agravios, como si se tratara de la segunda instancia, todo lo cual hace inadmisible el mismo. "Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. ".- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que revisado el escrito que contiene la interposición y formalización del recurso de casación, se puede detectar que el mismo no reúne ni cumple las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil, ya que no se indican las causales o motivos, las normas infringidas, el precepto autorizante, entre otros; limitándose a realizar una expresión de agravios, como si se tratara de la segunda instancia, todo lo cual hace inadmisible el mismo. "Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. ".- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución de los presentes Recursos de Casación interpuestos y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Como parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, representado en juicio por el Abogado JOSE ROBERTO ZELAYA ALVAREZ, y como Recurrido: Como parte demandante la señora MELANIE SUYAPA AGUILAR LAGOS, representado en juicio por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria, contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se ordene el reintegro a un puesto de trabajo con indemnización de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se cumpla con la reinstalación solicitada, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de marzo del dos mil ocho, por la señora MELANIE SUYAPA AGUILAR LAGOS contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, por medio de su representante legal la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que fue nombrada como Médico General en el Hospital militar a partir del 1 de octubre de 2005 mediante acuerdo, devengando un salario mensual de L.17,000.00. Que en fecha 5 de octubre del 2007 fue notificada para audiencia de descargo alegando haber cometido una falta grave tipificada en el artículo 240 literal e) del Reglamento de Personal de las Fuerzas Armadas, transcribiéndome dicho literal al señalar “La alteración de asientos registrados, documentos etc. y, la destrucción de páginas, libros y talonarios” proceso injusto y falso en momentos en que solamente quien ha sufrido la lamentable pérdida de su madre, pues esto se debe a hechos ocurridos en fecha 7 de septiembre del 2007, cuando falleció su madre y al pedir le extendieran el Reporte de Defunción erraron en su contenido expresando un motivo de muerte distinto al que padeció su madre y que por subsanar el mismo solicitó otro con la correcta información. Que en fecha 22 de octubre de 2007, solicitó y le fueran concedidas sus vacaciones por el término de 14 días desde el día 15 de noviembre hasta el día 4 de diciembre de 2007. No obstante lo anterior, mediante nota de fecha 23 de noviembre de 2007, recibida el día 5 de diciembre de 2007 se le notificó la sanción de Despido a partir del día 1 de diciembre de 2007, es decir, 3 días antes de finalizar su período de vacaciones, lo que demuestra el abuso de poder de que fue objeto pues no se le puede cancelar su nombramiento o despedir mientras se encuentre de vacaciones, ya que de acuerdo a los artículos 74 y 75 de la Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, la autoridad puede ordenar la suspensión de las vacaciones cuando las necesidades lo exijan y en caso justificado, considerándose caso justificados la situación de guerra, conmoción interna y situaciones de emergencia debidamente decretaras, ninguna de estas situaciones se presentó en mi caso. Y en todo caso le debieron suspender las vacaciones para que, una vez reincorporada al servicio, le hicieran las notificaciones respectivas, nada de lo cual sucedió. Por lo que es evidente el incumplimiento a los procedimientos legales por parte de la Administración en el presente caso. 2.- La parte demandada el Estado de Honduras, dice que rechaza las pretensiones de la demandante, ya que falta a la verdad al decir que dicha acta fue llenada por una persona desconocida, puesto que siempre ha sabido, que quien llenó el acta que solicitara su entrega a su colega y amiga del Hospital Militar, fue el Doctor Martínez. En cuanto a lo manifestado por la demandante, referente a que los datos contenidos en el Acta de Defunción de su señora madre son inexactos, tal afirmación no se pudo comprobar en virtud que la autora de la demanda, a pesar de haber sido requerida para que probase ese extremo, nunca presentó el acta original, siendo hasta el 19 de noviembre del 2007, que presentó una copia fotostática de esa acta, la cual al ser puesta a la vista del Doctor Emilio Arturo Martínez, aseveró que esa no era el Acta que él había llenado puesto que la letra no era la suya, sin embargo la firma que mostraba dicha copia fotostática, sí resultó pertenecer a la de la Doctora Jessica Turcios, lo que hace presumir que la copia fue alterada y que el Notario que la autenticó fue sorprendido en su buena fe. Se constató además, que la Doctora Melanie Suyapa Aguilar Lagos, unos días después de la muerte de su madre, se presentó al Hospital Militar con una Acta de Defunción que ella misma había llenado en su totalidad, lo cual puede corroborarse por ser ésta de su puño y letra, pidiéndole en esa oportunidad a la Doctora Jessica Turcios, que se la firmara, ya que la necesitaba para efectuar los trámites para cobrar un seguro, sólo que intencionalmente no le comentó a su colega, que a las causas de defunción de su madre y que eran del conocimiento del Hospital Militar, había agregado las causas de Fibrosis Pulmonar y Artritis Reumatoidea, padecimientos por los que la señora Lagos Valladares nunca fue tratada en el Hospital Militar. Que en cuanto, a que en fecha 22 de octubre del 2007 solicitó sus vacaciones por el término de catorce (14) días, a partir del 15 de noviembre al 04 de diciembre del 2007, la Dirección del Hospital Militar le notificó en fecha 23 de noviembre del 2007, que de las investigaciones practicadas y del procedimiento disciplinario seguido, se concluyó que había incurrido en la falta grave, de abuso plenamente comprobado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 240 inciso e) del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas; y en cuanto a que fue cancelada a partir del 01 de diciembre del 2007, a tres (3) días de su regreso de vacaciones, se acepta sólo parcialmente, por el motivo que la demandante toma como base el despido de que fue objeto antes de concluir sus vacaciones, para hacer una interpretación personal del contenido de los Artículos 74 y 75 de la Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas; que se refieren a la suspensión de vacaciones por causa de guerra o conmoción interna, los que evidentemente no son aplicables a la suspensión del tiempo de las vacaciones de que fue objeto por causa de despido, por lo que se rechazan y se tienen por improcedentes, las alegaciones hechas por la demandante en el sentido antes descrito, recalcando que por la gravedad de la falta cometida por la citada, la administración decidió despedirla aún estando de vacaciones, sin embargo no se lesionó ese derecho, pues las mismas, ya se le habían pagado en su totalidad a la demandante desde el mes de octubre del 2007. El acto administrativo mediante el cual se canceló el Acuerdo de Nombramiento a la demandante, fue emitido en irrestricto respeto al debido procedimiento administrativo. 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo No.1914 de fecha 27 de Diciembre de 2007, Emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, mediante el cual se cancela el nombramiento de la Doctora Melanie Suyapa Aguilar Lagos, del cargo de Médico General del Hospital Militar, efectivo el mismo a partir del 1 de diciembre del 2007; y la Resolución de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, donde se declara sin lugar el recurso de Reposición, interpuesto contra la Resolución No.001-2008 emitida por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto en fecha veinticuatro de enero de dos mil ocho, en consecuencia SE ANULAN TOTALMENTE. Reconocer la Situación Jurídica Individualizada de la demandante MELANIE SUYAPA AGUILAR LAGOS y para su Pleno Restablecimiento y reconocimiento se Resuelve: 1) Adoptar el Reintegro de la demandante MELANIE SUYAPA AGUILAR LAGOS, en iguales condiciones a las que tenia al momento de su cancelación en el cargo Medico General, en el Hospital Militar.- 2) Condenar al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado de Defensa Nacional, al pago a favor de la demandante MELANIE SUYAPA AGUILAR LAGOS, en concepto de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha, de efectividad del acuerdo de cancelación (1 de diciembre de 2007), hasta la fecha en que sea efectivo el reintegro de la demandante. Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto (a) de la demandante, sin costas; bajo el criterio que quedó demostrado que en el presente caso procede la nulidad del acto administrativo impugnado, por estar comprendido en las causas de nulidad de señala la ley de Procedimiento Administrativo, en su articulo 34 letra c) “los dictados prescindiendo total y absolutamente del Procedimiento establecido”; así mismo el acto impugnado está comprendido en la causa de anulabilidad del articulo 35 del mismo cuerpo legal, por actuar la demandada por exceso de Poder “el exceso de poder comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto”, por vulnerar el Derecho de Defensa y el debido proceso, porque la demandante en el procedimiento disciplinario aporto pruebas de descargo por la supuesta falta del articulo 240 literal c), y no por la falta del literal e) del mismo articulo del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, con lo que al imponerle la sanción de despido en base a otra falta que no fue a la que fue citada para audiencia de descargo, esta queda en indefensión; siendo lo procedente que luego de analizada la prueba de cargo y descargo aportada a la audiencia de descargo, se tomara una decisión, siendo esta procedente o improcedente con respecto a la falta por la cual se cito a audiencia de descargo y posteriormente iniciar un nuevo proceso disciplinario por la apreciación en la falta de la letra e) del artículo 240, del Reglamento antes relacionado. 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 12 de abril del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el Acuerdo de Cancelación de la demandante del Cargo de Médico General del Hospital Militar, debió seguir totalmente el procedimiento que señala el Capitulo V del Procedimiento para Aplicación de las Sanciones del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, y en el caso de autos no se siguió conforme a derecho, trayendo como consecuencia Infracción al Ordenamiento Jurídico, por lo que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado. 5.- La representación procesal de la parte demandada, el Abogado JOSE ROBERTO ZELAYA ALVAREZ, como apoderado del ESTADO DE HONDURAS, presentó en fecha 23 de agosto del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 12 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 058-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 078-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. 6.- Mediante providencia de fecha 27 de agosto del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, presentó en fecha 25 de septiembre del 2012, escrito de contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución el Abogado JOSE ROBERTO ZELAYA ALVAREZ, apoderado de la parte demandada en fecha 11 de octubre del 2012 y el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, apoderado de la parte demandante, en fecha 31 de octubre del 2012. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado JOSE ROBERTO ZELAYA ALVAREZ, apoderado de la parte demandada en concepto de parte recurrente, presentó personamiento en fecha 11 de octubre del 2012 y en fecha 6 de noviembre del 2012, por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, apoderado de la parte demandante. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta el mismo manifestando lo siguiente: “PRIMER AGRAVIO: El Juzgador de primera instancia en su sentencia de fecha 13 de octubre del 2011 en su CONSIDERANDO (4), manifiesto: “que habiéndose abierto el periodo para proposición y evacuación de las pruebas, ambas partes presentaron y evacuaron sus respetivos medios de prueba, necesarios para el convencimiento de este dador de Justicia, los cuales constan en autos, y con lo que se acreditaron entre otras cosas lo siguiente”; señalando trece (13) medios de prueba, que propuso la parte demandante. Y la pregunta formulamos ante esta Corte de Apelaciones fue: ¿Qué había pasado con los medios de prueba que presentamos como parte demandada?, ya que solo en la sentencia solo señala los de la parte Demandante, ¿porque no explica o fundamenta jurídicamente, cuáles de ellos acepta o rechaza o les da mayor valor probatorio?, observación que se le hizo a esta Corte de Apelaciones, la cual en sentencia de dictara de fecha doce (12) de abril del dos mil doce (2012) en su CONSIDERANDO (7) se limito a manifestar o siguiente: “Que en cuanto a lo alegado por el apelante que se ignoro su prueba en primera instancia y sobre la violación al principio de inmediatez, consta en autos los hechos los hechos que el Juez tuvo como probados en virtud de toda la prueba evacuada y no solo la de parte demandada y el principio de inmediatez es obligatorio en virtud del Código Procesal Civil, el cual no es aplicable al caso de la demanda, sino a partir de la sentencia definitiva apelada, tal como así lo establece el mismo Código, por cual dichos alegatos son improcedentes.” por lo que para esta Corte Apelaciones independientemente de la no aplicación del principio de inmediación, el hecho que el Juzgador de primera instancia ignoro totalmente la prueba de la parte Demandada NO TIENE VALOR JURIDICO, siendo esto una gran infracción que viola la garantías procesales en esta demanda, ya que el Artículo 301 del Código de Procedimientos Comunes establece” La prueba debe recaer sobre los hechos substanciales controvertidos en los escritos anteriores al auto en que se ordena. En consecuencia, podrán los Tribunales rechazar de oficio las pruebas no pertinentes o inútiles que propusieren las partes” y con la simple lectura de un ciudadano corriente no letrado en leyes, se puede observar que la Sentencia dictada por ese Juzgado en fecha 13 de octubre del 2011, está viciada al carecer de una valoración objetiva y motivada de todos los medios de prueba que se evacuaron y que esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ignoro al dictar una sentencia escueta que carece a su vez de valor jurídico; quedando la duda si la prueba no valorada era o no importante, porque el Juzgador no lo estableció claramente en su sentencia. Por lo que nos encontramos ante vicios de fundamentación respecto a una de las manifestaciones más importantes del derecho de defensa, el cual no nos ha garantizado procesalmente este derecho, produciéndonos indefensión, ya que la Constitución de la República de Honduras en su Artículo 82 establece: “El derecho de defensa es inviolable”, por lo tanto debió subsanarse con la revocación del fallo este grave error procesal, ya que en el momento oportuno ofrecimos como parte Demanda prueba documental, testifical e inspección del Señor Juez, según consta en el expediente 078-08 y el Juez A QUO no señaló los motivos específicos por los que estimaba que tales pruebas eran irrelevantes o impertinentes o carentes de valor probatorio por lo tanto el procedimiento no fue el adecuado, ya que el Juzgador puede decidir de entre la prueba evacuada cual es la oportuna para llegar a la verdad real del hecho, sin embargo debe justificar tal decisión; libertad absoluta o soberana sin sujetarse a las reglas mínimas doctrinaras de valoración o tarifa de prueba del Juzgador en esta materia nos abre la puerta a la arbitrariedad que es lo que ocurre en este caso, pues el Juez simplemente rechazó tácitamente la prueba propuesta por el demandado y su defensor, pero no expresó las razones del que porque; ya que el Juez puede admitir o rechazar la prueba, pero esta decisión debe fundamentarse, señalando las razones por las que las que se rechazan, señalando conforme al contexto de la prueba, las razones por las que tales testimonios resultan innecesarios, irrelevantes, impertinentes o superabundantes, ninguno de estos requisitos cumplió satisfactoriamente tanto en el auto en el que se admitió la prueba como en el fallo, no expresó los motivos por los que no tomo en consideración la prueba propuesta por la parte demandada. En conclusión nos encontramos nuevamente ante una Sentencia infundada, lesionándose además el derecho de defensa al no valorar la prueba propuesta por el demandado y violando garantías procesales produciendo indefensión. Los vicios de valoración en el rechazo de un extremo tan importante son considerados como vicio de fondo que justifica la revocación del fallo, acto por el cual no nos explicamos, porque esta Corte de Apelaciones no se atrevió a tomar sino que someramente, se limita a decir que los alegatos son improcedentes y sin explicación y fundamentación legal alguna. SEGUNDO AGRAVIO: En la misma Sentencia de dictara de fecha doce (12) de abril del dos mil doce (2012) esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su CONSIDERANDO (8) manifestó “si bien es cierto, el Juez A-QUO anula el Acuerdo de Cancelación Nol914 de fecha 7 de Diciembre del 2007, emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, no menos cierto, que se entiende que el Acuerdo que anula es el emitido por el Estado Mayor Conjunto de la Secretaria Estado en el Despacho de Defensa Nacional, va que el que consta en autos y que por un error se estableció que fue emitido directamente por la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en consecuencia el Acuerdo que se anula es el numero 1914 de fecha 27 de Diciembre del 2007, emitido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”. A este respecto cabe aclarar que la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras en su articulado establece: Artículo 26 “corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional las funciones especiales siguientes: 1) Velar porque se ejecute debidamente la política de defensa nacional por las Fuerzas Armadas; 2) Representar a Honduras en los Organismos Internacionales de Defensa; 3) Autorizar, reglamentar y controlar la producción, importación, exportación, almacenamiento, préstamo, transporte, compra y venta de armas, municiones, explosivos y demás implementos similares de conformidad con la Ley; 4) En relación con los asuntos que corresponden a las Fuerzas Armadas: a) Las funciones de órgano administrativo de las mismas; b) El refrendo de los decretos, acuerdo, órdenes y providencias emitidas por el Comandante General de las Fuerzas Armadas; c) La conducción de los asuntos relativos al cumplimiento del Servicio Militar de conformidad con la Ley; y, d) Asegurarse de la preparación e implantación de los Planes y programas para el sostenimiento, desarrollo y empleo de las Fuerzas Armadas. 5) Hacer que se cumplan los programas de funcionamiento y desarrollo de las Fuerzas Armadas con la debida probidad; 6) Ordenar la elaboración o actualización de los planes de Defensa Nacional; 7) Proponer al Comandante General los ascensos de grados desde Sub-Teniente hasta Capitán inclusive o sus equivalentes, previo dictamen de cumplimiento de requisitos del Estado Mayor Conjunto; 8) Supervisar, inspeccionar y ejercer control sobre la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas; y, 9) Las demás que le señalen las leyes.” En ninguna de sus atribuciones esta nombrar a los Miembros de las Fuerzas Armadas, artículo en el cual el Juzgador se fundamenta, siendo totalmente improcedente e inaplicable. En ese mismo sentido la Constitución de la República en su Artículo 282 manda “Los nombramientos y remociones del personal de las Fuerzas Armadas, en el orden administrativo, se hará de conformidad con la Ley de la Administración Pública. En el área operacional, los nombramientos y remociones la hará el Jefe de Estado Mayor conjunto, de acuerdo a la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, de conformidad con su Ley Constitutiva, y demás disposiciones legales vigentes, incluyendo al personal de tropa y auxiliar.” En congruencia el artículo 45 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas manda: “Son atribuciones del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas las siguientes: 1)...; 2)...; 3)...; 4)...; 5)...; 6) ... 7)...; 8)...; 9)...; 10)...; 11)...; 12)...; 14)...; Fuerzas Armadas en el área operacional, de acuerdo a su estructura orgánica de conformidad 15) Efectuar los nombramientos y remociones de los miembros de las con la presente Ley; 16),.. 17)...; 18)...; 19)...; 20)...; 21)...; y, 22)...”; Articulo 220 de ese mismo texto legal “Para los efectos de esta Ley, se entiende por orden administrativo los nombramientos y remociones del personal de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, de conformidad con la Ley de Administración Pública, y por área operacional, los nombramientos y remociones que dentro de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas efectúa el Jefe del Estado Mayor Conjunto, incluyendo al personal de tropa y auxiliar en el entendido de que en ambos casos todos son miembros de las Fuerzas Armadas.” Asimismo la Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, en su articulado señala lo siguiente: articulo 7 “Para los efectos de la aplicación de la presente Ley se definen los conceptos siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) Nombramiento: Es la asignación de los miembros de las Fuerzas Armadas para desempeñar un cargo mediante acuerdo, conforme a los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos militares.”; Articulo 8 “ Son miembros de las Fuerzas Amadas 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) Personal Auxiliar: Los ciudadanos hondureños por nacimiento que en forma transitoria o permanente prestan sus servicios profesionales administrativos y/o especializados dentro de las Fuerzas Armadas.”; Articulo 38 “El nombramiento de los miembros de la Fuerzas Armadas para desempeñar un cargo, debe hacerse mediante acuerdo correspondiente, previo dictamen emitido por el Estado Mayor Conjunto de cumplimiento de los requisitos del cargo, función y empleo.” Ya que ningún articulado referente a las Fuerzas Armadas de Honduras, atribuye al Secretario de Defensa nombrar o cancelar a los miembros de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, ya que como se expreso anteriormente las atribuciones del Secretario de Defensa Nacional, están definidas claramente en el Artículo 26 La Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras y las facultades y atribuciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas las establecen los artículos 26, 45 y 220 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras. Por la forma en que esta Corte de Apelaciones se ha manifestado en el Considerando 8 de su sentencia de fecha 12 de abril del 2012 “que por un error” del Juzgador en primera instancia cancelo un Acuerdo emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en el cual cancela en nombramiento de la Doctora Melanie Suyapa Aguilar Lagos; un Acuerdo que no existe y no siguió el procedimiento legal para emendar dicho grave error de forma, ya el Artículo 195 del Código de Procedimientos Comunes manda: “Tampoco podrán los Jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto obscuro, o suplir cualquier omisión que contenga sobre punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a instancia de parte, presentada dentro del día hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el Juez o Tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración”. Por lo tanto no se puede justificar grandes errores procesales que se han cometido durante el proceso, de una manera tan simple y serena. Creemos que no es una forma seria y formal el resolver un fallo judicial, careciendo este de formalidad en su contenido y siendo el mismo no claro y mucho menos preciso e infundado”. 2.- Que revisado el escrito que contiene la interposición y formalización del recurso de casación, se puede detectar que el mismo no reúne ni cumple las exigencias y requisitos establecidos por el Código Procesal Civil, ya que no se indican las causales o motivos, las normas infringidas, el precepto autorizante, entre otros; limitándose a realizar una expresión de agravios, como si se tratara de la segunda instancia, todo lo cual hace inadmisible el mismo. 3.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. 4.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto y formalizado por el abogado JOSE ROBERTO ZELAYA ALVAREZ, apoderado del Estado de Honduras. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 903-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL