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Sentencia CA-878-12 — Registro 2935

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de los demandantes, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “MOTIVO UNICO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 213 y 221 de la Constitución de la República de Honduras, 1, del Código Civil, 3 párrafo tercero de la Ley del Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. ¡DENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar en el primer pronunciamiento con lugar el recurso de apelación, en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en un pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Es importante aclarar que los Artículos constitucionales son impugnables en casac6n cuando los mismos son rebajados a la categoría de la ley ordinaria o secundaria, fundamentalmente cuando en esta categoría de leyes no exista ninguna norma jurídica que regule tal situaci6n. Pues bien, en el presente caso el Artículo 205 de la Constitución de la República, consagra una atribución exclusiva del Congreso Nacional, siendo el único articulo relativo a tal circunstancia. Este Artículo 205 en su atribución primera dispone: “Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;...” De conformidad con este articulo constitucional, solo al Congreso Nacional le corresponde las atribuciones antes citadas, de donde se desprende que a nadie, persona natural o jurídica lees dable una atribuci6n de tal naturaleza, El Código Civil en el Artículo 1 establece que “la Ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” Por su parte la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, en el Artículo 3 párrafo tercero prescribe: “Las Secretarias de Estado y demás instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, negociar o aprobar cambios en el sistema retributivo que afecten la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente articulo o que comprometan recursos del Estado para el pago de salarios, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que se otorgara con base en un dictamen favorable de la Dirección Generalde Presupuesto, sin que en todo caso, exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior.” Pues bien, en este caso de acuerdo con las normas jurídicas citadas, a los demandantes no se le han violentado derechos en lo relacionado a la aplicaci6n del Arancel del Profesional del Derecho, pues dicho Arancel no es Ley dela República y por lo tanto su aplicación no puede exigirse coercitivamente a mi representado el Estado de Honduras. - El Colegio de Abogados de Honduras no esta facultado para fijarle a la Administración Pública Central políticas salariales y mucho menos puede obligarlo a aplicar un Arancel que de ninguna manera constituye Ley de la República. No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia ahora impetrada confirme parcialmente la sentencia dictada en primera instancia, motivándola así: “CONSIDERANDO (6): Que si es aplicable el Arancel del Profesional del Derecho en su Artículo 89 por tratarse de un acto de carácter general creador de derechos y obligaciones, y el que a la presente fecha tiene plena vigencia, y al reunir el demandante los presupuestos ordenados en el mismo es correcto que se le otorgue los beneficios ordenados en dicho acto de carácter general.” La Honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) en Sentencia dictada el 10 de octubre del ano 2006, en las diligencias de Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepci6n del Articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho determin6, que dicho Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley, debido a que su origen, discusi6n y aprobaci6n no fue efectuado a través del órgano competente es decir el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto Honorables Señores Magistrados, no hay discusión en cuanto a que el Arancel del Profesional del Derecho, no constituye Ley de la República, pues solamente puede aplicarse respecto de la prestaci6n de Servicios Legales de manera independiente en ejercicio de una profesi6n liberal, regulando en consecuencia única y exclusivamente lo concerniente a los Honorarios Profesionales que deben percibir los profesionales del Derecho, en una relación Cliente-Profesional, de tal manera que se rechaza cualquier pretensión de los demandantes que se dirija expresamente a que los servidores públicos que prestan sus servicios en puestos de Asesoría Jurídica en las distintas Direcciones Generales u otras dependencias de las Secretarías de Estado, reciban sus indemnizaciones prestaciones laborales u otros, aplicándoles para ello la tabla salarial que pretende imponer el Colegio de Abogados de Honduras a la Administración Publica, en su afán de regular los salarios que devengan sus

agremiados en las instituciones del Estado. De acuerdo con las atribuciones de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, contenidas en el Articulo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, no se encuentra contemplada la potestad de crear, decretar, formular y sancionar leyes, pues ya sabemos y no podemos alegar ignorancia, que esas son atribuciones propias del Congreso Nacional de la República, por consiguiente la sentencia que recurrimos infringe las disposiciones jurídicas citadas porque a un articulo de un Arancel que no tiene el rango de ley se le pretende dar dicha categoría lo cual motiva nuestro rechazo y desacuerdo a la sentencia impetrada, debiendo por tanto casar la misma y que se proceda a dictar la que en derecho corresponda declarando improcedente la acción por haberse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado.” .- “ Que en relación al único motivo de casación invocado por la AbogadoSALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, adolece de requisitos como ser: a) Alega aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, formas diferentes de infringir la Ley y que debió fundamentar con la suficiente separación y claridad; b) ataca considerando de la sentencia lo cual es impropio en la técnica del recurso de casación; c) hace referencia a normativa no citada como disposición infringida (Artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras) y d) formula alegatos de instancia” Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-“Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA y el Recurrido: Señores ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA, GILBERTO LOPEZ NUÑEZ, JOSE RENAN GUZMAN CERRATO Y SANTIAGO SALGADO MONCADA, representados en juicio por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, como ser el reajuste salarial de acuerdo al arancel del profesional del derecho, costas; promovida por los señores ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA, GILBERTO LOPEZ NUÑEZ, JOSE RENAN GUZMAN CERRATO Y SANTIAGO SALGADO MONCADA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria Y Comercio, representada en juicio por el Abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA, fue nombrada mediante acuerdo no. 59-2011, de fecha 27 de noviembre del 2001, en el cargo de Oficial Jurídico I, GILBERTO LOPEZ NUÑEZ, fue nombrado mediante acuerdo de fecha 31 de enero de 1974, en el cargo de Conserje I, efectivo a partir del 1 de febrero del mismo año, obteniendo su ascenso de Oficial Jurídico I, a partir del 1 de mayo del 2007, JOSE RENAN GUZMAN CERRATO, fue nombrando mediante acuerdo de fecha 17 de enero 2000, en el cargo de Oficial Jurídico I y SANTIAGO SALGADO MONCADA, nombrado mediante acuerdo de fecha 19 de abril de 1979, en el cargo de Conserje y con ascenso de Oficial Jurídico I, a partir del 1 de septiembre de 1997, realizando reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, ya que todos desempañan labores relacionados con la profesión del derecho desde antes que entrara en vigencia el Arancel del Profesional del Derecho, siendo que los asuntos asignados son sometidos a su consideración y análisis jurídico siendo revisado y dictaminados por ellos en base al ordenamiento jurídico, el reclamo se basa en el articulo 89 del Arancel del profesional del Derecho, en virtud que el reclamo administrativo fue denegado deduciendo que el arancel no fue emitido por el Congreso Nacional y que la Corte Suprema resolvió en virtud del recurso de inconstitucionalidad considerando que no tiene carácter de ley.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que todos los demandantes realizaban funciones relacionadas con la profesión del derecho antes de julio del 2003, fecha en la que entró en vigencia el Arancel no teniendo carácter de ley, siendo contraria a la Carta Magna y a la Ley del Presupuesto, dado que si el Estado debería cumplir con las disposiciones dictadas por el articulo 89 del Arancel, se vería lesionado su interés legitimo y directo, en tanto que esa misma disposición priva al Congreso Nacional la facultad de aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, pues dejaría al arbitrio de una asociación privada el fijar discrecionalmente los sueldos y salarios de determinados funcionarios públicos. Se opone excepción perentoria de prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del dos mil diez, dictó sentencia definitiva declarando: con lugar la acción incoada por no estar ajustada a derecho la resolución emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio y reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento condena a el Estado de Honduras a pagarle a los demandantes el ajuste que corresponde al salario que devengaban como Oficiales Jurídicos I aplicado desde que entró en vigencia el arancel aplicando los incrementos de acuerdo al índice inflacionario de cada periodo, bajo el criterio que nuestro ordenamiento jurídico no solamente esta compuesto por decretos legislativos si no también por disposiciones de carácter general inferior a la ley como ser reglamentos, acuerdos y demás disposiciones generales, ya que dicho arancel es un instrumento legal que conforma parte del conjunto de normas jurídicas vigentes en nuestro país y por ende de obligatorio e inmediato cumplimiento en todas las actividades en las cuales los particulares o el engranaje estatal en general contraten o se beneficien de los servicios de tales profesionales de las ciencias jurídicas.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el A-quo, bajo el criterio que los demandantes cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 89, tratándose de un acto de carácter general creador de derechos y obligaciones y que a la fecha está en vigencia por lo cual es aplicable en el presente caso.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, en fecha veintidós de agosto del dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintiocho de junio del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 053-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 353-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veintitrés de agosto del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, presentó en fecha veintiocho de septiembre del dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON en fecha cinco de octubre del dos mil doce y el abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, en fecha diecinueve de octubre del dos mil doce.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, presentó escrito en fecha veintiséis de octubre del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil doce, se declaró precluido el término concedido al abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, como parte recurrida, en consecuencia sígase el tramite de ley.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “MOTIVO UNICO: Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 213 y 221 de la Constitución de la República de Honduras, 1, del Código Civil, 3 párrafo tercero de la Ley del Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. ¡DENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar en el primer pronunciamiento con lugar el recurso de apelación, en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en un pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Es importante aclarar que los Artículos constitucionales son impugnables en casac6n cuando los mismos son rebajados a la categoría de la ley ordinaria o secundaria, fundamentalmente cuando en esta categoría de leyes no exista ninguna norma jurídica que regule tal situaci6n. Pues bien, en el presente caso el Artículo 205 de la Constitución de la República, consagra una atribución exclusiva del Congreso Nacional, siendo el único articulo relativo a tal circunstancia. Este Artículo 205 en su atribución primera dispone: “Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;...” De conformidad con este articulo constitucional, solo al Congreso Nacional le corresponde las atribuciones antes citadas, de donde se desprende que a nadie, persona natural o jurídica lees dable una atribuci6n de tal naturaleza, El Código Civil en el Artículo 1 establece que “la Ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” Por su parte la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, en el Artículo 3 párrafo tercero prescribe: “Las Secretarias de Estado y demás instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, negociar o aprobar cambios en el sistema retributivo que afecten la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente articulo o que comprometan recursos del Estado para el pago de salarios, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que se otorgara con base en un dictamen favorable de la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso, exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior.” Pues bien, en este caso de acuerdo con las normas jurídicas citadas, a los demandantes no se le han violentado derechos en lo relacionado a la aplicaci6n del Arancel del Profesional del Derecho, pues dicho Arancel no es Ley de la República y por lo tanto su aplicación no puede exigirse coercitivamente a mi representado el Estado de Honduras. - El Colegio de Abogados de Honduras no esta facultado para fijarle a la Administración Pública Central políticas salariales y mucho menos puede obligarlo a aplicar un Arancel que de ninguna manera constituye Ley de la República. No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia ahora impetrada confirme parcialmente la sentencia dictada en primera instancia, motivándola así: “CONSIDERANDO (6): Que si es aplicable el Arancel del Profesional del Derecho en su Artículo 89 por tratarse de un acto de carácter general creador de derechos y obligaciones, y el que a la presente fecha tiene plena vigencia, y al reunir el demandante los presupuestos ordenados en el mismo es correcto que se le otorgue los beneficios ordenados en dicho acto de carácter general.” La Honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) en Sentencia dictada el 10 de octubre del ano 2006, en las diligencias de Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepci6n del Articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho determin6, que dicho Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley, debido a que su origen, discusi6n y aprobaci6n no fue efectuado a través del órgano competente es decir el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto Honorables Señores Magistrados, no hay discusión en cuanto a que el Arancel del Profesional del Derecho, no constituye Ley de la República, pues solamente puede aplicarse respecto de la prestaci6n de Servicios Legales de manera independiente en ejercicio de una profesi6n liberal, regulando en consecuencia única y exclusivamente lo concerniente a los Honorarios Profesionales que deben percibir los profesionales del Derecho, en una relación Cliente-Profesional, de tal manera que se rechaza cualquier pretensión de los demandantes que se dirija expresamente a que los servidores públicos que prestan sus servicios en puestos de Asesoría Jurídica en las distintas Direcciones Generales u otras dependencias de las Secretarías de Estado, reciban sus indemnizaciones prestaciones laborales u otros, aplicándoles para ello la tabla salarial que pretende imponer el Colegio de Abogados de Honduras a la Administración Publica, en su afán de regular los salarios que devengan sus

agremiados en las instituciones del Estado. De acuerdo con las atribuciones de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, contenidas en el Articulo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, no se encuentra contemplada la potestad de crear, decretar, formular y sancionar leyes, pues ya sabemos y no podemos alegar ignorancia, que esas son atribuciones propias del Congreso Nacional de la República, por consiguiente la sentencia que recurrimos infringe las disposiciones jurídicas citadas porque a un articulo de un Arancel que no tiene el rango de ley se le pretende dar dicha categoría lo cual motiva nuestro rechazo y desacuerdo a la sentencia impetrada, debiendo por tanto casar la misma y que se proceda a dictar la que en derecho corresponda declarando improcedente la acción por haberse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado.” .- II.- Que en relación al único motivo de casación invocado por la Abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, adolece de requisitos como ser: a) Alega aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, formas diferentes de infringir la Ley y que debió fundamentar con la suficiente separación y claridad; b) ataca considerando de la sentencia lo cual es impropio en la técnica del recurso de casación; c) hace referencia a normativa no citada como disposición infringida (Artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras) y d) formula alegatos de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 878-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL