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Sentencia CA-876-12 — Registro 2957

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado bajo el criterio que el demandante no era diplomático de carrera, tal como lo reconoce en el escrito de la demanda, por lo cual no goza de inmovilidad que le asegure su estabilidad en el cargo, puede ser separado del mismo en cualquier momento sin necesidad de procedimiento alguno

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción de Ley por interpretación errónea del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior de Honduras”.PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 Numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO: “Artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior. Las personas que desempeñen cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón gozarán, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto los expresados en los literales a), b) y f) del Artículo 40.” El ordenamiento jurídico hondureño no hace mención expresa a sí las personas que desempeñan cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón diplomático gozarán o no del derecho a sus prestaciones laborales, lo cual de conformidad al artículo 305 de la Constitución de la República no es razón para dejar de extraer de todo el ordenamiento jurídico si tal derecho le asiste legalmente o no le asiste, y mucho menos es razón para, sin más, negar el derecho. El punto de partida para determinar la existencia o no del derecho, lo da el artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior que les reconoce a los diplomáticos que no son de carrera todos los derechos que tienen los diplomáticos que si lo son, excepto algunos que excluye expresamente el mismo artículo 93, por lo que la labor del juzgador es revisar si el ordenamiento jurídico hondureño reconoce o no reconoce a los diplomáticos el derecho a prestaciones laborales. El legislador por ejemplo en forma recurrente da por sentado el derecho a las prestaciones laborales que tienen los diplomáticos por el servicio que han prestado, por ejemplo, cada año mediante las respectivas Leyes de Presupuesto se regula la forma en que se computara el pago de prestaciones, así encontramos este reconocimiento legal expreso en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, Decreto Legislativo No. 157-2009, artículo 75, párrafo tercero que establece que: El costo por concepto de fluctuaciones cambiarias o corrección monetaria del personal diplomático, consular o que ostente cargo de representación ante Organismos Internacionales en el exterior, no será computado para efectos del pago de prestaciones laborales... (El subrayado es nuestro). Es decir que el personal diplomático, consular o que ostente cargo de representación ante Organismos Internacionales en el exterior tiene derecho al pago de sus respectivas prestaciones laborales, lo único que para estos efectos no se reconoce la fluctuación cambiaria o corrección monetaria “de dos lempiras por dólar estadounidense” que se reconoce “para el pago de los sueldos del personal diplomático, consular o que ostente cargos de representación en el exterior “. (Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, Decreto Legislativo No. 15 7-2009, párrafo primero del artículo 75) Esta misma norma legal con reconocimiento expreso al pago de prestaciones laborales para los diplomáticos la encontramos en la Ley de Presupuesto del año 2010, artículo 68, tercer párrafo; Ley de Presupuesto del año 2011, artículo 75, tercer párrafo; Ley de presupuesto del año 2012, artículo 92, tercer párrafo que actualmente se lee así: “El costo por concepto de fluctuaciones cambiarias o corrección monetaria del personal diplomático, consular o que ostenta cargos de representación ante Organismos Internacionales en el Exterior, no debe ser computado para efectos del pago de prestaciones laborales, salarios caídos, embargos, cálculos de las cotizaciones...” En otras palabras el Derecho al Pago de Prestaciones es algo que no tiene discusión en la legislación hondureña, la única particularidad es que el pago se hará en lempiras sin el beneficio de convertir el sueldo de lempiras a dólares a un tipo de cambio de dos lempiras por dólar, como ordinariamente se paga el salario de los diplomáticos. Pese a lo anterior la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su considerando (4) parte final reconoce que los diplomáticos que no son de carrera “gozaran, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto, entre otros, a la inamovilidad que les asegura la estabilidad en la carrera diplomática y de los derechos y acciones establecidas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento”, refiriéndose a las acciones derivadas de esa inamovilidad, de lo anterior en su considerando (5) parte final concluye que “el demandante no es diplomático de carrera por no encontrarse dentro del escalafón respectivo; en consecuencia, al no ser un despido injustificado, sino de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y al no estar protegido el demandante por ningún régimen que le conceda el derecho al pago de prestaciones laborales, el pago de las mismas no es procedente”. La Corte considera que se trata de un despido justificado, en el cual, por no gozar el demandante del derecho a la inamovilidad, tampoco goza del derecho a sus prestaciones laborales, interpretación que no se concilia ni con espíritu, ni con la letra del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior que establece que “Las personas que desempeñen cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón gozarán, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto los expresados en los literales a,), b) y f) del Artículo 40”. La Interpretación de la Corte no es correcta, ya que dentro de estas excepciones contempladas en los citados literales del artículo 40, no se encuentra que se vede del derecho de prestaciones a los diplomáticos que no se encuentren incorporados en el escalafón diplomático, por tal razón se interpuso la demanda de nulidad de un acto por omisión. Esto último se reitera ya que el literal a) se refiere a la inamovilidad, el literal b) se refiere a introducción libre de impuestos..., y el literal e) se refiere a la consideración del período escolar de los dependientes, sin dirigirse ninguna de estas tres excepciones a vedar o restringir lo referente al pago de prestaciones laborales por el tiempo que se ha fungido como servidor público a que hemos hecho referencia en los párrafos precedentes. Abrogarse la facultad de restringir un derecho adicional, distinto a los derechos comprendidos en las tres excepciones que hace la ley, constituye un exceso de poder, anulable, como bien lo reconoció el A quo en su considerando (11), ocasionando agravios al demandante, negarle un derecho sobre la base de una interpretación errónea que se aparta del contenido y artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior y desconoce la aceptación que el ordenamiento jurídico hondureño realiza del derecho al pago de prestaciones laborales, por lo que procede casar la sentencia, reconocer el derecho al pago de prestaciones e indemnizar al pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios. SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO. Al tenor del artículo 720 numeral 2 con relación al artículo 719 letra c del Código Procesal civil, pido a esta Honorable Corte, el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiente, racionalidad y carácter lógico por las razones que me permito exponer: Resulta que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de junio de 2012 no hace referencia ni motiva las razones por la cuales considera que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho, provocando con ello una omisión en el deber de realizar pronunciamientos en cuanto a la racionalidad entre su motivación y parte dispositiva; o sea que se aprecia una inexistencia de carácter lógico que debe de utilizar entre sus antecedentes (las pretensiones) y lo resuelto, lo cual genera una falta de suficiencia en la sentencia recurrida ya que se aparta el fallo de consignar la motivación fáctica correspondiente a la razón que ha dado lugar su decisión final circunstancia que es obligatoria en cada decisión legal. Es importante recordar que se pidió la nulidad de un acto administrativo por omisión, o sea porque se omitió en el mismo el reconocimiento de un derecho al pago de las prestaciones, pero la sentencia en mención, no contiene ninguna argumentación clara con respecto a validar esa omisión expuesta en el acto administrativo en referencia.”.- “ Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible por las siguientes razones:a) por un lado alega la interpretación errónea del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior, pero no señala cual es la interpretación correcta de dicha norma, citando en la explicación otras disposiciones no expuestas en su formulación; y, b) realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso.- “ El mismo Censor solicita el control fáctico del fallo, argumentando que el ad-quem no hace referencia ni motiva las razones por las que considera que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho y que omite pronunciarse sobre el reconocimiento del pago de las prestaciones; petición que cabe desestimar, ya que la sentencia recurrida contiene la motivación y explicación suficientemente y necesaria en que se basó la decisión” Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2)inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil; además, desestimando la solicitud del control de la motivación factica de la sentencia.- V.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que laRecurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción de Ley por interpretación errónea del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior de Honduras”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 Numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO: “Artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior. Las personas que desempeñen cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón gozarán, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto los expresados en los literales a), b) y f) del Artículo 40.” El ordenamiento jurídico hondureño no hace mención expresa a sí las personas que desempeñan cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón diplomático gozarán o no del derecho a sus prestaciones laborales, lo cual de conformidad al artículo 305 de la Constitución de la República no es razón para dejar de extraer de todo el ordenamiento jurídico si tal derecho le asiste legalmente o no le asiste, y mucho menos es razón para, sin más, negar el derecho. El punto de partida para determinar la existencia o no del derecho, lo da el artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior que les reconoce a los diplomáticos que no son de carrera todos los derechos que tienen los diplomáticos que si lo son, excepto algunos que excluye expresamente el mismo artículo 93, por lo que la labor del juzgador es revisar si el ordenamiento jurídico hondureño reconoce o no reconoce a los diplomáticos el derecho a prestaciones laborales. El legislador por ejemplo en forma recurrente da por sentado el derecho a las prestaciones laborales que tienen los diplomáticos por el servicio que han prestado, por ejemplo, cada año mediante las respectivas Leyes de Presupuesto se regula la forma en que se computara el pago de prestaciones, así encontramos este reconocimiento legal expreso en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, Decreto Legislativo No. 157-2009, artículo 75, párrafo tercero que establece que: El costo por concepto de fluctuaciones cambiarias o corrección monetaria del personal diplomático, consular o que ostente cargo de representación ante Organismos Internacionales en el exterior, no será computado para efectos del pago de prestaciones laborales... (El subrayado es nuestro). Es decir que el personal diplomático, consular o que ostente cargo de representación ante Organismos Internacionales en el exterior tiene derecho al pago de sus respectivas prestaciones laborales, lo único que para estos efectos no se reconoce la fluctuación cambiaria o corrección monetaria “de dos lempiras por dólar estadounidense” que se reconoce “para el pago de los sueldos del personal diplomático, consular o que ostente cargos de representación en el exterior “. (Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, Decreto Legislativo No. 15 7-2009, párrafo primero del artículo 75) Esta misma norma legal con reconocimiento expreso al pago de prestaciones laborales para los diplomáticos la encontramos en la Ley de Presupuesto del año 2010, artículo 68, tercer párrafo; Ley de Presupuesto del año 2011, artículo 75, tercer párrafo; Ley de presupuesto del año 2012, artículo 92, tercer párrafo que actualmente se lee así: “El costo por concepto de fluctuaciones cambiarias o corrección monetaria del personal diplomático, consular o que ostenta cargos de representación ante Organismos Internacionales en el Exterior, no debe ser computado para efectos del pago de prestaciones laborales, salarios caídos, embargos, cálculos de las cotizaciones...” En otras palabras el Derecho al Pago de Prestaciones es algo que no tiene discusión en la legislación hondureña, la única particularidad es que el pago se hará en lempiras sin el beneficio de convertir el sueldo de lempiras a dólares a un tipo de cambio de dos lempiras por dólar, como ordinariamente se paga el salario de los diplomáticos. Pese a lo anterior la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su considerando (4) parte final reconoce que los diplomáticos que no son de carrera “gozaran, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto, entre otros, a la inamovilidad que les asegura la estabilidad en la carrera diplomática y de los derechos y acciones establecidas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento”, refiriéndose a las acciones derivadas de esa inamovilidad, de lo anterior en su considerando (5) parte final concluye que “el demandante no es diplomático de carrera por no encontrarse dentro del escalafón respectivo; en consecuencia, al no ser un despido injustificado, sino de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y al no estar protegido el demandante por ningún régimen que le conceda el derecho al pago de prestaciones laborales, el pago de las mismas no es procedente”. La Corte considera que se trata de un despido justificado, en el cual, por no gozar el demandante del derecho a la inamovilidad, tampoco goza del derecho a sus prestaciones laborales, interpretación que no se concilia ni con espíritu, ni con la letra del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior que establece que “Las personas que desempeñen cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón gozarán, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto los expresados en los literales a,), b) y f) del Artículo 40”. La Interpretación de la Corte no es correcta, ya que dentro de estas excepciones contempladas en los citados literales del artículo 40, no se encuentra que se vede del derecho de prestaciones a los diplomáticos que no se encuentren incorporados en el escalafón diplomático, por tal razón se interpuso la demanda de nulidad de un acto por omisión. Esto último se reitera ya que el literal a) se refiere a la inamovilidad, el literal b) se refiere a introducción libre de impuestos..., y el literal e) se refiere a la consideración del período escolar de los dependientes, sin dirigirse ninguna de estas tres excepciones a vedar o restringir lo referente al pago de prestaciones laborales por el tiempo que se ha fungido como servidor público a que hemos hecho referencia en los párrafos precedentes. Abrogarse la facultad de restringir un derecho adicional, distinto a los derechos comprendidos en las tres excepciones que hace la ley, constituye un exceso de poder, anulable, como bien lo reconoció el A quo en su considerando (11), ocasionando agravios al demandante, negarle un derecho sobre la base de una interpretación errónea que se aparta del contenido y artículo 93de la Ley del Servicio Exterior y desconoce la aceptación que el ordenamiento jurídico hondureño realiza del derecho al pago de prestaciones laborales, por lo que procede casar la sentencia, reconocer el derecho al pago de prestaciones e indemnizar al pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios. SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO. Al tenor del artículo 720 numeral 2 con relación al artículo 719 letra c del Código Procesal civil, pido a esta Honorable Corte, el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiente, racionalidad y carácter lógico por las razones que me permito exponer: Resulta que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de junio de 2012 no hace referencia ni motiva las razones por la cuales considera que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho, provocando con ello una omisión en el deber de realizar pronunciamientos en cuanto a la racionalidad entre su motivación y parte dispositiva; o sea que se aprecia una inexistencia de carácter lógico que debe de utilizar entre sus antecedentes (las pretensiones) y lo resuelto, lo cual genera una falta de suficiencia en la sentencia recurrida ya que se aparta el fallo de consignar la motivación fáctica correspondiente a la razón que ha dado lugar su decisión final circunstancia que es obligatoria en cada decisión legal. Es importante recordar que se pidió la nulidad de un acto administrativo por omisión, o sea porque se omitió en el mismo el reconocimiento de un derecho al pago de las prestaciones, pero la sentencia en mención, no contiene ninguna argumentación clara con respecto a validar esa omisión expuesta en el acto administrativo en referencia.”.- “ Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible por las siguientes razones:a) por un lado alega la interpretación errónea del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior, pero no señala cual es la interpretación correcta de dicha norma, citando en la explicación otras disposiciones no expuestas en su formulación; y, b) realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso.- “ El mismo Censor solicita el control fáctico del fallo, argumentando que el ad-quem no hace referencia ni motiva las razones por las que considera que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho y que omite pronunciarse sobre el reconocimiento del pago de las prestaciones; petición que cabe desestimar, ya que la sentencia recurrida contiene la motivación y explicación suficientemente y necesaria en que se basó la decisión.- “.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil; además, desestimando la solicitud del control de la motivación factica de la sentencia” Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: a bogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, en su condición de representante procesal del señor MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, representada en juicio por la abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para que declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en un acuerdo de cancelación, reconocimiento de un derecho subjetivo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se ordene el pago de indemnización, así como el pago de los sueldos dejados de percibir, costas del juicio, promovida por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, actuando en su condición de apoderado del señor MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, representado en juicio por la abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a trabajar en fecha

17 de julio del 2006, en el cargo de Ministro Consejero de la Embajada de Honduras en la República de Costa Rica, mediante acuerdo emitido por la Autoridad Nominadora en forma arbitraria, se le cancelo del cargo argumentando una facultad discrecional, siendo una simulación de un acto administrativo que aparentan que sea valido, no siguiendo el procedimiento que estipula la ley, siendo notificado y puesto en su conocimiento hasta el 6 de agosto del 2009, suscrito por la señora KORITZA SUAZO BARILLAS, Encargada de Negocios de la embajada de Honduras en San José, Costa Rica.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, contestó dicha demanda señalando que el puesto que ocupaba el demandante se califica como EXCLUIDO según lo establece la Ley de Servicio Civil, siendo de libre remoción por parte del Administrador del Estado, siguiendo el procedimiento para la notificación establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, si siendo la misma defectuosa no se presento el reclamo pertinente.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por no ajustarse a derecho el acto impugnado, anula parcialmente el acuerdo de cancelación con respecto a la omisión ilegal al reconocimiento del derecho a las prestaciones por el tiempo servido, reconocer la situación jurídica individualizada y condenar al Estado de Honduras al pago por concepto de salarios dejados de percibir hasta que se ejecute al sentencia, pago de beneficios obtenidos en su ausencia como incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos, vacaciones y otros derechos que correspondan, sin costas; bajo el criterio que el demandante esta protegido por un régimen especial de servicio civil, como es la Ley del Servicio Exterior de Honduras, la cual establece que la cancelación de un funcionario diplomático solo se puede dar por una falta cometida, no constando en autos ni en el expediente administrativo que el demandante haya cometido falta disciplinaria alguna, por lo que el acto impugnado infringe el ordenamiento jurídico.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de junio de dos mil doce, dictó sentencia revocando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante no era diplomático de carrera, tal como lo reconoce en el escrito de la demanda, por lo cual no goza de inmovilidad que le asegure su estabilidad en el cargo, puede ser separado del mismo en cualquier momento sin necesidad de procedimiento alguno, no infringiendo ordenamiento jurídico alguno, no gozando de los derechos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, ya que aunque el cargo que desempeña esta dentro de la escala jerárquica de la carrera diplomática, el demandante no es diplomático de carrera por no encontrarse dentro del escalafón, no procediendo el pago de las prestaciones no siendo un despido injustificado.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, en fecha diez de septiembre de dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.167-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 251-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha once de septiembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, presentó en fecha cinco de octubre de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de octubre del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecisiete y veintitrés de octubre de dos mil doce, los abogados IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ y MARVIN GERARDO MATAMOROS, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ y MARVIN GERARDO MATAMOROS, presentaron escritos en fecha veintitrés y veintiséis de octubre de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción de Ley por interpretación errónea del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior de Honduras”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 Numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO: “Artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior. Las personas que desempeñen cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón gozarán, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto los expresados en los literales a), b) y f) del Artículo 40.” El ordenamiento jurídico hondureño no hace mención expresa a sí las personas que desempeñan cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón diplomático gozarán o no del derecho a sus prestaciones laborales, lo cual de conformidad al artículo 305 de la Constitución de la República no es razón para dejar de extraer de todo el ordenamiento jurídico si tal derecho le asiste legalmente o no le asiste, y mucho menos es razón para, sin más, negar el derecho. El punto de partida para determinar la existencia o no del derecho, lo da el artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior que les reconoce a los diplomáticos que no son de carrera todos los derechos que tienen los diplomáticos que si lo son, excepto algunos que excluye expresamente el mismo artículo 93, por lo que la labor del juzgador es revisar si el ordenamiento jurídico hondureño reconoce o no reconoce a los diplomáticos el derecho a prestaciones laborales. El legislador por ejemplo en forma recurrente da por sentado el derecho a las prestaciones laborales que tienen los diplomáticos por el servicio que han prestado, por ejemplo, cada año mediante las respectivas Leyes de Presupuesto se regula la forma en que se computara el pago de prestaciones, así encontramos este reconocimiento legal expreso en la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, Decreto Legislativo No. 157-2009, artículo 75, párrafo tercero que establece que: El costo por concepto de fluctuaciones cambiarias o corrección monetaria del personal diplomático, consular o que ostente cargo de representación ante Organismos Internacionales en el exterior, no será computado para efectos del pago de prestaciones laborales... (El subrayado es nuestro). Es decir que el personal diplomático, consular o que ostente cargo de representación ante Organismos Internacionales en el exterior tiene derecho al pago de sus respectivas prestaciones laborales, lo único que para estos efectos no se reconoce la fluctuación cambiaria o corrección monetaria “de dos lempiras por dólar estadounidense” que se reconoce “para el pago de los sueldos del personal diplomático, consular o que ostente cargos de representación en el exterior “. (Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009, Decreto Legislativo No. 15 7-2009, párrafo primero del artículo 75) Esta misma norma legal con reconocimiento expreso al pago de prestaciones laborales para los diplomáticos la encontramos en la Ley de Presupuesto del año 2010, artículo 68, tercer párrafo; Ley de Presupuesto del año 2011, artículo 75, tercer párrafo; Ley de presupuesto del año 2012, artículo 92, tercer párrafo que actualmente se lee así: “El costo por concepto de fluctuaciones cambiarias o corrección monetaria del personal diplomático, consular o que ostenta cargos de representación ante Organismos Internacionales en el Exterior, no debe ser computado para efectos del pago de prestaciones laborales, salarios caídos, embargos, cálculos de las cotizaciones...” En otras palabras el Derecho al Pago de Prestaciones es algo que no tiene discusión en la legislación hondureña, la única particularidad es que el pago se hará en lempiras sin el beneficio de convertir el sueldo de lempiras a dólares a un tipo de cambio de dos lempiras por dólar, como ordinariamente se paga el salario de los diplomáticos. Pese a lo anterior la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su considerando (4) parte final reconoce que los diplomáticos que no son de carrera “gozaran, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto, entre otros, a la inamovilidad que les asegura la estabilidad en la carrera diplomática y de los derechos y acciones establecidas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento”, refiriéndose a las acciones derivadas de esa inamovilidad, de lo anterior en su considerando (5) parte final concluye que “el demandante no es diplomático de carrera por no encontrarse dentro del escalafón respectivo; en consecuencia, al no ser un despido injustificado, sino de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y al no estar protegido el demandante por ningún régimen que le conceda el derecho al pago de prestaciones laborales, el pago de las mismas no es procedente”. La Corte considera que se trata de un despido justificado, en el cual, por no gozar el demandante del derecho a la inamovilidad, tampoco goza del derecho a sus prestaciones laborales, interpretación que no se concilia ni con espíritu, ni con la letra del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior que establece que “Las personas que desempeñen cargos diplomáticos remunerados sin estar incorporados en el Escalafón gozarán, mientras ejerzan su cargo, del status diplomático y de los demás derechos reservados a los funcionarios de carrera excepto los expresados en los literales a,), b) y f) del Artículo 40”. La Interpretación de la Corte no es correcta, ya que dentro de estas excepciones contempladas en los citados literales del artículo 40, no se encuentra que se vede del derecho de prestaciones a los diplomáticos que no se encuentren incorporados en el escalafón diplomático, por tal razón se interpuso la demanda de nulidad de un acto por omisión. Esto último se reitera ya que el literal a) se refiere a la inamovilidad, el literal b) se refiere a introducción libre de impuestos..., y el literal e) se refiere a la consideración del período escolar de los dependientes, sin dirigirse ninguna de estas tres excepciones a vedar o restringir lo referente al pago de prestaciones laborales por el tiempo que se ha fungido como servidor público a que hemos hecho referencia en los párrafos precedentes. Abrogarse la facultad de restringir un derecho adicional, distinto a los derechos comprendidos en las tres excepciones que hace la ley, constituye un exceso de poder, anulable, como bien lo reconoció el A quo en su considerando (11), ocasionando agravios al demandante, negarle un derecho sobre la base de una interpretación errónea que se aparta del contenido y artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior y desconoce la aceptación que el ordenamiento jurídico hondureño realiza del derecho al pago de prestaciones laborales, por lo que procede casar la sentencia, reconocer el derecho al pago de prestaciones e indemnizar al pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios. SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR SU EXISTENCIA, SUFICIENCIA RACIONALIDAD Y CARÁCTER LOGICO. Al tenor del artículo 720 numeral 2 con relación al artículo 719 letra c del Código Procesal civil, pido a esta Honorable Corte, el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiente, racionalidad y carácter lógico por las razones que me permito exponer: Resulta que el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de junio de 2012 no hace referencia ni motiva las razones por la cuales considera que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho, provocando con ello una omisión en el deber de realizar pronunciamientos en cuanto a la racionalidad entre su motivación y parte dispositiva; o sea que se aprecia una inexistencia de carácter lógico que debe de utilizar entre sus antecedentes (las pretensiones) y lo resuelto, lo cual genera una falta de suficiencia en la sentencia recurrida ya que se aparta el fallo de consignar la motivación fáctica correspondiente a la razón que ha dado lugar su decisión final circunstancia que es obligatoria en cada decisión legal. Es importante recordar que se pidió la nulidad de un acto administrativo por omisión, o sea porque se omitió en el mismo el reconocimiento de un derecho al pago de las prestaciones, pero la sentencia en mención, no contiene ninguna argumentación clara con respecto a validar esa omisión expuesta en el acto administrativo en referencia.”.- II.- Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible por las siguientes razones: a) por un lado alega la interpretación errónea del artículo 93 de la Ley del Servicio Exterior, pero no señala cual es la interpretación correcta de dicha norma, citando en la explicación otras disposiciones no expuestas en su formulación; y, b) realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso.- III.- El mismo Censor solicita el control fáctico del fallo, argumentando que el ad-quem no hace referencia ni motiva las razones por las que considera que el acto impugnado esta dictado conforme a derecho y que omite pronunciarse sobre el reconocimiento del pago de las prestaciones; petición que cabe desestimar, ya que la sentencia recurrida contiene la motivación y explicación suficientemente y necesaria en que se basó la decisión.- IV.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil; además, desestimando la solicitud del control de la motivación factica de la sentencia.- V.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud del control de la motivación fáctica de la sentencia. 3°) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha treinta y un días del mes de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 876-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL