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Sentencia CA-841-12 — Registro 2768

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la acción interpuesta por los demandantes, reconociendo la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro de los demandantes, condena al Instituto de la Propiedad al pago a favor de los demandantes, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el considerando nueve argumenta “....que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir los acuerdos de cancelación por cesantía o despido de los demandantes, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento, establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para dictar esta clase de actos y al no hacerlo viola el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente, por no ajustarse a derechos los actos administrativos impugnados, por lo que resulta ser nulos”.- y en el considerando diez arguye... “Que la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que los actos administrativos serán dictados por el Órgano Competente, respetando los procedimientos previstos en el Ordenamiento Jurídico, y que son anulables los Actos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso el exceso de poder.” Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte del Abogado Luis Humberto Rivera Licona, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAMOS SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL; y con respecto a los Acuerdos de cancelación no. 049-2010, 064-2010, 056-2010, 071-2010 y 048-2010 todos de fecha 13 de Julio del año 2010, emitidos por la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a los señores Whellu Gerardo Alvarez Sosa, Golber Urbano Hernandez Moradel, Edder Alejandro Lagos Escoto, Luis Fernando Steiner y Edgardo Chavez Miranda, de los cargos de Bibliotecario, Atención Legal, Pasa tomos, Calificador II y Registrador adjunto respectivamente, dependientes de la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad. La inobservanciade los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor Whellu Gerardo Alvarez Sosa, Golber Urbano Hernandez Moradel, Edder Alejandro Lagos Escoto, Luis Fernando Steiner y Edgardo Chavez Miranda, fueron cancelados de sus cargos respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal vigente para tal efecto. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte.” “Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) omite el Impetrante la norma o normas que en su concepto fueron infringidas; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al material probatorio y su revisión (valoración) lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, está excluido del recurso de casación; y, c) realiza además alegatos propios de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. I”Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de agosto de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD y los recurridos: WHELLU GERARDO ALVAREZ SOSA, GOLBER URBANO HERNANDEZ, EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO, LUIS FERNANDO NUÑEZ STEINER Y EDGARDO CHAVEZ MIRANDA, representados en juicio por el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para que declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento, el reintegro y a titulo de daños y perjuicios los sueldos dejados de percibir, mas los demás derechos que produzca la secuela del juicio y las costas del juicio, promovida por los señores WHELLU GERARDO ALVAREZ SOSA, GOLBER URBANO HERNANDEZ, EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO, LUIS FERNANDO NUÑEZ STEINER Y EDGARDO CHAVEZ MIRANDA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron a laborar de la siguiente manera WHELLU GERARDO ALVAREZ SOSA, se le nombro mediante acuerdo 508-2006, en el cargo de Bibliotecario del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, en fecha 1 de agosto del 2006, mediante acuerdo de cancelación por despido No. 049-2010 de fecha 13 de julio del 2010, el cual fue recibido hasta el 19 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la propiedad, GOLBER URBANO HERNANDEZ, nombrado mediante acuerdo en el cargo de atención legal del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, a partir del 8 de junio del 2006, mediante acuerdo de cancelación por despido No. 064-2010, notificado el 13 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la propiedad, EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO, nombrado mediante acuerdo 223-2009, en el puesto de pasa tomos del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán a partir del 1 de septiembre del 2009, mediante acuerdo de cancelación 056-2010 de fecha 13 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la propiedad, LUIS FERNANDO NUÑEZ STEINER, nombrado mediante acuerdo 134-2007, en el puesto de Calificador II del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán a partir del 9 de abril del 2007, mediante acuerdo de cancelación 071-2010 de fecha 13 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la propiedad Y EDGARDO CHAVEZ MIRANDA, nombrado mediante acuerdo 563-2009, en el puesto de Registrador Adjunto dependiente de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán a partir del 1 de enero del 2010, mediante acuerdo de cancelación 048-2010 de fecha 13 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la propiedad, en todos los acuerdos de cancelación infringieron el ordenamiento jurídico contemplado en la ley de Servicio Civil y su Reglamento, violentándoles el debido proceso al igual no se les indica causa de despido. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que se rechazan los hechos que se despidieron y notificaron de forma ilegal a los demandantes en virtud que se realizó en estricta aplicación a la Ley de Propiedad y según las atribuciones contenidas en el articulo 14 numerales 1, 2 y 3 de dicho cuerpo legal, lo cual estos a su beneficio le otorga una interpretación antojadiza no digno de tutela judicial. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada, reconoce al situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se resuelve adoptar el reintegro de los demandantes, condena al Instituto de la Propiedad al pago a favor de los demandantes, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su cancelación hasta que sean restituidos a sus cargos mas el pago de sus beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto, vacaciones y otros derechos que le pudieran corresponder, se decreta la nulidad de un acto administrativo y sin costas, bajo el criterio que se prescindió de todo el procedimiento que estipula la ley para cancelar a los demandantes volviendo nulo el acto emitido y concediéndole el derecho reclamado. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de junio de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que si bien se emitió un Reglamento de Personal del instituto de la propiedad, este no establece el procedimiento a seguir para cancelar por cesantía, estos debieron seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento ya que los demandantes están protegidos por el régimen de servicio civil, por lo que las cancelaciones debieron hacerse ajustados a los supuestos y procedimiento establecido en la ley. 5.- Mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso, acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la demandante, representada en juicio por el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, presentó en fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de septiembre del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA y mediante comunicación teléfono celular la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES, en fecha diez de octubre del dos mil doce. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA y QUEYDA PATRICIA, presentaron escritos en fecha veintiocho de septiembre y diecisiete de octubre de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el considerando nueve argumenta “....que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir los acuerdos de cancelación por cesantía o despido de los demandantes, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento, establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para dictar esta clase de actos y al no hacerlo viola el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente, por no ajustarse a derechos los actos administrativos impugnados, por lo que resulta ser nulos”.- y en el considerando diez arguye... “Que la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que los actos administrativos serán dictados por el Órgano Competente, respetando los procedimientos previstos en el Ordenamiento Jurídico, y que son anulables los Actos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso el exceso de poder.” Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte del Abogado Luis Humberto Rivera Licona, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAMOS SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL; y con respecto a los Acuerdos de cancelación no. 049-2010, 064-2010, 056-2010, 071-2010 y 048-2010 todos de fecha 13 de Julio del año 2010, emitidos por la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a los señores Whellu Gerardo Alvarez Sosa, Golber Urbano Hernandez Moradel, Edder Alejandro Lagos Escoto, Luis Fernando Steiner y Edgardo Chavez Miranda, de los cargos de Bibliotecario, Atención Legal, Pasa tomos, Calificador II y Registrador adjunto respectivamente, dependientes de la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor Whellu Gerardo Alvarez Sosa, Golber Urbano Hernandez Moradel, Edder Alejandro Lagos Escoto, Luis Fernando Steiner y Edgardo Chavez Miranda, fueron cancelados de sus cargos respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal vigente para tal efecto. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte.” II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) omite el Impetrante la norma o normas que en su concepto fueron infringidas; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al material probatorio y su revisión (valoración) lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, está excluido del recurso de casación; y, c) realiza además alegatos propios de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA en su condición de apoderada de la parte demandada en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha trece de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 841-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL