Sentencia CA-826-12 — Registro 2767
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en el acuerdo de cancelacion , en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia; que el recurrente expone un único motivo en la forma siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto a las Resoluciones No. CD-15-2010 y CD-16-2010 emitidas en fecha 12 de Septiembre y 26 de Octubre ambas del 2010, dictados por el Honorable Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando Nueve, con respecto a que el demandante no le fue notificado la terminación de su contrato de consultoría, el cual terminaba el 31 de diciembre d 2009, es entendido que su contrato de consultoría finalizo por renuncia tacita, en virtud de que no presento su declinación al cargo, ni fue inhabilitado para participar en las elecciones generales 2009, tal como lo hicieron otros candidatos a Diputado. TERCERO: El Considerando número Diez, con respeto a que el Articulo 199 de la Constitución de la Republica no se puede interpretar antojadizamente cuando el señor Juez afirma que “el articulo 199 numeral 12 no es aplicable al caso de autos, ya que el cargo que desempeñaba el demandante era de Consultor por contrato y este no se encuentra comprendido dentro de lo establecido en el articulo precitado” ya que el Articulo 199 en el numeral doce establece claramente el ser contratista del estado y el fondo del mismo es claramente impedir que puedan ser elegidos diputados aquellas personas que ostentan un cargo intrínseco como lo es el ser Magistrado, el ser Secretario o Sub-secretario del Estado en este caso titular de un contrato de Consultoría pagados con fondos del Estado. CUARTO: El Considerando número doce de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en las Resoluciones numero CD-15-2010 y CD-16-2010 fueron dictadas de conformidad a Derecho, por lo consiguiente no cabe el pago de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2009, Enero, Febrero, Abril y Mayo del 2010 y mucho menos la indemnización a titulo de daños y perjuicios, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho, siguiendo el cumplimiento de la Constitución de la Republica en su Artículo 199. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 10 numeral 4 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.- "- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) se omite precisar el concepto de la infracción si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la señalada como causa o motivo en el precepto autorizante; c) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- ".- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- " Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, nuemeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de julio de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA y el Recurrido: FERNANDO RAMON MARTINEZ MELENDEZ, representada en juicio por la Abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia ordinaria consistente en la resoluciones números CD-15-2010 y CD-16-2010 por no estar las mismas conforme a Derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se adopten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de un derecho. Pago de salarios pendientes más indemnización a título de daños y perjuicios, promovida por el Señor FERNANDO RAMON MARTINEZ MELENDEZ, representada en juicio por la Abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción, que el 1 de enero del 2009 suscribió con el Coordinador Nacional del Programa de Administración de Tierras de Honduras, un contrato de consultoría nacional N°21-2009 por el término de 12 meses, consultoría relacionada con el Programa Enlace Coejecutores Municipales, en la unidad de Fortalecimiento Municipal, mediante el cual el Gobierno recibió de la Asociación Internacional de Fomento Banco Mundial, un crédito para sufragar la ejecución de dicho programa, que la cláusula 3era del contrato establecía el período del contrato, período que cumplió fielmente y no así el demandado pues no le hizo efectivo el pago de los salarios de los últimos cuatro meses del contrato (septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009), que el 10 de mayo del 2010, envió nota al Jefe de Recursos Humanos con el fin de que le informaran por qué hasta la fecha no se le habían cancelado los sueldos adeudados, de lo cual tuvo respuesta mediante nota PATH-AC-002/2010 contestado por un analista jurídico, quien emitió una opinión totalmente equivocada y fuera del contexto jurídico contractual, interpretando erróneamente el artículo 199 numeral 12 de la Constitución de la República, pues en ningún momento ha sido concesionario del Estado ni contratista de un servicio u obra pública tal como lo interpreta la resolución CD-15-2010, que en ningún momento fue notificado de la terminación del contrato de consultoría, dándose para tal caso una ampliación tácita por un acto manifestado por escrito prorrogando el contrato hasta el 13 de mayo del año 2010, que todo ese tiempo no le hicieron efectivo el pago de sus salarios y nunca abandonó su contrato de consultoría.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que se reconoce que existió un contrato de consultoría entre las partes, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, se rechaza la constancia a la que hace referencia el demandante pues la emisión de la misma no fue autorizada por la autoridad competente del PATH; que la relación entre las partes finalizó por renuncia efectiva desde el mes de mayo del año 2009, fecha tope para acreditar a los ciudadanos según el Tribunal Supremo Electoral, en condición de elegibilidad para optar a cargos públicos de elección popular, pues el demandante aparece electo como diputado suplente del Departamento de Comayagua.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre del año dos mil doce dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, en consecuencia se anula totalmente, reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve adoptar el pago de los meses de septiembre a diciembre del año 2009 y los meses de enero a mayo del año 2010 a favor del demandante, condenar al Estado de Honduras al pago, en concepto de daños y perjuicios únicamente de los intereses que surgieron del préstamo de L.156,000.00 otorgado al demandante, sin costas. Criterio: que el demandante suscribió contrato de consultoría en el cual se establecen causa de terminación del mismo, la parte demandada fundamenta la resolución del contrato en el sentido que el demandante al ser diputado suplente, renunció desde el mes de mayo del 2009, que era la fecha tope para acreditar a los ciudadanos según el Tribunal Supremo electoral en condiciones de elegibilidad para optar a cargos públicos de elección popular y la Constitución de la República en su artículo 199 numeral 12 no es aplicable al demandante, en vista que dicho requisito tiene por objeto prohibirle a cualquier persona ser elegible a cargo de diputado del congreso nacional, cuando se encuentre comprendido en uno de los supuestos contemplados en la referida norma y no a la inversa, es decir que no se puede dar por terminado un contrato de servicio y obra, previamente a la elegibilidad del contratista para ser diputado, cuando éste ya había suscrito el contrato, en cuanto al pago solicitado por el demandante de los meses de enero a mayo del año 2010, se constató que ha existido un consentimiento laboral tácito, al reconocer que el ahora demandante continuó laborando para la institución los meses señalados, al levantarle inventario en fecha 10 de mayo del 2010, que el demandante acreditó el daño y perjuicio causado, con la constancia de fecha 18 de mayo del año 2010, por parte de la Cooperativa en donde solicitó un préstamo, constatándose que el mismo es producto del daño emergente sufrido en vista de la falta de pago a la parte demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diez de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el A-Quo. Criterio: Que la institución demandada para dictar las resoluciones CD-15-2010 y CD-16-2010 dictadas el 12 de septiembre y 26 de octubre del 2010, no están dictadas conforme a Derecho, en vista de que las mismas están fundamentadas en el artículo 199 de la Constitución de la República, el cual no es aplicable al caso de autos, ya que el cargo que desempeñaba el demandante era de Consultor por Contrato y éste no se encuentra comprendido dentro de lo establecido en el artículo precitado, por lo que esas resoluciones son nulas, en vista de violar el ordenamiento legal establecido, por lo que la acción interpuesta resulta ser procedente.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada RUTH ELIZABETH AVILA MONCADA, en fecha seis de junio del año dos mil doce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada, en fecha diez de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.112-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 067-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha siete de junio del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, FERNANDO RAMON MARTINEZ MELENDEZ, representada en juicio por la Abogada OLGA MARIA RUIZ PEÑA presentó, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres de septiembre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, la Abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER y en fecha cinco de octubre del año dos mil doce la Abogada RUTH AVILA MONCADA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER, presentó escrito en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- 9.- Que la Abogada RUTH AVILA MONCADA, presentó escrito en fecha nueve de octubre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia; que el recurrente expone un único motivo en la forma siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto a las Resoluciones No. CD-15-2010 y CD-16-2010 emitidas en fecha 12 de Septiembre y 26 de Octubre ambas del 2010, dictados por el Honorable Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando Nueve, con respecto a que el demandante no le fue notificado la terminación de su contrato de consultoría, el cual terminaba el 31 de diciembre d 2009, es entendido que su contrato de consultoría finalizo por renuncia tacita, en virtud de que no presento su declinación al cargo, ni fue inhabilitado para participar en las elecciones generales 2009, tal como lo hicieron otros candidatos a Diputado. TERCERO: El Considerando número Diez, con respeto a que el Articulo 199 de la Constitución de la Republica no se puede interpretar antojadizamente cuando el señor Juez afirma que “el articulo 199 numeral 12 no es aplicable al caso de autos, ya que el cargo que desempeñaba el demandante era de Consultor por contrato y este no se encuentra comprendido dentro de lo establecido en el articulo precitado” ya que el Articulo 199 en el numeral doce establece claramente el ser contratista del estado y el fondo del mismo es claramente impedir que puedan ser elegidos diputados aquellas personas que ostentan un cargo intrínseco como lo es el ser Magistrado, el ser Secretario o Sub-secretario del Estado en este caso titular de un contrato de Consultoría pagados con fondos del Estado. CUARTO: El Considerando número doce de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en las Resoluciones numero CD-15-2010 y CD-16-2010 fueron dictadas de conformidad a Derecho, por lo consiguiente no cabe el pago de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2009, Enero, Febrero, Abril y Mayo del 2010 y mucho menos la indemnización a titulo de daños y perjuicios, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho, siguiendo el cumplimiento de la Constitución de la Republica en su Artículo 199. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 10 numeral 4 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.- II.- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) se omite precisar el concepto de la infracción si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la señalada como causa o motivo en el precepto autorizante; c) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de julio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha dieciséis de julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 826-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL