Sentencia CA-803-12 — Registro 2932
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante en segunda instancia se confirma la sentencia, bajo el criterio de que la autoridad para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil”.- " La interpretación errónea de la ley consiste en su equivocado entendimiento independientemente de toda cuestión de hecho, ello es que a pesar de ser claro el texto de la ley, el fallador expresa un concepto erróneo de él en su resolución contrariando así el que verdaderamente tiene.- " En el sub lite el Recurrente no señala con claridad y precisión en que consiste la interpretación errónea de la norma citada como infringida, limitándose a transcribir la misma y señalar que la cancelación del demandante se realizó aplicando el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil; por otro lado, la norma indicada contiene varios párrafos y literales, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar; no obstante lo anterior, este Tribunal de Casación comparte el criterio de los juzgadores en cuanto a que la cesantía de los servidores públicos debe efectuarse siguiendo a cabalidad la normativa que le es aplicable, ya que lo que se pregona es que la autoridad está llamada a seguir y a respetar el procedimiento legal establecido para realizar dichos actos. Esto quiere decir que hasta el Estado, en base al principio de legalidad que rige la materia, debe de someter su actuar a la Constitución de la República y a las leyes del país, respetando el orden público.- " En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando estipulado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de octubre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES y el Recurrido: CESAR LEONEL ELWIN PADILLA, representado en juicio por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto como medida para el pleno reestablecimiento de sus derechos, que se le reintegre al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, reconociendo los aumentos otorgados a los demás trabajadores en su ausencia, y en caso de no ser posible el reintegro se ordene al demandado al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, con el pago de los salarios dejados de percibir, costas, promovida por el señor CESAR LEONEL ELWIN PADILLA, representado en juicio por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a prestar sus servicios con el demandado el 16 de mayo del año 2006, según acuerdo de nombramiento No.125-06, acción de personal 0425, en el puesto de Auditor de Precios II, con fecha 31 de agosto del año 2010 recibió el acuerdo No.992-2010 del 27 de agosto del año 2010, mediante el cual se le cancelaba por cesantía, efectivo a partir del 3 de septiembre del año 2010, violentando el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, pero no establece las causas por las que se le cancela, que no se le practicó ninguna evaluación ni se le ha notificado resultado alguno por su desempeño dentro de la institución.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contestó dicha demanda señalando que la cancelación del demandante se llevó a cabo dando estricto apego a lo establecido en el artículo 188 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, junto con el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública y a que por medio del oficio 0605 del 27 de agosto del año 2010, el Consejo del Servicio Civil procedió a dictaminar procedente la cesantía del demandante, que la actuación administrativa de la autoridad se realizó bajo el marco de las atribuciones concedidas por el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil que autoriza la cesantía de uno o mas trabajadores por razón de reducción forzosa de servicios o personal por razones de orden presupuestario y para obtener y una más eficaz y económica organización administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras de Contencioso Administrativo, en fecha doce de marzo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula totalmente por hacer sido emitido prescindiendo total y absolutamente el procedimiento establecido para cancelar a un servidor público por cesantía, reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento resuelve: a) adoptar el reintegro del demandante, condenar al Estado de Honduras por el acto realizado al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que sea ejecutado el presente fallo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia, se decreta la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado sustituto del demandante, condenar a reconocer, ejecutar y pagar al demandante los conceptos señalados, sin costas. criterio: que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló por cesantía al demandante se dicto con infracción al ordenamiento jurídico, ya los actos realizador por la autoridad nominadora de consultar sobre la procedencia de cesantía, no son actos administrativos suficientes para considerar que se realizó todo el procedimiento que la ley establece para cancelar a servidores públicos por cesantía.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha catorce de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción incoada resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente el acto es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, en fecha quince de agosto del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha catorce de junio del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.153-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 539-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veinte de agosto del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, CESAR LEONEL ELWIN PADILLA, representada en juicio por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, presentó, en fecha treinta de agosto del año dos mil doce escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de septiembre del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha cinco de septiembre del año dos mil doce, el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, y en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil doce el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, presentó escrito en fecha diez de septiembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrido.- 9.- Que el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, presentó escrito en fecha uno de julio de año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil”.- II.- La interpretación errónea de la ley consiste en su equivocado entendimiento independientemente de toda cuestión de hecho, ello es que a pesar de ser claro el texto de la ley, el fallador expresa un concepto erróneo de él en su resolución contrariando así el que verdaderamente tiene.- III.- En el sub lite el Recurrente no señala con claridad y precisión en que consiste la interpretación errónea de la norma citada como infringida, limitándose a transcribir la misma y señalar que la cancelación del demandante se realizó aplicando el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil; por otro lado, la norma indicada contiene varios párrafos y literales, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar; no obstante lo anterior, este Tribunal de Casación comparte el criterio de los juzgadores en cuanto a que la cesantía de los servidores públicos debe efectuarse siguiendo a cabalidad la normativa que le es aplicable, ya que lo que se pregona es que la autoridad está llamada a seguir y a respetar el procedimiento legal establecido para realizar dichos actos. Esto quiere decir que hasta el Estado, en base al principio de legalidad que rige la materia, debe de someter su actuar a la Constitución de la República y a las leyes del país, respetando el orden público.- IV.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando estipulado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 803-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL