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Sentencia CA-783-12 — Registro 2921

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “. La abogada KAREN LIZETH RODRÍGUEZ MÁRQUEZ estructura su único motivo de casación de la siguiente manera:“Se impugna la falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Se considera infringido por falta de aplicación el Artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719. 2 del Código Procesal Civil”.- III. Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar ya que la norma invocada como infringida fue aplicada en el fallo recurrido; además existe reiterada jurisprudencia que para que la cancelación por cesantía de un servidor público sea viable, la autoridad nominadora debe seguir a cabalidad con todos los requisitos establecidos para ese efecto, en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento” El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya quecontra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por la abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ; y, Recurrido: SILVIA CARINA AGUILAR PERLA, representada en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo particular de la administración pública por infracción al ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto, y como medida para el restablecimiento de sus derechos se ordene a través de sentencia definitiva el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de la cancelación hasta la ejecución de la sentencia, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora SILVIA CARINA AGUILAR PERLA, representada en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por la abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue nombrada el 14 de septiembre del año 2006, en el cargo de Secretaria II de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión de la Secretaría en mención, mediante acuerdo No. SEDS-1405-2006, efectivo a partir del 01 de septiembre del año 2006, que en fecha 31 de mayo del año 2010 se le hizo entrega del acuerdo No. SEDS-0676-2010 del 21 de mayo del año 2010, efectivo a partir de la fecha de la entrega, donde el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad acuerda cancelar su acuerdo de nombramiento, argumentando cesantía, pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que la pretensión de la demandante es inadmisible, por ser un acto administrativo que ella aceptó y consintió, acto que adquirió el carácter de firme, convirtiéndose así en un acto no susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, que se le realizó el trámite administrativo ante el Consejo del Servicio Civil con el propósito de que se le calcularan sus prestaciones laborales que ascienden a L.77,065.51, sin embargo quiere sorprender aduciendo que no se le siguió el procedimiento consignado en la Ley del Servicio Civil, lo cual es totalmente falso ya que la demandante al darse cuenta de que la autoridad administrativa al momento de cancelar sus prestaciones laborales realizó las respectivas deducciones por las deudas que tenía con las instituciones bancarias, mismas que ascendían al valor de las prestaciones que le habían reconocido, que previo a la cancelación se siguió el procedimiento establecido en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 2) del Reglamento que establece que procederá a la cesantía de uno o más servidores públicos, debido a la reducción de servicios o personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha ocho de noviembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconociendo la situación jurídica individualizada reclamara y para su pleno restablecimiento se tomaron las medidas siguientes: a) ordenar el pago a la demandante de la indemnización correspondiente de prestaciones laborales, derechos adquiridos y los salarios dejados de percibir a partir del 31 de mayo del 2010 hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria, diferir para la etapa de ejecución del presenta fallo la liquidación del derecho declarado, decretando extinguida la relación de servicio del demandante con el Estado de Honduras, sin costas. Criterio: que la demandada al no haber seguido completamente el procedimiento para proceder con la cesantía de la demandante, ha viciado de nulidad el acto administrativo al haberlo emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de marzo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y mediante inspección se constató que la plaza que ocupaba la demandante se encuentra vacante, es decir no ha sido suprimido de la clasificación de puestos y salarios.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de contra la sentencia dictada en fecha quince de marzo del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.062-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 354-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diecisiete de julio del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha veinte de agosto del año dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha once de septiembre del año dos mil doce, los abogados KAREN LIZETH RODRIGUEZ y JOSE ARMANDO ESPINAL.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, este Tribunal dictó providencia en fecha diecinueve de noviembre de dos mil doce, teniendo por personado al abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en concepto de parte recurrida y teniendo por precluído el término concedido y dejado de utilizar por la abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ en su condición de representante procesal del Estado de Honduras.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II. La abogada KAREN LIZETH RODRÍGUEZ MÁRQUEZ estructura su único motivo de casación de la siguiente manera: “Se impugna la falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Se considera infringido por falta de aplicación el Artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719. 2 del Código Procesal Civil”.- III. Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar ya que la norma invocada como infringida fue aplicada en el fallo recurrido; además existe reiterada jurisprudencia que para que la cancelación por cesantía de un servidor público sea viable, la autoridad nominadora debe seguir a cabalidad con todos los requisitos establecidos para ese efecto, en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 200, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; RESUELVE: 1) declarar INADMISIBLE el recurso de casación, en su único motivo, interpuesto por la abogada KAREN LIZETH RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; 2) declarar FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional; y, 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. MANDA: remitir las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de enero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 783-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL