Sentencia CA-768-12 — Registro 5999
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.--Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, representado en juicio por el abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA y el Recurrido: LUIS ALONSO FUNES URBINA, representado en juicio por el abogado ANTONIO VARGAS FLORES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la anulación de actos administrativos en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada y para su pronto restablecimiento, se ordene el reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, incrementos salariales y demás beneficios en ausencia, costas, promovida por el señor LUIS ALONSO FUNES URBINA, representado en juicio por el abogado ANTONIO VARGAS FLORES, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de marzo del año dos mil diez, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, representado en juicio por el abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició a laborar con la demandada mediante acuerdo 205-06 del 20 de abril del año 2006, en el cargo de Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales que no es puesto excluido de los establecidos dentro de la Ley del Servicio Civil, que con fecha 26 de febrero del año 2010, fue notificado de la cancelación de su cargo por cesantía, mediante acuerdo 207-2010, efectivo a partir del 1 de marzo del 2010, despido por cesantía amparado en los artículos 16, 28, 33, 36 numeral 8, 116,118,119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue nombrado expresamente en puesto excluido por ser un puesto de confianza, por lo tanto no le corresponden los derechos de que goza aquel personal regulado por la Ley del Servicio Civil, cuando son cancelados de su puesto por cesantía y no aquellos que son cancelados de puestos excluidos, por lo que sorprende que el demandante exprese que no era puesto de confianza, por lo que no puede efectuar ningún reclamo sobre derechos o indemnizaciones laborales que pudieren corresponderle por la separación del servicio que prestaba debido a la clase y grado del cargo por lo que su cancelación es absolutamente legal.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiséis de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada contentiva a que se declare nulidad de un acto administrativo de cancelación de su persona como empleado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, condena al demandado al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la efectividad del acuerdo de cancelación hasta la fecha en que sea restituido de su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldo, decimocuarto mes y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder. Criterio: que la administración esta facultada para cancelar por cesantía a un servidor público, aquella debe cumplir previa y posteriormente a tal decisión, con los supuestos establecidos en la Ley y que fueron plasmados en los considerandos precedentes, sin la concurrencia de los mismos de la cesantía se vuelve ilegal y sujeta la administración pública a las responsabilidades patrimoniales derivadas de tas decisión ilícita, con igual responsabilidad, si la cancelación obedece a la figura del despido, sin cumplir con las formalidades que la ley le impone, haciendo extensiva dicha responsabilidad al funcionario suscriptor de los actos administrativos anulados.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de acuerdos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintiuno de julio del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.162-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 107-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante LUIS ALONSO FUNES URBINA, representado en juicio por el abogado ANTONIO VARGAS FLORES, presentó en fecha diez de septiembre del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de septiembre del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha catorce de septiembre del año dos mil doce el abogado ANTONIO VARGAS FLORES, y en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil doce el abogado SANTOS JAIME VALLADARES.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado ANTONIO VARGAS FLORES, presentó escrito en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que el abogado SANTOS JAIME VALLADARES SIERRA, presentó escrito en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación del Decreto Legislativo No. 218-96 en relación con el artículo 37 del Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97 que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, Decreto este que se invoco como argumento válido y el cual no ha sido objeto de derogatoria expresa alguna; es decir que no consta PUBLICAClON alguna de derogatoria expresa o tacita, que es cuando surtiría efectos legales su no aplicación (Decreto Legislativo No. 218-96 y Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97 que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo,). PRECEPTO AUTORÍZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICAClON DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se identifica totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El Decreto Legislativo No. 218-96 que contiene las reformas a la Ley General de la Administración Publica, relacionado con el articulo 37 del Decreto Ejecutivo No. PCM008-97 que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo; el cual PRESCRIBE lo siguiente. La administración de Recursos Materiales y Servicios Generales comprende las acciones relativas a la adquisición de bienes y servicios y a la contratación de obras publicas y su mantenimiento, de conformidad con la legislación sobre la materia, la administración y custodia de los bienes muebles e inmuebles adscritos a la Secretaria de Estado y la función de proveeduría, incluyendo el manejo de almacenes de bienes consumibles, así como la provisión de servicios generales como transporte, vigilancia, aseo y otros similares. El señor LUIS ALONSO FUNES ORBINA fue cancelado de su Puesto que ocupaba, que era el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, sin responsabilidad para el Estado de Honduras por ser un Puesto Excluido ya que el mismo no fue sometido a exámenes de oposición, porque el mismo es Excluido de la Ley de Servicio Civil, norma ésta que no ha sido objeto de reforma ni derogatoria alguna, y que es de conocimiento de los importadores de Justicia; no obstante la Corte Sentenciadora dejo de aplicar estas disposiciones legales, las cuales son de observancia y estricto cumplimiento obligatorio, en virtud de que las mismas no han sido derogadas por Tribunal competente y en caso de haberlo sido, no han sido publicadas para que surtan los efectos legales correspondientes y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento que para emitir el Acuerdo de cancelación del señor LUIS ALONSO FUNES ORBINA, el Estado de Honduras debió seguir el procedimiento establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sin considerar la Corte de Apelaciones en ningún momento que para la cancelación de los Puestos del Servicio Excluido no es necesario cumplir con procedimiento alguno porque es contrario al espíritu mismo de la Ley habida cuenta que estos puestos son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo. Es obvio que en el presente caso el Tribunal de Alzada dejó de aplicar el artículo 37 del Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97 que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo.”.- II.- Que el cargo antes expuesto resulta inamisible en razón de lo siguiente: alega el Recurrente falta de aplicación del Decreto Legislativo No. 218-96, sin embargo no señala ninguna norma de derecho contenida en dicho ordenamiento que considere se ha infringido y en cuanto al artículo 37 del Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97, del mismo se desprende que el juzgador de instancia no lo ha aplicado porque no ha tenido ninguna incidencia en el caso de mérito.- III.- Que el Censor solita la nulidad de la sentencia fundamentado en lo siguiente: “Los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil PRESCRIBEN: ARTICULO 13 Código Procesal VALORACIONDELA PRUEBA.
- El Juez a de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. la valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que los condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. Articulo 245 Código Procesal VALORAClON DE LA PRUEBA.
- La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal d manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de resolución. Articulo 479 Código Procesal VALORAClON DE LA PRUEBA.
- El Tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentales tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a ‘probar la existencia de un mismo hecho, o el medio en que se condujo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 21 de junio del año 2012, dicto sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en el CONSIDERANDO (9) dicha Corle expresa” que del estudio y análisis en su conjunto de la prueba presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad demandada para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de acuerdos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulte ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnad, por lo que es nulo” Este CONSIDERANDO de la sentencia impugnada revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarla, lo hizo sin considerarlas en ningún momento. Es así que la Corte de Apelaciones dieta la sentencia estudiando y analizando en su conjunto la prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479 que no lo puede ni debe hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba. El artículo 212.6 del Código Procesal civil manda: ARTICULO 212 NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1... 2... 3... 4... 5... 6.- En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen. El articulo 13 antes citado expresa que es prohibida la arbitrariedad y el 245.2 dispone la nulidad de la sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas jurídicas que la regulan y de la valoración de la prueba. El articulo 700 también del Código Procesal Civil dispone. ARTICULO 700. PREVIA DEN UNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1. Cuando en los Recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan la nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, se reprodujo la denuncia en la Apelación. 2. Así mismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habríamos podido formular un Motivo de Casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento su la motivación que han llevado al Tribunal Ad-Quen a rechazar el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia valorando la prueba individualmente, pero al no haberlo hecho así, no sabemos cual o cuales de las pruebas fueron analizadas y valoradas concretamente, lo que ha causado a mi representado una indefensión, porque no le han permitido formular los recursos como lo prescribe la Constitución de la República y las Leyes. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en Casación, pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil.”.- IV.- Que la nulidad solicitada por el Recurrente resulta improcedente en razón de lo siguiente: se limita a transcribir artículos del Código Procesal Civil y consideraciones de la sentencia impugnada pero en concreto no establece en que consiste la nulidad expuesta. Argumenta que es hasta este momento que reclama la nulidad porque la misma se produjo en la sentencia recurrida y que si la “sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habríamos podido formular un Motivo de Casación acorde a las circunstancias”. Pero es el caso que el artículo 719 numeral c) del Código Procesal Civil, autoriza la formulación del recurso cuando se ha producido la violación de normas procesales en las sentencias, es más, esta disposición relacionada con el artículo 720 numeral 2) del mismo cuerpo legal facultan, para que se pueda solicitar ante este Tribunal de Casación, el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De lo anterior se concluye, que lo esgrimido por el Recurrente, en la nulidad solicitada carece de sustento y por ende validez. Además no observa este Tribunal que se haya violentado el debido proceso ni el derecho de defensa de las partes.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en su único motivo. 2º) SIN LUGAR la nulidad solicitada. 3ª) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir.- 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintinueve días del mes de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 768-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL