Sentencia CA-758-12 — Registro 2965
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción y confirmó el acto impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio bajo el criterio que los Miembros de la Policía Nacional, tal como consta en autos, únicamente participaron en el allanamiento relacionado y en virtud del cual fue detenida la demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Violación, por falta de aplicación del articulo 2236 del Código Civil, en cuanto dispone que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, en relación con el articulo 2237 del mismo cuerpo de leyes sustantivas, en cuanto preceptúa, en su párrafo siete, que “la responsabilidad de que trata este articulo cesara cuando las personas en el mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”, y en relación al articulo 1362 de mis cuerpo de leyes citado, en cuanto preceptúa, en su párrafo primero, que la culpa o negligencia del deudor en la omisión de aquella negligencia que exigía la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del mismo tiempo y lugar, graduado para este caso concreto en“lata”, a tenor de dicha norma, y en su párrafo segundo, que la culpa lata se opone a la diligencia y cuidado que aun las personas de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios”. En relación con el articulo 324 párrafo primero de la Constitución de la Republica que preceptúa: “si el servidor publico en el ejercicio de su cargo, infringe, la ley en perjuicio de los particulares será civil, solidariamente responsable junto con el estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo”.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: la violación consiste en la omisión o falta de aplicación, en su validez antes señalada, de las disposiciones citadas, por que la sentencia censurada no cumple lo que dichas normas dispone, encontrándose obligado el tribunal sentenciador a aplicarlas al caso concreto, por ser jurídica y lógicamente inaceptable que la Secretaria de Seguridad a través de la policía (Dirección Antidrogas) arrestara a Doña Gloria Marina Godoy Barrientos, cerca de su casa que se situaba en la colonia Ribera de la Vega, casa número 30, calle principal, cuando se dirigía a la misma, por tráfico de droga solo porque vivía cerca de la habitación donde encontraron droga en un tonel; y explico que el allanamiento IBA DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE SUPUESTAMENTE VENDIAN DROGAS PERO NO EN LA HABITACION DEMI REPRESENTADA, la cual fue detenida por agentes de la DIRECCIÓN ANTIDROGAS TAL COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL AUTO DE ADMISIÓN DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2006 en el expediente administrativo que se encuentra en autos en el expediente de merito, lo cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Administrativo no se percato al momento de dictar sentencia y hace suyos las considerandos de la sentencia apelada, sosteniendo que los miembros dela Policía Nacional, únicamente participaron en el allanamiento y en virtud de cual fue detenida La demandante, lo cual no es cierto porque se acredito en autos con los medios de prueba ofertados por parte del representante de la demandante, que fue detenida en la calle y no en la vivienda allanada, por miembros de la Policía Nacional tal como está acreditado en autos en el expediente de merito, que si bien es cierto andaban una orden judicial de allanamiento era para las personas que supuestamente vendían droga, la orden de allanamiento no era para la morada de la señora Gloria Marina Godoy Barrientos, quien fue arrestada POR POLICIAS DELA DIRECCION ANTIDROGAS cerca de su casa en la calle. cuando se dirigía a la misma, por el delito tráfico de droga solo porque vivía cerca de la habitación donde encontraron la droga en un tonel; por lo que consideramos que si hay responsabilidad por parte del estado a través de la Secretaria de Seguridad en indemnizar a quien fue su victima, no se dispensa la negligencia por parte de los agentes de la policía que participaron en el allanamiento porque fue detenida en la calle tal como está probado en autos y a si lo hace saber la sentencia que hoy recurrimos en casación, ya que se ha probado la negligencia por parte de la policía en virtud de dicha detención y que estuvo La demandante presa por más de dos años, lo que le causo daño moral y perjuicios tremendos; y que consideramos que dicha detención no es conforme a ley, ya que fue detenida por la policía en la calle antes de llegar a su casa, por lo que existe responsabilidad de la demanda por los daños ocasionados a la demandante al haber estado privada de su libertad por dos años y haber sido absuelta del delito que se le acuso, ya que sin la cooperación de los policías infra citados no hubiera producido el daño en la libertad de la señora Doña Gloria Marina Godoy Barrientos y el daño moral a su persona por estar privada por más de dos año en la Cárcel, consideramos que la conducta negligente que con un mínimo de previsión se hubiese evitado, de lo expuesto queda claro que el primer pronunciamiento de la sentencia, al declarar improcedente la acción de merito, por ajustarse a derecho el acto impugnado, así como el siguiente, en donde se confirma y se absuelve de toda responsabilidad a la parte demandada, solo puede ser producto de la inaplicación de las disposiciones sustantivas señaladas, en los pasajes que de sus textos han quedado señalados, por ausencia de un razonamiento objeto e imparcial y critico a los hechos aceptados por las partes y soslayar esas disposiciones imponen no solo a los ciudadanos comunes, en todos los actas de la vida jurídica, si no por extensión a los titulares de la administración pública, en perjuicio de sus cargos, una conducta respetuosa de la ley, y consecuente con el responsable desempeños de sus funciones, siendo este caso claro por estar acreditado la negligencia por omisión debidamente acreditada con la propia naturaleza del acto omitido, ya que, en situaciones como esta cualquier persona de poca prudencia, en un negocio propio, hubiese constatado si en realidad antes de apresar en la calle a la señora Doña Gloria Marina Godoy Barrientos si era una de las personas que se dedicaban a cosas ilícitas, para acusarla y tenerla presa por tales acciones por más de dos años. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley, el articulo 719 número 2 del código de procesal Civil”.-“Que el cargo que antecede resulta inestimable por lo siguiente: a) se insta la revisión del material probatorio lo cual no es posible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.-“ Que en el segundo cargo se esgrime: “VIOLACIÒN DE LEY POR OMISIÓN O FALTA DE APLICACIÓN DE LA MISMA. PRECEPTOAUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley, el articulo 719 número 2 del código de procesal Civil.- CONCEPTO DE LA INFRACCLÓN PRECEPTO LEGAL INFRINGIDO; Articulo 28 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que “la acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en la vía administrativa”. “En el caso de los actos de trámite, la acción será admisible cuando estos no sean susceptibles de ulterior recurso administrativo y decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a la vía administrativa o hagan imposible o suspendan su continuación”, en el presente caso la Corte recurrida hace suyos los alegatos del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, y de manera errónea expresa que la resolución SEDA-DL-0182007, emitida por la Dirección Legal de la Secretaria de seguridad es un simple auto, lo cual no es correcto su apreciación porque es una resolución que no está ajustada a derecho, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede conocer impugnaciones, decretos, acuerdos, resoluciones y providencias, que en el presente caso el acto administrativo SEDA-DL-018-2007, es una resolución por lo que la Corte recurrida a infringido el articulo 2 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no aplicarlo al caso concreto vulnera dicha disposición, lo cual no es cierto lo decretado por la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo, el cual ha infringido junto con el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el ordenamiento jurídico consiste al no aplicar de manera correcta el artículo 28 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que se probo que mi cliente fue arrestada por La demandante policía DIRECCION ANTIDROGAS sin orden judicial, que paso más de dos años en prisión, acusada injustamente, por el delito de posesión y tráfico de drogas; según el la resolución impugnada SEDS-DL-018-2007 de fecha 27 de noviembre de 2007, emitido por la Dirección Legal de la demandada, ES UNA RESOLUCIÓN y no un auto como o hace creer en primer lugar Juzgado de Letras de Lo Contencioso administrativo, y en segundo Lugar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y que dicha resolución no es conforme a derecho ya que no se le reconoce a mi representada su situación jurídica individualizada, por que la policía al privarle de su libertad, como por el arresto ilegal sin orden judicial, viola el principio de legalidad al arrestarla si orden de Juez competente, ya que no la arrestan infraqanti cometiendo delito, y tampoco hay en el expediente criminal orden de captura, por lo que la policía incurre en Exceso o abuso de poder, porque valiéndose de su investidura la privan de la libertad y desviación de poder, ya que buscando pruebas contra otra persona utilizaron esa autoridad para incriminar ilegal e injustamente a la demandante, que la Policía Preventiva le arresto sin justificación, ya que no ha cometido ningún delito, por lo que la policía le causo daño moral; en la cual la Corte recurrida no aplico el artículo 28 de la ley infracitada.”.-“Al igual que en el primer cargo, este resulta inestimable por lo siguiente: a) la demanda de mérito fue admitida y por ello no procedeel señalamiento de falta de aplicación del artículo 28 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que dicha disposición regula que actos administrativos son impugnables ante dicha jurisdicción; b) en su explicación señala que esa norma no fue aplicada de manera correcta, cuando ello constituye otra forma de violar la Ley, que debió haber expuesto en forma separada e independiente; y, c) realiza alegatos propios de instancia y se insta la revisión del material probatorio lo cual no es procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-
“Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivosformulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-“
“ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los xxxx quince días del mes de noviembrexxxx del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: la señora GLORIA MARINA GODOY BARRIENTOS, representada en juicio por la abogada HILDA GUADALUPE CHAVEZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por la abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ.-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria contraída a pedir la ilegalidad y se anule un acto de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídico individualizada, pago de indemnización, que se adopten las medidas necesarias para el pleno reconocimiento de sus derechos, costas del juicio,; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de febrero del dos mil ocho, por la señora GLORIA MARINA GODOY BARRIENTOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.-
I. ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que por hechos acontecidos en fecha 17 de noviembre de 2000, la policía le arrestóo cerca de su casa que se sitúa en la colonia Ribera de la Vega, casa número 30, calle principal, cuando se dirigía a la misma, aduciendo que ella traficaba con droga solo por que vive cerca de la habitación donde encontraron droga. Que mediante resolución 246-2006, la Dirección General de Policía Preventiva, declara sin lugar el reclamo administrativo, aduciendo que su participación solo era para un allanamiento a petición del órgano jurisdiccional, lo que no es congruente ya que la Policía la arresta en la calle, justo antes de llegar a su habitación que alquilaba, aledaña a la habitación allanada. Dicha resolución fue recurrida en tiempo y forma, ya que la notificación era defectuosa, se interpuso el recurso de apelación y como fue desestimado por la Dirección General de Policía Preventiva, se interpuso apelación de hecho aplicando la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, siendo resuelta mediante Resolución SEDSSG-103-207 de fecha 22 de mayo 2007, donde se declara improcedente dicho recurso, por lo que se interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante AUTO SEDS-DL-018-2007 de fecha 27 de diciembre de 2007, emitido por la Dirección Legal, que es NULO, por que viola el principio de legalidad, por exceso, abuso y desviación de poder, ya que la Policía Preventiva le arrestóo sin justificación, sin haber cometido ningún delito.-
2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, rechazó las pretensiones de la demandante, manifestando que en efecto la demandante en fecha 15 de jJunio del 2006, presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, solicitud para que se le indemnizaraá por daños morales por haber sido arrestada supuestamente sin justa causa por miembros de la Policía Nacional, pero la misma es improcedente e ilegal debido a que los miembros de la Policía Nacional participación en el acto únicamente como apoyo; se señala que la demandante alterando el procedimiento administrativo establecido, presentó erróneamente rRecurso de aApelación de hHecho siendo lo correcto y así lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo interponer el rRecurso de rReposición, quedando con la Resolución Número SEDS-SG-103-2007 de fecha 22 de mMayo del 2007 emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, agotada la vVía aAdministrativa, notificada personalmente con fecha 28 de jJunio del 2007, presentando un nuevo rRecurso de rReposición, argumentando que hace uso en forma supletoria de las nNormas establecidas en el Código de Procedimientos Comunes, aclarando que estas normas legales solo pueden hacerse uso en caso que no estée previsto dicha actuación en la Ley de Procedimiento Administrativo, pues así estáa establecido en esta Ley, los recursos que deben interponerse y los plazos para cada uno de ellos. Que se emitió Resolución Número 246-2006 de fecha 4 de sSeptiembre del 2006 por la Dirección General de Policía Preventiva dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; declarando sin lugar el reclamo administrativo presentado por la señora GLORIA MARINAES GODO Y BARRIENTOS; pero se rechaza en cuanto a lo que aduce referente a que no es congruente la participación de la Policía en el allanamiento practicado por orden jurisdiccional, lo cual fue convalidado por el Fiscal del Ministerio Público César Bernhad. Que la Resolución indicada fue recurrida en tiempo y forma y que la notificación era defectuosa, dicha RResolución efectivamente fue recurrida usando el rRecurso de aApelación pero lo hizo fuera del plazo establecido en el Artículo 139 párrafo Segundo de la Ley Procedimiento Administrativo que dice: “El plazo para la interposición del Recurso será quince días”, dejando pasar más de cuarenta días hábiles desde que se le notificó la resolución en fecha 9 de oOctubre de 2006 hasta el 15 de dDiciembre de 2006 en que interpuso el rRecurso de aApelación referido, siendo un acto ya consentido y firme, por lo que la demandante utiliza el rRecurso de aApelación de hHecho interpuesto ante la Secretaría de Estado en el Despacho Seguridad en fecha 1 de fFebrero de 2007, por la negativa de aquel rRecurso que resolvió Dirección General de Policía Preventiva, considerándose que este rRecurso utilizado no era señalado en la respectiva Ley resolviéndose mediante Resolución Número SEDS-SG-103-2007 de fecha 22 de mMayo del 2007 SIN LUGAR por ser improcedente y lo correcto era interponer el Recurso de Reposición establecido en la Ley.- Cabe señalar que la Ley de Procedimiento Administrativo claramente establece los recursos que deben interponerse cuando hay inconformidad con el contenido de una Resolución, auto o providencia emitida por la respectiva autoridad administrativa, por lo que en este caso no cabe la supletoriedad de la normas establecidas en el Código de Procedimientos Comunes.-
3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de abril del 2011, mediante sentencia definitiva declaró improcedente la acción y confirmó el acto impugnado, sin costas; bajo el criterio que de todos los medios de prueba propuesto y evacuados por la parte demandante los mismos no reflejan o demuestran que la Secretaría de Seguridad, tenga relación directa de los hechos que motivaron ha que se le practicara el respectivo allanamiento en el cual resulto apresada la señora Gloria Marina Godoy Barrientos, ya que el mismo fue realizado por una orden judicial, misma que fue interpuesta por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico dependencia del Ministerio Publico y no de la Secretaría de Estado en lo Despacho de Seguridad. Que ha quedado claramente demostrado que en ningún momento, el allanamiento fue ordenado por la Policía Nacional, si no por una orden judicial y que únicamente dicha institución sirvió de apoyo.-
4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de marzo del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirmó la sentencia venida en apelación, sin costas; Bajo el criterio que los Miembros de la Policía Nacional, tal como consta en autos, únicamente participaron en el allanamiento relacionado y en virtud del cual fue detenida la demandante, por habitar en la vivienda allanada por haberlo solicitado el Juzgado competente, en virtud de su competencia, ya que dentro de sus atribuciones está la de ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las Autoridades competentes.-
5.- La representación procesal de la parte demandante, la Abogada HILDA GUADALUPE CHAVEZ, como apoderada de la señora GLORIA MARINA GODOY BARRIENTOS, presentó en fecha 7 de junio del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 29 de marzo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 046-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 038-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.-
6.- Mediante providencia de fecha 8 de junio del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
7.- La representación procesal de la parte demandada, abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, presentó en fecha 25 de julio del 2012, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de julio del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución, las abogadas HILDA GUADALUPE CHAVEZ, como recurrente, en fecha 2 de agosto del 2012 y KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, como recurrida, en fecha 11 de septiembre del 2012.-
8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada HILDA GUADALUPE CHAVEZ, como recurrente, presentó en fecha 8 de agosto del 2012 escrito de personamiento, resolviendo este Tribunal tener por personada a la abogada Hilda Chávez y declarándose precluído el término concedido y dejado de utilizar por la abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, como recurrida.-
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Violación, por falta de aplicación del articulo 2236 del Código Civil, en cuanto dispone que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, en relación con el articulo 2237 del mismo cuerpo de leyes sustantivas, en cuanto preceptúa, en su párrafo siete, que “la responsabilidad de que trata este articulo cesara cuando las personas en el mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”, y en relación al articulo 1362 de mis cuerpo de leyes citado, en cuanto preceptúa, en su párrafo primero, que la culpa o negligencia del deudor en la omisión de aquella negligencia que exigía la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del mismo tiempo y lugar, graduado para este caso concreto en “lata”, a tenor de dicha norma, y en su párrafo segundo, que la culpa lata se opone a la diligencia y cuidado que aun las personas de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios”. En relación con el articulo 324 párrafo primero de la Constitución de la Republica que preceptúa: “si el servidor publico en el ejercicio de su cargo, infringe, la ley en perjuicio de los particulares será civil, solidariamente responsable junto con el estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo”.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: la violación consiste en la omisión o falta de aplicación, en su validez antes señalada, de las disposiciones citadas, por que la sentencia censurada no cumple lo que dichas normas dispone, encontrándose obligado el tribunal sentenciador a aplicarlas al caso concreto, por ser jurídica y lógicamente inaceptable que la Secretaria de Seguridad a través de la policía (Dirección Antidrogas) arrestara a Doña Gloria Marina Godoy Barrientos, cerca de su casa que se situaba en la colonia Ribera de la Vega, casa número 30, calle principal, cuando se dirigía a la misma, por tráfico de droga solo porque vivía cerca de la habitación donde encontraron droga en un tonel; y explico que el allanamiento IBA DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE SUPUESTAMENTE VENDIAN DROGAS PERO NO EN LA HABITACION DE MI REPRESENTADA, la cual fue detenida por agentes de la DIRECCIÓN ANTIDROGAS TAL COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL AUTO DE ADMISIÓN DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2006 en el expediente administrativo que se encuentra en autos en el expediente de merito, lo cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Administrativo no se percato al momento de dictar sentencia y hace suyos las considerandos de la sentencia apelada, sosteniendo que los miembros de la Policía Nacional, únicamente participaron en el allanamiento y en virtud de cual fue detenida La demandante, lo cual no es cierto porque se acredito en autos con los medios de prueba ofertados por parte del representante de la demandante, que fue detenida en la calle y no en la vivienda allanada, por miembros de la Policía Nacional tal como está acreditado en autos en el expediente de merito, que si bien es cierto andaban una orden judicial de allanamiento era para las personas que supuestamente vendían droga, la orden de allanamiento no era para la morada de la señora Gloria Marina Godoy Barrientos, quien fue arrestada POR POLICIAS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS cerca de su casa en la calle. cuando se dirigía a la misma, por el delito tráfico de droga solo porque vivía cerca de la habitación donde encontraron la droga en un tonel; por lo que consideramos que si hay responsabilidad por parte del estado a través de la Secretaria de Seguridad en indemnizar a quien fue su victima, no se dispensa la negligencia por parte de los agentes de la policía que participaron en el allanamiento porque fue detenida en la calle tal como está probado en autos y a si lo hace saber la sentencia que hoy recurrimos en casación, ya que se ha probado la negligencia por parte de la policía en virtud de dicha detención y que estuvo La demandante presa por más de dos años, lo que le causo daño moral y perjuicios tremendos; y que consideramos que dicha detención no es conforme a ley, ya que fue detenida por la policía en la calle antes de llegar a su casa, por lo que existe responsabilidad de la demanda por los daños ocasionados a la demandante al haber estado privada de su libertad por dos años y haber sido absuelta del delito que se le acuso, ya que sin la cooperación de los policías infra citados no hubiera producido el daño en la libertad de la señora Doña Gloria Marina Godoy Barrientos y el daño moral a su persona por estar privada por más de dos año en la Cárcel, consideramos que la conducta negligente que con un mínimo de previsión se hubiese evitado, de lo expuesto queda claro que el primer pronunciamiento de la sentencia, al declarar improcedente la acción de merito, por ajustarse a derecho el acto impugnado, así como el siguiente, en donde se confirma y se absuelve de toda responsabilidad a la parte demandada, solo puede ser producto de la inaplicación de las disposiciones sustantivas señaladas, en los pasajes que de sus textos han quedado señalados, por ausencia de un razonamiento objeto e imparcial y critico a los hechos aceptados por las partes y soslayar esas disposiciones imponen no solo a los ciudadanos comunes, en todos los actas de la vida jurídica, si no por extensión a los titulares de la administración pública, en perjuicio de sus cargos, una conducta respetuosa de la ley, y consecuente con el responsable desempeños de sus funciones, siendo este caso claro por estar acreditado la negligencia por omisión debidamente acreditada con la propia naturaleza del acto omitido, ya que, en situaciones como esta cualquier persona de poca prudencia, en un negocio propio, hubiese constatado si en realidad antes de apresar en la calle a la señora Doña Gloria Marina Godoy Barrientos si era una de las personas que se dedicaban a cosas ilícitas, para acusarla y tenerla presa por tales acciones por más de dos años. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley, el articulo 719 número 2 del código de procesal Civil”.-
II.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por lo siguiente: a) se insta la revisión del material probatorio lo cual no es posible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.-
III.- Que en el segundo cargo se esgrime: “VIOLACIÒN DE LEY POR OMISIÓN O FALTA DE APLICACIÓN DE LA MISMA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley, el articulo 719 número 2 del código de procesal Civil.- CONCEPTO DE LA INFRACCLÓN PRECEPTO LEGAL INFRINGIDO; Articulo 28 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que “la acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en la vía administrativa”. “En el caso de los actos de trámite, la acción será admisible cuando estos no sean susceptibles de ulterior recurso administrativo y decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a la vía administrativa o hagan imposible o suspendan su continuación”, en el presente caso la Corte recurrida hace suyos los alegatos del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, y de manera errónea expresa que la resolución SEDA-DL-0182007, emitida por la Dirección Legal de la Secretaria de seguridad es un simple auto, lo cual no es correcto su apreciación porque es una resolución que no está ajustada a derecho, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede conocer impugnaciones, decretos, acuerdos, resoluciones y providencias, que en el presente caso el acto administrativo SEDA-DL-018-2007, es una resolución por lo que la Corte recurrida a infringido el articulo 2 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no aplicarlo al caso concreto vulnera dicha disposición, lo cual no es cierto lo decretado por la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo, el cual ha infringido junto con el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el ordenamiento jurídico consiste al no aplicar de manera correcta el artículo 28 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que se probo que mi cliente fue arrestada por La demandante policía DIRECCION ANTIDROGAS sin orden judicial, que paso más de dos años en prisión, acusada injustamente, por el delito de posesión y tráfico de drogas; según el la resolución impugnada SEDS-DL-018-2007 de fecha 27 de noviembre de 2007, emitido por la Dirección Legal de la demandada, ES UNA RESOLUCIÓN y no un auto como o hace creer en primer lugar Juzgado de Letras de Lo Contencioso administrativo, y en segundo Lugar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y que dicha resolución no es conforme a derecho ya que no se le reconoce a mi representada su situación jurídica individualizada, por que la policía al privarle de su libertad, como por el arresto ilegal sin orden judicial, viola el principio de legalidad al arrestarla si orden de Juez competente, ya que no la arrestan infraqanti cometiendo delito, y tampoco hay en el expediente criminal orden de captura, por lo que la policía incurre en Exceso o abuso de poder, porque valiéndose de su investidura la privan de la libertad y desviación de poder, ya que buscando pruebas contra otra persona utilizaron esa autoridad para incriminar ilegal e injustamente a la demandante, que la Policía Preventiva le arresto sin justificación, ya que no ha cometido ningún delito, por lo que la policía le causo daño moral; en la cual la Corte recurrida no aplico el artículo 28 de la ley infracitada.”.-
IV.- Al igual que en el primer cargo, este resulta inestimable por lo siguiente: a) la demanda de mérito fue admitida y por ello no procede el señalamiento de falta de aplicación del artículo 28 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que dicha disposición regula que actos administrativos son impugnables ante dicha jurisdicción; b) en su explicación señala que esa norma no fue aplicada de manera correcta, cuando ello constituye otra forma de violar la Ley, que debió haber expuesto en forma separada e independiente; y, c) realiza alegatos propios de instancia y se insta la revisión del material probatorio lo cual no es procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-
V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2º) DECLARAR firme la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3°) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiuno de enero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha quince de noviembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 758-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Arita