Sentencia CA-757-12 — Registro 7376
Resumen
En primera instancia declaró improcedente la acción puesto que el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a Derecho se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se indica el concepto de infracción directa el cual no es propio de esta materia; y, b) en el desarrollo del cargo, además de que no explica como fueron infringidos los artículos 53, 55, 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, incluye como violado el artículo 321 de la Constitución de la República, el cual, fue omitido en la formulación del cargo."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El señor RAMON ANTONIO ARITA LEON, representado en juicio por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, representado en juicio por la abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda que se contrae a pedir se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en un acuerdo de cancelación emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que se reconozca la situación jurídica individualizada, que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, como ser el reintegro al trabajo, más los salarios dejados de percibir y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo del dos mil nueve, por el señor RAMON ANTONIO ARITA LEON, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que comenzó a prestar sus servicios para el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, mediante Acuerdo No. 4695 de fecha 03 de octubre del 2006 en el cargo de Director de La Región Sanitaria Metropolitana, devengando un salario mensual. Posteriormente fue cancelado ilegalmente mediante Acuerdo No. 869 de fecha 13 de marzo del 2009 y efectivo a partir del 13 de abril del mismo año por medio del cual se le cancela el nombramiento como Director de la Región Sanitaria Metropolitana, argumentando que dicha cancelación es ilegal ya que no se observó de parte de la Autoridad Nominadora el procedimiento que manda la ley para despedirle, como ser el derecho a la defensa ya que no se le llamó a la correspondiente audiencia de descargo, ni se invoca ninguna causal legal de despido.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, manifiestó que el demandante inició su relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a partir del 01 de agosto del 2001, mediante acuerdo No. 1075 de fecha 28 de septiembre del 2001, nombrado en el cargo de Médico General 6 Horas, programa 1-02, Región Metropolitana, siendo empleado activo permanente. Afirma que se le despidió en legal y debida forma, al ser la parte actora objeto de movimiento para ocupar el cargo de Director de La Región Sanitaria Metropolitana No.19, sin llenar los requisitos que establece la Ley del Estatuto del Médico Empleado ya que el acuerdo de nombramiento que obra en el expediente administrativo y de cuyo contenido tenía conocimiento el demandante se hizo de manera funcional y no en forma nominal; de esta manera la Autoridad Nominadora puede removerlo de dicho cargo en cualquier tiempo y sin más trámites, por ser una facultad potestativa emanada de la ley.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de agosto del 2011, mediante sentencia definitiva declaró improcedente la acción, puesto que el acto administrativo impugnado se encuentra dictado conforme a Derecho, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto expone la Autoridad Nominadora, que la parte actora al momento de recibir su acuerdo de cancelación funcional como Director de la Región Sanitaria Metropolitana, devenía obligado a reincorporarse al antiguo puesto de trabajo como Médico General 6 Horas nombrado mediante acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo sin necesidad de notificación por escrito, que en virtud de ser éste un cargo de confianza la Autoridad Nominadora se encuentra totalmente facultada para tomar la decisión de ocupar dicho puesto por la persona que obtenga el mejor resultado durante el concurso médico.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 12 de enero del 2012, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante no acreditó en autos haber concursado para ser nombrado, en la forma establecida en la Ley del Estatuto del Medico Empleado, en la plaza de Director de la Región Sanitaria Metropolitana, acreditando por su parte la demandada que el demandante continúa laborando en el cargo como Médico en el que fue nombrado en la forma establecida en la Ley precitada.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de apoderado del señor RAMON ANTONIO ARITA LEON, presentó en fecha 15 de mayo del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 12 de enero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 302-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 143-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem , mediante providencia de fecha 16 de mayo del 2012, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, apoderada del ESTADO DE HONDURAS, presentó en fecha 21 de junio del 2012 escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de junio del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, apoderado de la parte demandante, en fecha 29 de junio del 2012 y la abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, apoderada de la parte demandada, en fecha 10 de septiembre del 2012.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, apoderado de la parte demandante y SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, apoderada de la parte demandada, presentaron escritos de personamiento en fechas 19 de julio y 13 de septiembre del 2012, en concepto de partes recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un único motivo manifestando lo siguiente: “Violación por Infracción Directa de los artículos 53, 55, 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, por aplicación indebida. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia definitiva de fecha doce de enero del dos mil doce en sus considerandos razona que “el Estatuto del Médico Empleado establece la forma y el procedimiento para el nombramiento de los cargos como el que desempeño funcionalmente el demandante, no constando que para el nombramiento se haya seguido dicha normativa; en consecuencia al ser nombrado funcionalmente en el cargo relacionado (Director de la Reglón Sanitaria Metropolitana número 19) y no haber cumplido los requisitos que la ley establece para un nombramiento permanente o por tiempo determinado, según lo establezca la ley, la demandada canceló dicho nombramiento cuando ya no era necesario el nombramiento funcional, motivo por el cual no era requisito señalar causal da despido, ni seguir procedimiento alguno, ya que como así como fue nombrado funcionalmente de la misma manera fue cancelado dicho nombramiento, no siendo despedido de su trabajo…” dando por sustentado y válido el argumento de le administración demandada; en franca violación al articulo 321 de la Constitución de la República y demás leyes secundarias, lo que crea el concepto de que si la administración pública centralizada no respeta los principios de la ley al momento de contratar funcionarios, tampoco se ve obligada a respetarlos al momento de removerlos,, quedando al completo arbitrio de los funcionarios el nombramiento regular e irregular de lo servidores del Estado de Honduras”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se indica el concepto de infracción directa el cual no es propio de esta materia; y, b) en el desarrollo del cargo, además de que no explica como fueron infringidos los artículos 53, 55, 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, incluye como violado el artículo 321 de la Constitución de la República, el cual, fue omitido en la formulación del cargo.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha doce días del mes de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 757-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL