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Sentencia CA-755-12 — Registro 7495

Resumen

En primera instancia declaró procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acta final emitido por el Consejo General de Ascenso de la Dirección General de Policía Nacional se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) alegando la falta de aplicación de las normas que cita como violadas, alude la revisión de una situación jurídica que fue resuelta en defensas previas, por lo que es improcedente hacerlo en este momento procesal; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- "Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- "Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución de los presentes Recursos de Casación interpuestos y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Como parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por la Abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, y como Recurrido: Como parte demandante el señor ANDY WILFREDO AROCA ZELAYA, representado en juicio por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria, contraída a pedir la nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, mas el pago de indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del dos mil diez, por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, actuando como apoderado del señor ANDY WILFREDO AROCA ZELAYA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que por hechos acontecidos en fecha 5 de octubre del año 2009, la Dirección General de Policía lo involucraba sobre hechos delictivos relacionados con la fuga de dos privados de libertad, producto de ello se le inicio proceso penal en el cual se le dicto sobreseimiento provisional decretando a su vez su libertad inmediata, resolución que fue recurrida en apelación por el Ministerio Público, de manera obligada por ley y que actualmente se encuentra en conocimiento y trámite ante la Corte de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba; por lo tanto no ha habido sentencia, es por ello dice que goza de la plena libertad y de sus garantías y derechos constitucionales y por sobre todo de la presunción de inocencia, por lo tanto no se le debió ni se le debe impedir su ascenso. Que continúa expresando el demandante que a pesar de haber informado los hechos delictivos, esa dirección policial tenía 45 días que le concede la Ley Orgánica de la Policía Nacional para celebrar una audiencia y escuchar los respectivos descargos previos a la aplicación de una sanción disciplinaria como lo establecen los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional situación que no ocurrió y que por lo tanto se le violó su derecho a la defensa, por lo que los 45 días hábiles para imponer medidas disciplinarias comenzó a contarse desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la presunta falta, por lo tanto a la fecha indicada del 17 de diciembre del 2009 en que debió ascender estaba totalmente preescrita la acción de esa Dirección General de Policía para imponerle la sanción de perdida temporal del derecho a ascenso, en referencia a la resolución en acta final de fecha 18 de diciembre del año dos mil nueve, la cual contiene la aplicación de una medida disciplinaria como lo es la perdida temporal del derecho a ascenso al grado policial inmediato; acto administrativo que fue recomendado por el Consejo General de Ascenso de la Policía Nacional de Honduras y aplicada por el Director General de la Policía Nacional, dicha resolución fue notificada en fecha seis de enero, la cual fue recurrida y desestimado el recurso por el superior jerárquico mediante un acto presunto vía el silencio administrativo. SOLICITA: la nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, mas el pago de indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, dice que rechaza las pretensiones del demandante y manifiesta que al demandante se le inició proceso penal por suponerlo responsable del delito de Evasión agravada, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, celebrándose audiencia inicial en la se le decreto sobreseimiento provisional, motivo para que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante resolución, resolviera negando el ascenso al grado inmediato superior ya que el hecho que se haya sometido a la jurisdicción penal y que este tribunal lo haya puesto en libertad no lo exime de responsabilidad ya que el artículo 35 numeral 8 del Manual de procedimientos para ascensos de los miembros de la carrera policial establece como requisito para ascenso “Que el miembro policial no tenga cuentas pendientes con los tribunales de justicia por casos dolosos criminales...” por lo que se concluye que la resolución hoy impugnada es conforme a derecho. Que no solamente este es uno de los impedimentos para no otorgarle el ascenso al ahora demandante, sino que lo constituye también la resolución recaída en el expediente administrativo registrado bajo el numero 2057-2009, en la cual se le impuso la sanción disciplinaria de perdida de derecho a ascenso por considerar que incursiono en una falta grave, al haber extraviado su arma de reglamento, resolución que no fue objeto de recurso por lo tanto es firme y consentida. Continua expresando el demandado que los recursos interpuestos por el demandante en contra de la medida disciplinaria de la perdida temporal del derecho a ascenso, fueron presentados sin esperar la resolución del recurso de reposición aclarando a este juzgado que el acta que impugna no existe. Que el demandante interpuso denuncia administrativa en fecha 16 de febrero del 2010, ante el Secretario de Seguridad con lo que se comprobó que se interpuso denuncia ante autoridad incompetente ya que el órgano facultado para resolver y que tenía las diligencias contentivas del reclamo era el Director General de la Policía Nacional.- 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de agosto del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acta final de fecha 18 de diciembre del año 2009, emitido por el Consejo General de Ascenso de la Dirección General de Policía Nacional, Reconocer la situación jurídica individualizada del ahora demandante y para su pleno restablecimiento se adopta lo siguiente: 1) se procede a reconocer el ascenso al grado superior inmediato como derecho adquirido; 2) se ordena dejar sin valor y efecto el acta final emitido por el Consejo General de Ascenso en lo que concierne a la negación del ascenso del ahora demandante, asimismo declarar improcedente el reconocimiento de daños y perjuicios por no haber sido probados en juicio, sin costas; bajo el criterio que lo que originó este proceso fue la resolución del Consejo de Ascenso al considerar al ahora demandante no apto a ascenso a su grado inmediato superior, basándose en que el Manual de Procedimiento para Ascenso en su articulo 35 numeral octavo establece los requisitos generales y específicos para los ascensos del personal de la carrera policial los siguientes: “8) No tener cuentas pendientes con los tribunales de justicia por casos dolosos criminales en actos personales, salvo que estas acciones sean derivadas del servicio o que haya indicios de legitima defensa, caso fortuito o fuerza mayor” requisito que no se aplica para el ahora demandante en virtud de que el mismo no tiene cuenta pendiente con los tribunales de justicia, ya que tal y como lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 295: “El juez dictara sobreseimiento provisional si, no obstante de haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe además la posibilidad de que en un futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, por lo tanto se considera que se le ha violentado el derecho a ascenso al hora demandante. Que de los hechos y pruebas agregados al presente juicio se puede establecer que el ahora demandante notificó a la autoridad competente en fecha 5 de octubre del año dos mil nueve sobre los hechos acontecidos y por los cuales se le instruyo proceso penal, por lo que es a partir de esa fecha que la autoridad competente es decir la Dirección General de la Policía Nacional y en base al articulo 134 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que tenia 45 días hábiles para ejercer las acciones conducentes para imponer medidas disciplinarias y que ese término comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad encargada tuvo conocimiento de la presunta falta; por lo que a la fecha en que la autoridad decide imponer la sanción han transcurrido más de 45 días.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 24 de mayo del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; Bajo el criterio que efectivamente el demandante fue objeto de una causa Procesal Penal, de la que obtuvo Carta de Libertad Provisional, la que fue recurrida por el Ministerio Público y de la que aún no consta en autos existir resolución sobre la misma. Que si bien es cierto lo explicado en el anterior considerando, no es menos cierto que por mandato expreso de la Constitución de la República el demandante goza del principio de inocencia, más aún al tener una resolución Judicial que le otorga una Libertad Provisional de un supuesto ilícito que se le imputa, por consiguiente goza de los mismos Derechos Constitucionales de los demás individuos, y si bien es cierto existe una norma en el Manual de Ascenso de la Policía Nacional que impide el ascenso del demandante, esta no puede contradecir nunca los principios y garantías reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia al haber reunido los requisitos para su ascenso, este le debía de haber sido otorgado al demandante.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, la Abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, como apoderada del ESTADO DE HONDURAS, presentó en fecha 25 de julio del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 24 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 098-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 115-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 27 de julio del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, presentó en fecha 4 de septiembre del 2012, escrito de contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 6 de septiembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución la Abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, apoderada de la parte demandada en fecha 11 de septiembre del 2012 y el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, apoderado de la parte demandante, en fecha 17 de septiembre del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, apoderado de la parte demandante en concepto de parte recurrida, en fecha 19 de septiembre del 2012 y mediante providencia de fecha 26 de octubre del 2012, se declaro precluìdo el término concedido y dejado de utilizar por la abogada KAREN LIZETH RODRIGUEZ MARQUEZ, apoderada de la parte demandada.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de las normas de derecho que han debido ser empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Se considera infringido por falta de aplicación los Artículos 118 numeral 5), 119 numeral 3), párrafo primero, 123 numeral 10) y 124 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719. 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia recurrida, con la excepción al Considerando 7, en cuanto a la petición de ser indemnizado por daños y perjuicios el mismo es improcedente porque a criterio de este Tribunal no existe daño moral ni material por parte de lo actuado por la autoridad estatal demandada y de la declaración de “sin costas. CONCEPTO DE LA INFRÁCCION: 118 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional numeral 5) establece: Perdida temporal del derecho a ascenso. 119 numeral 3) de la referida ley establece: La perdida del derecho a ascenso, la que será aplicable en el caso de las faltas graves, sin perjuicio que, de conformidad con la gravedad de la falta, lo que corresponda aplicar sea el despido.123 numeral 10 de la misma ley refiere: Extraviar el arma o armas de reglamento asignadas o bajo su custodia, por actos dolosos de enajenación o por cualquier otro acto o negligencia manifiesta del miembro de la carrera policial, en cuyo caso además deberá restituir el costo. El artículo 124 de lay en mención establece: El ejercicio de una acción penal pública o civil contra un miembro de la carrera policial no impedirá que simultáneamente se inicie y desarrolle la investigación administrativa necesaria para aplicarle el régimen disciplinario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los (las) funcionarios (as)y miembros(as) de la carrera policial responderán personalmente por la vía administrativa, civil o penal, según el caso, por los daños y perjuicio que ocasionen al Estado a sus instituciones, o a particulares cuando estos actuaren con dolo, culpa o negligencia grave. cabe hacer la mención que al demandado se le olvido mencionar en su demanda que mediante Resolución SEDS- 301 2009 de fecha 13 de mayo del año 2009 y que consta en el expediente administrativo que acompaña a la presente demanda, en que se RESUELVE: Sancionar al Sub- Inspector de Policía ANDY WILFREDO AROCA ZELAYA, con la medida disciplinaria de Perdida de Derecho a Ascenso, por considerar que incurrió en una falta grave, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Policía Nacional al haber EXTRAVIADO EL ARMA DE REGLAMENTO BAJO SU CUSTODIA, según el articulo 123 numeral 10) expresa son faltas graves: “Extraviar el arma o armas de reglamento asignados bajo su custodia, por actos dolosos de enajenación o por cualquier otro acto o negligencia manifiesta del miembro de la carrera policial, en cuyo caso además deberá restituir su costo”. Como podrá apreciar señor Juez el demandante dejo vencer los términos y que en contra de tal decisión no interpuso recurso alguno tal y como lo establece el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y ASCENSOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, en el literal D) de las Disposiciones Especiales, que establece que:… Al concluir el proceso de ascenso del Consejo General, notificara la resolución a los interesados y si hubieren reclamos a las mismas, los perjudicados tendrán seis (6) días hábiles para gestionar el reclamo ante el Director General, Y por lo tanto la sanción impuesta al hoy demandante es firme y consentida. El demandante menciona la Resolución de fecha 18 de diciembre como el acto que impugna, pero del examen de la conducta Policial se colige que lo que le impide al Sub-Inspector del derecho al ascenso, no es la resolución que el impugna, si no que la constituye la resolución de fecha 13 de mayo del 2009 y que esta notificado personalmente por lo que no puede alegar ignorancia de dicha Resolución antes en mención y que el actor no hace relación ni la menciona, para sorprender a este Tribunal. Por lo que es evidente que la pretensión del demandante, son actos no susceptibles de impugnación, por lo que consideramos improcedente el reclamo hecho ante los Juzgados, por carecer de asidero Jurídico”.- II.- Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) alegando la falta de aplicación de las normas que cita como violadas, alude la revisión de una situación jurídica que fue resuelta en defensas previas, por lo que es improcedente hacerlo en este momento procesal; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veinte de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 755-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL