Sentencia CA-754-12 — Registro 2952
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar por las siguientes razones: a) no es claro en su formulación ya que alega dos formas distintas de violar la Ley, al invocar por un lado la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y por otro, la violación o falta de aplicación de dichas disposiciones; y, b) habiéndose señalado como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, no debió instarse la revisión de los hechos y del material probatorio, ya que el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada puede solicitarse en casación cuando se alega la causal contenida en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil y en los términos que dispone el artículo 720 numeral 2) de dicho cuerpo legal
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE designado el último ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por el abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY; y, Recurridos: CARLOS ARTURO OLIVERA y DAISY ELA FLORES SALGADO, representados en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de unos actos administrativos, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fueron objeto sin que se les pagaran los derechos e indemnizaciones laborales a que tienen derecho, y como medida para el restablecimiento de sus derechos se ordene a través de sentencia definitiva el reintegro a sus antiguos puestos de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de su cancelación hasta la ejecución de la sentencia, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por los señores CARLOS ARTURO OLIVERA y DAISY ELA FLORES SALGADO, representados en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por el abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que fueron nombrados de la manera siguiente: Carlos Olivera nombrado el 18 de octubre del año 2010, desempeñándose al momento de la cancelación en el puesto de Administrador de Pólizas de Seguros II, en Sub-Gerencia de Recursos Humanos; y, Daisy Flores nombrada mediante acuerdo 1066-2007 del 2 de octubre del año 2007 como Administrador de Pólizas de Seguro II de la Oficina de Servicios Administrativos y Contables; que en fecha 15 de abril del año 2010, se les hizo entrega de los acuerdos SEDS-0397-2010 y SEDS-0401-2010 del 9 de abril del 2010, efectivos a partir del 15 de abril del año 2010, donde el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad acuerda cancelar sus acuerdos de nombramiento, argumentando cesantía, pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que la cancelación de los demandantes se hizo siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo XV del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, por lo que no hay ninguna violación a disposición legal alguna, cancelación que se debió a la reducción de servicios o personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha dieciséis de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconociendo la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomaron las siguientes medidas: a) reinstalar a los demandantes a los puestos de los cuales fueron cancelados, b) ordenar el pago a los demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que sean definitiva y satisfactoriamente reintegrados a sus puestos, decretando, en su caso, la nulidad del acto por el cual se hubiese designado al sustituto de los demandantes, sin costas. Criterio: que de los medios de prueba aportados a juicio no se pudo constatar que haya habido una reducción forzosa de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, que las plazas ocupadas por los demandantes no han sido suprimidas de la clasificación de puestos y salarios del servicio civil, tampoco consta que se hayan seguido los procedimientos para proceder a las cancelaciones por cesantía de los demandantes y con tal defecto ha viciado de nulidad el acto administrativo impugnado al haberlo emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia proferida por el A-Quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir los acuerdos de cancelación por cesantía estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta de los demandantes, resulta ser procedente por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY, en fecha diecinueve de julio del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.124-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 195-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de los demandantes, abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha siete de agosto del año dos mil doce escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de agosto del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución, en fecha veinte de agosto del año dos mil doce, el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, y en fecha once de septiembre del año dos mil doce, el abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y ESTEBAN ENRIQUE HERNANDEZ GARAY, presentaron escritos de personamiento en fechas veinticuatro de agosto y doce de septiembre del año dos mil doce, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II. El abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNÁNDEZ GARAY, estructura su único motivo de casación de la siguiente manera: “Se impugna la aplicación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de aplicación de los Artículos 53 letra (b) de la Ley de Servicio Civil, 187 numeral 2), 140, 141 del Reglamento del Servicio Civil, 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el fundamento de Derecho contenido en el CONSIDERANDO (7) de la sentencia recurrida: “Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esta Corte observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir los acuerdos Números SEDS-0397-2010 y SEDS-0401-2010, de fechas 09 de abril de 2010, de cancelación por cesantía de los demandantes CARLOS ARTURO OLIVERA y DAISY ELA FLORES SALGADO, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente por no ajustarse a derecho los actos impugnados, por lo que resulta ser nulos.” Como pueden observar Honorables Magistrados, la Corte sentenciadora no tomó en consideración en su totalidad las pruebas aportadas por mi representado, las que demuestran, siendo necesario aclarar, que tal situación no constituye ni suspensión ni despido; asimismo se obvió el hecho que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que el demandante manifiesta que se le ha despedido sin que previamente se le haya pagado las prestaciones laborales y luego solicita el reintegro al cargo, por lo que no es posible establecer la prevalecía de la petición respecto de una cosa sobre otra. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Artículo 53 literal (b) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 2) establecen: Reducción se servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 140 del Reglamento de Servicio Civil: Si un servidor público fuere separado de su cargo sin mediar justa causa debidamente comprobada, tendrá derecho: 1.- A que se le reintegre a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario. 2.- Si lo anterior no fuera posible por motivos de fuerza mayor o se el servidor opta por no reclamar el reintegro, a que se le pague en concepto de indemnización el equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengados o fracción de tiempo menor cuando no se hubiere cumplido en ese periodo. 3.- En el caso del inciso anterior, al pago en concepto de preaviso de un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años. 4.- al pago de la parte proporcional de la cantidad que deberá habérsele pagado en concepto de vacaciones en relación con el tiempo trabajado, cuando no hubiera disfrutado de ese derecho, según dispone la ley y el presente Reglamento. 5.- Al pago de la parte proporcional que corresponda en concepto del décimo tercer mes, en concepto de aguinaldo, y de décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo, y décimo cuarto mes en concepto de compensación social. Artículo 141 del Reglamento de Servicio Civil: La indemnización a que se refiere el inciso 2 del Artículo anterior en concepto de auxilio de cesantía, se pagará en forma proporcional al tiempo trabajado. Si bien es cierto las normas antes aludidas pertenecen a un cuerpo legal adjetivo, también es cierto que además tienen el carácter de norma sustantiva, en cuanto confiere el derecho subjetivo a favor de los servidores públicos, por lo que se siguió con el procedimiento establecido en la ley y no puede calificarse como injusto e ilegal ni debe conllevar más responsabilidad. Debe notarse que los demandantes presentaron demanda consistente en solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por medio del cual se le canceló su nombramiento por cesantía, así como el reintegro a su antiguo puesto de trabajo, mas salarios dejados de percibir, en virtud de alegar, entre otras cosas, que en sus acuerdos de cancelación se argumenta la causal de cesantía pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Todo lo anterior es falto a la verdad, ya que mi representado se apegó a la normativa jurídica antes mencionada tal como quedó evidenciado en su Acuerdo de Cancelación y como se manifestó en el escrito de Contestación de Demanda, donde en cada uno de sus hechos se hace relación al acto administrativo y se apega a lo dispuesto en las normas antes señaladas; y tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda Instancia dejaron sentado erróneamente un criterio que es lesivo a mi representado, quien sí cumplió con la normativa jurídica aplicable al caso que nos ocupa, contrario a lo manifestado por la parte demandante”.- III. Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar por las siguientes razones: a) no es claro en su formulación ya que alega dos formas distintas de violar la Ley, al invocar por un lado la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y por otro, la violación o falta de aplicación de dichas disposiciones; y, b) habiéndose señalado como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, no debió instarse la revisión de los hechos y del material probatorio, ya que el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada puede solicitarse en casación cuando se alega la causal contenida en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil y en los términos que dispone el artículo 720 numeral 2) de dicho cuerpo legal.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 200, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; RESUELVE: 1) Declarar INADMISIBLE el recurso de casación, en su único motivo, interpuesto por el abogado ESTEBAN ENRIQUE HERNÁNDEZ GARAY, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; 2) Declarar FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional; y, 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. MANDA: remitir las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 754-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL