Sentencia CA-750-12 — Registro 2964
Resumen
En primera instancia se declaró procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado bajo el criterio que está probado que la Fuerzas Armadas estaban en la posición de garante de salvaguardar la vida de sus miembros, ya que a estos sus funciones les deben ser asignadas de acuerdo a sus habilidades y aptitudes, existiendo negligencia de las Fuerzas Armadas,en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CA-750-12
CORTE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los xxxxdiecisiete días del mes de xxxxdiciembre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, representada en juicio por la abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ; y, Recurrida: DANILA MAYORGA RODRIGUEZ, quien actúa en su condición de madre y por ende representante legal de su hijo menor adulto ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA (Q.D.D.G.), representado en juicio por la abogada ALEXA MARISSA GARCIA DIAZ.-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria contraída a pedir que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser dictado conforme a derecho, se reconozca una situación jurídica individualizada consistente en la muerte por negligencia en cumplimiento de ordenes ajenas a las funciones asignadas al personal de tropa y para su pleno reestablecimiento se adopten medidas necesarias entre ellas la condena del demandado a la indemnización por la muerte causada, más el pago de daños y perjuicios por vida útil del hoy difunto y se declare la responsabilidad extracontractual del Estado; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, por la señora DANILA MAYORGA RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, de oficios domésticos, hondureña y de este domicilio, quien actúa en su condición de madre y por ende representante legal de su hijo menor adulto JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA (Q.D.D.G.), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- La demandante en el escrito de su demanda manifiesta que el 7 de marzo del 2006, su hijo JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA, ingresó a prestar su servicio militar voluntario como Soldado en el COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS (CALFFAA). Que el 15 de mayo del año 2007, el joven JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA, en compañía de los soldados: OLVIN RODOLFO ALVARADO MARTINEZ, RIGOBERTO MARTINEZ BLANDIN, EDUARDO GONZALES GOZ, GEOVANI PINEDA SANCHEZ, fueron enviados a cumplir con una labor ajena a sus funciones legalmente asignadas, como lo es el acarreo de arena en el Rio Guacerique; sin el mando de un miembro de la Fuerzas Armadas de mayor jerarquía que la que ostentaban los cinco soldados, para que ejerciera autoridad sobre la tropa enviada a tal misión. Resulta que su hijo, al darle cumplimiento a la orden emanada por su inmediato superior pereció ahogado en las aguas del río Guacerique, habiendo regresado sus compañeros al Comando, sin dar alguna información de cómo había sucedido tal ahogamiento, aduciendo que solamente se les había perdido de vista, continuando el resto con la faena; y que, al momento de irse, comenzaron a buscarlo y lo encontraron muerto. Que al momento de acarrear la arena, los cuatro soldados antes mencionados juntamente con el ahora difunto, se encontraban vestidos con ropa deportiva y no con la fatiga militar de una tropa. Si el hoy difunto hubiese andado vestido con el uniforme de reglamento y bajo el mando de un superior, no hubiese sucedido ese percance, pero no previeron el peligro en que podían incurrir los soldados al andar con vestimenta deportiva y sin la orientación, supervisión y autoridad de un superior para que instruyera a sus subalternos. El simple hecho de andar con ropa deportiva dio lugar para que en cualquier momento estos jóvenes sin la supervisión de un superior, se sintieran motivados a introducirse al río; en cambio si hubiesen andado con su fatiga militar, hubiesen tenido un poco mas de respeto para despojarse de ella e introducirse al agua. Sumado a lo anterior, se une el hecho de que su menor hijo nunca aprendió a nadar, por lo que ante esta falta de pericia en el agua, jamás debió haber sido colocado por sus superiores en una situación en la que hubiesen actividades dentro o cerca del agua. Ya que el riesgo que tenía el menor al no saber nadar se vio aumentado altamente, por negligencia de sus superiores, al enviarlo al río Guacerique a extraer arena de las orillas del mismo. Sus superiores tenían el deber de velar por la integridad física de los soldados, puesto que un padre responsable jamás envía a un hijo a la orilla de un río sabiendo que éste no sabe nadar, de esta manera, el CALFFAA, por ninguna circunstancia debió enviar al río a un soldado no experto en natación. La misión de la tropa de cualquier unidad militar es el entrenamiento para la defensa del Territorio y Soberanía Nacional y no para realizar labores ajenas al servicio militar voluntario, humano y educativo, por lo cual su hijo JORGE ANTONIO HERNNDEZ MAYORGA, al momento de su muerte se encontraba cumpliendo con una misión totalmente ajena a la formación de todo soldado que ingresa a prestar el servicio militar voluntario, es decir, la misión que cumplía mi hijo, es propia del Personal de Servicios Generales. Estas unidades militares cuentan con un presupuesto asignado para el mantenimiento de las mismas, por ende su menor hijo como soldado técnico no tenia el deber de realizar tales tareas. Que el daño que ha sufrido no se puede reparar, tampoco se puede resarcir pues la pérdida de un hijo como consecuencia de negligencia por parte de la institución para la cual ofrecía su servicio militar, su vida y su juventud, no podrá revertirse; y el daño y los perjuicios ocasionados por esta causa no serán bajo ninguna compensación resarcidos. Se ha perdido una vida valiosa, en la cual su familia tenía sembrada sus esperanzas, ya que él contribuía al sostenimiento de los demás miembros del núcleo familiar con el pago que percibía mensualmente de parte del Estado de Honduras. Que nuestra legislación reconoce que hay obligaciones que nacen de la culpa o negligencia y que aquél que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado y que da sujeto a la indemnización de daños y perjuicios en los términos de los artículos 1360, 1365 y 2236 del Código Civil. Su hijo, en su condición de menor, no había llegado a su pleno crecimiento emocional e intelectual, tutelado por las leyes, por ende al ingresar al CALFFAA, éste asumió la responsabilidad de cuidarlo y formarlo. La doctrina establece presupuestos y requisitos necesarios para exigir la responsabilidad general y directa de la Administración Publica, a saber: a) El daño causado debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la actividad de la Administración Pública: El CALFFA, irresponsablemente envió 5 soldados, todos del mismo rango, sin un superior jerárquico que pudiese ejercer el mando en el grupo, sin su fatiga militar de reglamento, además de pasar por alto la falta de pericia en el agua del menor fallecido. La omisión de todas estas medidas mínimas de seguridad para la tropa, son imputable al CALFFA y por ende al Estado de Honduras, dando como consecuencia la muerte del soldado HERNANDEZ MAYORGA; b) Debe existir una relación de causalidad entre la actividad o inactividad administrativa y la lesión producida: Si el menor fallecido no hubiese sido enviado a recoger arena a orillas del río Guacerique sin las medidas de seguridad mínimas, requeridas para el bienestar de la tropa, esta litis no hubiese visto su luz; c) La lesión debe ser antijurídica: Como producto de la negligencia de las autoridades del CALFFAA, tuvo como resultado la muerte del menor; d) El daño debe ser efectivo y evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas: La realidad del daño que sufre al morir su menor hijo, se da en el hecho que su hijo era el mayor soporte económico para su familia, y éste daño es perfectamente cuantificable como lo hace en la cuantía de esta demanda. Es por esto que no habiéndose observado estos extremos, considera que el Estado de Honduras, incurrió en culpa o negligencia y ésta debe ser deducida. Que si, su hijo hubiese perdido la vida en combate en defensa de los sagrados intereses de la patria como ser: misiones internacionales de paz, lucha contra el narcotráfico, desastres naturales, emergencias que afecte a las personas o a los bienes, protección y conservación del ecosistema, cooperación con las instituciones de seguridad publica para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, protección al estado de derecho en su instalación o funcionamiento u otro interés nacional, según el artículo 274 de nuestra Carta Magna, y en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la suscrita no estuviera responsabilizando al Estado de Honduras, en virtud que esta es la misión por la cual el se preparaba en el ejercito y no podía negarse a cumplirla. Que obran en el expediente administrativo, dictámenes que con la simple lectura de los mismos se puede deducir que efectivamente hubo negligencia de parte de quienes rectoraban esa institución militar de tal suerte que el inmediato superior de su hijo fue objeto de un juicio militar, aplicándosele una sanción enviándolo al calabozo, como castigo por haberse producido la muerte de su hijo. Que el 22 de febrero del 2008, presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa, emitiéndose resolución el 24 de marzo del 2008.-
2.- La parte demandada el Estado de Honduras, manifiesta que rechaza la pretensión de la demandante al decir que “fueron enviados a una labor ajena a las funciones asignadas legalmente, sin el mando de un miembro de mayor jerarquía de la que ostentaban los cinco soldados para que ejerciera autoridad sobre la tropa”, en virtud que la tropa conformada por cinco (5) elementos militares asignada para la extracción y acarreo de arena del Río Guacerique hasta la Unidad donde estaban asignados, se encontraba al mando de un Superior como era el Soldado Técnico OLVIN RODOLFO ALVARADO MARTÍNEZ, quien teniendo el mismo rango es considerado como Superior según la antigüedad en su cargo como lo establece la Jerarquía Militar contenida en el artículo 121 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, contenida en el Acuerdo No. EMH-016, por lo que dicha misión encomendada estaba bajo el mando de un superior responsable de las actuaciones del grupo militar encargado de cumplir con la misma. Cabe aclarar que los miembros militares que fueron asignados a la susodicha misión, se encontraban cumpliendo con una labor legalmente asignada cuya orden fue emitida por autoridad competente y no es ilegal y quien la recibe está en la obligación de cumplirla de conformidad al artículo 323 de la Constitución de la República y los principios de disciplina, jerarquía militar y unidad de mando que rige la Institución Militar. Que la tropa conformada por cinco (5) elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras cuya misión era la extracción y acarreo de arena del Río Guacerique a la Unidad donde estaban asignados, salieron a las 13:35 de la tarde y el señor JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA, por propia decisión y sin notificarle a sus compañeros, se separó del lugar donde se encontraba el grupo por unos cien (100) metros de distancia aproximadamente con el fin de introducirse al río y al no tenerse noticia de su presencia lo buscaron de inmediato, encontrándolo y rescatándolo de una poza del río Guacerique donde inmediatamente le aplicaron los primeros auxilios para salvar su vida, reportando el incidente a sus superiores quienes tomaron las medidas del caso, ocurriendo el deceso a las 15:30 de la tarde. Que para llevar a cabo labores como es la extracción y acarreo de arena asignada a la tropa conformada por los cinco (5) elementos militares, se requiere que la vestimenta a utilizar debe ser la adecuada para ingresar a las orillas de un río, pero no es necesario vestir el uniforme normal consistente en fatiga y botas, por no ser lo correcto, pues el argumento de la demandante resulta fuera de toda lógica y sentido común, si lo hicieran con botas y fatiga, es meritorio aclarar que toda la vestimenta deportiva que utilizan todos los miembros militares, son los autorizados por el Reglamento de Uniformes para los Miembros de las Fuerzas Armadas, asimismo el deceso ocurrido se debió a la imprudencia e impericia del señor JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA, a sabiendas que no tenía conocimientos de natación para introducirse a las aguas del río Guacerique. Que la misión encomendada al grupo formado por cinco 5) elementos militares fue la extracción y acarreo de arena desde el Río Guacerique hasta la Unidad donde se encontraban asignados para ser utilizada en el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA), no así para ir a bañarse al río, y si el señor JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA, por propia voluntad a sabiendas que no tenía conocimientos de natación, decidió lanzarse a las aguas, se estaba exponiendo a su propio riesgo, no obstante de ser una persona que a su edad, sabía discernir las cosas que sucedían a su alrededor, quedando claramente establecido que ninguno de los miembros del grupo acompañantes del difunto, como los Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas de Honduras, son responsables de los hechos ocurridos el día 15 de Mayo del 2007, simplemente la decisión fue tomada a título personal y sin autorización de los miembros militares que conformaban la tropa, simplemente por imprudencia al manifestarse la ausencia del cuidado normal a su persona por parte del difunto señor JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA, ya que únicamente él conocía su limitación de no saber nadar, burlando la vigilancia del militar asignado que comandaba la misión. Que los militares tienen como objetivo primordial realizar el entrenamiento para la defensa y seguridad del territorio y soberanía de Honduras, pero se rechazan los demás argumento planteados por la demandante, en virtud que el difunto JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA, al momento de ingresar a las Fuerzas Armadas de Honduras para prestar el servicio militar voluntario, suscribió con fecha 7 de Marzo del 2006, un contrato de prestación del servicio militar voluntario, comprometiéndose a realizar entre las actividades asignadas a “cualquier otra donde el Estado mismo requiera de su participación” tal como esta consignada en la Cláusula Novena, enmarcándose dentro de esta actividad la extracción y acarreo de arena desde el río Guacerique hasta la Unidad donde estaba asignado para ser utilizada en el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA), aclarándose a la demandante que si ésta no es la función principal de los militares, tampoco es una labor ajena a las actividades legalmente asignadas, asimismo el señor JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA (QDDG), al prestar su servicio militar voluntario en el plazo convenido de dos (2) años, obtendría además del entrenamiento requerido un haber mensual para sus gastos personales el cual iría aumentando de acuerdo al cargo que fuere obteniendo gradualmente. Que en lo referente al sufrimiento padecido por la señora DANILA MAYORGA RODRÍGUEZ, por la pérdida de una vida humana como sucedió con la de su hijo JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA, algo que no se puede reparar, restaurar y resarcir, sin embargo, se rechaza el argumento planteado por la demandante al decir que “el deceso ocurrió por negligencia de la Institución” en virtud que el hecho ocurrido en fecha 15 de Mayo del 2007, se debió a la imprudencia e impericia del difunto JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA, cuya misión encomendada por sus superiores era la extracción y acarreo de arena desde el Río Guacerique hasta la Unidad donde estaba asignado para ser utilizada en el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA) y no dedicarse a la actividad de la natación como lo hizo el servidor militar, incumpliendo de esta manera las obligaciones a él asignadas mediante relación contractual, no obstante y en vista que la Carrera Militar incluyendo la Prestación del Servicio Militar es calificada de alto riesgo, el Estado dispuso en el Artículo 274 de la Constitución de la República, un status legal especial para proteger a quienes pasan a formar parte de ella, ordenando que las Fuerzas Armadas deben regirse por su Ley Constitutiva y demás Leyes y Reglamentos que regulen su funcionamiento; relacionado con el Artículo 291 que establece que para la protección, bienestar y seguridad de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, funcionará el Instituto de Previsión Militar (IPM), cuyo sistema de Previsión Social Militar será regido por la Ley de Previsión Militar, ofreciendo los beneficios por vejez, muerte y discapacidad. En lo referente al contenido de la norma del Código Civil invocada, se rechazan los argumentos planteados por la demandante, en virtud que si bien es cierto que las Fuerzas Armadas de Honduras deviene obligada a dar al personal de tropa, el entrenamiento necesario para la defensa y protección de la Soberanía Nacional del País, así como los implementos necesarios para el decoro y protección personal, educación, alimentación y medicamentos para la salud, también es cierto que el personal que conforman las filas de la Institución armada, devienen obligados en cumplir fielmente con sus obligaciones emanadas por la Ley y las labores adicionales que les sean encomendadas en interés del servicio, siempre y cuando no se les menoscaben los derechos y garantías que establece la Constitución de la República, tal como lo establece el Artículo 198 del Reglamento de Personal de los Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, contenida en el Acuerdo No. EMH-016, considerándose que el Estado de Honduras en ningún momento ha violentado las normas legales vigentes aplicables al caso que nos ocupa. Que las Fuerzas Armadas de Honduras dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, jamás han negado en proporcionarle a la señora DANILA MAYORGA RODRÍGUEZ, los beneficios en metálico que a través del Instituto de Previsión Militar están establecidos para todo el personal clasificado dentro de las categorías que indica la respectiva Ley, tal como lo dispone el Artículos 5 de la Ley del Instituto de Previsión Militar al indicar cuales son las prestaciones que deben recibir los beneficiarios en caso de fallecimiento de un miembro activo de las filas que conforma las Fuerzas Armadas de Honduras, asimismo se hace del conocimiento al Tribunal que el Instituto de Previsión Militar hizo efectivo los beneficios que se establecen en sus disposiciones legales. Que de la simple lectura a los dictámenes emitidos por las Oficinas Jurídicas de la Institución Armada basados en informes e investigaciones realizadas por personal calificado, se desprende que el señor JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ MAYORGA, por su imprudencia e impericia decidió realizar una actividad que no había sido asignada por sus superiores y de la cual no tenía ningún conocimiento adecuado, culminando con el fatal deceso acaecido en su persona, además la misión encomendada al grupo de soldados comandada por uno de su mismo rango con mayor antigüedad y experiencia, consistente en la extracción y acarreo de arena desde el Río Guacerique hasta la Unidad donde estaban asignados, se encuentra enmarcada dentro de las labores adicionales que sean encomendadas en interés del servicio, tal como lo establece el Artículo 198 del Reglamento de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras relacionado con el Artículo 121 del mismo ordenamiento jurídico, que refiere a la antigüedad del personal militar de la Institución definiéndolo como el tiempo acumulado en el grado, cargo o destino estableciendo el orden de precedencia en sus promociones, ya sea para ascenso, nombramientos, retiros y otros beneficios que por ley les corresponden.-
3.- Que el Juzgado de lLetras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de noviembre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como la Resolución de fecha 24 de marzo del 2008, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo a favor de la señora DANILA MAYORGA RODRIGUEZ, los daños y perjuicios provocados por las Fuerzas Armadas de Honduras por actos negligentes en la muerte del soldado de Tropa en servicio militar voluntario JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA (Q.D.D.G). Ordenando el pago de los mismos cuya liquidación se difiere al momento de ejecutar la presente sentencia, en vista que no constan en autos suficientes datos que coadyuven a su liquidación, sin costas; bajo el criterio que está probado para el suscrito juez, que la Fuerzas Armadas, estaban en la posición de garante, de salvaguardar la vida de sus miembros, ya que a estos sus funciones les deben ser asignadas de acuerdo a sus habilidades y aptitudes; por lo que hay negligencia de las Fuerzas Armadas, al enviar al hoy occiso JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA, a extraer arena del río Guacerique (misión que no está contemplada en las funciones de los miembros de Tropa), sin tomar las medidas de seguridad mínimas que deviene tal actividad, así como enviarlos sin la supervisión de un superior jerárquico; dando tales actos, responsabilidad por negligencia en la muerte del menor adulto JORGE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA (Q.D.D.G).-
4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 31 de mayo del 2012, mediante sentencia definitiva declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia del a quo, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, el hijo de la demandante fallecido podía realizar tareas generales de la unidad, no menos cierto es, que la demandada tenía la obligación, según lo establece su Reglamento de Personal, de evaluar al ahora occiso, para conocer cuáles eran las cualidades, entre otras, físicas de éste, así como capacitarlo, por lo cual, al conocer que no tenía la destreza para nadar y no haberle dado la capacitación física para ello, no debió enviarlo a una misión en un río, aun mas, siendo menor de edad y con un jefe de misión de su mismo rango, lo cual constituye negligencia, que llevo a la muerte, sujeto a indemnización, ya que el Estado tiene la obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por la negligencia de sus Servidores Públicos.-
5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ, presentó en fecha 19 de julio del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 31 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 101-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 164-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem mediante providencia de esa misma fecha, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
6.- La representación procesal de la parte demandante, abogada ALEXA MARISSA GARCIA DIAZ, presentó en fecha 7 de septiembre del 2012, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 11 de septiembre del 2012, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución las abogadas MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ y ALEXA MARISSA GARCIA DIAZ, en fecha 14 de septiembre del 2012.-
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ y ALEXA MARISSA GARCIA DIAZ, presentaron escritos de personamiento en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente, en fecha 20 de septiembre del 2012.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “En la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones que se recurre, a CONSIDERANDO (4) se hace una aplicación errónea de las leyes militares y que rigen la jerarquía que existe en las Fuerzas Armadas y que es doctrinariamente el pilar fundamental sobre el cual descansan las instituciones armadas, no solo en Honduras sino en todo el mundo. Para una mejor comprensión del tema se describen los artículos de la Ley Constitutiva, la Ley de Personal y la Ordenanza Militar; que dejan plenamente establecido que ningún militar tiene en el escalafón la misma antigüedad, ya que aunque tengan el mismo grado, tienen jerarquía diferente. Es decir están en un orden de prelación cronológica de acuerdo a su ingreso o ascenso, y es precisamente esto lo que le da preeminencia para ostentar cargos y desempeñar misiones; en ese orden existe una relación íntima entre los conceptos jerarquía y antigüedad con el de mando; no como lo expresa la sentencia objeto de esta casación en la cual se expresa que los mismos están divorciados los unos de los otros. Artículo 153 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.- “Mando es la autoridad de que está envestido todo militar, cualquier que sea su jerarquía para el ejercicio de las atribuciones legales que le compete en materia estrictamente militar”. Artículo 7 de la Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas. “Antigüedad es el tiempo acumulado por los miembros de las Fuerzas Armadas, en el grado, cargo o destino lo que establece el orden precedente en las promociones para efectos de ascenso, nombramientos...”. En conclusión el Juzgador no ahondo en la Ley Militar y de forma superficial deja establecido como hecho probado que los soldados que participaron en la misión eran del mismo grado sin hacer alusión a que de conformidad a las Leyes ningún militar tiene la misma antigüedad que otro. Artículo 48 de la Ordenanza Militar: “En todo acto de servicio a que concurran dos o más militares del mismo empleo y grado los más modernos obedecerán al más antiguo sea o no del mismo cuerpo o arma, siendo de la misma antigüedad en el grado que poseen se estará a la de los grados anteriores, empezando por el que preceda y siendo de igual antigüedad en el anterior grado y en los antecedentes los oficiales de menor edad, estar subordinados a los de mayor edad por escala ascendente”. Tal extremo se presenta de esta forma honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Laboral), por la naturaleza misma de la misión de las Fuerzas Armadas, lo cual implica el riesgo real de que se presenten bajas de toda índole en el cumplimiento de las misiones constitucionales señaladas a las Fuerzas Armadas, mismas que siguiendo la lógica de la Corte de Apelaciones inutilizaría a las Fuerzas Armadas para el desempeño de la misma, imaginemos que estamos defendiendo un sector del territorio nacional con una Escuadra que esta comandada por un Cabo y este muere en combate; ¿Será qué los soldados se tendrán que retirar del campo de batalla porque no existe quien los mande? ilógico, siempre hay un orden de sucesión en las Fuerzas Militares y este está dado, de acuerdo a las normas precedentes. En el presente juicio honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Laboral), está acreditado que quien andaba al mando de la misión era el soldado OLVIN RODOLFO ALVARADO MARTINEZ, también está acreditado que era el más antiguo y el de mayor edad, la misma Corte de Apelaciones, reconoce que el de menor edad en la misión era el Soldado JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAYORGA. Amen Honorable Corte, que lo que determina el número de efectivos y la asignación del comando de una misión, es la naturaleza y la complejidad de la misma, en este caso la misión era muy simple como ser: Acarrear arena de las riveras del rio para la reparación de su propia unidad, ¿Será que esta misión requería órdenes y explicaciones complejas? ¡De ninguna manera!, lo que produce el incidente que condujo al resultado por el cual se demanda al Estado de Honduras, fue la desobediencia e indisciplina del Soldado MAYORGA, quien a escondidas de sus superiores procedió a bañarse en el rio. La Sentencia establece que por antigüedad se puede acceder a un cargo, pero que esta no sirve para el mando, lo cual es fuera de toda lógica ¿Por qué Cómo se pueden desempeñar las funciones inherentes a un cargo, sin mando? Se establece además que la misión se desarrolló entre soldados del mismo rango (grado) y entre ellos un menor de edad, lo cual es una aseveración incorrecta pues si bien el soldado MAYORGA aun no cumplía los veintiún años, ya para el servicio militar estaba plenamente habilitado, conforme con el artículo 276 de la Constitución de la República que dice: Los ciudadanos comprendidos en la edad de dieciocho (18) a treinta (30) años de edad, prestaran el servicio militar en forma voluntaria en tiempo de paz..., esta norma está debidamente relacionada con el artículo 40 de nuestra misma Carta Magna que manda los deberes del ciudadano; calidad que se adquiere a los dieciocho años de edad, mismo que en el numeral cinco (5) manda: “Cumplir con el Servicio Militar” en ese orden la sentencia recurrida presenta una apreciación incorrecta de la ley. SEGUNDO: A CONSIDERANDO (5) Se establece que consta en el Expediente a folio 47 un informe del entonces Director de Recursos Humanos (C-1) del Estado Mayor Conjunto en el que informa que se sancionó a través del Juzgado de Instrucción Militar al Oficial de Cuerpo del día en que sucedió el hecho por no haber mandado un Oficial o Sub Oficial con los Soldados que salieron a la misión lo cual constituye “Inexactitud en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, por lo que existe a juicio del Tribunal A QUEM negligencia por parte de la Institución Militar”. No obstante lo anterior el Tribunal de Alzada no hace alusión que en ese mismo informe en el inciso a. se dice en su parte conducente “El 15 de mayo de 2007 a las 13:30 horas salió del CALFFAA el Soldado Técnico OLVIN RODOLFO ALVARADO MARTINEZ, al mando de los Soldados Técnicos RIGOBERTO MARTINEZ BLANDIN, EDUARDO GONZALEZ GOMEZ, GEOVANNY PINEDA SANCHEZ y JORGE ANTONIO DIAZ MAYORGA, en el vehículo tipo Camión M/B 1113 RHFE- 4301001, quienes andaban trayendo arena en el sector del Rio Guacerique a inmediaciones de la Escuela Técnica”. Con lo cual también queda probado que si bien es cierto la misión no contaba con un Oficial o Sub Oficial no menos cierto es, que si tenían un Jefe de Misión con mando para el cumplimiento de la misma, además si la Corte de Apelaciones toma como hecho probado el informe, lo debe tomar en su conjunto, como así lo expresa el concepto de la sana critica, de tal forma que lo mismo que sirve para probar que un oficial fue sancionado incorrectamente, también sirve para probar que si se dio la suficiente precedencia y responsabilidad en el cumplimiento de la misión de acuerdo con su naturaleza. TERCERO: A CONSIDERANDO (6) la Corte de Apelaciones establece que si bien es cierto consta los pagos realizados por el Instituto de Previsión Militar a la demandante por la muerte de su hijo, no es menor cierto, que tales pagos se realizan por ser beneficios y derechos que le corresponden otorgados por la Ley, en cualquier circunstancia que hubiese fallecido su hijo, ya que este incluso aportaba de su salario para poder gozar de tal beneficio, lo cual no conlleva que por efectuarse dichos pagos libera a la demandada de la negligencia cometida y que los mismos son una indemnización por la referida negligencia. El Instituto de Previsión Militar es una institución de derecho público, para responder de las obligaciones estatales que se produzcan por las causas resultantes del servicio al Estado mismo, conforme con su Ley aprobada mediante Decreto No. 167-2006 que deroga la ley anterior, para proteger a los servidores del Estado, cuyos servicios son considerados de alto riesgo, en ese orden se deducen las situaciones siguientes: 1) Está determinado en su objeto; según el artículo 1) Que la naturaleza y las funciones altamente riesgosas que desempeñan sus afiliados en servicio activo, están expuestos a la agravación del riesgo, 2) Que según el artículo 24 la aportación no constituye de ninguna manera la compra de un seguro de vida, o una aportación voluntaria, sino un obligación impuesta por El Estado a través de la Ley como lo es cualquier tipo de impuesto, pasando todas las aportaciones recibidas sean por parte del Estado mismo o por sus afiliados, a formar un Patrimonio más del Estado, a través de un organismo descentralizado; todo lo cual se produce para cubrir de esta forma las responsabilidades resultantes de los efectos que pudieran producirse en el cumplimiento de la misión, efectos que pudieran incluir la muerte o la incapacidad permanente, 3) Conforme el artículo 62 todas las posibilidades de muerte están cubiertas por la Ley; por otro lado honorable Corte, excepto la muerte natural; ninguna muerte se produce por debida diligencia, por lo cual al quedar establecida esta posibilidad en la Ley, está referida a cubrir las indemnizaciones que por cualquier causa se produzca este resultado; del cual todos los que formamos parte de la institución militar estamos conscientes.- Amen a lo anterior la misma Corte de Apelaciones recurrida reconoce en el considerando precitado que este pago es por cualquier causa que se produzca la muerte, (ver subrayado y negreado de este acápite). Además siendo el Instituto de Previsión y sus bienes, patrimonio del Estado, es improcedente que mi demandado, tenga que pagar dos indemnizaciones por una misma obligación. CUARTO: A CONSIDERANDO (7) Se establece que la demandada tenía la obligación de evaluar cuáles eran entre otras las cualidades entre otras físicas del difunto, así como capacitarlo por lo cual al conocer que no tenía la destreza para nadar y no haberle dado la capacitación física para ello, no debió enviarlo a una misión en un rio… - La pregunta es Honorable Corte, ¿Los que no saben nadar no pueden acercarse a las riveras de un rio, tiene olas un rio para decir que un fenómeno natural podía arrancarlo de sus riveras, tenía la misión la necesidad de introducirse a las aguas, etc.? Es bien cierto honorable Corte Suprema, que las Tropas son capacitadas para este tipo de actividades según su especialidad, sin embargo nunca la misión implicó nadar o adentrarse a las aguas, amén de que nunca se probó en juicio que la institución supiera que el Difunto no podía nadar; tal extremo se produce por la simple inobservancia de las ordenes y los deberes que las Leyes consignan a los militares, conforme las normas siguientes: Artículo 9 Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas: Son deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas:... 5) Desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio para los que hayan sido nombrados por la autoridad competente, con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de estos”;… Artículos 146 y 147 de la Ordenanza Militar: “Desde que se sienta en su plaza, ha de enterársele de que el valor, prontitud en la obediencia y grande exactitud en el servicio, son deberes a que nunca ha de faltar y el verdadero espíritu de la profesión”“Obedecerá y respetará a todo oficial y sargento del ejército, a los cabos de su propio cuerpo y a cualquiera otro que le estuviere mandando, sea en guardia, destacamento u otra función del servicio”.-
II.- Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo resulta inadmisible por las siguientes razones: a) no establece el concepto de la infracción, ni lo subsume en alguna de las causales o motivos del recurso, conforme lo previsto en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia.-
III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho once días del mes de enero febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 750-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz H.
Arita