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Sentencia CA-741-12 — Registro 2765

Resumen

En segunda instancia se declara con lugar parcialmente el Recurso de Apelación se revoca parcialmente la sentencia definitiva, únicamente en cuanto a su numeral tercero de su parte dispositiva en sus letras E) y F) específicamente al pago de lucro cesante y daño emergente, los que se declaran sin lugar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta un primer y único motivo en la forma siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida de Infracción indirecta del artículo 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por error de hecho en la apreciación de la prueba DOCUMENTALconsistente en la Cláusula Vigésimo Primera del Contrato de Construcción contenido en el Instrumento Publico No.98, de fecha 23 de noviembre de 1993, autorizado por el Notario ISRAEL RODRIGUEZ ORELLANA que obra a folio 43 al 55 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el Art. 719 numeral 1 del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: la Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación del procedimiento.” “ Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el concepto de la infracción alegada resulta inapropiada, pues la misma es atinente a la materia laboral; b) se insta la revisión del material probatorio lo cual, no es posible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.” Que resuelto lo anterior este Tribunal estima oportuno establecer que siendo que en el fallo del a-quo se ha determinado la procedencia de la acción y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada con el derecho al pago por parte de la demandada de los conceptos reclamados por la demandante, con excepción del lucro cesante y daño emergente que fueron excluidos por la revocatoria parcial efectuada por el ad-quem, cuya cuantificación es diferida para la etapa de ejecución de dicha sentencia, en cuyo proceso se incluye el pago de intereses, el juzgador deberá tomar en cuenta para dicho efecto la fecha a partir de que la demandante realizó el reclamo administrativo correspondiente”Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil” Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (INJUPEMP), representada en juicio por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO y el Recurrido: La sociedad mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R. L. de C.V., representada en juicio por el abogado ALEX RAFAEL D VICENTE JARQUIN. OBJETO DEL PROCESO: Contraída a pedir la nulidad de un Acto administrativo, configurada en la Resolución N° 04-1171 del 16 de junio de 2010 y la Resolución N° 02-1182 de 8 de septiembre de 2010, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de cantidades adeudadas; promovida en fecha dieciocho de noviembre del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado ALEX RAFAEL DVICENTE JARQUIN Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V. contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de Gerente General el señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifiesta que en fecha 23 de noviembre del 1993, suscribió con la demandada un contrato para la construcción de 698 viviendas, con sus respectivas ampliaciones, así como para la ejecución de obras de infraestructura complementarias tales como: a) El relleno del terreno donde se ubicarían las 698 viviendas; b) Construcción de cielo falso para dichas viviendas; c) Pintura de paredes y cielos para dichas viviendas; d) Construcción de muros de retención de los rellenos; e) Construcción parcial de un subcolector para evacuar aguas negras. Asimismo dice que mediante la obligación contractual apuntada, se incluyó la ampliación del proyecto habitacional para la construcción de 187 viviendas de 2 dormitorios, incluyendo sus obras adicionales. Señala que en fecha 20 de diciembre de 1993, la demandada dio la orden de inicio del proyecto otorgando un anticipo de L.7,566,647.00. Indica que la demandada no pagó la estimación N° 1, puesto que la demandada suspendió todos los pagos por el cambio de gobierno, situación ésta que le ocasionó un daño económico a la empresa demandante. Señala que este daño ha sido producido también por la mala aplicación e interpretación por parte del demandado de una fórmula establecida para el pago de incrementos de precio. Por tal motivo, la demandada dejó de pagar a su poderdante los valores reales de pago de incremento de precios, más las órdenes de cambio, que ascienden a L.3,795,053.64, que represente el capital original, más los intereses comerciales que a la fecha del pago pudieran haber generados estas cantidades. Indica de igual manera, que la demandada le dejó de cancelar valores correspondientes a la construcción del acceso principal pavimentado al Proyecto Residencial San Carlos, mismo que fue autorizado por la supervisión y la coordinación del proyecto, mediante la orden de cambio N° 10-94 firmada 27 de enero de 1995. Señala como valor adeudado por este concepto la cantidad de L.309,942.66. Dice que también se le adeuda la cantidad de L.590,077.40, por concepto de complemento de relleno en el área de los 698 lotes autorizados en la ampliación del contrato suscrito el 20 de marzo de 1995. Por otro lado argumenta que el motivo principal por el cual la demandada denegó, en sede administrativa, el reclamo administrativo correspondiente fue que al ahora demandante le había prescrito el derecho para reclamar tales cantidades. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), manifiesta que acepta la existencia del contrato firmado entre su poderdante y la demandante, pero rechaza el argumento del demandante referente al atraso en el pago en tiempo y forma del anticipo y cualquier retraso en el cobro del cheque mediante el cual se efectuó el pago de dicho anticipo, es imputable al demandante. Indica que con respecto al pago de la estimación N° 1 no existe por parte de la demandante la presentación ni el registro de la referida estimación. Rechaza también el alegato referente a la violación de la cláusula 5 del Contrato, pues señala que en esa cláusula se hace alusión a la retención del 5% en concepto de garantía de calidad a las estimaciones o pagos parciales emitidos al contratista. Referente a la aplicación de la formula señala que resulta incongruente que el demandante refiera que hay una mala aplicación de la fórmula, cuando son ellos quienes presenten dicha estimación. Adhiere que el contratista al llevar a cabo la obra está en la obligación de presentar solicitud de ajuste escrita y justificada, que es sometida a aprobación. Dichos ajustes fueron elaborados y aceptados por los representantes de la demandante, sin hacer objeción alguna a la utilización de la fórmula. Hace referencia a que en ningún momento autorizó la ejecución de obras solicitadas en la orden de cambio 10-94, habiendo sido ejecutadas por el contratista a su cuenta y riesgo, por lo que la disposición de ejecutar una orden sin la autorización del representante legal, violenta el artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado. Señala que la cláusula vigésimo primera del contrato celebrado es clara y precisa al señalar las fórmulas, así como la forma de hacer ajustes de variación de costos, sin incluir el valor del terreno y el anticipo del 2O%. Vuelve a reiterar que al realizar el cálculo de incremento mediante la fórmula aplicada, éste fue aprobado por el Gerente General de la Constructora SATO sin hacer objeción alguna a la forma de aplicación de la fórmula. Sostiene que el fundamento que le sirvió para desestimar en sede administrativa el reclamo planteado, fue que el derecho para presentarlo prescribió en 2 años. Finalmente señala que todo lo actuado por parte de su representada ha sido tomando como fundamento los dispuesto en le cláusula vigésimo primera del Contrato suscrito entre las partes. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de octubre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción y se decreta la nulidad de los actos impugnados identificados como la Resolución N° 04-1171 del 16 de junio de 2010 y la Resolución N° 02-1182 de 8 de septiembre de 2010, ambas emitidas por la demandada, en tanto han sido proferidas con clara infracción al ordenamiento jurídico aplicable al caso, en tanto han desconocido obligaciones contractuales, (bajo el argumento de la prescripción) de obligatorio cumplimiento, asimismo reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y como consecuencia del contractual se declara a favor de la demandante el derecho a que se le pague por parte del INJUPEMP los siguientes conceptos: a) El pago de cantidades adeudadas por aplicación incorrecta de la cláusula escalatoria de un Contrato Administrativo Público; b) El pago correspondiente por la construcción de un acceso pavimentado al proyecto Residencial San Carlos; c) Pago del complemento de relleno efectuado; d) Pago de intereses; e) Lucro cesante; f) Daño emergente. Diferir para la etapa de ejecución del presente fallo, la cuantificación de los conceptos antes señalados ya que si bien el informe pericial es bastante concluyente, hay conceptos que solo pueden ser definitivamente cuantificados una vez sea firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que ha quedado acreditado en los autos, por un lado, que los pagos solicitados por el demandante se encuentran contenidos en el Contrato y sus Anexos, por lo que se entiende que ha existido un incumplimiento por parte de la Administración demandada y, por otro, que la Ley de Contratación del Estado contempla en su articulo 28 párrafo segundo, que la Administración reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas de 45 días calendarios contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondientes. Que es importante destacar el medio de prueba Dictamen Pericial Privado aportado por el demandante, en tanto gran parte de la controversia generada proviene de la aplicación de la fórmula contenida en el Contrato N° 98 celebrado el 23 de noviembre de 1993, en su cláusula Vigésimo Primera. La referida fórmula contiene una gran dosis de conocimientos, profesionales o técnicos específicos, por lo que la opinión del Perito contenida en el dictamen adjuntado al escrito de demanda es valorada conforme a lo que establece el artículo 335 del Código Procesal Civil, en tanto, se valora atendiendo las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración la razón de que el Perito es un experto en la materia por ser un Ingeniero Civil. Asimismo los documentos admitidos y valorados como medios de prueba hacen prueba, aun contra terceros, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento o suscripción. Que en el tema de la prescripción, análogamente se aplica la norma del artículo 2292 del Código Civil, habida cuenta que ni la Ley de Procedimiento Administrativo ni la Ley de Contratación del Estado refieren nada al respecto, señala que las acciones personales que no tengan señalado un término especial, prescriben en diez años. Por lo antes referido, el reclamo administrativo fue interpuesto dentro del término legal correspondiente. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 10 de mayo del 2012, dictó sentencia definitiva así: “FALLA: PRIMERO: Declarar Con Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, Apoderado Legal del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).- SEGUNDO: Revocar Parcialmente la Sentencia Definitiva de fecha once de octubre del dos mil once dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, únicamente en cuanto a su numeral tercero de su parte dispositiva en sus letras E) y F) específicamente al pago de lucro cesante y daño emergente, los que se declaran sin lugar.- TERCERO: Se Confirma en todo lo demás la Sentencia Definitiva anteriormente descrita por ajustarse a derecho… SIN COSTAS”; bajo el criterio que el contrato de Obra Pública suscrito entre la Sociedad Mercantil demandante y la Entidad Estatal demandada fue incumplido por parte de esta última en su cláusula vigésimo primera, en cuanto a la variación de precios o cláusula escalatoria, lo que genera la obligación de pago en cuanto a las mismas a favor de la sociedad mercantil demandante. Que de la revisión del fallo recurrido se observa que el A-Quo condena a la parte demandada entre otros al pago del lucro cesante y daño emergente, pagos estos que no son compartidos, por no estar debidamente probados en juicio y en virtud que a lo que tiene derecho el demandante es evidentemente a los pagos no realizados y como daños y perjuicios al pago de los intereses que expresamente se encuentran preescritos en el artículo 28 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado. Que si bien es cierto en el presente conflicto jurídico nos encontramos ante un incumplimiento de una de las cláusulas suscritas en el contrato, específicamente en la cláusula escalatoria de precios, por lo cual es correcto la exigencia de pago del mismo presentada por el demandante, pero no es procedente el pago de lucro cesante y daño emergente decretado en la sentencia recurrida, por no estar debidamente acreditados los mismos y pagos estos que procede sean revocados en el presente fallo, esto porque el demandante tiene derecho al pago de intereses que deben ser correctamente liquidados por el A-Quo en la fase de ejecución de sentencia. Que en cuanto a la prescripción de la acción reclamadora alegada por el demandado, es improcedente por ser inexistente. 5.- La representación procesal de la demandada, el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, presentó con fecha 25 de junio del 2012, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 10 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 043-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 676-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial. 6.- Mediante providencia de fecha 26 de junio del 2012, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado ALEX RAFAEL D VICENTE JARQUIN, apoderado de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. de R.L. de C.V., presentó en fecha 15 de agosto del 2012, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de agosto del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, apoderado de la parte demandada, en fecha 23 de agosto del 2012 y el Abogado ALEX RAFAEL D VICENTE JARQUIN, apoderado de la parte demandante, en fecha 27 de agosto del 2012. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, apoderado de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 27 de agosto del 2012, en concepto de parte recurrente y el Abogado ALEX RAFAEL D VICENTE JARQUIN, apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 29 de agosto del 2012, en concepto de parte recurrida. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el Recurrente fundamenta un primer y único motivo en la forma siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida de Infracción indirecta del artículo 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por error de hecho en la apreciación de la prueba DOCUMENTAL consistente en la Cláusula Vigésimo Primera del Contrato de Construcción contenido en el Instrumento Publico No.98, de fecha 23 de noviembre de 1993, autorizado por el Notario ISRAEL RODRIGUEZ ORELLANA que obra a folio 43 al 55 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el Art. 719 numeral 1 del Código Procesal Civil, en la parte que dice: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: la Jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación del procedimiento.” II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el concepto de la infracción alegada resulta inapropiada, pues la misma es atinente a la materia laboral; b) se insta la revisión del material probatorio lo cual, no es posible de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. III.- Que resuelto lo anterior este Tribunal estima oportuno establecer que siendo que en el fallo del a-quo se ha determinado la procedencia de la acción y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada con el derecho al pago por parte de la demandada de los conceptos reclamados por la demandante, con excepción del lucro cesante y daño emergente que fueron excluidos por la revocatoria parcial efectuada por el ad-quem, cuya cuantificación es diferida para la etapa de ejecución de dicha sentencia, en cuyo proceso se incluye el pago de intereses, el juzgador deberá tomar en cuenta para dicho efecto la fecha a partir de que la demandante realizó el reclamo administrativo correspondiente. IV.-Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. V.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO en su condición de apoderado de la parte demandada en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) Que para efectos de ejecución del fallo se deberá observar lo consignado en el numeral tres de los fundamentos de derecho del presente auto. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 741-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL