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Sentencia CA-732-12 — Registro 2930

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la parte demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: … PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo al señor Emilio José Rubio Chirinos, del cargo de Asesor Legal, dependiente de la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 dela Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS, fue cancelado de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal vigente para tal efecto. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte”.- “Que en relación al motivo expuesto por la Recurrente, en base al estudio realizado, se puede apreciar que el mismo no resulta admisible, en virtud de lo siguiente: a) no constituye una proposición jurídica completa en virtud que no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales citadas; b) no demuestra la incidencia en el sentido de la resolución impugnada, convirtiendo su explicación en alegatos propios de instancia; y c) olvida que éste Tribunal tiene vedada la revisión probatoria.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil trece, la SALA LABORAL–CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, habiéndose designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA; y, Recurrido: El abogado EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS, actuando en causa propia.-

OBJETO DEL PROCESO: La demandante se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el restablecimiento de su derecho, el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el abogado EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS, actuando en causa propia, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad, en fecha 24 de noviembre de 2008, nombrado en propiedad mediante Acuerdo Número 018-2008, en el cargo de ASESOR LEGAL, devengando al momento en que fue cancelado un salario mensual de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS (L.22,224.00). Sucede que en fecha 15 de octubre de 2010, de manera ilegal fue cancelado del cargo, mediante acuerdo de cancelación número 285-2010, notificado y efectivo el 19 de octubre del 2010; que en dicho acuerdo y en la mencionada notificación no se invoca ley alguna que tipifique la causal del despido o de cesantía, violentando así la Constitución de la República que garantiza a todos los ciudadanos mediante el artículo 129, el derecho a la estabilidad laboral y el artículo 7 de la Ley General de la Administración Publica establece que todos los actos de la administración están sujetos en primer lugar a la Constitución de la República.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, manifiesto que rechaza las pretensiones del demandante ya que el acto impugnado fue emitido siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 14 numerales 1), 2) y 3) de la Ley de Propiedad y dictado en estricto cumplimiento y observancia de la

Ley.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 6 de diciembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado. Anulando el acuerdo de cancelación número 285-2010 de fecha quince de octubre de 2010, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS a su cargo de ASESOR LEGAL, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán. Condenando al Estado de Honduras, por medio del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, más al pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, decretando, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado una audiencia de descargo ni evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada por lo cual esta vigente y es de obligatorio cumplimiento; que después de emitido el acuerdo de cancelación, la autoridad nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nomina de cesanteados para que el demandante sea inscrito en el registro de reingreso; es decir no se acreditó en juicio elementos indispensables que debe cumplir la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento tal y como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280, 281 de su respectivo reglamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 24 de mayo del 2012, dictó sentencia definitiva declarando Sin Lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia definitiva de mérito, sin costas; bajo el criterio que no consta en autos, ni fue acreditado mediante la prueba respectiva, que se haya seguido procedimiento alguno, ni en base a la Ley de Servicio Civil, ni con fundamento en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; y si bien es cierto, tal como lo manifiesta la apelante, la cesantía es una excepción calificada que tiene la Autoridad Nominadora y los Directores Generales tienen la facultad de remover el personal a su cargo según lo establece la Ley de Propiedad, también es cierto que para hacer uso de dicha excepción, la Autoridad Nominadora debe seguir el procedimiento establecido en la Ley y los Directores Generales para remover el personal a su cargo deben hacerlo con la legalidad y el procedimiento que las Leyes respectivas establecen y en el presente caso, el acto impugnado está viciado de nulidad al prescindirse totalmente, para su emisión, del procedimiento establecido.- 5.- La representación procesal de la demandada, la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, presentó con fecha 24 de julio del 2012, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha 24 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 128-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el Nº. 648-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 21 de agosto de 2012, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha 3 de septiembre de 2012, los abogados EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS y QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, actuando en su condición de apoderada de la parte demandada y recurrente, presentó escrito de personamiento en fecha 4 de septiembre del 2012, y el abogado EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS, actuando en su condición de parte demandante y recurrida, se personó en fecha 6 de septiembre del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: … PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo al señor Emilio José Rubio Chirinos, del cargo de Asesor Legal, dependiente de la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor EMILIO JOSE RUBIO CHIRINOS, fue cancelado de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal vigente para tal efecto. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte”.- II.- Que en relación al motivo expuesto por la Recurrente, en base al estudio realizado, se puede apreciar que el mismo no resulta admisible, en virtud de lo siguiente: a) no constituye una proposición jurídica completa en virtud que no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales citadas; b) no demuestra la incidencia en el sentido de la resolución impugnada, convirtiendo su explicación en alegatos propios de instancia; y c) olvida que éste Tribunal tiene vedada la revisión probatoria.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en su condición de apoderada de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha veintinueve de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 732-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL