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Sentencia CA-73-12 — Registro 7380

Resumen

En primera instancia se declara porcedente la acción incoada por el demandante, por considerar que no esta ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que en cuanto a los tres motivos de casación expuestos por el Recurrente, los mismos resultan inadmisibles, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en señalar el concepto de la infracción alegada; b) omitió el precepto autorizante en que se encontraría comprendido en los últimos dos motivos; y, c) en el tercero además de tener las falencias de los motivos anteriores se refiere a la valoración de la prueba que el juzgador las ha apreciado libremente en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica.- "Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra este recurso de casación en sus tres motivos."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de enero del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de enero del dos mil doce, por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado del Programa de Asignación Familiar (PRAF); en relación a la demanda que se contrae a pedir se decrete la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo por haber sido dictado infringiéndose el ordenamiento jurídico, se reconozca una situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento se adopten las medidas necesarias por el incumplimiento de un contrato y que se haga efectivo el pago de los meses que faltaban para cumplirse el termino de vigencia del mismo y derechos adquiridos como decimotercero decimocuarto mes de salario, mas el pago de intereses comerciales; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre del dos mil seis, por el señor JOSE ANGEL ESCOTO ESCOTO, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas y de este domicilio contra EL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la señora OLGA LIDIA DIAZ MELENDEZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de noviembre del dos mil ocho, que en su parte conducente dice: “FALLA.- PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por el señor JOSE ANGEL ESCOTO ESCOTO, contra LA RESOLUCION NUMERO 02-2006 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2006, mediante la cual se declara sin lugar el reclamo administrativo contentivo que se cancelen los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005 derivados de un Contrato de Consultoría.- En Consecuencia SE ANULA dicha resolución en forma total.-SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: Cancelar al demandante la cantidad de Lps. De Lps.148,500.00 que equivale a seis meses de salario a razón de Lps. 24,750.00, de los cuales EL PRAF debe hacer las deducciones legales que correspondan, de acuerdo a lo pactado en el contrato de Consultoría respectivo.- Asimismo reconocer y cancelar al demandante el valor que corresponda al Décimo tercer y cuarto mes de salario de forma proporcional a cada concepto, así como los intereses comerciales aplicados a la tasa activa mas alta calculándose los mismos desde la fecha en que se debieron haberse realizado los pagos adeudados y hasta la fecha en quede firme la presente sentencia.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que suscribió contrato de servicios técnicos y profesionales en fecha 25 de abril del 2005 con vigencia desde el 2 de mayo del 2005 al 31 de diciembre del 2005, devengando un sueldo mensual de Lps.24,750.00, haciéndole efectivos los pagos de mayo y junio, por lo que arbitrariamente la demandada incumplió si haber notificado la cancelación del contrato ni mucho menos emitieron resolución tal como lo establece la Ley de Contratación del Estadio, por lo que solicita la nulidad de la resolución numero 02-2006 de fecha 28 de marzo del 2006 mediante el cual se declaró sin lugar el reclamo administrativo por incumplimiento de contrato, la que fue dictada infringiéndose el ordenamiento jurídico.- 2.- La parte demandada el PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), contestó señalando que el demandante fue hasta en el mes de abril del 2005 que tuvo relación formal con el PRAF, cuyo objeto era dar respuesta a cincuenta comunidades del sur de Francisco Morazán, pero que no fue de forma arbitraria que se le puso un alto a la relación existente entre el PRAF y el demandante, pues la misma llevo un proceso que comenzó por informes de supervisión, quienes después de supervisar varias comunidades dan como observaciones: “Debilidad en la metodología, ejecución, y asistencia que le debe proporcionar a los beneficiarios el consultor” informes que dieron como resultado la rescisión del contrato.-3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha treinta de julio del dos mil ocho, que en su parte conducente dice: “FALLA.- PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por el señor JOSE ANGEL ESCOTO ESCOTO, contra LA RESOLUCION NUMERO 02-2006 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2006, mediante la cual se declara sin lugar el reclamo administrativo contentivo que se cancelen los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005 derivados de un Contrato de Consultoría.- En Consecuencia SE ANULA dicha resolución en forma total.-SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: Cancelar al demandante la cantidad de Lps. De Lps.148,500.00 que equivale a seis meses de salario a razón de Lps. 24,750.00, de los cuales EL PRAF debe hacer las deducciones legales que correspondan, de acuerdo a lo pactado en el contrato de Consultoría respectivo.- Asimismo reconocer y cancelar al demandante el valor que corresponda al Décimo tercer y cuarto mes de salario de forma proporcional a cada concepto, así como los intereses comerciales aplicados a la tasa activa mas alta calculándose los mismos desde la fecha en que se debieron haberse realizado los pagos adeudados y hasta la fecha en quede firme la presente sentencia.- SIN COSTAS” Bajo el criterio, que muy claro se concluye que si la Administración Publica consideraba que el demandante no estaba cumpliendo con la prestación que a él correspondía, el mismo contrato de servicios Profesionales que suscribieron le otorga a la administración (PRAF), la prerrogativa de resolución de tal relación contractual sin responsabilidad de su parte, como ser la cláusula octava, la cual se encuentra enmarcada en el articulo 127 de la Ley de Contratación del Estado, el cual establece los motivos por los cuales la Administración Publica puede resolver de forma unilateral los contratos cuando el contratista no cumpla con lo pactado en los mismo.- Es decir ante el supuesto incumplimiento por parte del demandante, con la ejecución del contrato de Consultoria celebrado con la demandada, esta debió de oficio emitir el acto administrativo (acuerdo) que declaraba por resuelto dicho contrato fundamentándose el mismo en su cláusula octava, así como el articulo 127 y 128 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, acción que no consta en autos haberse realizado por parte de la demandada, sino que guardó silencio en ese sentido infringiéndose que tal silencio de la Administración conlleva el completo y eficaz desarrollo y cumplimiento del contrato en referencia por parte del contratista, debiendo entonces la administración cumplir con su contraprestación y pago de los honorarios pactados de los cuales únicamente se han cancelado los meses de mayo y junio, no así lo que corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha veintiuno de noviembre del dos mil ocho, dictó sentencia que en su parte conducente dice: FALLA: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROBERTO EDGARDO LANZA BANEGAS, Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS a través del Programa de asignación Familiar (PRAF).- SEGUNDO: confirmar LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha treinta de julio del dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece a folio número doscientos treinta y dos frente (232 f) al folio numero doscientos treinta y cuatro (234) de la presente pieza principal de autos. Bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes así como los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones la Corte observa y concluye que el Programa de Asignación Familiar (PRAF) esta en la obligación de pagarle al demandante los servicios que le ha prestado y que no han sido pagados que corresponden a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2005, por no constar en autos que la Administración Publica, hubiere resuelto el contrato por incumplimiento de parte del contratista y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico, resultando procedente la acción incoada por el demandante por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- Que en fecha cuatro enero del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio en su condición de Apoderado Legal del Programa de Asignación Familia (PRAF), formalizando su demanda de casación, presento tres motivos.- 6.- Que en fecha quince de febrero del dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, de generales y condición ya señaladas, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo la abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS RIVERA, el catorce de mayo del dos mil doce, de la siguiente manera: “OPINION Atendiendo lo antes referido, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del Recurso en sus tres motivos”.- 7.- Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION. Primer Motivo: Dicha Sentencia violenta los siguientes Preceptos Constitucionales: 1.- Derecho de Defensa plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la Republica. 2.- Articulo 90 el que versa que nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Se violenta el Derecho a la Defensa simple y sencillamente porque como lo dice el artículo 82 precitado, el juez en primera Instancia así como la Corte de Apelaciones en segunda Instancia, juzgaron en dicho caso sin darle observancia a los derechos, garantías y leyes violentadas y esta aseveración es solida ya que se ignora el peso de los informes emitidos por cada departamento de la Institución y aun tristemente el dictamen legal que solidifica el incumplimiento del contrato, manipulando en forma anormal el derecho de defensa que establece la Constitución, todo esto se relaciona claramente con lo establecido en el inciso 7 del articulo 903 del Código de Procedimientos Civiles ya que la valoración de los documentos demuestran la evidente equivocación del juzgador en su análisis. Segundo Motivo: Se violenta totalmente todo el estamento jurídico de la Ley de Procedimiento Jurídico en su articulo 72 que literalmente reza así: El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha en que reciban la petición. En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de la Asesoría Legal respectiva antes de dictar resolución, cuando ésta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados. Si transcurrido el plazo señalado no se hubiere recibido el informe o dictamen solicitado, proseguirán las actuaciones hasta dictarse la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el funcionario culpable de la omisión, siendo esta acción una violación a las determinaciones estatales bien fundadas que amparan la decisión en el caso ESCOTO ESCOTO. Tercer Motivo: Sin lugar a dudas el valor de la prueba documental presentada por el asesor legal del PRAF que constituye el expediente administrativo con todas las diligencias realizadas para explorar la labor del contratista no son valoradas en su dimensión requerida y por ello no proporcionan la claridad necesaria para observar la inobservancia del acuerdo entre las partes y por ello la sentencia con dichas características en contra del PRAF. Por la violación de los Preceptos Constitucionales así como de las leyes, es que motivan este Recurso de Casación en el cual queda claro la serie de transgresiones al Derecho Constitucional así como al Procedimiento Administrativo del estamento jurídico nacional demostrando que si se llevo a cabo tal como lo explico claramente en los anteriores enunciados”.- II.- Que en cuanto a los tres motivos de casación expuestos por el Recurrente, los mismos resultan inadmisibles, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en señalar el concepto de la infracción alegada; b) omitió el precepto autorizante en que se encontraría comprendido en los últimos dos motivos; y, c) en el tercero además de tener las falencias de los motivos anteriores se refiere a la valoración de la prueba que el juzgador las ha apreciado libremente en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana critica.- III.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra este recurso de casación en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Ministerio Público y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha veintidós de Enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 73-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL