Sentencia CA-717-12 — Registro 2764
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su puesto de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA… SEGUNDO CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de junio de dos mil once (2011)…” SEGUNDO Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios, establezco que el acto administrativo impugnado es fundamentado en el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicios Civil, que es de las excepciones calificadas que la Ley le concede a la Autoridad Nominadora del instituto de la Propiedad para efectos de poder llevar a cabo el despido respectivo y en estas argumentaciones que hice en mi expresión de agravios tampoco se pronuncio la Honorable Corte, dado que ese mismo aplicación exime de la obligación de seguir dicho procedimiento dispuesto en la misma Ley, que establece el procedimiento normal del Régimen de despido el cual el mismo si se llevo a cabo.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió entender, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; cuando se llevo a cabo el procedimiento conforme a derecho.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta, nulidad está comprendida en el Artículo 53 letra b) la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.”.- “Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además en el precepto autorizante indica un sin número de normas que no guardan relación alguna con los numerales donde presuntamente se exponen los motivos de casación, a excepción del artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil. Y por último en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida, faltándole claridad y precisión.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de junio del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogado TANIA PETRONA FUENTES.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la nulidad de una acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el reintegro al puesto de trabajo más pago de los salarios dejados de percibir, con especial condena en costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre del dos mil diez por el señor ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD en fecha 19 de junio del 2006, mediante acuerdo de nombramiento numero 435-2006 de fecha 15 de junio del 2006, desempeñándose en el cargo de Registrador Titular de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, siendo cancelado del cargo a partir del 01 de septiembre del 2010, mediante acuerdo número 142-2010 de fecha 31 de agosto del 2010, devengaba un salario mensual de L.24,024.00, el despido se ha realizado en total y absoluta inobservancia del procedimiento establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, por lo que solicita se declare nulo el acto de conformidad al artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó señalando que opone a las pretensiones del demandante y alega en su defensa que el demandante no ha demostrado con precisión la violación a los derechos que tiene como supuesto empleado de la institución y en cuanto al acuerdo 043-2010 de fecha 12 de julio del 2010, del examen del mismo fue dictado apegado a derecho, ya que el acuerdo de cancelación es una resolución administrativa, se rechazan todos los hechos argumentados por el demandante por la falta de personalidad en el demandante, en vista de que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que la representación y defensa de las entidades estatales se regirá por lo que dispongan las leyes especiales o sus respectivas leyes orgánicas, por lo que en este caso dirigieron la demanda en contra de la Procuraduría General de la República, ya que la misma debió haber sido planteada en contra del Instituto de la Propiedad a través de su Presidente del Consejo Directivo, ya que la Ley de Propiedad en su artículo 8 señala la Representación Legal de dicha Institución, misma que corresponde al Presidente del Consejo Directivo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha veintidós de junio del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la Acción promovida por el señor ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, representado en juicio por la Licenciada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación por cesantía Numero 142-2010 de fecha 31 de Agosto de 2010, emitido por el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante, en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se Resuelve: adoptar el reintegro del demandante, a su cargo, de la manera siguiente: el señor ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ al Cargo de Registrador Titular del Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la Paz del Instituto de la Propiedad.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la facha de su cancelación hasta la fecha en que este se ha restituido en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativa por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante”. Bajo el criterio que en el presente caso, del estudio del expediente respectivo que constituyen pruebas en juicio y que es obligatorio su estudio, se concluye que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento; que se haya tomado en cuenta sus años de Servicio en la Administración Pública; que después de emitido el Acuerdo de Cancelación, la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que el demandante sea inscritos con derecho preferente en el registro de reingreso; es decir no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, en este caso al demandante no se le realizó el procedimiento en su totalidad para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho Acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280 y 281 de su Reglamento de aplicación; asimismo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 278, de dicho Reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un servidor Público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicio, lo cual no fue acreditado en autos, ya que no se acreditó que la plaza del demandante se haya cancelado, para con ello acreditar el cumplimiento del fin de la cesantía, en consecuencia, no se cumplió con el fin de la cesantía en el presente caso, por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción, por estar debidamente acreditado en autos que no se siguió totalmente el procedimiento de cesantía para la cancelación del demandante, por lo que el acto administrativo impugnado infringe el ordenamiento jurídico.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha veintiséis de abril del dos mil doce dictó sentencia definitiva, mediante el cual falló, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO ALVARADO PINEDA, en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de la Presidencia; CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintidós de junio del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones la Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación del demandante está obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad para emitir esta clase de acuerdos, constando en el expediente personal del demandante que la demanda no siguió el procedimiento alguno para dicha cancelación, ni el establecido en su propio reglamento, ni el establecido en la ley de Servicio Civil y al no hacerlo violó con este el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y por lo que este acto resulta ser nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada TANIA PETRONA FUENTES, presentó en fecha diecinueve (19) de junio del dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 085-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 525-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha dieciocho (18) de junio del dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, la Abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, presentó en fecha diez (10) de agosto de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece (13) de agosto del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución la Abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, apoderada de la parte demandante, en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2012), y la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO, apoderada de la parte demandada, en fecha veinticuatro (24) de agosto del dos mil trece (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las Abogadas SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ y NORMA ISABEL SOLORZANO, se les precluyò el termino concedido y dejado de utilizar para presentar personamiento en fecha dieciséis (6) de octubre del dos mil doce (2012) en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA… SEGUNDO CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintidós (22) de junio de dos mil once (2011)…” SEGUNDO Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios, establezco que el acto administrativo impugnado es fundamentado en el articulo 53 literal b) de la Ley de Servicios Civil, que es de las excepciones calificadas que la Ley le concede a la Autoridad Nominadora del instituto de la Propiedad para efectos de poder llevar a cabo el despido respectivo y en estas argumentaciones que hice en mi expresión de agravios tampoco se pronuncio la Honorable Corte, dado que ese mismo aplicación exime de la obligación de seguir dicho procedimiento dispuesto en la misma Ley, que establece el procedimiento normal del Régimen de despido el cual el mismo si se llevo a cabo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió entender, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; cuando se llevo a cabo el procedimiento conforme a derecho.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta, nulidad está comprendida en el Artículo 53 letra b) la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.”.- II.- Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además en el precepto autorizante indica un sin número de normas que no guardan relación alguna con los numerales donde presuntamente se exponen los motivos de casación, a excepción del artículo 719 literal c) del Código Procesal Civil. Y por último en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida, faltándole claridad y precisión.- III.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada TANIA PETRONA FUENTES, en su condición de apoderado de la parte demandada. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de junio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha cuatro de junio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 717-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL