Sentencia CA-716-12 — Registro 2763
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, en virtud de no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado;en consecuencia se anula el acuerdo de cancelación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “Único: LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEDAS EN DICHA SENTENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO, la cual se hace de la manera siguiente: CAUSALES INVOCADAS. Numeral Dos (2) del Articulo 719 del Código Procesal Civil, Impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. MOTIVO. UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerar que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, ya que la cancelación por cesantía de cual fue objeto el demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más Servidores Públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b)Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más Servidores Públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278, Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas demostrándose por esta Representación Legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada al demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Civil, habiéndose acreditado en el proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía del demandante, las cuales corren agregadas al expediente de merito, cancelación por cesantía que fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el Ordenamiento Jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los Servidores Públicos y el cual se preceptúa en la Leyde Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa…”. “Que el cargo en la forma expuesta resulta inestimable por las razones siguientes: a) carece de claridad el cargo al exponer la Recurrente infracción de normas por falta de aplicación e interpretación, conceptos diferentes de violación a la ley que debió precisar en forma separada e independiente, pues si una norma no fue aplicada no pudo haber sido interpretada erróneamente por el juzgador de instancia; b) la disposición señalada como violada comprende dos literales, que la Censora omite precisar; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude al material probatorio, lo cual es impropio en este extraordinario recurso. “Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno”. Que en cuanto al problema jurídico de la cesantía en el sector público, objeto del recurso en estudio, ya existe línea jurisprudencial señalada por este Alto Tribunal de Justicia en el sentido de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. “Señalado lo anterior, es imperativo manifestar, que en este tipo de casos en donde ya este Alto Tribunal ha establecido una línea jurisprudencial, resulta inoficioso continuar recurriendo de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales inferiores, sin aportar elementos que permitan motivar o fundamentar una variación o modificación de la referida jurisprudencia; por ello, el recurrir sin fundamento solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar el recurso extraordinario de casación, por lo que siendo el Estado el demandado, es obligación de los órganos fiscalizadores del mismo deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del Derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada, que como en casos anteriores, los mismos han sido juzgados y resueltos consistentemente de forma similar.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal c (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado este último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representado en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, y el recurrido: ELDER OVIDIO CHÁVEZ, representado en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo emitido por la administración pública en materia personal por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento el reintegro en un cargo, salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida por el señor ELDER OVIDIO CHAVEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representado en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 1 de abril de 2006, fue nombrado en el cargo de Gerente de Negocios Auxiliar en la Unidad de la Dirección Departamental de Educación de Copán; que mediante Acuerdo No.0851-SE-10 de fecha 15 de abril de 2010, la demandada tomó la determinación de cancelar por cesantía el acuerdo de nombramiento del demandante, a partir del 30 de abril de 2010, decisión que fue adoptada sin causa justificada e infringiendo por la misma razón varias disposiciones legales de la Ley de Servicio Civil y su reglamento, pues no se siguió el procedimiento administrativo que en Derecho corresponde, al tenor de lo dispuesto en los artículos 278, 279, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó dicha demanda señalando que si bien el demandante fue cancelado mediante acuerdo No.0851-SE-10 de fecha 15 de abril de 2010, en ningún momento se han violentado disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que el mismo fue emitido en estricto apego a la Ley. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por el demandante, en virtud de no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado; en consecuencia, se anula el Acuerdo No. 0851-SE-10 de fecha 15 de abril de 2010 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, por el cual se cancela por cesantía al demandante de su cargo que venía desempeñando; reconocer la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro inmediato del demandante al cargo que éste ostentaba en el momento de su separación o a otro de igual o mejor categoría, pago de los salarios dejados de percibir, reconociéndole el beneficio de aumento de salarios futuros, sin costas; bajo el criterio que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarará procedente la acción, cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico; asimismo se encuentra acreditado en autos que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico al no seguir la autoridad nominadora el proceso establecido para una cancelación por cesantía. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de marzo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del cargo que desempeñaba la demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado. 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, presento en fecha veintinueve de junio de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha quince de marzo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 023-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 0501-2010-00030 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés. 6.- Mediante providencia de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte demandante, representado en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, presentó en fecha siete de agosto de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha quince de agosto de dos mil doce, el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, y por vía teléfono celular No.96392090, en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX y CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, presentaron escritos en fecha veinte y veinticuatro de agosto de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “Único: LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEDAS EN DICHA SENTENCIA PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO, la cual se hace de la manera siguiente: CAUSALES INVOCADAS. Numeral Dos (2) del Articulo 719 del Código Procesal Civil, Impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. MOTIVO. UNICO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerar que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, ya que la cancelación por cesantía de cual fue objeto el demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más Servidores Públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más Servidores Públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278, Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas demostrándose por esta Representación Legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada al demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Civil, habiéndose acreditado en el proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía del demandante, las cuales corren agregadas al expediente de merito, cancelación por cesantía que fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el Ordenamiento Jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los Servidores Públicos y el cual se preceptúa en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa…”. II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inestimable por las razones siguientes: a) carece de claridad el cargo al exponer la Recurrente infracción de normas por falta de aplicación e interpretación, conceptos diferentes de violación a la ley que debió precisar en forma separada e independiente, pues si una norma no fue aplicada no pudo haber sido interpretada erróneamente por el juzgador de instancia; b) la disposición señalada como violada comprende dos literales, que la Censora omite precisar; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude al material probatorio, lo cual es impropio en este extraordinario recurso. III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno. V. Que en cuanto al problema jurídico de la cesantía en el sector público, objeto del recurso en estudio, ya existe línea jurisprudencial señalada por este Alto Tribunal de Justicia en el sentido de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. VI.- Señalado lo anterior, es imperativo manifestar, que en este tipo de casos en donde ya este Alto Tribunal ha establecido una línea jurisprudencial, resulta inoficioso continuar recurriendo de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales inferiores, sin aportar elementos que permitan motivar o fundamentar una variación o modificación de la referida jurisprudencia; por ello, el recurrir sin fundamento solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar el recurso extraordinario de casación, por lo que siendo el Estado el demandado, es obligación de los órganos fiscalizadores del mismo deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del Derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada, que como en casos anteriores, los mismos han sido juzgados y resueltos consistentemente de forma similar. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, en su condición de apoderada de la parte demandada. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 716-12
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL