Sentencia CA-711-12 — Registro 7421
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confima en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: omite el Censor en la formulación del cargo las disposiciones de naturaleza procesal que en su concepto fueron infringidas y el concepto de la infracción si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley. Además es impreciso en el señalamiento de la causal, pues si bien es cierto el artículo 719 preámbulo, numeral 1), inciso c) del Código Procesal Civil, establece los conceptos de forma y contenido, sin embargo los mismos comprenden situaciones jurídicas distintas que están reguladas en diferentes normas del cuerpo legal antes indicado y que el Impetrante debió precisar"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, representado en juicio por el Abogado KALTON HAROLD BRUHL, y el recurrido: JUAN RAMON GONZALES RODRIGUEZ, actuando en causa propia.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, reintegro, salarios caídos a título de daños y perjuicios, promovida por el Abogado JUAN RAMON GONZALES RODRIGUEZ, actuando en causa propia, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, representado en juicio por el Abogado KALTON HAROLD BRUHL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 1 de julio de 2008, inició la relación laboral con la institución demandada mediante contrato de servicios profesionales, teniendo una duración de dos meses el mismo; que en fecha 1 de septiembre de 2008, el demandante fue nombrado de manera permanente como Asistente Legal, posteriormente fue ascendido al cargo Oficial de Estudio e Investigación III, perteneciente a la Gerencia Legal de dicho instituto; que en fecha 6 de septiembre de 2010, mediante acuerdo No.58-2010/IAIP, fue cancelado el demandante del cargo de Oficial de Estudio e Investigación III, argumentando la institución demandada que se acordó cancelar por cesantía al demandante del cargo que venía desempeñando, dado que la plaza del cual es titular se cancelaría a partir de la fecha de cesantía, de conformidad al artículo 46 inciso b) del Estatuto Laboral de los Empleados y Funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública; que no existe incorporado en el expediente personal del demandante ninguna acción de la Subgerencia de Recursos Humanos de la institución demandada, que evidencie el establecimiento por su parte, de un sistema y manual de evaluación del desempeño como instrumento técnico aplicado al demandante como empleado de la institución demandada, quedando evidenciado que el acto administrativo por medio del cual fue cancelado por cesantía el demandante de su puesto de trabajo, es nulo de pleno derecho, por haber sido dictado con infracción del ordenamiento jurídico, ya que se emitió sin seguir con el procedimiento legalmente establecido, violentando de esta manera lo estipulado en el artículo 46 del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del referido instituto.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, contestó dicha demanda señalando que la cancelación del demandante esta apegada a derecho, debido a que la institución demandada ya no requería la existencia de la plaza de la cual era titular, cumpliéndose cabalmente con dicha acción, con la finalidad de la cesantía en los dos numerales señalados en el artículo 46 del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública, la cual es la reducción forzosa de personal por razones presupuestarias o la obtención de una más eficaz y económica organización administrativa suprimiendo o fusionando las plazas supernumerarias o aquellas que tengan duplicidad de funciones, lo que se ha cumplido en el presente caso; que al demandante se le ofreció el pago de las prestaciones y derechos laborales, situación que a esta fecha ya se ha cumplido, puesto que el importe total de sus prestaciones y derechos laboral, tasado en la cantidad de L.174,560.07, fue acreditado en fecha 14 de octubre de 2010, en la cuenta No.906203301 de la institución financiara BAC-BAMER, de la cual el demandante es beneficiario, siendo importante señalar que el demandante no ha manifestado en ningún momento su rechazo al pago antes referido, ni ha efectuado acción alguna para la devolución del mismo, por lo que se asume que se encuentra conforme.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, emitido por la Comisionada Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública; en consecuencia se anula totalmente el acuerdo No.058-2010/IAIP del 2 de septiembre de 2010, emitido por la demandada pues ha sido proferido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: a) Restituir al demandante en su cargo u otro de igual categoría solo en caso de que la plaza de Oficial de Estudio e Investigación III haya sido efectivamente suprimida o cancelada del anexo desglosado de sueldos y salarios, b) Pagar al demandante los sueldos dejados de percibir, a partir de la fecha de la ilegal cancelación hasta que el demandante sea restituido a cualquiera de los dos cargos señalados en el literal a) antes descrito; diferir para la etapa de ejecución de este fallo, el cálculo de los anteriores conceptos; Condenar al Estado de Honduras a reconocer, ejecutar y pagar al demandante los conceptos señalados, con costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas por el demandante, no consta en autos que la autoridad nominadora, previo a tomar la decisión de cancelar de su puesto al demandante haya dado cumplimiento con las evaluaciones exigidas por el Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto en su capítulo VIII; se precisa tanto de estas evaluaciones pues mediante ellas, se acredita de forma fehaciente los dos supuestos para proceder con la cancelación por cesantía, que son: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; que la demandada al no haber seguido completamente el procedimiento para proceder con la cesantía de la demandante, ha viciado de nulidad el acto administrativo al haberlo emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de marzo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas en ambas instancias; bajo el criterio que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, en virtud que el apelante alega que el Acto Impugnado fue dictado conforme a derecho ya que el articulo 46 del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública lo faculta de manera excepcional para que proceda a cancelar a sus Funcionario y/o empleados por medio de la cesantía, cumpliéndose, en el presente caso, con el fin de la misma, ya que se canceló la plaza en que estaba nombrado el demandante, porque no se requería de la existencia de dicha plaza; sin embargo, si bien es cierto, el referido Estatuto establece dicha excepción, no es menos cierto, que también establece el procedimiento para que la demandada pueda prescindir de los servicios de un Funcionario y/o empleado por dicha vía, no constando en autos se haya realizado el mismo, por lo cual, el Acto Impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo, al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que toda la disposición relacionada a la cancelación por cesantía está vigente, por lo cual es de obligatorio cumplimiento en su totalidad y solo el cumplimiento de una parte, no implica el cumplimiento de toda.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado KALTON HAROLD BRUHL, presentó en fecha cuatro de junio de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha quince de marzo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 064-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 564-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha once de junio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- El demandante Abogado JUAN RAMON GONZALES RODRIGUEZ, actuando en causa propia, presentó en fecha ocho de agosto de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de agosto de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, el Abogado JUAN RAMON GONZALES RODRIGUEZ, y por vía teléfono fijo No.22-313161, en fecha diecisiete del mismo mes y año, al Abogado KALTON HAROLD BRUHL.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados JUAN RAMON GONZALES RODRIGUEZ y KALTON HAROLD BRUHL, presentaron escrito en fecha veintidós de agosto del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrido y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día 15 de marzo del 2012 de ser violatoria de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo se sustenta en el artículo 719 preámbulo, numeral 1), inciso c) del Código Procesal Civil.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: omite el Censor en la formulación del cargo las disposiciones de naturaleza procesal que en su concepto fueron infringidas y el concepto de la infracción si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley. Además es impreciso en el señalamiento de la causal, pues si bien es cierto el artículo 719 preámbulo, numeral 1), inciso c) del Código Procesal Civil, establece los conceptos de forma y contenido, sin embargo los mismos comprenden situaciones jurídicas distintas que están reguladas en diferentes normas del cuerpo legal antes indicado y que el Impetrante debió precisar.- III.- Que en el segundo cargo se esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida por INTERPRETACIÓN ERRONEA del artículo 46 del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo se sustenta en el artículo 719 preámbulo, numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La sentencia impugnada, que confirma la de primer grado, funda su decisión de declarar procedente la demanda, basándose en lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública.- El Ad-Quem interpreta erróneamente el referido artículo, pues equivocadamente entiende, que para proceder a la cancelación del ciudadano Juan Ramón Gonzales Rodriguez se debía tomar en cuenta la evaluación periódica del desempeño, cuando al demandante se le canceló debido a que el Instituto de Acceso a la Información Pública ya no requería la existencia de la plaza de la cual era titular, cumpliéndose cabalmente, con dicha acción, con la finalidad de la cesantía en los dos numerales señalados en el artículo 46 del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública, la cual es la reducción forzosa de personal por razones presupuestarias o la obtención de una más eficaz y económica organización administrativa suprimiendo o fusionando las plazas supernumerarias o aquellas que tengan duplicidad de funciones, lo que se ha cumplido en el presente caso, en virtud de que la plaza que ocupaba el demandante, se ha cancelado, siendo esta la manera de obtener una más eficaz y económica organización administrativa mediante la reducción forzosa de servicios o de personal. Asimismo el juzgador no puede desconocer lo establecido en el artículo 17 del Código Civil que establece: “No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos deba existir y la intención del legislador”.— En el presente caso el Juzgador atribuye al artículo 46 citado, otro sentido que no resulta de sus propios términos, es decir le hace hablar lo que no dispone, evidenciando la interpretación errónea que provoca la infracción de Ley enunciada. Como es del ilustrado conocimiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la casación tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico, que nos garantice la igualdad de todos ante la Ley, por lo que habiéndose demostrado la infracción de ley incurrida en el fallo impugnado, este alto Tribunal deberá proceder de conformidad con el artículo 727 numeral 5, dictando nueva sentencia ajustada a derecho que resuelva el litigio, haciendo prevalecer el principio de legalidad, cumpliendo así el objeto de este recurso, evitando el daño o perjuicio que se le ocasiona a la parte demandada con la sentencia impugnada por haber sido dictada infringiendo los preceptos legales de obligatorio cumplimiento”.- IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en razón de que en la explicación del motivo el Impetrante hace referencia al artículo 17 del Código Civil, norma que no fue citada como violada en la formulación del cargo; en adición, este Tribunal entiende que la sentencia impugnada ha prohijado la de primera instancia y de las mismas se desprende que los Juzgadores han interpretado correctamente el articulo 46 literal b) del Estatuto Laboral de los Funcionarios y Empleados del Instituto de Acceso a la Información, ya que si bien es cierto tal disposición autoriza al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Publica, la cancelación de funcionarios y empleados de tal Institución, por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, no es menos cierto que para el uso de esta facultad excepcional, deberá tomar en cuenta los resultados de evaluación periódica del desempeño del funcionario o empleados y es el caso que del proceso se desprende que tal presupuesto no fue llevado a cabo por la demandada.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintinueve días del mes de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 711-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL