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Sentencia CA-69-12 — Registro 2747

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por el demandante por ajustarse a Derecho el acto impugnado, consistente en el Acuerdo emitido, por medio de la cual se canceló al demandante de su cargo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE, en su condición de apoderado de la parte demandante, fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del articulo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la aplicación del artículo 17 numeral cinco (5) de la ley Orgánica de la Policía Nacional, utilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en el considerando numero seis (6) y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El artículo 17 de la ley orgánica de la Policía Nacional vigente en ese momento, establece las atribuciones que tienen los directores generales y en su numeral cinco (5) literalmente dice: “Nombrar, ascender, descender, trasladar, y sancionar, de oficio o a solicitud de la autoridad jerárquica respectiva, a los sub-oficiales y policías, así como al personal técnico, operativo y de servicio, laborante en las direcciones generales, direcciones regionales, departamentales, municipalidades y cuerpos especiales”... Como podéis apreciar Honorables Magistrados el legislador ha definido y establecido claramente cuales son las atribuciones de las personas que se desempeñan como directores generales de la policía nacional y es claro y sin lugar a dudas que en el numeral cinco del artículo 17 citado no se encuentra la atribución de cancelar a los sub oficiales y policías, y en vista que el acto administrativo impugnado en la acción contenciosa administrativa es el acuerdo numero DGIC-024-2005 que utiliza como fundamento este articulo y es donde se cancela a mi representado el director general por ley, en ese momento, de la dirección general de investigación criminal, de conformidad con la ley, no tenía ni tiene la atribución de cancelar a sub oficiales y policías, argumento que hemos sostenido en ambas instancias tanto en los fundamentos como en la argumentación de la acción, conclusiones, recurso de apelación y expresión de agravios, y desde el momento que la Honorable Corte de Apelaciones fundamenta su fallo y hace suya esta disposición tal como lo motiva en el considerando número seis aplica indebidamente este articulo pues no es atribución de los directores generales de la policía cancelar sub oficiales y policías lo que hace procedente el presente motivo.”.-“Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) hace referencia a la aplicación indebida de una norma, pero no señala la que en su concepto debía aplicarse en forma debida; b) en el sub-lite, el ad-quemha prohijado la sentencia de primera instancia la cual fundamenta su decisión en el artículo 78 numeral 5), de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto No. 156-98; y, c) por otro lado si bien es cierto el artículo 17 numeral 5) de la misma Ley es mencionada en la consideración “6” de la sentencia impugnada, tal disposición no tiene incidencia en el sentido del fallo.- “ Que en el segundo motivo se esgrime: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del articulo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la interpretación del articulo 17 numeral cinco (5) de la ley Orgánica de la Policía Nacional utilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en el considerando numero seis (6) y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El articulo 17 de la ley orgánica de la Policía Nacionalestablece las atribuciones que tienen los directores generales y en su numeral cinco (5) literalmente dice: “Nombrar, ascender, descender, trasladar, y sancionar, de oficio o a solicitud de la autoridad jerárquica respectiva, a los sub—oficiales y policías, así como al personal técnico, operativo y de servicio, laborante en las direcciones generales, direcciones regionales, departamentales, municipalidades y cuerpos especiales”… En el considerando numero seis de la sentencia que se impugna la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, establece: “Que el articulo 17 numeral 5) de la ley orgánica de la Policía Nacional le da a los directores generales la atribución de realizar todo el movimiento de personal de los sub-oficiales, como ser nombrar, ascender, descender, trasladar y sancionar, estando dentro de las sanciones la cancelación, que aunque en el presente caso no fue una sanción por haberlo solicitado el demandante, es también una cancelación como en el caso de la sanción de despido” (el subrayado es nuestro). En vista que la Ley orgánica de la Policía Nacional no contiene disposiciones de interpretación de sus normas, el artículo 17 del código civil que es una norma de orden público, establece un principio general del derecho en cuanto a la interpretación de la ley, aplicable a la ley mencionada, artículo que literalmente dice: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. Como podéis apreciar Honorables Magistrados el articulo del código civil regula la interpretación del numeral 5 del articulo 17 de la ley orgánica de la Policía Nacional y no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta de sus propios términos, de su literalidad, por lo que la motivación esgrimida por la Honorable Corte de Apelaciones en el fundamento contenido en el considerando numero seis, que anteriormente hemos subrayado, al interpretar esta norma y atribuir que sanción es lo mismo que cancelación, sobrepasa las facultades del tribunal juzgador, pues la interpretación de las leyes es una facultad del poder legislativo (atribución numero 1 del articulo 205 de la Constitución de la República) y colisiona con el articulo 17 numeral 5 de la ley de la policía nacional, y tal infracción hace procedente el presente motivo. Esta pretensión y argumento que no ha sido una cuestión debatida en el proceso surge y es aplicable desde el 12 de septiembre del 2011 fecha de la sentencia impugnada, pues esla Honorable Corte de Apelaciones la que en su fundamentación hace uso de la interpretación del articulo censurado mediante este motivo, lo que vincula a la Honorable Corte Suprema de Justicia con el motivo alegado, y la cuestión jurídica concreta planteada, y con fundamento en el numeral 1 del articulo 726 que permite y faculta al Honorable Tribunal Supremo para resolver el recurso, empleando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por el censor, en especial de las normas de interpretación de la ley (articulo 17 Código civil) que es de orden público y de obligatoria observancia.”.- “ Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de que resulta contradictorio que en el motivo anterior haya señalado la aplicación indebida de una disposición y en éste aluda a la interpretación errónea de la misma norma, situaciones jurídicas que no se pueden dar simultáneamente, ya que si se ha aplicado indebidamente una norma no es posible que a la vez se acuse de que haya sido interpretada en forma errónea; por otra parte, en el desarrollo del cargo señala la violación de disposiciones constitucionales y otras de naturaleza civil que no enunció en su formulación y, al igual que en el primer motivo, el artículo 17 numeral 5) del ordenamiento legal precitado no tuvo incidencia en la decisión final del juzgador, ya que la misma se refiere a situaciones jurídicas completamente diferentes a la renuncia del servidor público, cuyo efecto al momento de concretarse no originan responsabilidad para las partes.- “ Que en el tercer motivo se alude: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del articulo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la APLICACIÓN del articulo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacionalutilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en los considerandos números cuatro y cinco y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DELA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El articulo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional vigente, en ese momento establecía las causas de cesación en los cargos de los miembros del servicio policial de carrera, sin embargo dicha disposición no fue invocada ni motivada en el acto administrativo impugnado, y considerando lo expuesto en los motivos anteriores no era facultad del director general de Investigación criminal su aplicación, pues tenía que ver con la cesación en el cargo fundamento utilizado por la Honorable Corte de Apelaciones sin la debida motivación ya que no estableció que dicha disposición se encuentra derogada según decreto numero 67-2008, ley orgánica de la Policía Nacional de Honduras vigente desde el año 2008, lo que hace procedente el presente motivo por aplicación indebida de esta norma.-“.- Que el cargo que antecede también resulta inadmisible puesto que hace referencia a la aplicación indebida del artículo 78, pero no establece cual es la norma que en su concepto debió aplicarse en forma debida y en que consistió la violación del articulo 78 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; además se refiere a situaciones de vigencia de esa disposición, aspecto que no tiene relación con lo dispuesto en la misma, ya que al momento de dictarse el acto administrativo impugnado dicha disposición si resultaba aplicable, ya que fue derogada posteriormente.- “Que en el cuarto motivo se alega: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del artículo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la INTERPRETACIÓN del artículo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional utilizada porla Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en los considerandos números cuatro y cinco y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El artículo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional vigente en ese momento establecía las causas de cesación en los cargos de los miembros del servicio policial de carrera, sin embargo la ley orgánica de la policía nacional decreto no. 156-98, el legislador no definió expresamente términos de dicho articulo, para darles un significado legal a los mismos por lo que asegurar que retiro justificado y renuncia son lo mismo tal como lo hace la Honorable Corte de Apelaciones en sus fundamentos de derecho es interpretar la ley fuera de su contexto y colisiona con el articulo 18 del código civil, y a contrario sensu al determinar el significado de ambos términos al colisionar con la norma civil se vuelve ilegal y hace procedente el presente motivo. Esta pretensión y argumento que no ha sido una cuestión debatida en el proceso surge y es aplicable desde el 12 de septiembre del 2011 fecha de la sentencia impugnada, pues es la Honorable Corte de Apelaciones la que en su fundamentación hace uso de la interpretación del articulo censurado mediante este motivo, lo que vincula a la Honorable Corte Suprema de Justicia con el motivo alegado y la cuestión jurídica concreta planteada, y con fundamento en el numeral 1 del articulo 726 que permite y faculta al Honorable Tribunal Supremo para resolver el recurso, empleando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por el censor, en especial de las normas de interpretación de la ley (articulo 18 Código civil) que es de orden público y de obligatoria observancia.”.- “ Que el cargo tal como ha sido formulado resulta inadmisible puesto que resulta contradictorio que en el motivo anterior haya señalado la aplicación indebida de una disposición y en éste aluda a la interpretación errónea de la misma norma, situaciones jurídicas que como ya se dijo anteriormente, no son compatibles; por otra parte, en el desarrollo del cargo señala la violación de disposiciones que no enunció en su formulación.- “Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de junio del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución de los presentes Recursos de Casación interpuestos y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Como parte demandante CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES, representado en juicio por el Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMENTE, y Recurrido: Como parte demandada El ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por la Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria, contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo, consistente en el Acuerdo número DGIC-024-2005 de fecha 12 de mayo del 2005, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su acción manifiesta que inició su relación de trabajo con la demandada en fecha 1 de abril de 1995, mediante Acuerdo en el cargo de Agente Especial I paso I, de la Dirección General de Investigación Criminal, posteriormente fue ascendido al cargo de Sub-Oficial III de Policía de Investigación, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Que en fecha 3 de mayo del 2005, presentó nota dirigida a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en donde solicitaba le autorizaran el retiro de la institución, con el 100% de los beneficios laborales conforme a Ley le corresponden, fundamentando su petición a problemas familiares y personales. Pero dicha solicitud fue resuelta en fecha 12 de mayo del 2005, cancelándolo por renuncia, tal decisión de la Secretaria de Seguridad violenta las garantías constitucionales y legales debido a que no se resolvió de acuerdo a su solicitud existiendo un exceso de poder el emitir tal resolución, ya que nunca renunció de su cargo y el Director General de Investigación Criminal no resolvió en relación a su petición de pago de los derechos, beneficios e indemnizaciones laborales que por ley le corresponden.- 2.- La parte demandada por su parte, manifiesta que se opone a las pretensiones del demandante, en virtud de alegar, entre otras cosas, que en la cancelación por renuncia se establece que no le corresponden los beneficios laborales adquiridos por el tiempo que desempeño su cargo, en atención a lo prescrito en los articulos 77 y 78 de la Ley Orgánica de Policía, por lo tanto, la causal de retiro justificado no está contemplada dentro de las excepciones indicadas en la Ley de Policía de reconocer a favor del servidor o beneficiarios el valor de los derechos que le corresponden.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con fecha 12 de agosto de 2009, falló PRIMERO: Declarando IMPROCEDENTE la acción incoada por el señor CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES, por ajustarse a Derecho el acto impugnado, consistente en el Acuerdo Numero DGIC-024-205, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad en fecha 12 de Mayo de 2005, por medio de la cual se canceló al demandante del cargo de Sub Oficial III de Policía de Investigación. SIN COSTAS. Criterio: Que al momento de que el demandante decidió plasmar en su nota la palabra “RETIRO”, la misma no estaba en correspondencia con su intención, pues la figura que la Ley de Policía establece como dependiente de la voluntad del servidor para cesar en su cargo es la RENUNCIA, pues el RETIRO como tal no depende de su voluntad, sino que de aspectos exógenos a ella, (incumplimiento de deberes y/o obligaciones) .- En cambio la renuncia está configurada en su consentimiento libre y espontáneo de no seguir perteneciendo a la institución policial.- Elementos cuya existencia se percibe en el contenido de la nota de fecha 03 de mayo de 2005, así como del contenido del escrito de demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con fecha 12 de septiembre de 2011, falló Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMANDO la Sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia, SIN COSTAS. Criterio: Que consta en autos que el demandante solicitó su retiro y se le resolvió como renuncia y si bien es cierto no hubo pronunciamiento sobre el 100% solicitado de pago de derechos laborales, no es menos cierto que el articulo 78 de la Ley Orgánica de Policía Nacional, libera de responsabilidad a la demandada en ambos casos, por lo cual no es procedente el pago solicitado, ya sea que fuese renuncia o retiro y la igualdad de derechos de los hombres es aplicable siempre y cuando la misma sea conforme a Derecho, que no es el caso de autos.- 5.- La representación procesal del demandante, Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMENTE, presentó en fecha veintidós de noviembre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 215-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 118-05 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciaran sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha quince de diciembre del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciado sobre el recurso de casación en forma y tiempo por la Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS, en su condición de apoderada de la parte demandada y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada de dicha resolución a la parte demandante, Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMENTE, en fecha diecisiete de enero del dos mil doce y a la parte demandada a la Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS, en fecha diecinueve de enero de dos mil doce.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMENTE, en su condición de apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha diecinueve de enero del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente y la Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS, en su condición de apoderada de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha veintiséis de enero del dos mil doce, en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE, en su condición de apoderado de la parte demandante, fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del articulo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la aplicación del artículo 17 numeral cinco (5) de la ley Orgánica de la Policía Nacional, utilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en el considerando numero seis (6) y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El artículo 17 de la ley orgánica de la Policía Nacional vigente en ese momento, establece las atribuciones que tienen los directores generales y en su numeral cinco (5) literalmente dice: “Nombrar, ascender, descender, trasladar, y sancionar, de oficio o a solicitud de la autoridad jerárquica respectiva, a los sub-oficiales y policías, así como al personal técnico, operativo y de servicio, laborante en las direcciones generales, direcciones regionales, departamentales, municipalidades y cuerpos especiales”... Como podéis apreciar Honorables Magistrados el legislador ha definido y establecido claramente cuales son las atribuciones de las personas que se desempeñan como directores generales de la policía nacional y es claro y sin lugar a dudas que en el numeral cinco del artículo 17 citado no se encuentra la atribución de cancelar a los sub oficiales y policías, y en vista que el acto administrativo impugnado en la acción contenciosa administrativa es el acuerdo numero DGIC-024-2005 que utiliza como fundamento este articulo y es donde se cancela a mi representado el director general por ley, en ese momento, de la dirección general de investigación criminal, de conformidad con la ley, no tenía ni tiene la atribución de cancelar a sub oficiales y policías, argumento que hemos sostenido en ambas instancias tanto en los fundamentos como en la argumentación de la acción, conclusiones, recurso de apelación y expresión de agravios, y desde el momento que la Honorable Corte de Apelaciones fundamenta su fallo y hace suya esta disposición tal como lo motiva en el considerando número seis aplica indebidamente este articulo pues no es atribución de los directores generales de la policía cancelar sub oficiales y policías lo que hace procedente el presente motivo.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) hace referencia a la aplicación indebida de una norma, pero no señala la que en su concepto debía aplicarse en forma debida; b) en el sub-lite, el ad-quem ha prohijado la sentencia de primera instancia la cual fundamenta su decisión en el artículo 78 numeral 5), de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto No. 156-98; y, c) por otro lado si bien es cierto el artículo 17 numeral 5) de la misma Ley es mencionada en la consideración “6” de la sentencia impugnada, tal disposición no tiene incidencia en el sentido del fallo.- III.- Que en el segundo motivo se esgrime: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del articulo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la interpretación del articulo 17 numeral cinco (5) de la ley Orgánica de la Policía Nacional utilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en el considerando numero seis (6) y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El articulo 17 de la ley orgánica de la Policía Nacional establece las atribuciones que tienen los directores generales y en su numeral cinco (5) literalmente dice: “Nombrar, ascender, descender, trasladar, y sancionar, de oficio o a solicitud de la autoridad jerárquica respectiva, a los sub—oficiales y policías, así como al personal técnico, operativo y de servicio, laborante en las direcciones generales, direcciones regionales, departamentales, municipalidades y cuerpos especiales”… En el considerando numero seis de la sentencia que se impugna la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, establece: “Que el articulo 17 numeral 5) de la ley orgánica de la Policía Nacional le da a los directores generales la atribución de realizar todo el movimiento de personal de los sub-oficiales, como ser nombrar, ascender, descender, trasladar y sancionar, estando dentro de las sanciones la cancelación, que aunque en el presente caso no fue una sanción por haberlo solicitado el demandante, es también una cancelación como en el caso de la sanción de despido” (el subrayado es nuestro). En vista que la Ley orgánica de la Policía Nacional no contiene disposiciones de interpretación de sus normas, el artículo 17 del código civil que es una norma de orden público, establece un principio general del derecho en cuanto a la interpretación de la ley, aplicable a la ley mencionada, artículo que literalmente dice: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. Como podéis apreciar Honorables Magistrados el articulo del código civil regula la interpretación del numeral 5 del articulo 17 de la ley orgánica de la Policía Nacional y no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta de sus propios términos, de su literalidad, por lo que la motivación esgrimida por la Honorable Corte de Apelaciones en el fundamento contenido en el considerando numero seis, que anteriormente hemos subrayado, al interpretar esta norma y atribuir que sanción es lo mismo que cancelación, sobrepasa las facultades del tribunal juzgador, pues la interpretación de las leyes es una facultad del poder legislativo (atribución numero 1 del articulo 205 de la Constitución de la República) y colisiona con el articulo 17 numeral 5 de la ley de la policía nacional, y tal infracción hace procedente el presente motivo. Esta pretensión y argumento que no ha sido una cuestión debatida en el proceso surge y es aplicable desde el 12 de septiembre del 2011 fecha de la sentencia impugnada, pues es la Honorable Corte de Apelaciones la que en su fundamentación hace uso de la interpretación del articulo censurado mediante este motivo, lo que vincula a la Honorable Corte Suprema de Justicia con el motivo alegado, y la cuestión jurídica concreta planteada, y con fundamento en el numeral 1 del articulo 726 que permite y faculta al Honorable Tribunal Supremo para resolver el recurso, empleando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por el censor, en especial de las normas de interpretación de la ley (articulo 17 Código civil) que es de orden público y de obligatoria observancia.”.- IV.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de que resulta contradictorio que en el motivo anterior haya señalado la aplicación indebida de una disposición y en éste aluda a la interpretación errónea de la misma norma, situaciones jurídicas que no se pueden dar simultáneamente, ya que si se ha aplicado indebidamente una norma no es posible que a la vez se acuse de que haya sido interpretada en forma errónea; por otra parte, en el desarrollo del cargo señala la violación de disposiciones constitucionales y otras de naturaleza civil que no enunció en su formulación y, al igual que en el primer motivo, el artículo 17 numeral 5) del ordenamiento legal precitado no tuvo incidencia en la decisión final del juzgador, ya que la misma se refiere a situaciones jurídicas completamente diferentes a la renuncia del servidor público, cuyo efecto al momento de concretarse no originan responsabilidad para las partes.- V.- Que en el tercer motivo se alude: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del articulo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la APLICACIÓN del articulo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional utilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en los considerandos números cuatro y cinco y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El articulo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional vigente, en ese momento establecía las causas de cesación en los cargos de los miembros del servicio policial de carrera, sin embargo dicha disposición no fue invocada ni motivada en el acto administrativo impugnado, y considerando lo expuesto en los motivos anteriores no era facultad del director general de Investigación criminal su aplicación, pues tenía que ver con la cesación en el cargo fundamento utilizado por la Honorable Corte de Apelaciones sin la debida motivación ya que no estableció que dicha disposición se encuentra derogada según decreto numero 67-2008, ley orgánica de la Policía Nacional de Honduras vigente desde el año 2008, lo que hace procedente el presente motivo por aplicación indebida de esta norma.- VI.- Que el cargo que antecede también resulta inadmisible puesto que hace referencia a la aplicación indebida del artículo 78, pero no establece cual es la norma que en su concepto debió aplicarse en forma debida y en que consistió la violación del articulo 78 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; además se refiere a situaciones de vigencia de esa disposición, aspecto que no tiene relación con lo dispuesto en la misma, ya que al momento de dictarse el acto administrativo impugnado dicha disposición si resultaba aplicable, ya que fue derogada posteriormente.- VII.- Que en el cuarto motivo se alega: “Este motivo se fundamenta en el numeral dos (2) del artículo 719 del código procesal civil y tiene como causal impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO. Se impugna la INTERPRETACIÓN del artículo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional utilizada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo como uno de sus fundamentos de derecho específicamente en los considerandos números cuatro y cinco y en la parte dispositiva en el que baso la sentencia impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El artículo 78 de la ley orgánica de la Policía Nacional vigente en ese momento establecía las causas de cesación en los cargos de los miembros del servicio policial de carrera, sin embargo la ley orgánica de la policía nacional decreto no. 156-98, el legislador no definió expresamente términos de dicho articulo, para darles un significado legal a los mismos por lo que asegurar que retiro justificado y renuncia son lo mismo tal como lo hace la Honorable Corte de Apelaciones en sus fundamentos de derecho es interpretar la ley fuera de su contexto y colisiona con el articulo 18 del código civil, y a contrario sensu al determinar el significado de ambos términos al colisionar con la norma civil se vuelve ilegal y hace procedente el presente motivo. Esta pretensión y argumento que no ha sido una cuestión debatida en el proceso surge y es aplicable desde el 12 de septiembre del 2011 fecha de la sentencia impugnada, pues es la Honorable Corte de Apelaciones la que en su fundamentación hace uso de la interpretación del articulo censurado mediante este motivo, lo que vincula a la Honorable Corte Suprema de Justicia con el motivo alegado y la cuestión jurídica concreta planteada, y con fundamento en el numeral 1 del articulo 726 que permite y faculta al Honorable Tribunal Supremo para resolver el recurso, empleando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por el censor, en especial de las normas de interpretación de la ley (articulo 18 Código civil) que es de orden público y de obligatoria observancia.”.- VIII.- Que el cargo tal como ha sido formulado resulta inadmisible puesto que resulta contradictorio que en el motivo anterior haya señalado la aplicación indebida de una disposición y en éste aluda a la interpretación errónea de la misma norma, situaciones jurídicas que como ya se dijo anteriormente, no son compatibles; por otra parte, en el desarrollo del cargo señala la violación de disposiciones que no enunció en su formulación.- IX.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha dieciocho de junio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 69-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL