Sentencia CA-68-12 — Registro 2746
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un primer motivo de manifestando lo siguiente: “Se Impugna la Aplicación e Interpretación de las Normas de Derecho empleadas para la Solución del Fondo del Litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Con esta sentencia se infringieron las disposiciones legales contenidas en el titulo V acápite Régimen Disciplinario, Capitulo V acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Primera acápite Las Medidas Disciplinarias, Articulo 61, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, estrechamente relacionados con las disposiciones legales contenidas en el Titulo VIII acápite Régimen Disciplinario, Capitulo V acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Primera acápite Las Medidas Disciplinarias, Articulo 173, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. PRECEPTO LEGAL AUTORIZANTE. Esta causal o motivo de Casación se encuentra dispuesta en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil.IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que incluyen los Antecedentes del Hecho, Fundamentos de Derecho, parte Resolutiva de la misma. EXPLICACION DEL MOTIVO. El demandante señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES fue servidor del Ministerio Publico desde el año de 1998, y en fecha 22 de mayo del 2007 fue cancelado del cargo de Motorista II en el cual había sido nombrado por haber incurrido en la Causal de Despido establecida en el Articulo 60 inciso c) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionada con el Articulo 172 inciso c) del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público que dispone: “Serán causas de despido, las siguientes: ...; c) Haber sido condenado en sentencia firme por la comisión de un delito; ... “.- La causal enunciada se presentó en virtud de que el demandante fue condenado en fecha 29 de mayo del 2006 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a la pena de Un (1) Año de Reclusión como autor del delito de Violencia Intrafamiliar en perjuicio de la señora Ana Dolores Andino Aguilar, proceso en el cual es confeso, habiendo aceptado los hechos, el procedimiento abreviado y la condena. Consecuentemente a estos hechos judiciales de orden penal en contra del señor GONZALEZ CACERES, se derivan la responsabilidad administrativa como Servidor Regular del Ministerio Público y siendo que con dicha condena incurrió en la causal de despido antes enunciada, se procedió a llevarle a cabo el correspondiente Procedimiento de Despido ante el Consejo de Personal de la Carrera del Ministerio Público, el cual le fue realizado en legal y debida forma apegados a lo establecido en las disposiciones legales contenidas en el titulo V acápite Régimen Disciplinario, Capitulo V acápite Régimen Disciplinario, sección segunda acápite El Despido, artículos 64,65,66,67,68,69,70,71 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, estrechamente relacionados con las disposiciones legales contenidas en el Titulo VIII acápite Régimen Disciplinario, Capitulo y acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, habiéndose garantizado siempre el debido proceso y el derecho a la defensa, del cual él hizo uso. Se manifiesta lo anterior, para ilustrar a los Honorables Magistrados sobre la existencia real, inequívoca, innegable e indiscutible de la Causal de Despido que se le aplicó al demandante, las cuales están debidamente constituidas como tales en la legislación especial que rige a la institución. Aun y cuando se da la inexcusable Causal de Despido aplicada en su contra antes mencionada, el señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES entabló demanda judicial en esta instancia contenciosa administrativa en contra del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, en la cual demanda la nulidad de un acto administrativo (de su Acuerdo de Cancelación) argumentando que se violentó el procedimiento de despido que se le aplicó por parte de la institución, invocando su pretensión en fundamentos legales contenidos en la ley especial de la institución en los Artículos 91 y 92 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionados con los Artículos 204, 205 y 206 del Reglamento General del Estatuto dela Carrera del Ministerio Público, los cuales son reglas relativas a la PRESCRIPCIÓNpara la aplicación de sanciones, arguyendo asimismo una serie de argumentos totalmente impertinentes. El Juez A QUO en la sentencia dictada en fecha 7 de marzo del 2011, si bien es cierto que en sus razonamientos y valoraciones realizadas en el CONSIDERANDO 6 de la referida resolución establece que NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN pretendida por el demandante en su acción, y además de no haberse pronunciado de ninguno de los otros argumentos del demandante en su escrito de demanda, nos deja totalmente “ASOMBRADOS” cuando en sus CONSIDERANDOS 4, 5 y 7 establece que “la División de Recursos Humanos no actuó dentro del procedimiento disciplinario a seguir ya que planteo dos solicitudes, ambas de fecha 05 de octubre del 2006, admitida la primera en fecha 10 de octubre del 2006 y, la segunda también de fecha 05 de octubre del 2006 y admitida en fecha 27 de noviembre del 2006, fuera de los márgenes que establece el Reglamento del Ministerio Publico, y admitidas por el Consejo de Personal fuera de las formalidades que establece el Reglamento General del Estatuto de la Catrera del Ministerio Publico”.Estas consideraciones de este Juzgador en su sentencia son producto de análisis y razonamientos realizados con un ERROR DE APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACION de su parte, pues como obra en el expediente disciplinario seguido al demandante el cual se acompaño al escrito de contestación de la demanda, solo existe UNA UNICA SOLICITUD de Imposición de Sanción de Despido de fecha 05 de octubre del 2006 presentada ante la Secretaría del Consejo de Personal en la misma fecha 05 de octubre del 2006, admitiéndose la misma con un auto de fecha 10 de octubre del 2006, y este Señor Juez de primera instancia NO OBSERVO O NO SE PERCATO que lo que estaba valorando como una segunda solicitud era una COPIA de la solicitud original presentada, la cual no tenia la fecha ni firma de presentado ante la Secretaría del Consejo, y asimismo que el auto de fecha 27 de noviembre del 2006 con el que valora que se le dio admisión a esa inexistente segunda solicitud que vio, es el auto de admisión del escrito con que el señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES contesta la imposición de despido del cual fue objeto, el cual tiene por suma SE PRESENTA RECLAMO ADMINISTRATIVO POR IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE DESPIDO, y en el cual designa como su Apoderado Legal al Abogado EDMUNDO NEPTALY UMANZOR OSORIO, lo cual esta descrito en este supuesto segundo auto de admisión. Vemos entonces que NUNCA EXISTIÓ LA SEGUNDA SOLICITUD NI EL SEGUNDO AUTO DE ADMISIÓN que este juez A QUO observó y por lo que valoró el Ministerio Público había infringido el ordenamiento jurídico en el procedimiento de despido del demandante, y aun con esta MALA APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACIÓN del juzgador, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo declaró PROCEDENTE la acción presentada por el demandante, trayendo graves perjuicios a la institución y por ende al Estado de Honduras, sentencia que fue recurrida en tiempo y forma interponiendo el respectivo Recurso de Apelación. Al interponer el Recurso de Apelación mencionado y expresar los agravios que esta sentencia de primer instancia causa a mi representada, hicimos ver al Tribunal AD QUEM el ERROR DE APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACIÓN que el Juez A QUO tuvo para fundamentar su fallo, habiéndosele explicado a este Tribunal de Alzada en forma detallada y clara el yerro cometido, explicando también la valoración de hechos inexistentes y la vulneración de esta sentencia a los intereses del Estado. Mas grande fue nuestro “ASOMBRO”, cuando el Tribunal AD QUEM pese ha haberle expresado todos los agravios ocasionados, viene a CONFIRMAR esta sentencia, siendo lo mas particular de este asunto que las valoraciones y observaciones realizadas por los Señores Magistrados de este Tribunal, NO TIENEN NADA QUE VER ni con la sentencia recurrida de primera instancia ni tampoco con los agravios pronunciados por mi representada la parte apelante, ni menos con lo contestado por la parte recurrida, y que las consideraciones en que fundamenta tal fallo TAMPOCO SON CORRECTAS, NI VALIDAS, NI REALES, vulnerando con esta sentencia aun mas los derechos y garantías de la Institución, puesto que si la primera sentencia no era mas que un ERROR DE APRECIACIÓN o una FALTA DE APRECIACIÓN por parte del juzgador, este fallo si violenta todas las disposiciones legales que rigen a toda una institución a través de su ley especial en cuanto al Procedimiento a seguir para el Despido de servidores, el cual ya esta debidamente definido y legislado, y no es posible que el Tribunal AD QUEM con sus consideraciones y motivaciones de su fallo venga a establecer que el Ministerio Público NO REALIZÓ PROCEDIMIENTOS que no son validas y que no están acorde con los preceptos legales dispuestos en su normativa interna. En esta sentencia el Tribunal AD QUEM fundamenta su fallo en las consideraciones transcritas literalmente a continuación: “CONSIDERANDO (5): Que si bien es cierto que el Estatuto de la Carrera y el Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, establece como causal de despido, haber sido condenado en sentencia firme por la comisión de un delito, como en el caso de autos, que el demandante fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar por un año, también es cierto que el Estatuto y el Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, establece que el consejo deberá citar al supuesto infractor, a una audiencia de descargo, con el objeto que en la misma presente sus descargos y pruebas que le corresponde, lo que no hizo en vista que el demandante no fue citado a audiencia de descargo violando con ello el derecho de defensa y el debido proceso tal como fue probado en el proceso”, asimismo también valora: “CONSIDERANDO (7): Que del análisis y estudio en su conjunto, de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente Administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas panes apoyan sus pretensiones, esta Corte observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de despido del demandante no siguió totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto y en el Reglamento de la Carrera del Ministerio Publico, ya que el demandante no fue citado a audiencia de descargo y pruebas, y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido trayendo como consecuencia que la acción interpuesta, por el demandante resulta procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, y por lo consiguiente es un acto nulo. “. Estas valoraciones plasmadas en los Considerandos de esta sentencia son totalmente erradas e incorrectas, y atropellan todo un Procedimiento Disciplinario de Sanción de Despido establecido en las normativa interna de la institución del Ministerio Público, contraviniendo con las disposiciones legales del Titulo V acápite Régimen Disciplinario, Capitulo y acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, estrechamente relacionados con las disposiciones legales contenidas en el Titulo VIII acápite Régimen Disciplinario, Capitulo y acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, vulnerando asimismo el principio de autonomía que ostenta la ley especial que rige al Ministerio Público, la cual tiene sus procedimientos disciplinarios bien definidos en lo que respecta a la aplicación de Medidas Disciplinarias (amonestación, suspensión y perdida del derecho a ascenso) y El Despido, y estas difieren mucho de lo que valoraron los Señores Magistrado de segunda instancia. Para el caso, los Artículos 67 y 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público en relación a los Artículos 180 y 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público disponen que: “Presentada la solicitud, el Consejo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, dictará providencia mandando a citar al supuesto infractor, por medio de la Secretaría, adjuntándole la documentación contentiva de los cargos que se imputan. La citación se practicará mediante nota que firmará el Secretario y que enviará directamente al supuesto infractor.- La nota será entregada por el superior jerárquico o por quien designe el secretario, debiendo levantar el acta correspondiente en la cual conste la entrega de la citación.” “El servidor objeto de la solicitud, tendrá (10) diez días para exponer sus alegaciones, presentadas estas o, en su defecto, transcurrido aquel plazo, el Consejo señalará audiencia para que las panes concurran a presentar sus medios de prueba, los que serán evacuados den fro de los (15) quince días después de haber sido admitidos.” Los preceptos legales enunciados son parte de las disposiciones establecidas para el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción de despido regulado por la normativa interna de la institución, y bastará con valorar los mismos para darnos cuenta de que en ninguna parte de estos se encuentra establecido lo razonado por el AD QUEM en su sentencia, pues en ninguna de estas disposiciones se manda a que el Consejo citará al supuesto infractor a una audiencia de descargo con el objeto que en las misma presente sus descargos y pruebas que le corresponde, como lo valora en el Considerando (5) y en el Considerando (7) ; y si comparamos lo razonado en sus Considerandos por la Honorable Corte de Apelaciones con el contenido de estos preceptos legales contenidos en la ley, encontraremos una diferencia abismal en sus disposiciones o contenido, pues el Tribunal de Alzada reprocha que el Ministerio Público le infringió el ordenamiento jurídico en el procedimiento de despido del demandante por no haber uso de un procedimiento (citarlo para audiencia de descargo)QUE NI TAN SIOUIERA EXISTE, cuando la manera de proceder ya la establece la normativa interna, esto es. que la citación que se le hace es para que en el termino de diez días exponga por escrito sus alegaciones, y posteriormente a ello se señala una audiencia en la Que las partes concurran a exponer sus medios de prueba.- El Artículo 17 del Código Civil preceptúa que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.”. No obstante, a los términos de los Artículos 67 y 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico en relación a los Artículos 180 y 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, la Corte Sentenciadora las da una interpretación equivocada, creando un procedimiento ajeno a lo que se dispone en la ley. Es importantísimo recalcar que tanto en la División de Recursos Humanos como en el Consejo de Personal del Ministerio Público se realizó todo el procedimiento del despido del señor GONZALEZ CACERES al tenor de lo que esta dispuesto en la ley especial de la institución, habiéndose evacuado el mismo según lo disponen los preceptos legales que han sido vulnerados con esta sentencia emitida por el tribunal de alzada, y en donde eldemandante señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES ha hecho uso de su derecho de defensa con todos los elementos que consideró necesarios para la misma a través del Apoderado Legal que el designó para tales efectos, así en el momento procesal correspondiente procedió a proponer y evacuar los medios de prueba que consideró necesarios para desvirtuar su falta todos estos extremos quedaron a la vista de los Señores Juzgadores y obran en el Expediente Disciplinario adjunto en autos, por lo que es IMPROPIO que el tribunal de alzada asevere que no se le citó a audiencia de descargo, pues además de no ser ese el procedimiento correcto, está vulnerando todo un procedimiento ya establecido en la ley especial. Y siendo que esta sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tiene aplicado en la misma Fundamentos de Derecho erróneos e inexistentes, con lo que se violentan disposiciones legales establecidas en una ley especial y atropellan todo un procedimiento de Despido ya instituido en un estamento jurídico, es PROCEDENTE que se case la sentencia recurrida y por consiguiente que se declare Improcedente la acción, porque el acto administrativo impugnado está emitido conforme a derecho. Doctrinalmente, estas sentencias dictadas en contra del Estado de Honduras a través del Ministerio Público las cuales además de vulnerar los derechos y garantías de la instituciones que producen grandes agravios al Ministerio Público y por ende al Estado de Honduras, atropella y vulnera Procedimientos ya establecidos o regulados en una ley especial, reúnen todas las características de la conceptualización existente de lo que es el ERROR JUDICIAL, el cual el Doctor GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES lo define “EN SENTIDO AMPLIO, COMO TODA DESVIACIÓN DE LA REALIDAD O DE LA LEY APLICABLE EN QUE UN JUEZ O TRIBUNAL INCURRE AL FALLAR UNA CAUSA”, existiendo toda una clasificación de los mismos.”.- “ Que el cargo en la forma expuesta carece de la claridad y precisión que debe imperar en el mismo, por lo siguiente: a) se omite indicar si la infracción a las normas señaladas, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) en el desarrollo del cargo se señalan otras normas, como son los artículos 91 y 92 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionados con los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, que hacen referencia a otra situación jurídica (prescripción) que en la formulación del cargo no fueron indicadas como violadas; c) se hace referencia a los conceptos “ERROR DE APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACIÓN” del Juzgador para fundamentar el fallo, que en nada abonan a la claridad del cargo; y d) se insta la revisión de los hechos (material probatorio) lo cual está excluido en este recurso extraordinario y se realizan extensos e impertinentes alegatos de instancia.- “ Que en el segundo cargo se alega lo siguiente: “Se Impugna la Aplicación e Interpretación de las Normas Procesales que regulan: • Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. • La forma y contenido de la sentencia.DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Con esta sentencia se infringieron las disposiciones legales contenidas en los Artículos 82 de la Constitución de la República, 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 208.1.2. del Código Procesal Civil. CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA. Se solicita el Control de la Motivación Fáctica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, esto dentro de la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 720.2. del Código Procesal Civil. PRECEPTO LEGAL AUTORIZANTE.Esta causal o motivo de Casación y solicitud realizada se encuentra dispuesta en el Artículo 719.l.b).c)., 720.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DELPRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que comprende Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho, parte resolutiva de la misma.”.- “ Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguiente: a) al igual que en el primer cargo el Censor es impreciso al señalar el concepto de la infracción pues no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas; b) la disposición que sustenta el motivo igualmente es imprecisa, pues se indican los literales b) y c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, cuando los mismos contemplan causales distintas del recurso de casación” Que en el recurso de mérito se presenta además nulidad de la sentencia impugnada, alegándose lo siguiente: “Los Artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil prescriben: “ARTICULO 13. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra leyestablezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenida 2. La valoración legal de la prueba sólo es admisible en el interrogatorio de las panes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que los condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad.” “ARTICULO 245. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” “ARTICULO 479. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentos tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un mismo hecho, o el medio en que se produjo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue.”La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 16 de junio de 2011 dictó sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en el CONSIDERANDO (7) dicha Corte expresa: “Que del estudio y análisis en su conjunto de la pruebas presentada por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye que la autoridad demandada para emitir el acuerdo de cancelación del cargo que desempeña la demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto y en el Reglamento de la carrera del Ministerio Publico ya que el demandante no fue citado a la audiencia de descargo para presentar sus descargos y pruebas y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” Este considerando de la sentencia impugnada revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarla, lo hizo sin considerarlas en ningún momento.- Es así que la Corte de Apelaciones dicta la sentencia estudiando y analizando en su conjunto la prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil que no lo puede ni debe hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba. El artículo 13 antes citado expresa que es prohibida la arbitrariedad y el 245.2 dispone la nulidad de la sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas jurídicas que la regulan y de la valoración de la prueba, en tal sentido resulta incuestionable que la sentencia que se recurre en casación es nula por las razones antes expuestas y debe como tal ser declarada por ese Alto Tribunal de Justicia.”.- “ Que en razón de lo antes expuesto es preciso establecer lo siguiente: pretende el Recurrente que este Tribunal, valore el material probatorio allegado al proceso, cuando tal deber es propio del juzgador de instancia de conformidad a lo criterios de la sana crítica. Aunado a lo anterior las normas citadas resultan ser inapropiadas para efectos de la nulidad argumentada, pues omite citar las disposiciones que consignan aspectos relacionados con los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensable para alcanzar su fin o determine efectiva indefensión, debiendo en su caso, explicar además en que consiste esa trasgresión, la nulidad así planteada por si no es viable ni por vía del recurso extraordinario de casación, salvo lo dispuesto en el artículo 719 literal c) relacionado con el 720 numeral 2 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 No. 2, 723 No. 2 literal a y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido esta última disposición en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de junio de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Abogado MAURO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras y el Recurrido: Señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES, representado en juicio por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ.- OBJETO DEL PROCESO: Nulidad de un acto administrativo particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su restablecimiento como ser el reintegro, pago salarios dejados de percibir; promovida por el Señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el Ministerio Publico, representado en juicio por el Abogado MAURO ARTURO CASTRO AGUILAR.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante, en el escrito de su acción manifiesta que inició sus labores como motorista en el área de levantamiento de cadáveres, el 2 de mayo de 1997, mediante contrato y en fecha 1 de mayo de 1998 mediante acuerdo en el cargo de motorista II, el 17 de octubre de 2006, fui citado por el jefe de Recursos Humanos, para notificarle un acto administrativo, en esa misma se le notificó su cancelación mediante acuerdo LSGS-No. 2004-2006 sin goce de sueldo de fecha 12 de octubre del 2006, emitido por el Fiscal General. En fecha 23 de octubre del 2006 fue citado por la abogada MARIA TERESA PAZ GARCIA, en cumplimiento al oficio No. 7-2006 emitido y dirigido a la señora descrita para que se le diera la solicitud de cancelación de despido para el demandante violentando lo tipificado en el articulo 91 y 92 del Estatuto de la Carrera Judicial del Ministerio Público, 204, 205 y 206 del reglamento del Estatuto de la Carrera Judicial del Ministerio Público, el 30 de octubre del 2007, se vencía el plazo establecido en el reclamo administrativo por imposición de sanción por despido para su reintegro, solicitando audiencia de descargo, el motivo de la cancelación fue una sentencia de violencia intrafamiliar emitida el 29 de mayo del 2006 y siendo el 10 de octubre del 2006 que su superior jerárquico recibió información informal pues la sentencia no había sido firmada ni sellada, violentando lo tipificado en el articulo 69 de la Ley del Ministerio Público.- 2.- La parte demandada, el MINISTERIO PUBLICO, contesta la demanda manifestando que el demandante fue notificado el 17 de octubre del 2006, por el Secretario general del Ministerio Público, en virtud de admitir la licencia sin goce de sueldo ya que fue admitida el 10 de octubre del 2006, la imposición de la sanción con despido, el demandante acepta haber sido condenado mediante sentencia firme de tribunal competente, al darle cumplimiento al articulo 60 literal c) del estatuto de la carrera judicial del Ministerio Publico, 165,167 y 172 literal c) del Reglamento general del estatuto de la carrera judicial del Ministerio Público, actuando conforme a lo estipulado en las normas que rigen la Institución.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, en consecuencia se anula totalmente, reinstalar en iguales o mejores condiciones a las que tenia al momento de su cancelaron, diferir a la etapa de ejecución de este fallo, la determinación de la cuantía de los salarios dejados de percibir, cuyo calculo deberá incluir el decimotercer mes, decimocuarto mes, aumentos vacacionales, a que tenga derecho y que fueron dejados de percibir desde la cancelación hasta la ejecución, anular el acuerdo mediante el cual se hubiera nombrado en el puesto y condenar al Estado de Honduras a pagar lo mencionado en la sentencia, bajo el criterio que la División de Recursos Humanos del Ministerio Publico no actuó dentro del procedimiento disciplinario a seguir ya que planteó dos solicitudes ambas fuera de los márgenes que establece dicho reglamento y admitidas por el Consejo de Personal de Ministerio Publico fuera de la formalidad que establece el Reglamento General del Estatuto de la carrera del Ministerio Público.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 16 de junio del 2011, dicto sentencia definitiva confirmando la sentencia del A quo, bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación no siguió totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto y Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, ya que el demandante no fue citado a audiencia de descargo para presentar sus descargos y pruebas y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulte procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente, es un acto nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha uno de noviembre del año dos mil once, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la Sentencia dictada, en fecha dieciséis de junio de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 156-11, procedente de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 189-07 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de tres de noviembre del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, en fecha trece de diciembre de dos mil once, presentó escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de diciembre del año dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha doce de enero del año dos mil doce, el Abogado MAURICIO A. CARDENAS AGUILAR y en fecha veinte de enero del dos mil doce, se notifico a la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, por medio de vía telefónica.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MAURICIO A. CASTRO AGUILAR, presentó escrito en fecha dieciocho de enero del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente, dentro del término de ley y la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, se personó en fecha siete de febrero del dos mil doce, como parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta un primer motivo de manifestando lo siguiente: “Se Impugna la Aplicación e Interpretación de las Normas de Derecho empleadas para la Solución del Fondo del Litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Con esta sentencia se infringieron las disposiciones legales contenidas en el titulo V acápite Régimen Disciplinario, Capitulo V acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Primera acápite Las Medidas Disciplinarias, Articulo 61, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, estrechamente relacionados con las disposiciones legales contenidas en el Titulo VIII acápite Régimen Disciplinario, Capitulo V acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Primera acápite Las Medidas Disciplinarias, Articulo 173, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. PRECEPTO LEGAL AUTORIZANTE. Esta causal o motivo de Casación se encuentra dispuesta en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que incluyen los Antecedentes del Hecho, Fundamentos de Derecho, parte Resolutiva de la misma. EXPLICACION DEL MOTIVO. El demandante señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES fue servidor del Ministerio Publico desde el año de 1998, y en fecha 22 de mayo del 2007 fue cancelado del cargo de Motorista II en el cual había sido nombrado por haber incurrido en la Causal de Despido establecida en el Articulo 60 inciso c) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionada con el Articulo 172 inciso c) del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público que dispone: “Serán causas de despido, las siguientes: ...; c) Haber sido condenado en sentencia firme por la comisión de un delito; ... “.- La causal enunciada se presentó en virtud de que el demandante fue condenado en fecha 29 de mayo del 2006 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán a la pena de Un (1) Año de Reclusión como autor del delito de Violencia Intrafamiliar en perjuicio de la señora Ana Dolores Andino Aguilar, proceso en el cual es confeso, habiendo aceptado los hechos, el procedimiento abreviado y la condena. Consecuentemente a estos hechos judiciales de orden penal en contra del señor GONZALEZ CACERES, se derivan la responsabilidad administrativa como Servidor Regular del Ministerio Público y siendo que con dicha condena incurrió en la causal de despido antes enunciada, se procedió a llevarle a cabo el correspondiente Procedimiento de Despido ante el Consejo de Personal de la Carrera del Ministerio Público, el cual le fue realizado en legal y debida forma apegados a lo establecido en las disposiciones legales contenidas en el titulo V acápite Régimen Disciplinario, Capitulo V acápite Régimen Disciplinario, sección segunda acápite El Despido, artículos 64,65,66,67,68,69,70,71 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, estrechamente relacionados con las disposiciones legales contenidas en el Titulo VIII acápite Régimen Disciplinario, Capitulo y acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, habiéndose garantizado siempre el debido proceso y el derecho a la defensa, del cual él hizo uso. Se manifiesta lo anterior, para ilustrar a los Honorables Magistrados sobre la existencia real, inequívoca, innegable e indiscutible de la Causal de Despido que se le aplicó al demandante, las cuales están debidamente constituidas como tales en la legislación especial que rige a la institución. Aun y cuando se da la inexcusable Causal de Despido aplicada en su contra antes mencionada, el señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES entabló demanda judicial en esta instancia contenciosa administrativa en contra del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, en la cual demanda la nulidad de un acto administrativo (de su Acuerdo de Cancelación) argumentando que se violentó el procedimiento de despido que se le aplicó por parte de la institución, invocando su pretensión en fundamentos legales contenidos en la ley especial de la institución en los Artículos 91 y 92 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionados con los Artículos 204, 205 y 206 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, los cuales son reglas relativas a la PRESCRIPCIÓN para la aplicación de sanciones, arguyendo asimismo una serie de argumentos totalmente impertinentes. El Juez A QUO en la sentencia dictada en fecha 7 de marzo del 2011, si bien es cierto que en sus razonamientos y valoraciones realizadas en el CONSIDERANDO 6 de la referida resolución establece que NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN pretendida por el demandante en su acción, y además de no haberse pronunciado de ninguno de los otros argumentos del demandante en su escrito de demanda, nos deja totalmente “ASOMBRADOS” cuando en sus CONSIDERANDOS 4, 5 y 7 establece que “la División de Recursos Humanos no actuó dentro del procedimiento disciplinario a seguir ya que planteo dos solicitudes, ambas de fecha 05 de octubre del 2006, admitida la primera en fecha 10 de octubre del 2006 y, la segunda también de fecha 05 de octubre del 2006 y admitida en fecha 27 de noviembre del 2006, fuera de los márgenes que establece el Reglamento del Ministerio Publico, y admitidas por el Consejo de Personal fuera de las formalidades que establece el Reglamento General del Estatuto de la Catrera del Ministerio Publico”. Estas consideraciones de este Juzgador en su sentencia son producto de análisis y razonamientos realizados con un ERROR DE APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACION de su parte, pues como obra en el expediente disciplinario seguido al demandante el cual se acompaño al escrito de contestación de la demanda, solo existe UNA UNICA SOLICITUD de Imposición de Sanción de Despido de fecha 05 de octubre del 2006 presentada ante la Secretaría del Consejo de Personal en la misma fecha 05 de octubre del 2006, admitiéndose la misma con un auto de fecha 10 de octubre del 2006, y este Señor Juez de primera instancia NO OBSERVO O NO SE PERCATO que lo que estaba valorando como una segunda solicitud era una COPIA de la solicitud original presentada, la cual no tenia la fecha ni firma de presentado ante la Secretaría del Consejo, y asimismo que el auto de fecha 27 de noviembre del 2006 con el que valora que se le dio admisión a esa inexistente segunda solicitud que vio, es el auto de admisión del escrito con que el señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES contesta la imposición de despido del cual fue objeto, el cual tiene por suma SE PRESENTA RECLAMO ADMINISTRATIVO POR IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE DESPIDO, y en el cual designa como su Apoderado Legal al Abogado EDMUNDO NEPTALY UMANZOR OSORIO, lo cual esta descrito en este supuesto segundo auto de admisión. Vemos entonces que NUNCA EXISTIÓ LA SEGUNDA SOLICITUD NI EL SEGUNDO AUTO DE ADMISIÓN que este juez A QUO observó y por lo que valoró el Ministerio Público había infringido el ordenamiento jurídico en el procedimiento de despido del demandante, y aun con esta MALA APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACIÓN del juzgador, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo declaró PROCEDENTE la acción presentada por el demandante, trayendo graves perjuicios a la institución y por ende al Estado de Honduras, sentencia que fue recurrida en tiempo y forma interponiendo el respectivo Recurso de Apelación. Al interponer el Recurso de Apelación mencionado y expresar los agravios que esta sentencia de primer instancia causa a mi representada, hicimos ver al Tribunal AD QUEM el ERROR DE APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACIÓN que el Juez A QUO tuvo para fundamentar su fallo, habiéndosele explicado a este Tribunal de Alzada en forma detallada y clara el yerro cometido, explicando también la valoración de hechos inexistentes y la vulneración de esta sentencia a los intereses del Estado. Mas grande fue nuestro “ASOMBRO”, cuando el Tribunal AD QUEM pese ha haberle expresado todos los agravios ocasionados, viene a CONFIRMAR esta sentencia, siendo lo mas particular de este asunto que las valoraciones y observaciones realizadas por los Señores Magistrados de este Tribunal, NO TIENEN NADA QUE VER ni con la sentencia recurrida de primera instancia ni tampoco con los agravios pronunciados por mi representada la parte apelante, ni menos con lo contestado por la parte recurrida, y que las consideraciones en que fundamenta tal fallo TAMPOCO SON CORRECTAS, NI VALIDAS, NI REALES, vulnerando con esta sentencia aun mas los derechos y garantías de la Institución, puesto que si la primera sentencia no era mas que un ERROR DE APRECIACIÓN o una FALTA DE APRECIACIÓN por parte del juzgador, este fallo si violenta todas las disposiciones legales que rigen a toda una institución a través de su ley especial en cuanto al Procedimiento a seguir para el Despido de servidores, el cual ya esta debidamente definido y legislado, y no es posible que el Tribunal AD QUEM con sus consideraciones y motivaciones de su fallo venga a establecer que el Ministerio Público NO REALIZÓ PROCEDIMIENTOS que no son validas y que no están acorde con los preceptos legales dispuestos en su normativa interna. En esta sentencia el Tribunal AD QUEM fundamenta su fallo en las consideraciones transcritas literalmente a continuación: “CONSIDERANDO (5): Que si bien es cierto que el Estatuto de la Carrera y el Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, establece como causal de despido, haber sido condenado en sentencia firme por la comisión de un delito, como en el caso de autos, que el demandante fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar por un año, también es cierto que el Estatuto y el Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, establece que el consejo deberá citar al supuesto infractor, a una audiencia de descargo, con el objeto que en la misma presente sus descargos y pruebas que le corresponde, lo que no hizo en vista que el demandante no fue citado a audiencia de descargo violando con ello el derecho de defensa y el debido proceso tal como fue probado en el proceso”, asimismo también valora: “CONSIDERANDO (7): Que del análisis y estudio en su conjunto, de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente Administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas panes apoyan sus pretensiones, esta Corte observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de despido del demandante no siguió totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto y en el Reglamento de la Carrera del Ministerio Publico, ya que el demandante no fue citado a audiencia de descargo y pruebas, y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido trayendo como consecuencia que la acción interpuesta, por el demandante resulta procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, y por lo consiguiente es un acto nulo. “. Estas valoraciones plasmadas en los Considerandos de esta sentencia son totalmente erradas e incorrectas, y atropellan todo un Procedimiento Disciplinario de Sanción de Despido establecido en las normativa interna de la institución del Ministerio Público, contraviniendo con las disposiciones legales del Titulo V acápite Régimen Disciplinario, Capitulo y acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, estrechamente relacionados con las disposiciones legales contenidas en el Titulo VIII acápite Régimen Disciplinario, Capitulo y acápite Procedimiento Disciplinario, Sección Segunda acápite El Despido, Artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, vulnerando asimismo el principio de autonomía que ostenta la ley especial que rige al Ministerio Público, la cual tiene sus procedimientos disciplinarios bien definidos en lo que respecta a la aplicación de Medidas Disciplinarias (amonestación, suspensión y perdida del derecho a ascenso) y El Despido, y estas difieren mucho de lo que valoraron los Señores Magistrado de segunda instancia. Para el caso, los Artículos 67 y 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público en relación a los Artículos 180 y 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público disponen que: “Presentada la solicitud, el Consejo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, dictará providencia mandando a citar al supuesto infractor, por medio de la Secretaría, adjuntándole la documentación contentiva de los cargos que se imputan. La citación se practicará mediante nota que firmará el Secretario y que enviará directamente al supuesto infractor.- La nota será entregada por el superior jerárquico o por quien designe el secretario, debiendo levantar el acta correspondiente en la cual conste la entrega de la citación.” “El servidor objeto de la solicitud, tendrá (10) diez días para exponer sus alegaciones, presentadas estas o, en su defecto, transcurrido aquel plazo, el Consejo señalará audiencia para que las panes concurran a presentar sus medios de prueba, los que serán evacuados den fro de los (15) quince días después de haber sido admitidos.” Los preceptos legales enunciados son parte de las disposiciones establecidas para el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción de despido regulado por la normativa interna de la institución, y bastará con valorar los mismos para darnos cuenta de que en ninguna parte de estos se encuentra establecido lo razonado por el AD QUEM en su sentencia, pues en ninguna de estas disposiciones se manda a que el Consejo citará al supuesto infractor a una audiencia de descargo con el objeto que en las misma presente sus descargos y pruebas que le corresponde, como lo valora en el Considerando (5) y en el Considerando (7) ; y si comparamos lo razonado en sus Considerandos por la Honorable Corte de Apelaciones con el contenido de estos preceptos legales contenidos en la ley, encontraremos una diferencia abismal en sus disposiciones o contenido, pues el Tribunal de Alzada reprocha que el Ministerio Público le infringió el ordenamiento jurídico en el procedimiento de despido del demandante por no haber uso de un procedimiento (citarlo para audiencia de descargo) QUE NI TAN SIOUIERA EXISTE, cuando la manera de proceder ya la establece la normativa interna, esto es. que la citación que se le hace es para que en el termino de diez días exponga por escrito sus alegaciones, y posteriormente a ello se señala una audiencia en la Que las partes concurran a exponer sus medios de prueba.- El Artículo 17 del Código Civil preceptúa que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.”. No obstante, a los términos de los Artículos 67 y 68 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico en relación a los Artículos 180 y 181 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, la Corte Sentenciadora las da una interpretación equivocada, creando un procedimiento ajeno a lo que se dispone en la ley. Es importantísimo recalcar que tanto en la División de Recursos Humanos como en el Consejo de Personal del Ministerio Público se realizó todo el procedimiento del despido del señor GONZALEZ CACERES al tenor de lo que esta dispuesto en la ley especial de la institución, habiéndose evacuado el mismo según lo disponen los preceptos legales que han sido vulnerados con esta sentencia emitida por el tribunal de alzada, y en donde el demandante señor MARCO TULIO GONZALEZ CACERES ha hecho uso de su derecho de defensa con todos los elementos que consideró necesarios para la misma a través del Apoderado Legal que el designó para tales efectos, así en el momento procesal correspondiente procedió a proponer y evacuar los medios de prueba que consideró necesarios para desvirtuar su falta todos estos extremos quedaron a la vista de los Señores Juzgadores y obran en el Expediente Disciplinario adjunto en autos, por lo que es IMPROPIO que el tribunal de alzada asevere que no se le citó a audiencia de descargo, pues además de no ser ese el procedimiento correcto, está vulnerando todo un procedimiento ya establecido en la ley especial. Y siendo que esta sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tiene aplicado en la misma Fundamentos de Derecho erróneos e inexistentes, con lo que se violentan disposiciones legales establecidas en una ley especial y atropellan todo un procedimiento de Despido ya instituido en un estamento jurídico, es PROCEDENTE que se case la sentencia recurrida y por consiguiente que se declare Improcedente la acción, porque el acto administrativo impugnado está emitido conforme a derecho. Doctrinalmente, estas sentencias dictadas en contra del Estado de Honduras a través del Ministerio Público las cuales además de vulnerar los derechos y garantías de la instituciones que producen grandes agravios al Ministerio Público y por ende al Estado de Honduras, atropella y vulnera Procedimientos ya establecidos o regulados en una ley especial, reúnen todas las características de la conceptualización existente de lo que es el ERROR JUDICIAL, el cual el Doctor GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES lo define “EN SENTIDO AMPLIO, COMO TODA DESVIACIÓN DE LA REALIDAD O DE LA LEY APLICABLE EN QUE UN JUEZ O TRIBUNAL INCURRE AL FALLAR UNA CAUSA”, existiendo toda una clasificación de los mismos.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta carece de la claridad y precisión que debe imperar en el mismo, por lo siguiente: a) se omite indicar si la infracción a las normas señaladas, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) en el desarrollo del cargo se señalan otras normas, como son los artículos 91 y 92 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionados con los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, que hacen referencia a otra situación jurídica (prescripción) que en la formulación del cargo no fueron indicadas como violadas; c) se hace referencia a los conceptos “ERROR DE APRECIACIÓN o FALTA DE APRECIACIÓN” del Juzgador para fundamentar el fallo, que en nada abonan a la claridad del cargo; y d) se insta la revisión de los hechos (material probatorio) lo cual está excluido en este recurso extraordinario y se realizan extensos e impertinentes alegatos de instancia.- III.- Que en el segundo cargo se alega lo siguiente: “Se Impugna la Aplicación e Interpretación de las Normas Procesales que regulan: • Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. • La forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Con esta sentencia se infringieron las disposiciones legales contenidas en los Artículos 82 de la Constitución de la República, 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 208.1.2. del Código Procesal Civil. CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA. Se solicita el Control de la Motivación Fáctica de la Sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, esto dentro de la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 720.2. del Código Procesal Civil. PRECEPTO LEGAL AUTORIZANTE. Esta causal o motivo de Casación y solicitud realizada se encuentra dispuesta en el Artículo 719.l.b).c)., 720.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugnan todos los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que comprende Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho, parte resolutiva de la misma.”.- IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguiente: a) al igual que en el primer cargo el Censor es impreciso al señalar el concepto de la infracción pues no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas; b) la disposición que sustenta el motivo igualmente es imprecisa, pues se indican los literales b) y c) del artículo 719 del Código Procesal Civil, cuando los mismos contemplan causales distintas del recurso de casación.- V.- Que en el recurso de mérito se presenta además nulidad de la sentencia impugnada, alegándose lo siguiente: “Los Artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil prescriben: “ARTICULO 13. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenida 2. La valoración legal de la prueba sólo es admisible en el interrogatorio de las panes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que los condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad.” “ARTICULO 245. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” “ARTICULO 479. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentos tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un mismo hecho, o el medio en que se produjo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue.” La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 16 de junio de 2011 dictó sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en el CONSIDERANDO (7) dicha Corte expresa: “Que del estudio y análisis en su conjunto de la pruebas presentada por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye que la autoridad demandada para emitir el acuerdo de cancelación del cargo que desempeña la demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Estatuto y en el Reglamento de la carrera del Ministerio Publico ya que el demandante no fue citado a la audiencia de descargo para presentar sus descargos y pruebas y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” Este considerando de la sentencia impugnada revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarla, lo hizo sin considerarlas en ningún momento.- Es así que la Corte de Apelaciones dicta la sentencia estudiando y analizando en su conjunto la prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil que no lo puede ni debe hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba. El artículo 13 antes citado expresa que es prohibida la arbitrariedad y el 245.2 dispone la nulidad de la sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas jurídicas que la regulan y de la valoración de la prueba, en tal sentido resulta incuestionable que la sentencia que se recurre en casación es nula por las razones antes expuestas y debe como tal ser declarada por ese Alto Tribunal de Justicia.”.- VI.- Que en razón de lo antes expuesto es preciso establecer lo siguiente: pretende el Recurrente que este Tribunal, valore el material probatorio allegado al proceso, cuando tal deber es propio del juzgador de instancia de conformidad a lo criterios de la sana crítica. Aunado a lo anterior las normas citadas resultan ser inapropiadas para efectos de la nulidad argumentada, pues omite citar las disposiciones que consignan aspectos relacionados con los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensable para alcanzar su fin o determine efectiva indefensión, debiendo en su caso, explicar además en que consiste esa trasgresión, la nulidad así planteada por si no es viable ni por vía del recurso extraordinario de casación, salvo lo dispuesto en el artículo 719 literal c) relacionado con el 720 numeral 2 del Código Procesal Civil.- VII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 721 No. 2, 723 No. 2 literal a y el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido esta última disposición en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su dos motivos. 2) DECLARA SIN LUGAR la nulidad solicitada. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de julio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha dieciocho de junio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 68-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL