Sentencia CA-663-11 — Registro 7420
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por los demandantes, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado se confirma en segunda instancia bajo el criterio de que los demandantes no realizaron el trámite correspondiente para que la liquidadora de la Sociedad Financiera INTERFINSA los tuviera como acreedores y realizara el pago respectivo de acuerdo al orden de prelación legalmente establecido, no siendo responsabilidad de la demandada efectuar el pago de lo adeudado por la relacionada Sociedad Financiera
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el motivo que antecede el Recurrente no formula una proposición jurídica completa e incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) no es claro ni preciso en el tipo de infracción, ya que alude por un lado a la incorrecta interpretación o aplicación de la Ley de la Comisión de Bancos y Seguros, sin especificar que disposición en particular es la violada, siendo incorrecto hacerlo en forma general contra el ordenamiento jurídico referido y por otro, a la no aplicación del artículo 245 numeral 32 de la Constitución de la República, cuando debió haberlos expresado en forma separada e independiente; b) no indica el precepto autorizante; c) realiza alegatos propios de instancia, sin explicar la infracción alegada
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: JOSE ARISTIDES SIERRA PADILLA, JOSE ARMANDO RIVAS ARGEÑAL, MARTHA LILIA COLINDRES UGARTE, ILDEFONSO MIDENCE ANDINO, CARLOS ARIEL CORDOVA MORALES, PERLA MOSSI SORTO, ELIAS ALEMAN CLAROS y LESLY RUTH TABORA TABORA, quién actúa en su propio nombre y en representación de sus parientes JORGE TABORA, YOLANDA AMERICA TABORA y LESLY GISELLE AGUILAR, representados en juicio por el Abogado JOSE ANTONIO AVILA, y la recurrida: COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), representada en juicio por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de las resoluciones No. 1236/01-10-2008 y 1371/28-10-2008, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos reclamados como ser la devolución de los depósitos efectuados, con sus respectivos intereses legales en concepto de daños y perjuicios ocasionados, promovida por el Abogado JOSE ANTONIO AVILA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), representada en juicio por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que atendiendo al comunicado público por parte de la CNBS y del Banco Central de Honduras, mediante los cuales se dio a conocer por los distintos medios de comunicación al público en general la situación de las Sociedades e Instituciones Bancarias que estaban autorizadas para operar en el país, la CNBS solicitó a Interfinsa su respectiva aportación presupuestaria, acreditándose de ésta manera que la CNBS y el Banco Central de Honduras, tenían conocimiento y habían dado autorización o aprobación para que Interfinsa captara recursos del público en general y consecuentemente estaba sujeta al control, supervisión y vigilancia de la Comisión, que se recibían pagos de Interfinsa por concepto de aportación presupuestaria calculada por la referida comisión, la cual exigía deberes y por lo tanto dicha comisión asume responsabilidad civil y penal en la defraudación de que fueron objetos los demandantes.- 2.- La parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contestó dicha demanda señalando que la intención de los demandantes está orientada a que la demandada les haga efectivo los pagarés emitidos a favor de los demandantes por Interfinsa, que la suscripción de todos esos títulos valores se hizo en el año 2009, es decir, mucho tiempo antes de que Interfinsa, hiciera gestiones ante el Banco Central de Honduras, para operar como financiera y que éste denegara la solicitud de autorización correspondiente, por consiguiente, la demandada no ha tenido participación alguna en ninguno de los roles que juegan los obligados en ésta clase de documentos; que los demandantes consideran que por la existencia de dichos pagarés se tiene la obligación de pago pendiente a su favor, por ser Interfinsa una institución del sistema financiero en proceso de liquidación forzosa, debieron haberse constituido como acreedores y para ser considerados como tales, debían estar inscritos en la lista de acreedores aprobada en el plazo legalmente establecido en la liquidación de Interfinsa.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por los demandantes, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, como ser las resoluciones No.1236/01-10-2008 y 1371/28-10-2008; y absolvió a la demandada del pago por los conceptos reclamados por los demandantes, sin costas; bajo el criterio de que al habérsele iniciado por parte de la CNBS a la Sociedad Financiera INTERFINSA un proceso de liquidación forzosa, y al ser los demandantes acreedores de dicha sociedad financiera, por ser poseedores de títulos valores denominados “pagarés” para ser considerados como tales (acreedores), debieron estar inscritos en la lista de acreedores elaborada por el liquidador (Artículo 87 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero) y una vez inscritos exigir su pago en el orden de prelación establecido en el Código de Comercio, el no haberse inscrito los demandantes en el plazo legalmente establecido, los hace no encontrarse en la condición de acreedores y en consecuencia, están fuera del producto de la liquidación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha ocho de agosto de dos mil once, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio de que los demandantes no realizaron el trámite correspondiente para que la liquidadora de la Sociedad Financiera INTERFINSA los tuviera como acreedores y realizara el pago respectivo de acuerdo al orden de prelación legalmente establecido, no siendo responsabilidad de la demandada efectuar el pago de lo adeudado por la relacionada Sociedad Financiera.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado JOSE ANTONIO AVILA, presentó en fecha cinco de septiembre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha ocho de agosto de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 167-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 326-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha catorce de septiembre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, representada en juicio por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, presentó en fecha veintiocho de octubre de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fué resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha tres de noviembre de dos mil once, la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA y por vía teléfono en fecha cinco de diciembre de dos mil once, al Abogado JOSE ANTONIO DAVILA.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, presentó escrito en fecha nueve de noviembre de dos mil once, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “MOTIVOS DE CASACION POR LA INCORRECTA APLICACIÓN O INTERPRETACION DE NORMAS DEL DERECHO O LEGALES Y VIOLACION A GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. El motivo del presente Recurso de Casación se fundamenta en los hechos siguientes: a) La incorrecta interpretación o aplicación de la LEY DE LA COMISION DE BANCOS Y SEGUROS. b) La no aplicación del artículo 245 numeral 32 de la Constitución de la República. c) La inseguridad jurídica que se establece mediante sentencias definitivas que aparentemente favorecen a quién dirigió o fué Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que ahora es Presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, como es la Abogada VILMA CECILIA MORALES M.. A los Señores Magistrados y Jueces respetuosamente les manifiesto que el compromiso es con la Patria, con el Estado de Honduras, por una sociedad justa, donde impere la LEY Y LA JUSTICIA porque de no ser así estamos socavando los pilares de un Sistema Democráticos y que hace incurrir a quienes no aplican la ley en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los Funcionarios, claramente tipificado en el artículo 349 No.2 del Código Penal Vigente”.- II.- Que en el motivo que antecede el Recurrente no formula una proposición jurídica completa e incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) no es claro ni preciso en el tipo de infracción, ya que alude por un lado a la incorrecta interpretación o aplicación de la Ley de la Comisión de Bancos y Seguros, sin especificar que disposición en particular es la violada, siendo incorrecto hacerlo en forma general contra el ordenamiento jurídico referido y por otro, a la no aplicación del artículo 245 numeral 32 de la Constitución de la República, cuando debió haberlos expresado en forma separada e independiente; b) no indica el precepto autorizante; c) realiza alegatos propios de instancia, sin explicar la infracción alegada.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha veintidós de Enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 663-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL