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Sentencia CA-66-13 — Registro 2942

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por los demandantes y se confirma la sentencia en segunda instancia, bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por despido de los demandantes, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad (IP) para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la impetrante fundamenta su demanda de casación, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto a los Acuerdos de cancelaciones No. 086-2010,081-2010,097-2010,082-2010 y 106-2010 todos de fecha trece (13) de Julio del año dos mil diez (2010), dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 literal C, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: EN EL CONSIDERANDO TERCERO Y CONSIDERANDO CUARTO, para proceder a la cancelación de los Señores, CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCO NOHEL MALDONADOARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA Y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta Sentencia. 2) Las cancelaciones de la Señores CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCON NOHEL MALDONADO ARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA Y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que regir por un procedimiento previo para proceder a las cancelaciones del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias. 3) Esta Sentencia, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 03 7-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. CUARTO: EL CONSIDERANDO NÚMERO SEIS; de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a los Ciudadanos CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCO NOHEL MALDONADOARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA Y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. QUINTO: EL CONSIDERANDO NÚMERO SIETE; de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en los acuerdo de cancelaciones dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSIÓN: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para las cancelaciones de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia”.- “ Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que laRecurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- “ Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- I” Asimismo, tiene establecido esta Sala, que es imperativo para el censor rebatir y por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- “ Se hacen los anteriores señalamientos y especialmente el que precede, para indicar que laCensora no los cumple en consecuencia resulta que los cargos en la forma expuesta no constituyen una proposición jurídica completa, ya que omite en su totalidad estructurar correctamente cada motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- “.-En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), representado en juicio por la abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, y Recurridos: CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCON NOHEL MALDONADO ARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CÁCERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, representados en juicio por el abogado VIRGILIO UMANZOR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se anule un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no estar conforme a derecho y haber transgredido el ordenamiento jurídico con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, consecuentemente que se declare la ilegalidad o nulidad de dicho acto, que se reconozca una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas se ordene se restituya a los demandantes a los cargos que venían desempeñando, se ordene el pago de los salarios dejados de percibir, los derechos laborales, decimotercero y decimocuarto mes de salario, vacaciones, bonificación por vacaciones a partir de la fecha que se canceló su acuerdo, así como los incrementos salariales que se puedan dar en los puestos o cargos de los cuales fueron cancelados durante el presente juicio, en caso que se contraten sustitutos en sus puestos ya sea provisional o permanente, se decrete la nulidad de los actos de contratación, costas, promovida por el abogado VIRGILIO UMANZOR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCON NOHEL MALDONADO ARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CÁCERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto del año dos mil diez, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representada en juicio por la abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con el demandado así:César Octavio Aguilar mediante acuerdo N° 569-2009 del 30 de diciembre del año 2009 como Supervisor de Cuadrilla de Campo, Malcon Nohel Maldonado Arriaga mediante acuerdo N° 088-2006 del 3 de julio del año 2006 como Fotogrametrista, Víctor Manuel Baquedano Cáceres mediante acuerdo N°. 068-2006 del 1 de junio del año 2006 como Técnico Geodesia, Gustavo Adolfo Ayala Ayala mediante acuerdo N°.571-2009 del 30 de diciembre del 2009 como Asistente Técnico Catastral del Director y Ramón Wilfredo Salgado Aguilar mediante acuerdo N°.148-2006 del 1 de septiembre del 2006 como Jefe de la Unidad Básica de Bienes Nacionales; que fueron cancelados mediante acuerdos N°.086-2010, 081-2010, 097-2010, 082-2010 y 106-2010, de fecha 13 de julio del 2010 y efectivos a partir del 15 de julio del 2010, en los cuales no se les informa la o las causales de despido, simplemente se limita a informar que el Director de Catastro y Geografía, en uso de las facultades que la ley le confiere, acuerda la separación de sus cargos, acuerdos ilegales por haber sido redactados en violación de los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, infringiendo las formalidades legales sin observar las normas jurídicas y los procedimientos que la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, violentando también el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, que establece el mecanismo para despedir al personal que labora para dicha institución, el cual no se observó en el despido de los demandantes.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda aceptando la demanda en cuanto a la fechas de inicio y cancelación de la relación laboral, alegando que los actos administrativos impugnados son completamente legales, ya que para tomar tal decisión se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad y la Ley de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de abril del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, reconoce la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro de los demandantes en los cargos en los cuales fueron nombrados y cancelados, condenar al Instituto de la Propiedad al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes, más el pago de los beneficios obtenidos por los demás trabajadores, se decreta en su caso, la nulidad de los actos administrativos por el cual se hayan nombrado a los sustitutos de los demandantes. Criterio: que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, ya que prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en el mismo para la cancelación del nombramiento de los demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta de agosto del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmándola proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por despido de los demandantes, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad (IP) para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente es un acto nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, en fecha cinco de octubre del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha treinta de agosto del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.241-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 443-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha ocho de octubre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de los demandantes, señores CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCON NOHEL MALDONADO ARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CÁCERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, representados en juicio por el abogado VIRGILIO UMANZOR, presentó, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este Alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, el abogado VIRGILIO UMANZOR, y en fecha dieciocho de enero del año dos mil trece fue notificada vía teléfono la abogada LESLIE SOEI PINEDA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado VIRGILIO UMANZOR, presentó escrito en fecha siete de diciembre del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- 9.- Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, se dio por precluído el término concedido y dejado de utilizar por parte de la abogada LESLIE SOEI PINEDA en su condición de recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la impetrante fundamenta su demanda de casación, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Primero, con respecto a los Acuerdos de cancelaciones No. 086-2010,081-2010,097-2010,082-2010 y 106-2010 todos de fecha trece (13) de Julio del año dos mil diez (2010), dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 11 numerales 1, 2 y 7. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 literal C, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: EN EL CONSIDERANDO TERCERO Y CONSIDERANDO CUARTO, para proceder a la cancelación de los Señores, CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCO NOHEL MALDONADOARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA Y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR como dice este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta Sentencia. 2) Las cancelaciones de la Señores CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCON NOHEL MALDONADO ARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA Y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, fue dictada por la Autoridad Competente en base al DECRETO EJECUTIVO PCM-30-2007, el cual era de aplicación inmediata, no se tenía que regir por un procedimiento previo para proceder a las cancelaciones del puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación claramente establece que era por Razones Económicas Presupuestarias. 3) Esta Sentencia, no se ajusta a Derecho, pues hasta la saciedad lo hemos repetido y sostenido, que el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 03 7-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. CUARTO: EL CONSIDERANDO NÚMERO SEIS; de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar a los Ciudadanos CESAR OCTAVIO AGUILAR, MALCO NOHEL MALDONADOARRIAGA, VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES, GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA Y RAMON WILFREDO SALGADO AGUILAR, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. QUINTO: EL CONSIDERANDO NÚMERO SIETE; de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en los acuerdo de cancelaciones dictado por razones estrictamente presupuestarias, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSIÓN: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo el cumplimiento del decreto Ejecutivo No. PCM-30-2007 y lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para las cancelaciones de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia”.- II.- Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que laRecurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- III.- Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- IV.- Asimismo, tiene establecido esta Sala, que es imperativo para el censor rebatir y por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- V.- Se hacen los anteriores señalamientos y especialmente el que precede, para indicar que laCensora no los cumple en consecuencia resulta que los cargos en la forma expuesta no constituyen una proposición jurídica completa, ya que omite en su totalidad estructurar correctamente cada motivo de casación, más bien hace alegatos de instancia y relaciona el material probatorio cuando es limitado y excepcional hacerlo por esta vía.- VI.-En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- Por Tanto: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º)NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO, en su condición de apoderada de la parte demandada, en sus motivos. 2º)DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º)SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha doce días del mes de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 66-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL