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Sentencia CA-655-11 — Registro 2773

Resumen

En segunda instancia se dictó sentencia declarando con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante, reformando el numeral dos de la sentencia apelada, así como su aclaración, en el sentido que no es aplicable la retroactividad indicada en el mismo, sino que el reajuste salarial será vigente a partir de la fecha en que quede firme el fallo; confirmando la sentencia del a-quo, en lo demás que dispone la misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. “ Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. “Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. “ Que la Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 2 de septiembre de 2011, mediante sentencia declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; reformando el numeral dos de la sentencia apelada, así como su aclaración, en el sentido que no es aplicable la retroactividad indicada en el mismo, sino que el reajuste salarial será vigente a partir de la fecha en que quede firme el fallo; confirmando la sentencia del a-quo, en lo demás que dispone la misma, sin costas; bajo el criterio de que estando en vigencia el Arancel del Profesional del Derecho y que los demandantes reúnen los requisitos debe de aplicársele a su favor lo establecido en el referido cuerpo legal específicamente en el artículo 89, pero el reajuste salarial será a partir de la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme y no desde la fecha de nombramiento de los demandantes, porque es criterio de esta corte de apelaciones como ha quedado plasmado en otros casos similares al presente, que dicho arancel no concede derechos en antigüedad. “ Que revisada la resolución recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del ad quem no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas, ya que el presente caso se demandó reajuste salarial y no se trata de antigüedad laboral, por lo que al reformar el fallo del a quo de la forma en que lo hizo, ha dado lugar a la nulidad del mismo, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.”Que éste Tribunal es del criterio que no es el fallo judicial el que otorga el derecho reclamado por los demandantes, sino que lo reconoce, por lo cual, el fallo del ad quem ha limitado el ajuste salarial a ser efectivo a partir de la firmeza de la misma sentencia, sin justificar las razones para hacerlo, no siendo dicha cuestión un extremo del litigio, determinando la situación jurídica de forma confusa. “.- “Que conforme con el Código Procesal Civil, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el Recurrente.”.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INGRID YAMILETH MADRID MEZA, representada en juicio por el Abogado GILBERTO ANTONIO SANCHEZ, quién actúa en causa propia y Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por medio del CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO. OBJETO DEL PROCESO: Que los demandantes se contraen a pedir la nulidad de un presunto acto administrativo denegatorio, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, pago de reajuste del salario de manera retroactiva, nivelación salarial, aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento consistente en los intereses comerciales y moratorios del reajuste, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre de dos mil seis, por los señores INGRID YAMILETH MADRID MEZA y GILBERTO ANTONIO SANCHEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Congreso Nacional de la República de Honduras. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que mediante Decreto Legislativo No. 126-2001 de fecha 28 de agosto de 2001, el Congreso Nacional aprobó el contrato de préstamo No.1070/SF-HO, suscrito el 19 de julio de 2001, entre el BID en su condición de prestamista y el Gobierno de Honduras, en su condición de prestatario del financiamiento, por un monto de US$.2,600.000.00, fondos destinados a financiar la ejecución del “Programa de Modernización del Congreso Nacional de la República” y que en base a lo anterior fueron contratados los demandantes para desempeñar los cargos de Secretarios Técnicos para las Comisiones del Congreso Nacional, por un periodo del 1 de noviembre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005, que al vencerse los contratos en mención el Congreso Nacional honrando el convenio suscrito con el BID, absorbió completamente a través del presupuesto del CNH, mediante acuerdos de fecha 30 de septiembre de 2005, a través de los cuales acordó nombrar a partir del 1 de octubre de 2005 a los demandantes en el mismo cargo; que mediante acuerdos de fecha 10 de febrero de 2006, el Congreso Nacional acordó cancelar a partir del 10 de febrero de 2006, a los demandantes de los puestos de trabajo; posteriormente en fecha 24 de marzo de 2006, interpusieron los demandantes ante el Congreso Nacional una solicitud administrativa reclamando el pago de reajuste del salario de manera retroactiva y nivelación salarial en base al Arancel del Profesional del Derecho, dejando transcurrir el Congreso Nacional el plazo de 60 días que establece el artículo 84 ordinal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que haya emitido ninguna resolución en forma expresa, razón por la cual en fecha 10 de julio de 2006, exigieron los demandantes se emitiera una pronta resolución en aplicación del artículo 85 de la referida ley, dejando transcurrir la parte demandada el plazo de 8 días sin dictarla, venciendo dicho término el 20 de julio de 2006, naciendo a partir del 21 de julio el presunto acto impugnado contra el cual se presentó el recurso de reposición y transcurrido el término que establece el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo se agotó la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Congreso Nacional de la República, contestó dicha demanda señalando que los demandantes fueron separados de los cargos de Secretario Técnico para las Comisiones del Congreso Nacional, mediante acuerdos de cancelación de fecha 10 de febrero de 2006, respectivamente, por el cual los demandantes interpusieron la acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, exigiendo el reintegro a los cargos antes mencionados, siendo reintegrados los demandantes a sus cargos mediante acuerdos No.001-07-RT-CEP-CN y 002-07-RT-CEP-CN; que se rechaza lo solicitado por los demandantes en la demanda de mérito por ser improcedente, en virtud que el Congreso Nacional no deviene obligado someterse a disposiciones que no constituyan ley de la república, en este caso el “Arancel del Profesional del Derecho” que fue aprobado por la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en fecha 22 de junio de 2003, las cuales son obligatorias únicamente entre el profesional del derecho y la persona o ente de carácter particular que contrate sus servicios para resolver sus asuntos privados; que las regulaciones contenidas en dicho arancel, en lo que atañe a las instituciones públicas del Estado de Honduras, son inaplicables y atentan contra determinadas disposiciones de la Constitución de la República y presupuestarias, al dejar al criterio y voluntad de una organización gremial, la potestad de modificar a discreción la masa salarial asignada a los profesionales del derecho, que laboren o que se desempeñen como tales en las distintas entidades estatales. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de enero de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por los demandantes, por no ser conforme a derecho y se anula totalmente el acto administrativo presunto mediante el cual el Congreso Nacional de la República de Honduras denegó la petición de los demandantes con respecto al reconocimiento del Arancel del Profesional del Derecho; se reconoce la situación jurídica y para su pleno restablecimiento se adopta la medida de condenar al Estado de Honduras, a través del Congreso Nacional al pago a favor de los demandantes del reajuste de sus salarios de conformidad al artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, en forma retroactiva, desde la vigencia del mismo, hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, aplicando debidamente los incrementos de acuerdo al índice inflacionario de cada periodo correspondiente, siendo imperativo diferir al periodo de ejecución, la determinación especifica de los valores derivados del derecho aquí declarado, pues no constan en autos suficientes datos que coadyuven a su liquidación, sin costas; bajo el criterio de que en el presente caso los demandantes ostentan el título de profesionales del derecho, y ha sido nombrados por la administración pública, específicamente por el Congreso Nacional de la República de Honduras, por lo tanto en aplicación del artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho su sueldo mensual debió haber sido, desde la aprobación de tal instrumento jurídico de Lps.21,000.00, más el aumento de acuerdo al índice de inflación establecido para cada año por el Banco Central de Honduras. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de septiembre de dos mil once, dictó sentencia declarando con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Walter R. Bautista Baquedano, apoderado sustituto del Estado de Honduras; reformando el numeral dos de la sentencia apelada, así como su aclaración, en el sentido que no es aplicable la retroactividad indicada en el mismo, sino que el reajuste salarial será vigente a partir de la fecha en que quede firme el fallo; confirmando la sentencia del a-quo, en lo demás que dispone la misma, sin costas; bajo el criterio de que estando en vigencia el Arancel del Profesional del Derecho y que los demandantes reúnen los requisitos debe de aplicársele a su favor lo establecido en el referido cuerpo legal específicamente en el artículo 89, pero el reajuste salarial será a partir de la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme y no desde la fecha de nombramiento de los demandantes, porque es criterio de esta corte de apelaciones como ha quedado plasmado en otros casos similares al presente, que dicho arancel no concede derechos en antigüedad. 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado GILBERTO ANTONIO SANCHEZ, quién actúa en causa propia y como apoderado de la señora INGRID YAMILETH MADRID MEZA, presentó en fecha diecisiete de octubre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, contra la sentencia dictada en fecha dos de septiembre de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 150-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 448-2006 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. 6.- Mediante providencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte demandada, representada en juicio por el Abogado WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO, presentó en fecha quince de noviembre de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veinticinco y treinta de noviembre de dos mil once, los Abogados GILBERTO ANTONIO SANCHEZ y WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en este tribunal y formado el presente expediente, los Abogados GILBERTO ANTONIO SANCHEZ y WALTER R. BAUTISTA BAQUEDANO, presentaron escritos en fecha veintiocho de noviembre y siete de diciembre de dos mil once, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. IV.- Que la Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 2 de septiembre de 2011, mediante sentencia declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; reformando el numeral dos de la sentencia apelada, así como su aclaración, en el sentido que no es aplicable la retroactividad indicada en el mismo, sino que el reajuste salarial será vigente a partir de la fecha en que quede firme el fallo; confirmando la sentencia del a-quo, en lo demás que dispone la misma, sin costas; bajo el criterio de que estando en vigencia el Arancel del Profesional del Derecho y que los demandantes reúnen los requisitos debe de aplicársele a su favor lo establecido en el referido cuerpo legal específicamente en el artículo 89, pero el reajuste salarial será a partir de la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme y no desde la fecha de nombramiento de los demandantes, porque es criterio de esta corte de apelaciones como ha quedado plasmado en otros casos similares al presente, que dicho arancel no concede derechos en antigüedad. V.- Que revisada la resolución recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del ad quem no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas, ya que el presente caso se demandó reajuste salarial y no se trata de antigüedad laboral, por lo que al reformar el fallo del a quo de la forma en que lo hizo, ha dado lugar a la nulidad del mismo, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción. VI.- Que éste Tribunal es del criterio que no es el fallo judicial el que otorga el derecho reclamado por los demandantes, sino que lo reconoce, por lo cual, el fallo del ad quem ha limitado el ajuste salarial a ser efectivo a partir de la firmeza de la misma sentencia, sin justificar las razones para hacerlo, no siendo dicha cuestión un extremo del litigio, determinando la situación jurídica de forma confusa. VII.- Que conforme con el Código Procesal Civil, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el Recurrente. VIII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 número 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 119, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública 9, 11, 1586, y 1589 del Código Civil; 193, 197 numeral 2, 211, 212, 214 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha dos de septiembre de 2011, visible a folios nueve (09) al once (11) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SIVLA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de septiembre de dos mil trece. Certificación de la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el número S.L. 655-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL