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Sentencia CA-653-12 — Registro 7419

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la resolución emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible, por cuanto la Recurrente en su extensa explicación realiza alegatos propios de instancia y acumula varias situaciones jurídicas, que debieron formularse separadamente, donde no solo ataca el fallo impugnado por su forma y contenido, sino que además, se refiere al material probatorio, lo cual es improcedente en este extraordinario recurso por mandato del artículo 820 numeral 1) del Código Procesal Civil y hace referencia al artículo 82 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que esa disposición hubiese sido señalada en la formulación del motivo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y el recurrido: MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ, representado en juicio por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para la declaración de no ser conforme a derecho y por ende la nulidad del acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la responsabilidad patrimonial directa y solidaria del Estado de Honduras, que se dicten medidas para el pleno restablecimiento de daños y perjuicios, se alega notificación defectuosa, costas del juicio, promovida por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, en su condición de representante procesal del señor MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por la Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 7 de febrero de 2001, fue puesto a la orden del entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal del Departamento de Francisco Morazán, por considerarlo responsable del delito de Robo en perjuicio del señor Arturo Olivera Alvarenga, dictándole posteriormente en fecha 31 de marzo de 2004, sentencia definitiva absolutoria; resultando que el señor Director de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, aún cuando tenía la orden de ejecución inmediata de dejar en libertad al demandante, este no procedió a dar debido cumplimiento a la orden judicial, en virtud de que el demandante se encontraba recluido en otro centro penal y no en la Penitenciaría Nacional en mención, donde debía estar por orden judicial, ya que había sido trasladado por orden administrativa de dicho centro penal a otro, y por ello, fue confundido con otro privado de libertad que estaba en la Penitenciaría Nacional, con quién coincidía con el primer nombre del demandante y sus apellidos solo que a la inversa, persona esta que en ese momento tenía varios procesos penales pendientes; que el demandante fue dejado en libertad mediante una auditoria penitenciaría llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia en conjunto con la Jueza de Ejecución de la Jurisdicción de Comayagua, el cual se pudo determinar que el demandante estaba detenido injustamente; que debido al desorden administrativo penitenciario imperante en ese centro penal, el demandante se mantuvo recluido por un periodo igual de 4 años, 5 meses, sin causa penal pendiente que lo justifique, constituyendo en una clara violación al Derecho Constitucional de la Libertad consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República, presentándose en fecha 6 de agosto de 2009, el respectivo Reclamo Administrativo en contra del Estado de Honduras ante la Secretaría de Seguridad, para efecto de agotar el procedimiento administrativo como lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo, mismo que fue resuelto en fecha 21 de febrero de 2011, mediante Resolución SEDS-019-2011, el cual fue declarado sin lugar; que los daños y perjuicios ocasionados por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, están valorados en una cantidad de de: Daño Material de L.166,000.00, más L.15,000.000.00, por concepto de Daños Inmateriales (morales), para el demandante por el daño causado.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que la responsabilidad corresponde al defensor del entonces imputado, ahora demandante al no haber demostrado interés alguno y no haber ejercido las acciones necesarias para solicitar su inmediata libertad, gestionando ante el Juzgado correspondiente el cumplimiento de la sentencia absolutoria tratando por todos los medios de hacer valer el fallo a favor de su representado, pues era su apoderado legal quien debió gestionar y dar seguimiento al cumplimiento de lo ordenado mediante oficio librado por el Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 9 de Junio de 2004, dirigido al Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, mediante el cual se ordenaba la excarcelación del ahora demandante, no consta que este documento haya sido recibido en dicho Centro Penitenciario, sino fue recibido el oficio como podía el Centro Penitenciario poner en libertad al demandante; todo lo anterior es improcedente tratar de responsabilizar al Estado de Honduras de la negligencia mostrada por el defensor del imputado en el juicio, pues consta en el expediente penal No.15685-02 que en fecha 6 de abril del año 2004, la Abogada Bessy Lily Ordóñez, defensora del imputado se notificó personalmente de la sentencia absolutoria de fecha 31 de marzo del 2004, correspondiéndole a esta gestionar lo pertinente a favor de su representado, lo cual no hizo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de enero de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, en su condición de apoderado legal del señor Melbin Humberto Hernández Rodríguez, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la resolución número SEDS-019-2011 de fecha 21 de febrero de 2011, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en consecuencia, se anula totalmente; reconociendo a favor del demandante, la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: 1) Condenar al Estado de Honduras, al pago a favor del demandante los daños y perjuicios en la forma siguiente: a) Daño material o patrimonial, por el costo de oportunidad de los ingresos dejados de percibir y asistencia económica de su núcleo familiar por los cuatro años cinco meses que permaneció privado de libertad el demandante, cuyo calculo se difiere para la ejecución de la sentencia; b) Daño moral o incorporal, por el daño psicológico causado en la privación de la libertad injusta por los cuatro años cinco meses, que permaneció en el Centro Penal, el cual su quantum indemnizatorio, será fijado por el juez al momento de ejecución de la sentencia, sin costas; bajo el criterio de que la administración de los Centros Penales, esta a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, siendo este un Órgano de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ya que al haber emitido en fecha nueve de junio de 2004, el Juez del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa Abogado IVAN CASTELAR, la respectiva Carta de Libertad definitiva, lo procedente era que el Director de la de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, dejara en inmediata libertad al ciudadano MELBIN HUMBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, en virtud de haberse decretado Sentencia Definitiva Absolutoria; constando en autos que por un acto de negligencia de las autoridades penitenciarias esto no se dio, ya que como quedó acreditado con los medios de prueba aportados por las partes, por una confusión de nombres el ciudadano MELBIN HUMBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, permaneció cuatro años cinco meses en prisión, sin tener una causa penal pendiente, por lo que tal acción causo un grave perjuicio al derecho de Libertad que consagra la Constitución de la República y los Tratados Internacionales; el Estado tiene obligación de responder del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de abril de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio de que si existe un daño susceptible de indemnización por los cuatro años cinco meses de privación de la libertad injusta del demandante, que se reclama tanto daños patrimoniales o material, como daño moral, y estando el daño material determinado por el tiempo de la privación de la libertad, y el moral por los daños psicológicos producto de esa acción, por lo que debe de determinarse la existencia del daño moral y su indemnización; que la responsabilidad del Estado, procede a generarse a partir de las acciones u omisiones de sus servidores públicos.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, presentó en fecha ocho de junio de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de abril de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 084-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 284-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha once de junio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, representada en juicio por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, presentó en fecha diecisiete de julio de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de julio de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha veinte de julio de dos mil doce, el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL y a la Abogada ANA ISABEL AMATO LAGOS, por la forma de Comunicación fijo No.22376714, quién no labora en la Secretaría motivo por el cual se dejó la notificación al Abogado PORFIRIO DIAZ, Director Legal, en fecha nueve de agosto de dos mil doce.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL y ANA ISABEL AMATO LAGOS, presentaron escritos en fecha veintiséis de julio y trece de agosto de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que han debido regular la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Considero que se han infringido por falta de aplicación de los artículos 200 números 1 y 2 letra b), 206 número 1, y 207 en relación con los artículos 13 y 479, todos del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719, numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia, con excepción de la declaración que se hace sobre las costas. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El señor MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ demandó al ESTADO DE HONDURAS por haber estado recluido en un centro penitenciario por cuatro años cinco meses, a pesar de que el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa había decretado su libertad, atribuyéndole negligencia a la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, de la Secretaria de Seguridad. Mi representado rechazó las pretensiones del actor y considera que está exenta de la responsabilidad que se le atribuye. En la sentencia impetrada la Corte Sentenciadora concluye que hubo negligencia por parte de la demandada y que eso le provocó daños y perjuicios al demandante, incluyendo daño moral, pero no los probó, es decir, en qué consistieron, cuando era su obligación hacerlo, pues no basta con decirlos, tienen que ser reales y concretos, probar que esa detención le causó problemas económicos, que perdió un trabajo, que sufrió traumas sicológicos, etc., y eso se prueba con los medios que para ello establece el Código Procesal Civil. Cuando la Ley habla que en el proceso de ejecución se determinará y establecerá la cuantía se refiere a liquidar o cuantificar el daño que ya esta probado, pero no que en ese proceso de ejecución se va a probar los tales daños y perjuicios. El problema radica en la omisión del Tribunal al establecer la forma en que llegó a esa conclusión, cuáles fueron las pruebas que tuvo como aceptadas y cuáles rechazó para llegar a dicha conclusión, mas cuanto tenia prohibido hacer una apreciación en conjunto de las pruebas. De haber cumplido con su obligación de apreciar en forma individual cada una de las pruebas mi representado tendría los argumentos precisos para poder impugnar la sentencia en forma adecuada, respetándose de esa manera el derecho de defensa y el debido proceso. Al no cumplirse el mandato legal no se puede ejercer una defensa con las formalidades, derechos y garantías que establecen las leyes. El Código Procesal Civil obliga a que en los procesos que se ventilan conforme las disposiciones legales en él contenidas, las pretensiones de las partes deben cuantificarse y que los Juzgados y Tribunales harán pronunciamiento sobre ello en las sentencias, pero este Código solo es supletorio de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como en esta Ley se dispone en el articulo 82 letra c) que solo se hará la determinación de la cuantía cuando los daños y perjuicios hayan sido probados en el curso del proceso. Sin embargo eso no ha ocurrido en este proceso, de la lectura de la sentencia se evidencia que el Tribunal antes que analizar la prueba en forma individual expresó “que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye que el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Seguridad, bajo la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, es responsable de los daños y perjuicios ocasionados al señor MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ, de su libertad por cuatro años, cinco meses, que este permaneció en un centro penal, habiéndose librado una orden de excarcelación por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, que en fecha 09 de junio del 2004, dictó la Carta de Libertad definitiva a favor del demandante, de sentencia absolutoria en la causa instruida por el delito de robo en perjuicio del señor ARTURO OLIVERA ALVARENGA, negligencia que se ocasionó por la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, al no haber hecho efectiva la orden de excarcelación por la supuesta equivocación del expediente que se lleva en el centro penal, lo que ocasionó un grave perjuicio al Derecho de libertad que consagra nuestra Constitución de la República y los tratados internacionales, siendo el Estado de Honduras el que tiene la obligación de responder al pago y los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos, con motivo del ejercicio de la atribuciones que le están encomendadas, como en caso de autos, por lo expuesto la acción interpuesta por el demandado resulta ser procedente, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado.” (CONSIDERANDO 6) Y, “que de los hechos alegados por las partes y de los medios de prueba presentados, esta Corte estima que si existe un daño susceptible de indemnización por los cuatro años cinco meses de privación de la libertad injusta del demandante, que se reclama tanto daños patrimoniales o material, como daño moral, y estando el daño material determinado por el tiempo de la privación de la libertad, y el moral por los daños psicológicos producto de esta acción, por lo que debe de determinarse la existencia del daño moral y su indemnización.” (CONSIDERANDO 7). La forma y contenido de las sentencias, reguladas en los artículos 200 numeral 1 y 2 letra b), 206 numeral 1 y 207, entre otros, en relación con los artículos 13 y 479, todos del Código Procesal Civil. disponen: “Articulo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serna siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a) … b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.” “ARTICULO 206. CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias debe ser claras, precisas y exhaustivas. “ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Y sobre la valoración de las pruebas dispone el Código Procesal Civil: “ARTICULO 13. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en la sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad.” “ARTICULO 479. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesta sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentos tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significa a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo. Cuando mas de una prueba se haya dirigido a determinar la existencia de un mismo hecho, o el modo en que se produjo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final a que se llegue.” La sentencia impugnada no dice cuáles fueron las pruebas propuestas y practicadas ni cuáles fueron los hechos probados; ni individualizó las pruebas lógicamente esto da como resultado que no hubo un razonamiento factico y jurídico que condujera a la apreciación y valoración de las pruebas, y como consecuencia lógica la aplicación e interpretación del derecho. De acuerdo con las disposiciones antes transcritas, existe una obligación para los Tribunales de cumplir con los requisitos formales y de fondo de las sentencias para evitar las arbitrariedades, que no permite, tampoco, que se tenga por aceptado en análisis y valoración de las pruebas, y los hechos probados realizados por el Juzgador de primera instancia, pues es una obligación de cada Tribunal Sentenciador hacer sus propios análisis, valoración y hechos probados, pues en la medida en que se cumpla con ellos se dará respuesta a una tutela judicial efectiva, entendiéndose por tal no solo para el demandante sino también para el demandado, quien tiene derecho a conocer los razonamientos que lleven a los juzgadores a dictar sus sentencias conforme la ley y en esa medida recurrirlas, lo que no ha ocurrido en este caso. Bajo esta premisa, la sentencia, tampoco ha sido exhaustiva. Y si bien, en la sentencia impetrada se cita el artículo 200 del Código Procesal Civil como aplicado, ello no significa que en realidad se haya aplicado pues lo contrario es lo que se manifiesta, en todo caso se hizo para el solo efecto de darle la estructura, pero no en su forma y contenido como lo prescribe el precitado Código. En conclusión, ante la infracción de las normas jurídicas invocadas como inaplicadas en el presente caso, se estima la procedencia del recurso de casación.” .- II.- Que el cargo que antecede no resulta admisible, por cuanto la Recurrente en su extensa explicación realiza alegatos propios de instancia y acumula varias situaciones jurídicas, que debieron formularse separadamente, donde no solo ataca el fallo impugnado por su forma y contenido, sino que además, se refiere al material probatorio, lo cual es improcedente en este extraordinario recurso por mandato del artículo 820 numeral 1) del Código Procesal Civil y hace referencia al artículo 82 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que esa disposición hubiese sido señalada en la formulación del motivo.- III.- Que la Impetrante en su segundo motivo alega: “Se impugna la falta de aplicación del artículo 499 del Código Procesal Civil, en relación con el 22 del mismo Código, que han debido emplearse para la solución de fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Se estima infringido por falta de aplicación del artículo 499 del Código Procesal Civil, en relación con el 22 del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia, con excepción de la declaración que se hace sobre las costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La sentencia que hoy se impugna confirmó la que en primera instancia que en su parte resolutiva dice: “PRIMERO: Declarar procedente la Acción promovida por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, en su condición de apoderado legal del ciudadano MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la Resolución número SEDS=019=2011 de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil once (2011) emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. EN CONSECUENCIA SE ANULA TOTALMENTE. SEGUNDO: Reconocer a favor del demandante, la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: 1) Condenar al Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, al pago a favor del demandante los daños y perjuicios en la forma siguiente: a) Daño material o patrimonial por el costo de oportunidad de los ingresos dejados de percibir y asistencia económica de su núcleo familiar por los cuatro años cinco meses que permaneció privado de libertad el ciudadano MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ cuyo cálculo se difiere para la ejecución de la sentencia; b) El Daño Moral o incorporal, por el daño psicológico causado en la privación de la libertad injusta por los cuatro años cinco meses que permaneció en el Centro Penal, el cual su quantum indemnizatorio, será fijado por el Juez al momento de ejecución de la sentencia. TERCERO: Condena al Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD a reconocer, ejecutar y pagar al demandante MELBIN HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ los conceptos señalados en el numeral anterior. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar. QUINTO: Contra la ...” El Juzgador de primera instancia sobre la cuantificación del daño moral expresó: “DECIMO OCTAVO: El establecimiento del quantum indemnizatorio, en el daño moral es el Juez quien lo determina, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y siguiendo los parámetros o pautas que según la doctrina son las siguientes: a) ponderar la intensidad del dolor sufrido siendo ello un factor variable y casuista por lo cual debe acudir a la equidad; b) la gravedad de la falta cometida por el agente sin que ese factor sea determinante para acoger o rechazar la pretensión indemnizatoria; e) las circunstancias personales y repercusión subjetiva del daño moral en la víctima (estado económico patrimonial, estado civil, número de hijos y edad, posición social, nivel cultural, grado de estado patrimonial del agente, intensidad de las lesiones (vg. Gravedad de las lesiones, tiempo de curación, secuelas temporales o permanentes, etc.) PERO, TALES PAUTAS DEBEN CONJUGARSE CON EL PRUDENTE ARBITRO DEL JUEZ, SU CIENCIA Y EXPERIENCIA.” La Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia y sobre la reparación de los daños expresó: “CONSIDERANDO (10). Que el artículo 82 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala “si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, la sentencia se limitará a declarar el derecho y quedará diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, salvo lo previsto en el artículo 76. CONSIDERANDO (11): Que por lo expuesto en los considerandos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada.” Lo anterior supone que el Tribunal de Alzada hace suya la motivación del Juzgador de primera instancia en cuanto que la determinación y cuantificación del daño moral subjetivo queda a la equitativa y prudente valoración del juzgador, ignorando que ya el Código Procesal Civil contiene una norma jurídica que regula tal situación y que por disposición del artículo 22 del mismo Código es aplicable en forma supletoria en este caso.. En efecto, el Código Procesal Civil en el artículo 499.2 dispone: “La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya difundido, fijándose proporcionalmente en la sentencia el grado de afectación. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.” De aquí resulta que no es válido el razonamiento del Tribunal de Segunda Instancia para dejar al criterio del Juzgador de primera instancia determinar y cuantificar el daño moral subjetivo, pues ya la Ley dispone la forma en que procederá, de resultar estimatoria la sentencia, considerando que esa facultad significaba una arbitrariedad al permitirle decidir al Juez de la forma que a él le parecía más conveniente o más justa, pero he ahí el problema, ¿más conveniente o más justa para quién? El artículo 499, al igual que muchos otros, es una norma jurídica de carácter sustantiva, no obstante encontrarse en un Código Procesal. Al dejar de aplicarse esta norma jurídica, el Tribunal de Alzada se ha colocado en rebeldía por lo que es procedente se case dicha sentencia”.- IV.- Al revisar lo expuesto en el anterior motivo, por la Censora del fallo, se puede advertir que lo censurado por ella, es una cuestión de carácter procesal derivada de la sentencia de primera instancia, ello deviene en que debió ser reclamada oportunamente; también dicha impugnación es por la forma y contenido de esa decisión judicial, en cuanto a la determinación de los daños morales reclamados y no propiamente relacionada con la falta de aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, que es la causa de casación invocada desatinadamente; todo lo anterior hace inadmisible este segundo cargo.- IV.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha diez de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 653-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL