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Sentencia CA-652-12 — Registro 2951

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo de carácter general parcialmente impugnado, consistente en el plan de arbitrios de la municipalidad, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el plan de arbitrios infringe el ordenamiento jurídico establecido en la Ley General de Aguas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta su primer y únicomotivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 26 de Abril del año 2012, por falta de aplicación de las normas procesales correctas que regulan la forma y contenido de la sentencia, este motivo o causal de Casación está comprendido en el articulo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que señala el derecho de poder recurrir en Casación para impugnar la aplicación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. En el presente caso, impugno la sentencia por falta de aplicación de las normas procesales correctas que regulan la forma de la sentencia, siendo estas las comprendidas en el artículo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el capítulo III articulo 719 numeral primero, letra c) del Código Procesal Civil, en cuanto a lo que establece: “Causales del recurso, 1. c) la forma y contenido de la sentencia.”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El contenido formal de las sentencias de conformidad a lo que regula el articulo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, en su numeral primero establece: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.” Y el numeral segundo expresa: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Como se puede apreciar el fallo dictado por el Ad-Quem carece de motivación y no expresa los razonamientos facticos y jurídicos para aplicar e interpretar el derecho. La Sentencia es violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por la falta de apreciación e infracción directa del artículo 298 de la Constitución de la Repúblicael cual establece que las Corporaciones Municipales serán independientes de los Poderes del Estado; por haberse dejado de apreciarse dicho precepto y derecho legalmente establecido y aplicable al caso del pleito. El Plan de Arbitrios aprobado en uso de sus facultades por la Municipalidad de San Pedro Sula, para el año 2011, es expresión de la Autonomía Municipalemanada de la norma constitucional que garantiza esta premisa en sus artículos números 294, 298, 299 y 301 que estipulan:Articulo 294 “El territorio nacional se dividirá en departamentos. Su creación y límites será decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividirán en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la Ley.” ARTICULO 298.- “En el ejercicio de sus funciones privativas y siempre que no contraríen las leyes, las Corporaciones Municipales serán independientes de los Poderes del Estado, responderán ante los tribunales de justicia por los abusos que cometan individual o colectivamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.”ARTICULO 299.- “El desarrollo económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de Desarrollo Nacional.” y ARTICULO 301.- Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros destinos. Por su parte, la Ley de Municipalidades también hace suyo este principio de Autonomía, en sus artículos 2, 3, 12, 13, 14, 44, 65 y 66, que estipulan en sus partes conducentes lo siguiente: Artículo 2.- El Municipio es una población o asociación de personas residentes en un término municipal, gobernada por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su territorio y es la estructura básica territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.” Artículo 3.- El territorio hondureño se divide en departamentos y éstos en municipios autónomos, administrados, sin más sujeción que a (a ley, por Corporaciones electas directamente por el pueblo, de conformidad con la ley.” Artículo 12.- la autonomía municipal se basa en los postulados siguientes: 1.- 2.- La libre administración y las decisiones propias dentro de la ley, los intereses generales de la Nación y sus programas de desarrollo; 3.- La facultad para recaudar sus propios recursos e invertirlos en beneficio del Municipio, con atención especial en la preservación del medio ambiente; 4.- 5.- 6.- 7.- Las demás que en el ejercicio de sus atribuciones les correspondan por ley a las municipalidades.” Artículo 13.- Las municipalidades tienen las atribuciones siguientes: 1.- 2.- 3.- 4.- Construcción de redes de distribución de agua potable, alcantarillado para aguas negras y alcantarillado pluvial, así como su mantenimiento y administración; 5.- 6.- 7.- 8.- 9. Fomento y regulación de la actividad comercial, industrial, de servicios y otros; 10.- 11.- Suscripción de convenios con el Gobierno Central y con otras entidades descentralizadas con las cuales concurra en la explotación de los recursos, en los que figuren las áreas de explotación, sistemas de reforestación, protección del medio ambiente y pagos que les correspondan. Las entidades con las que las Municipalidades acuerden los convenios mencionados, otorgarán permisos o contratos, observando lo prescrito en los convenios; 12.- 13.- 14.- 15.-” Artículo 14.- “La Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del Municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes; serán sus objetivos los siguientes: 1) Velar porque se cumplan la Constitución de la República y las leyes; 2) 3) 4) 5) 6) Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente; 7) Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del Municipio, y; 8) Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prioridades establecidas y los programas de desarrollo nacional.” Artículo 44. “El Alcalde Municipal presidirá todas las sesiones, asambleas, reuniones y demás actos que realizase la Corporación. El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva dentro del término municipal y sancionará los acuerdos ordenanzas y resoluciones emitidos porla Corporación Municipal, convirtiéndolas en normas de obligatorio cumplimiento para los habitantes y demás autoridades.En consecuencia, toda otra autoridad, civil o de policía acatará, colaborará y asistirá en el cumplimiento de dichas disposiciones.” Artículo 65. Tendrán la categoría de instrumentos jurídicos municipales los siguientes: 1) Las ordenanzas municipales o acuerdos que son normas de aplicación general dentro del término municipal, sobre asuntos de la exclusiva competencia de la Municipalidad; 2) 3) 4) y, 5) Las actas de las sesiones de la Corporación Municipal. Para garantizar el pleno goce de la garantía constitucional de la Autonomía Municipal, la Ley de Municipalidades estratifica el orden de prelación que posee esta ley con relación a los demás ordenamientos jurídicos, así: Articulo 66 “Los actos de la Administración Municipal deberán ajustarse a la jerarquía normativa siguiente: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las leyes administrativas especiales; 5) Las leyes especiales y generales vigentes en la República; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de la presente Ley; 7) Los demás Reglamentos generales o especiales; 8) La Ley de Policía en lo que no oponga a la presente Ley; 9) Los principios generales del Derecho Público.” El Reglamento de la Ley de Municipalidades es abundante en sus conceptos con relación al asunto que nos ocupa, pues en sus artículos 76, 127, 130, 132, 147 y 152, estipula: Artículo 76. “De conformidad con lo establecido en el Artículo 75, de la Ley, tienen el carácter de Impuestos Municipales los siguientes: 1) 2) 3) El Impuesto sobre Industrias, Comercio y Servicios. 4) El Impuesto sobre Extracción y Explotación de Recursos. 5).- Artículo 127.- El Impuesto de Extracción o Explotación de Recursos es el que pagan las personas naturales o jurídicas por la explotación o extracción de los recursos naturales, renovables y no renovables, dentro de los límites del territorio de su municipio, ya sea la explotación temporal o permanente Artículo 130.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la extracción o explotación de recursos naturales en un término municipal, deberán cumplir con las siguientes obligaciones, a) Solicitar ante la Corporación Municipal una Licencia de Extracción o Explotación de los recursos, antes de iniciar sus operaciones de explotación; b) Para explotaciones nuevas, presentar junto con la solicitud anteriormente expresada, una estimación anual de cantidades y recursos naturales a explotar o extraer y un estimado de su valor comercial. La contravención a lo establecido anteriormente se sancionará con lo prescrito en los artículos 154, 158 y 160 de este Reglamento. Artículo 132.- Las que han tenido la responsabilidad de controlar y administrar los recursos naturales del país, como COHDEFOR, el ministerio de Recursos Naturales, etc., deberán establecer convenios de mutua cooperación y responsabilidad con las Municipalidades en cuya jurisdicción se encuentran ubicados estos recursos naturales, ya sea en propiedades particulares, ejidales, nacionales, etc., a fin de obtener óptimos beneficios para la Municipalidad en la aplicación de esta Ley y su Reglamento. Para estos efectos, la Corporación Municipal podrá otorgar el permiso de explotación de recursos naturales renovables y no renovables, previa la elaboración de un estudio técnico aprobado por el ministerio o institución correspondiente. Artículo 147. “El Plan de Arbitrios es una ley local, de obligatorio cumplimiento por todos los vecinos o transeúntes del municipio, donde anualmente se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de cada Municipalidad.Artículo 148. “El Alcalde Municipal deberá elaborar el proyecto del Plan de Arbitrios Anual, el cual será sometido a la consideración y aprobación de la Corporación Municipal, en la primera quincena de septiembre. Se considera que el acto que se pretende anular ha sido promulgado en uso de las facultades que la carta magna ha otorgado a los gobiernos municipales, cuyos principales enunciados se han transcrito en el acápite que antecede, por consiguiente. La parte demandante pretende haciendo una errónea interpretación de la Ley General de Aguas, y obviando completamente la AUTONOMIA MUNICIPAL, incluyendo el hecho de que El Municipio es la estructura básica territorial del Estado, que su representada no debe estar incluida en el articulo numero 67 numeral 3 de la referida ley, que establece: Articulo 67.- PERMISOS YLICENCIAS: Las Municipalidades otorgaran derechos de aprovechamiento de agua mediante permisos y licencias por la vía reglamentaria en los casos siguientes: 1), 2), 3) Uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresa.- 4), 5), 6), 7)... Los permisos y licencias no concederán derechos de propiedad y solo pueden ser ejercidos por el solicitante. Por otra parte, el Articulo 86 de la Ley General de Aguas, estipula que el marco tarifario será establecido por La Autoridaddel Agua, aplicable a los casos que no están comprendidos en el artículo 67 sino en el artículo 68 de esta ley, y en su caso por LAS MUNICIPALIDADES, tal como es el caso que nos ocupa, La Autoridad del Agua aún no ha sido conformada, por consiguiente a quien compete actualmente establecer el marco tarifario y su revisión es a las Municipalidades, de no ser así, se estaría dejando a su libre albedrío el pagar las cantidades que ellos estimen conveniente. Por consiguiente, la sentencia ahora recurrida es total y absolutamente contraria a la normativa expresamente contemplada en el artículo 11 numeral 12 de la Ley General de Aguas, que establece “Que corresponde a la dependencia administrativa de Autoridad de Aguas, aprobar cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos del agua...”, en el juicio de mérito, se acompaña una resolución favorable a la Cervecería Hondureña S.A. emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, misma que no tiene en consideración el dictamen de la “Autoridad de Agua” simplemente que dicha dependencia administrativa aún no ha sido constituida. El Artículo 104 de la Ley General de Aguas estipula que: El Poder Ejecutivo, por medio de la SERNA procederá a emitir los Reglamentos de la presente Ley en un plazo no mayor de 18 meses, y a realizar las transformaciones administrativas necesarias para su correcto cumplimiento. En tanto no se reglamente la presente Ley seguirán en vigencia aquellas disposiciones reglamentarias que fuesen aplicables. De igual forma el artículo 105 de la Ley General de Aguas estipula en su segundo párrafo “Queda derogada la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales del 9 de abril de 1927 y sus reformas”, sin hacer ninguna mención a la derogatoria de normas consignadas en la Ley de Municipalidades, ni su Reglamento General, o de cualquier otra ley que se le oponga. En tal sentido estas disposiciones continúan vigentes. El motivo o violación que genera este recurso es haber infringido las normas constitucionales antes expuestas, como son los artículos 204 párrafo segundo y 298 en relación el artículo 105 de la Ley General de Aguas, los cuales nos señalan la pauta a seguir en la explotación y disposición de los recursos naturales como es el caso que nos ocupa, por su parte el artículo 64 de la Constitución de la República, prescribe que: “No se aplicaran leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, silos disminuyen, restringen o tergiversan”” Que el motivo expuesto resulta inadmisible por las siguientes razones: a) se sustenta en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, sin embargo en su explicación aduce que la sentencia es violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por la falta de apreciación e infracción directa del artículo 298 de la Constitución de la República, lo cual entendida como otra forma de violar la ley, debió haber sido formulada en forma separada e independiente; b) conforme el precepto autorizante anteriormente indicado, como causal de casación, el mismo comprende dos situaciones jurídicas distintas, una por la forma de las sentencias regulado en los artículos 200 numerales 1) y 2) y los literales de este último y, por los requisitos de contenido (interno) en los artículos 206, 207, 208 y 209 del Código Procesal; alegándoseviolación de la forma, pero sin haber establecido la disposición correspondiente a está situación jurídica, citando como infringido el artículo 207 numerales 1) y 2) que corresponde a los requisitos internos de la sentencia y no a la forma, careciendo por ello de precisión; c) en la explicación del motivo hace referencia a los artículos 294, 299 y 301 de laConstitución de la República, 2, 3, 12, 13, 44, 65, 66 y 76, 127, 130, 132, 147 y 152 de la Ley de Municipalidades y 76, 127, 130, 132, 147 y 152 de su Reglamento, que no fueron citados como infringidos ni relacionados en su formulación; y, d) se realizan inapropiados alegatos de instancia” Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, Departamento de Cortés, representado en juicio por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ; y, Recurrido: sociedad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., representado en juicio por el abogado VIRGILIO UMANZOR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda que se contrae a pedir que se declare no ser conforme a derecho y se anule parcialmente un acto administrativo de carácter general contenido en el Plan de Arbitrios del año 2011, de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por haberse dictado infringiendo la Constitución de la Republica, el ordenamiento jurídico vigente y cometiendo exceso de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de enero del dos mil once, por el abogado VIRGILIO UMANZOR, quién actúa en su condición de apoderado de la sociedad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., contra la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representado en juicio por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Capítulo IV del Plan de Arbitrios del año 2011 aprobado por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, son disposiciones de un acto administrativo, cuya nulidad se demanda en virtud de que han infringido la Constitución de la República, han infringido el ordenamiento jurídico vigente y se ha cometido exceso de poder, pues si bien la Ley General de Aguas, contenida en el Decreto No.181-2009 del 24 de agosto del 2009, en su artículo 68, le otorga al Gobierno Central, a través de la Autoridad del Agua, la facultad de otorgar derechos de aprovechamiento en los siguientes casos: 1) para desarrollo de proyectos de energía renovable, utilizando el recurso hídrico, según lo establecido en la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables; 2) para regantes que usen infraestructura y volúmenes de riego mayores de diez (10) hectáreas, se procederá conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; y 3) usos industriales y comerciales de medianas y grandes empresas; en cambio a las Municipalidades, la referida Ley, las faculta para otorgar derechos de aprovechamiento de agua en los casos siguientes: 8) usuarios domiciliarios para consumo humano; 9) uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresa; 10) pesca artesanal y deportiva; 11) turismo local; 12) sistemas de riego que no exceda un total de diez (10) hectáreas; 13) agropecuaria en explotaciones cuyo consumo en forma aislada no exceda de 0.06 litros por segundo; y 14) Juntas de agua legalmente reconocidas; que la Municipalidad de San Pedro Sula incluyó en la tarifa establecida en el artículo 72 del Plan de Arbitrios para el 2011 a todo tipo de negocios y actividad económica sin excepción alguna, incluyendo categorías como el Gran Comercio, con lo cual se está atribuyendo una facultad que no le corresponde, ya que taxativamente, el legislador se la asignó a otro órgano, que es la Autoridad del Agua; por lo tanto, de conformidad a los artículos 35 y 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la disposición contenida en el artículo 72 del Plan de Arbitrios vigente, de la Municipalidad de San Pedro Sula, es nula; que la Ley General de Aguas, contenida en el Decreto No.181- 2009 del 24 de agosto del 2009, ciertamente le concede al Gobierno Central, a través de la Autoridad del Agua, y a las municipalidades, la facultad de autorizar el marco tarifario, de acuerdo a su respectiva competencia, previa opinión de los Entes Reguladores, tal como lo establece el artículo 86 trascrito en el Hecho Segundo anterior y que debido a que aun no existe el Ente Regulador, evidentemente, la Municipalidad para establecer esta tarifa, no cumplió con el indicado requisito de forma tal que el citado artículo 86 que dice: Artículo 86 MARCO TARIFARIO: El marco tarifario y su revisión será establecida por la Autoridad del Agua y en su caso por las municipalidades, previa opinión y revisión de cálculos por parte de los Entes Reguladores respectivos, por lo que es evidente que estamos ante un requisito sine qua non que, previo a establecer el marco tarifario, se necesita: a) una opinión de un ente regulador b) una revisión de cálculos por un ente regulador; ahora, nos enfrentamos a la realidad que no existe el ente regulador y la autoridad del AGUA aun no ha sido integrada ni instalada y por lo tanto aun no esta funcionando, pero esta inexistencia no faculta ni concede ni autoriza a la Municipalidad de San Pedro Sula a subrogarse automáticamente el poder de determinar un marco tarifario. La intención del legislador se vuelve evidente en el sentido que no es autónoma la Municipalidad en el tema, sino que sus tarifas deben ser supervisadas por un ente regulador. En este sentido el espíritu de la ley no le deja campo ni espacio alguno a la Municipalidad para que salte el obstáculo legal de que sus tarifas reciban una opinión y una revisión, por lo que imponer sus tarifas sin la opinión ni la revisión, resulta evidentemente no conforme a derecho; que el agua que utiliza la sociedad mercantil CERVECERÍA HONDUREÑA, S. A. es subterránea es decir, no utiliza ni una tan sola gota de agua que provenga del sistema normal de aguas de San Pedro Sula, por lo que la regulación de este recurso, es distinta de la que se aplica a cualquier usuario que no cuente con pozos de agua subterránea: que es importante hacer notar que además de producir refrescos carbonatados, cervezas, jugos, tes, también es envasadora de agua, por lo que no está claro ni establecido cuál de las tarifas es la que le aplica, sin embargo, se les ha informado en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, que será la última de la tabla que más adelante se detalla, es decir, L3.50 por metro cúbico de agua; que por otro lado el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Que la tarifa establecida en el Artículo 72 del Plan de Arbitrios vigente, contiene una mezcla entre consumo humano, tipo de negocio y actividad económica, lo que hace suponer que la Municipalidad, para establecer dicha tarifa no realizó ningún estudio técnico que la llevara a determinar dichos valores, lo cual de ser así habría infringido el artículo 87 de la Ley General de Aguas, en cuyo caso, el contenido del artículo 72 es anulable; que de conformidad con el artículo 321 de la Constitución de la República: Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; como si fuera poco, la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula está dando a entender que le pertenece el agua subterránea de su circunscripción territorial, lo cual está alejado de la verdad porque La Ley General de Aguas, en su artículo 4 establece claramente que el Estado de Honduras ejerce soberanía sobre el territorio nacional incluyendo las aguas subterráneas, por lo que no puede subrogarse la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, el agua subterránea como si fuera propia o como si tuviera la facultad de cobrar por la misma a los grandes consumidores; que la Ley General de Aguas en la parte final del párrafo primero del artículo 63 establece que el uso comercial e industrial del agua subterránea será consignado en el Reglamento de la misma Ley General de Aguas, por lo que una vez más, la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula se subroga automáticamente la facultad de regular el uso industrial que CERVECERIA HONDUREÑA S.A., le da al agua subterránea, como si fuera propia, o como si la ley la facultara a ello; también es importante hacer notar que CERVECERIA HONDUREÑA S.A. tiene firmada con la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) una CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SUBTERRÁNEAS a su favor, que es de fecha once de enero del año dos mil once, por lo que se encuentra ya pagando dicho aprovechamiento, de forma que no le corresponde pagarlo dos veces, que es lo que pretende que suceda la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; que durante años ha pagado como contribución a la ciudad, una cantidad de L0.30 centavos por cada metro cúbico de agua que utilice, para lo cual tiene contadores que lo demuestran. Pues ahora sucede, que la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula ha realizado un incremento a L3.50 que equivale a un incremento de más del un mil por ciento (1000%) y ello hace que resulte evidente que el incremento no responde a un análisis de la inflación, costos de producción, o parámetros contables o financieros que justifiquen tal incremento, en este orden de ideas, resulta para Cervecería Hondureña S.A. un incremento significativo en el uso del agua, en el orden de un alza porcentual que resulta inaceptable; que el convenio a que se ha hecho referencia en el numeral SEXTO anterior suscrito entre la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y la sociedad mercantil CERVECERÍA HONDUREÑA, S. A. de fecha treinta y uno de diciembre del año mil novecientos noventa y tres, no ha sido ni revocado, ni resuelto, ni rescindido, ni anulado, por lo que estando vigente su aplicación, no es posible sustituirlo tácitamente, puesto que lo que las partes acuerden mediante un contrato es ley entre ellas mediante un contrato, es ley entre ellas, de forma tal que Cervecería Hondureña S. A. no ha firmado ningún documento nuevo que indique que está de acuerdo en revocar, resolver, rescindir o anular el convenio que se adjunta, y que por ende, se encuentra vigente; es mas, en este convenio esta previsto que el pago cesará hasta que una ley establezca un pago por el recurso

hídrico.- 2.- La parte demandada, CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, manifiesta que el Reglamento de la Ley de Municipalidades es abundante en sus conceptos exponiendo que el Plan de Arbitrios es una ley local, de obligatorio cumplimiento por todos los vecinos o transeúntes del municipio, donde anualmente se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de cada Municipalidad. Que el Alcalde Municipal deberá elaborar el proyecto del Plan de Arbitrios Anual, el cual será sometido a la consideración y aprobación de la Corporación Municipal, en la primera quincena de septiembre; que el acto que se pretende anular ha sido promulgado en uso de las facultades que la carta magna ha otorgado a los gobiernos municipales, por consiguiente, pretender que documentos como el que señala la parte demandante, mismos que fueron suscritos hace DIECIOCHO años continúen estableciendo la contribución pecuniaria que la gran empresa devolverá al municipio a cambio de las cuantiosas oportunidades de negocio que la ciudad le proporciona, es actuar sin ningún sentido de solidaridad; que la parte demandante pretende haciendo una errónea interpretación de la Ley General de Aguas y obviando completamente la AUTONOMIA MUNICIPAL, incluyendo el hecho de que el Municipio es la estructura básica territorial del Estado, que el articulo número 67 numeral 3) de la referida ley, establece: Artículo 67.- PERMISOS Y LICENCIAS: Las Municipalidades otorgaran derechos de aprovechamiento de agua mediante permisos y licencias por la vía reglamentaria en los casos siguientes: 1), 2), 3) Uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresas- 4), 5), 6), 7)... Los permisos y licencias no concederán derechos de propiedad y solo pueden ser ejercidos por el solicitante y por otra parte, que el Artículo 86 de la Ley General de Aguas, el marco tarifario será establecida por La Autoridad del Agua, aplicable a los casos que no están comprendidos en el artículo 67 sino en el artículo 68 de esta ley, y en su caso por LAS MUNICIPALIDADES, tal como es el caso que nos ocupa, la Autoridad del Agua aun no ha sido conformada, por consiguiente a quien compete actualmente establecer el marco tarifario y su revisión es a las Municipalidades, de no ser así, se estaría dejando a su libre albedrío el pagar las cantidades que ellos estimen conveniente; que a la parte demandante no le consta que la Municipalidad de San Pedro Sula no haya realizado un estudio técnico que le llevase a fijar los valores establecidos en el Plan de Arbitrios. Se rechazan asimismo las consideraciones emitidas por la parte demandante exhibiendo una contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales firmada con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, de fecha 11 de enero del año 2011, misma que es posterior a la fecha de aprobación del Plan de Arbitrios de San Pedro Sula, circunstancia ésta que también se rechaza en virtud de que exterioriza la poca voluntad que existe en la parte demandante por tributar lo que es justo para la ciudad de San Pedro Sula; que la parte demandante pretende que un convenio suscrito hace Dieciocho años con la Municipalidad de San Pedro Sula, mediante el cual pagaban la efímera cantidad de treinta y dos centavos, continúe vigente hasta la fecha, sin tomar en consideración los múltiples aumentos de precio que sus productos y las cantidades producidas le aportan a sus economías; que la parte demandante pretende continuar gozando de los beneficios que le otorgaba el convenio relacionado en el acápite anterior, interpretando erróneamente que el mismo continua vigente, olvidando que la promulgación del nuevo Plan de Arbitrios ha hecho posible la derogatoria tacita de los acuerdos anteriores. Sin embargo, es loable lo exteriorizado por la parte demandante en el ultimo párrafo de este apartado, en el sentido de que está en la mejor disposición de continuar colaborando con la ciudad, que legalmente lo que significa es que tributa para la ciudad, tal como lo hace en su condición personal cualquier ciudadano Sampedrano.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de noviembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo de carácter general parcialmente impugnado por infringir el ordenamiento jurídico, específicamente lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del capítulo IV, del Plan de Arbitrios de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para el año fiscal del 2011, aprobado en el punto único del acta 51 del 13 de diciembre del año 2010 y decreta la nulidad total de los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del capítulo IV del Plan de Arbitrios de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, para el año fiscal del 2011, aprobado en el punto único del acta 51 del 13 de diciembre del año 2010, por consiguiente reconoce la situación jurídica individualizada a favor de la parte demandante, consistente en que los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Capítulo IV del Plan de Arbitrios de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, para el año fiscal del 2011, aprobado en el punto único del acta 51 del 13 de diciembre del año 2010 no le son aplicables, sin costas; bajo el criterio que la Municipalidad de San Pedro Sula al haber aprobado el Plan de Arbitrios de 2011, en su Capítulo IV de EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZO, PARA USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL regulados en los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Y 79 ordena el cobro de una taza por (m3) metro cúbico de agua, por extracción y Uso de Agua de Pozo para fines Industriales, Comerciales y Residenciales, lo hace en forma generalizada abarcando los usos industriales y comerciales de medianas y grandes empresas y emite disposiciones normativas que se encuentran totalmente fuera de su competencia, pues esta probado en autos que dicha facultad le corresponde exclusivamente a la AUTORIDAD DEL AGUA, ya que La Ley General de Aguas, contenida en el Decreto No.181-2009 del 24 de agosto del 2009, en su artículo 68, le otorga al Gobierno Central, a través de la Autoridad del Agua, la facultad de otorgar derechos de aprovechamiento en los siguientes casos: 1), 2), 3) usos industriales y comerciales de medianas y grandes empresas; en cuanto a las Municipalidades la misma Ley, las faculta para otorgar derechos de aprovechamiento de agua en los casos siguientes: 1), 2) uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresa; 3), 4), 5), 6); o sea que la facultad de otorgar derechos de aprovechamiento por parte de la Autoridad del Agua y las Municipalidades está claramente diferenciada, a la Autoridad del Agua le corresponde otorgar los derechos de aprovechamiento, mediante la figura del concesionamiento, a los grandes consumidores como en el caso de mérito; en cambio a las Municipalidades les corresponde otorgar los derechos de aprovechamiento de agua a pequeños consumidores, entre ellos el uso Industrial y Artesanal y para Micro y pequeña Empresa. Que ya la Ley General de Aguas, en su artículo 4 establece claramente que el Estado de Honduras ejerce soberanía sobre el territorio nacional incluyendo las aguas subterráneas, en virtud de ello la parte demandada no puede abrogarse, el derecho de regular de manera general la extracción y uso de agua subterránea como si fuera propia o como si tuviera la facultad de cobrar por la misma a los grandes consumidores.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 26 de abril del 2012, dictó sentencia definitiva declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, dictada por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio que el acto de carácter general parcialmente impugnado infringe el ordenamiento jurídico establecido en la Ley General de Aguas, artículos 2, 67 numeral 2), 68 numeral 3), 86, y 87 y el artículo 321 de la Constitución de la Republica y por lo expuesto la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto de carácter general impugnado parcialmente por infringir el ordenamiento jurídico así como decreta la nulidad de los artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 del Capítulo IV, del Plan de Arbitrios de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés para el año fiscal del 2011, aprobado en el punto único del acta 51 del 13 de diciembre del año 2010.- 5.- La representación procesal de la demandada, abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, presentó en fecha cinco de junio del dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintiséis de abril del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 078-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 007-11 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha siete de junio del dos mil doce, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- Que mediante providencia de fecha veintiséis de junio del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por pronunciado al abogado VIRGILIO UMANZOR, en su condición de apoderado recurrido sobre el contenido del Recurso de Casación interpuesto y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandante, abogado VIRGILIO UMANZOR, en fecha veinticuatro de julio de dos mil doce y a la parte demandada, abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ, en fecha siete de agosto del dos mil doce.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados VIRGILIO UMANZOR y JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ presentaron escritos de personamiento en fechas veintiséis de julio y catorce de agosto del dos mil doce, en concepto de partes recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 26 de Abril del año 2012, por falta de aplicación de las normas procesales correctas que regulan la forma y contenido de la sentencia, este motivo o causal de Casación está comprendido en el articulo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que señala el derecho de poder recurrir en Casación para impugnar la aplicación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. En el presente caso, impugno la sentencia por falta de aplicación de las normas procesales correctas que regulan la forma de la sentencia, siendo estas las comprendidas en el artículo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el capítulo III articulo 719 numeral primero, letra c) del Código Procesal Civil, en cuanto a lo que establece: “Causales del recurso, 1. c) la forma y contenido de la sentencia.”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El contenido formal de las sentencias de conformidad a lo que regula el articulo 207.1 y 2 del Código Procesal Civil, en su numeral primero establece: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.” Y el numeral segundo expresa: “La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Como se puede apreciar el fallo dictado por el Ad-Quem carece de motivación y no expresa los razonamientos facticos y jurídicos para aplicar e interpretar el derecho. La Sentencia es violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por la falta de apreciación e infracción directa del artículo 298 de la Constitución de la República el cual establece que las Corporaciones Municipales serán independientes de los Poderes del Estado; por haberse dejado de apreciarse dicho precepto y derecho legalmente establecido y aplicable al caso del pleito. El Plan de Arbitrios aprobado en uso de sus facultades por la Municipalidad de San Pedro Sula, para el año 2011, es expresión de la Autonomía Municipal emanada de la norma constitucional que garantiza esta premisa en sus artículos números 294, 298, 299 y 301 que estipulan: Articulo 294 “El territorio nacional se dividirá en departamentos. Su creación y límites será decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividirán en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la Ley.” ARTICULO 298.- “En el ejercicio de sus funciones privativas y siempre que no contraríen las leyes, las Corporaciones Municipales serán independientes de los Poderes del Estado, responderán ante los tribunales de justicia por los abusos que cometan individual o colectivamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.” ARTICULO 299.- “El desarrollo económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de Desarrollo Nacional.” y ARTICULO 301.- Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros destinos. Por su parte, la Ley de Municipalidades también hace suyo este principio de Autonomía, en sus artículos 2, 3, 12, 13, 14, 44, 65 y 66, que estipulan en sus partes conducentes lo siguiente: Artículo 2.- El Municipio es una población o asociación de personas residentes en un término municipal, gobernada por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su territorio y es la estructura básica territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.” Artículo 3.- El territorio hondureño se divide en departamentos y éstos en municipios autónomos, administrados, sin más sujeción que a (a ley, por Corporaciones electas directamente por el pueblo, de conformidad con la ley.” Artículo 12.- la autonomía municipal se basa en los postulados siguientes: 1.- 2.- La libre administración y las decisiones propias dentro de la ley, los intereses generales de la Nación y sus programas de desarrollo; 3.- La facultad para recaudar sus propios recursos e invertirlos en beneficio del Municipio, con atención especial en la preservación del medio ambiente; 4.- 5.- 6.- 7.- Las demás que en el ejercicio de sus atribuciones les correspondan por ley a las municipalidades.” Artículo 13.- Las municipalidades tienen las atribuciones siguientes: 1.- 2.- 3.- 4.- Construcción de redes de distribución de agua potable, alcantarillado para aguas negras y alcantarillado pluvial, así como su mantenimiento y administración; 5.- 6.- 7.- 8.- 9. Fomento y regulación de la actividad comercial, industrial, de servicios y otros; 10.- 11.- Suscripción de convenios con el Gobierno Central y con otras entidades descentralizadas con las cuales concurra en la explotación de los recursos, en los que figuren las áreas de explotación, sistemas de reforestación, protección del medio ambiente y pagos que les correspondan. Las entidades con las que las Municipalidades acuerden los convenios mencionados, otorgarán permisos o contratos, observando lo prescrito en los convenios; 12.- 13.- 14.- 15.-” Artículo 14.- “La Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del Municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes; serán sus objetivos los siguientes: 1) Velar porque se cumplan la Constitución de la República y las leyes; 2) 3) 4) 5) 6) Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente; 7) Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del Municipio, y; 8) Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prioridades establecidas y los programas de desarrollo nacional.” Artículo 44. “El Alcalde Municipal presidirá todas las sesiones, asambleas, reuniones y demás actos que realizase la Corporación. El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva dentro del término municipal y sancionará los acuerdos ordenanzas y resoluciones emitidos por la Corporación Municipal, convirtiéndolas en normas de obligatorio cumplimiento para los habitantes y demás autoridades. En consecuencia, toda otra autoridad, civil o de policía acatará, colaborará y asistirá en el cumplimiento de dichas disposiciones.” Artículo 65. Tendrán la categoría de instrumentos jurídicos municipales los siguientes: 1) Las ordenanzas municipales o acuerdos que son normas de aplicación general dentro del término municipal, sobre asuntos de la exclusiva competencia de la Municipalidad; 2) 3) 4) y, 5) Las actas de las sesiones de la Corporación Municipal. Para garantizar el pleno goce de la garantía constitucional de la Autonomía Municipal, la Ley de Municipalidades estratifica el orden de prelación que posee esta ley con relación a los demás ordenamientos jurídicos, así: Articulo 66 “Los actos de la Administración Municipal deberán ajustarse a la jerarquía normativa siguiente: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las leyes administrativas especiales; 5) Las leyes especiales y generales vigentes en la República; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de la presente Ley; 7) Los demás Reglamentos generales o especiales; 8) La Ley de Policía en lo que no oponga a la presente Ley; 9) Los principios generales del Derecho Público.” El Reglamento de la Ley de Municipalidades es abundante en sus conceptos con relación al asunto que nos ocupa, pues en sus artículos 76, 127, 130, 132, 147 y 152, estipula: Artículo 76. “De conformidad con lo establecido en el Artículo 75, de la Ley, tienen el carácter de Impuestos Municipales los siguientes: 1) 2) 3) El Impuesto sobre Industrias, Comercio y Servicios. 4) El Impuesto sobre Extracción y Explotación de Recursos. 5).- Artículo 127.- El Impuesto de Extracción o Explotación de Recursos es el que pagan las personas naturales o jurídicas por la explotación o extracción de los recursos naturales, renovables y no renovables, dentro de los límites del territorio de su municipio, ya sea la explotación temporal o permanente Artículo 130.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la extracción o explotación de recursos naturales en un término municipal, deberán cumplir con las siguientes obligaciones, a) Solicitar ante la Corporación Municipal una Licencia de Extracción o Explotación de los recursos, antes de iniciar sus operaciones de explotación; b) Para explotaciones nuevas, presentar junto con la solicitud anteriormente expresada, una estimación anual de cantidades y recursos naturales a explotar o extraer y un estimado de su valor comercial. La contravención a lo establecido anteriormente se sancionará con lo prescrito en los artículos 154, 158 y 160 de este Reglamento. Artículo 132.- Las que han tenido la responsabilidad de controlar y administrar los recursos naturales del país, como COHDEFOR, el ministerio de Recursos Naturales, etc., deberán establecer convenios de mutua cooperación y responsabilidad con las Municipalidades en cuya jurisdicción se encuentran ubicados estos recursos naturales, ya sea en propiedades particulares, ejidales, nacionales, etc., a fin de obtener óptimos beneficios para la Municipalidad en la aplicación de esta Ley y su Reglamento. Para estos efectos, la Corporación Municipal podrá otorgar el permiso de explotación de recursos naturales renovables y no renovables, previa la elaboración de un estudio técnico aprobado por el ministerio o institución correspondiente. Artículo 147. “El Plan de Arbitrios es una ley local, de obligatorio cumplimiento por todos los vecinos o transeúntes del municipio, donde anualmente se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de cada Municipalidad. Artículo 148. “El Alcalde Municipal deberá elaborar el proyecto del Plan de Arbitrios Anual, el cual será sometido a la consideración y aprobación de la Corporación Municipal, en la primera quincena de septiembre. Se considera que el acto que se pretende anular ha sido promulgado en uso de las facultades que la carta magna ha otorgado a los gobiernos municipales, cuyos principales enunciados se han transcrito en el acápite que antecede, por consiguiente. La parte demandante pretende haciendo una errónea interpretación de la Ley General de Aguas, y obviando completamente la AUTONOMIA MUNICIPAL, incluyendo el hecho de que El Municipio es la estructura básica territorial del Estado, que su representada no debe estar incluida en el articulo numero 67 numeral 3 de la referida ley, que establece: Articulo 67.- PERMISOS Y LICENCIAS: Las Municipalidades otorgaran derechos de aprovechamiento de agua mediante permisos y licencias por la vía reglamentaria en los casos siguientes: 1), 2), 3) Uso industrial, artesanal y para micro y pequeña empresa.- 4), 5), 6), 7)... Los permisos y licencias no concederán derechos de propiedad y solo pueden ser ejercidos por el solicitante. Por otra parte, el Articulo 86 de la Ley General de Aguas, estipula que el marco tarifario será establecido por La Autoridad del Agua, aplicable a los casos que no están comprendidos en el artículo 67 sino en el artículo 68 de esta ley, y en su caso por LAS MUNICIPALIDADES, tal como es el caso que nos ocupa, La Autoridad del Agua aún no ha sido conformada, por consiguiente a quien compete actualmente establecer el marco tarifario y su revisión es a las Municipalidades, de no ser así, se estaría dejando a su libre albedrío el pagar las cantidades que ellos estimen conveniente. Por consiguiente, la sentencia ahora recurrida es total y absolutamente contraria a la normativa expresamente contemplada en el artículo 11 numeral 12 de la Ley General de Aguas, que establece “Que corresponde a la dependencia administrativa de Autoridad de Aguas, aprobar cánones, tarifas, tasas por otorgamientos de derechos de usos, así como los procedimientos de concesiones y otorgamiento de permisos con respecto a los aprovechamientos del agua...”, en el juicio de mérito, se acompaña una resolución favorable a la Cervecería Hondureña S.A. emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, misma que no tiene en consideración el dictamen de la “Autoridad de Agua” simplemente que dicha dependencia administrativa aún no ha sido constituida. El Artículo 104 de la Ley General de Aguas estipula que: El Poder Ejecutivo, por medio de la SERNA procederá a emitir los Reglamentos de la presente Ley en un plazo no mayor de 18 meses, y a realizar las transformaciones administrativas necesarias para su correcto cumplimiento. En tanto no se reglamente la presente Ley seguirán en vigencia aquellas disposiciones reglamentarias que fuesen aplicables. De igual forma el artículo 105 de la Ley General de Aguas estipula en su segundo párrafo “Queda derogada la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales del 9 de abril de 1927 y sus reformas”, sin hacer ninguna mención a la derogatoria de normas consignadas en la Ley de Municipalidades, ni su Reglamento General, o de cualquier otra ley que se le oponga. En tal sentido estas disposiciones continúan vigentes. El motivo o violación que genera este recurso es haber infringido las normas constitucionales antes expuestas, como son los artículos 204 párrafo segundo y 298 en relación el artículo 105 de la Ley General de Aguas, los cuales nos señalan la pauta a seguir en la explotación y disposición de los recursos naturales como es el caso que nos ocupa, por su parte el artículo 64 de la Constitución de la República, prescribe que: “No se aplicaran leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, silos disminuyen, restringen o tergiversan.”.- II.- Que el motivo expuesto resulta inadmisible por las siguientes razones: a) se sustenta en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, sin embargo en su explicación aduce que la sentencia es violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por la falta de apreciación e infracción directa del artículo 298 de la Constitución de la República, lo cual entendida como otra forma de violar la ley, debió haber sido formulada en forma separada e independiente; b) conforme el precepto autorizante anteriormente indicado, como causal de casación, el mismo comprende dos situaciones jurídicas distintas, una por la forma de las sentencias regulado en los artículos 200 numerales 1) y 2) y los literales de este último y, por los requisitos de contenido (interno) en los artículos 206, 207, 208 y 209 del Código Procesal; alegándose violación de la forma, pero sin haber establecido la disposición correspondiente a está situación jurídica, citando como infringido el artículo 207 numerales 1) y 2) que corresponde a los requisitos internos de la sentencia y no a la forma, careciendo por ello de precisión; c) en la explicación del motivo hace referencia a los artículos 294, 299 y 301 de la Constitución de la República, 2, 3, 12, 13, 44, 65, 66 y 76, 127, 130, 132, 147 y 152 de la Ley de Municipalidades y 76, 127, 130, 132, 147 y 152 de su Reglamento, que no fueron citados como infringidos ni relacionados en su formulación; y, d) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2º); DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintiséis de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 652-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL