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Sentencia CA-647-12 — Registro 2762

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, sepodrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” NORMA DE DERECHO MAL APLICADA E INFRINGIDA. En el presente motivose encuentra MAL APLICADO E INFRINGIDO EL ARTÍCULO 261 CAUSAL 3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL, PUES EL AD-QUEM LO APLICÓ COMO LEY DE SERVICIO CIVIL, lo anterior relacionado con los artículos: 2 , 12 y 47 numeral 3 de la Ley de Servicio Civil, 35 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, y 190 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha veintidós (22) de Marzo del año dos mil doce (2012) (corre agregada en segunda pieza de autos de folios 11 al 18), en su acápite Primero declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado (Estado de Honduras), y posteriormente el Juez Ad-Quem HACE SUYA la Sentencia Definitiva que emitiera en Primera Instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán el día treinta de septiembre del dos mil once, (corre agregada de folio 292 afolio 303 de la primera pieza de autos), ya que el Ad-Quem literalmente confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo contiene MAL APLICACIÓN DE LA LEY, ES DECIR HAY ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE DERECHO Y POR ENDE VIOLACIÓN A LA MISMA EN SU ARTÍCULO 261 CAUSAL 3 DEL REGLAMENTO DE SERVICIO CIVIL.- LO ANTERIOR HONORABLES MAGISTRADOS ES EVIDENTE A SIMPLE VISTA, YA QUE EL AD-QUEM EN SU SENTENCIA RECURRIDA, EXACTAMENTE EN FOLIO DIECISIETE (17) DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS, EN ACAPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO, MOTIVA SU SENTENCIA EN CONSIDERANDO (6), ASÍ: “ QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 261 CAUSAL 3 DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL?”.- A simple lectura de lo anterior Honorables Magistrados es obvia la confusión y por ende mal aplicación a la Norma de derecho por parte del Ad-Quem, pues no existe artículo 261 causal 3 de Ley de Servicio Civil, ya que la Ley de Servicio Civil no tiene más de 72 artículos, lo que si es cierto es que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil si contiene dicho artículo, por lo anterior expuesto es clara la mala aplicación por parte del Ad-Quem en su sentencia recurrida, ya que confunde 2 Estamentos legales diferentes, y mal aplica un artículo del Reglamento de la Ley, como un artículo de la Ley de Servicio Civil, lo cual es un claro motivo del presente Recurso de Casación de fondo para casar la sentencia recurrida, pues simple y sencillamente dicho artículo aplicado en la sentencia no corresponde a la Ley de Servicio Civil, sinó que a un Reglamento.-Asimismo, existe violación a los artículos 47 numeral 3, de la Ley de Servicio Civil establece: Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualesquiera de las siguientes causas: 1..., 2..., 3. Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, relacionado con el artículo 48 de la misma Ley.- Es así que la Administración demandada después de haber realizado las investigaciones pertinentes y posterior Audiencia de Descargo al demandante se comprobó la falta de la demandante SONIA PALMA RODRIGUEZ, SIENDO NUESTRA DEFENSA los siguientes escritos: escrito de contestación de demanda, 4 medios de prueba y conclusiones acreditados en Juicio por la parte demandada, por lo que en estricto cumplimiento a lo ordenado en la Normal Legal antes señalada es que se procedió a Cancelar por Despido a la ciudadanaSONIA PALMA RODRIGUEZ, mediante la emisión del Acuerdo de despido Nº. 004-2008 de fecha 24 de Enero del 2008, utilizando como fundamentación jurídico la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, pero el Tribunal Ad-Quem interpreta de forma errónea y aplica de forma indebida la Ley al hacer suyo el fallo dictado en Primera instancia por el Juez Ad-Quo, al subsumir de forma ilegal dicha falta como un “NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES” y no como INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DEBIDAMENTE COMPROBADA POR MI REPRESENTADO, incurriendo en abierta violación a la Ley, ya que el demandante acepto haber infringido la Ley y procedimientos aduaneros de Aforo y despacho en Audiencia de Descargo, por lo que queda evidenciado que mi Representado actúo en estricto apego a la Ley, observando el Ordenamiento Jurídico aplicable al presente caso, tal como lo estipula el artículo 47 numeral 3 y 48 de la Ley de Servicio Civil. En consecuencia procede se case la sentencia en el presente motivo ante la evidente violación a la Ley prescrita, e interpretación errónea de la misma, al subsumir incorrectamente e ilegalmente el Tribunal Ad-Quem la falta cometida por SONIA PALMA RODRIGUEZ, como: “NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES”, según el Ad-Quem como simple sanción que no merecía despido, siendo lo correcto: INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DEBIDAMENTE Y LEGALMENTE COMPROBADA POR MI REPRESENTADO, que es la real causal de su despido según Ley, en la cual se basa la autoridad Nominadora para realizar dicho despido.- Lo anterior en virtud de que el Ad-Quem con su sentencia hace suya la sentencia de Primera Instancia, pues confirma unánime la misma. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violentó el ordenamiento jurídico al emitir su Fallo, aplicando e interpretando erróneamente normas de Derecho de fondo, fundamentando el mismo en contra del Estado de Honduras, lo cual es motivo de este Recurso, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva, legal y justa al fondo del presente Juicio. Al confirmar el Juez Ad-Quem la sentencia del A-quo prácticamente hace suya dicha sentencia, e interviene en preceptos jurídicos fuera a los límites de lo pedido por las partes, siendo dichos preceptos adicionales y fuera de las pretensiones del demandante, por ende infringiendo lo contenido en el artículo 35 de la ley de La Jurisdicción de lo contencioso-administrativo que para ilustración literalmente dice: “la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición”.”.- Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) en su explicación alude a la aplicación indebida y la interpretación errónea de la norma invocada como infringida, modos que debieron ser expresados en forma separada e independiente; b) hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en este recurso extraordinario acorde a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia. “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de agosto de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representado en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, y la recurrida: SONIA PALMA RODRIGUEZ, representada en juicio por el Abogado OSCAR RENÉ CORRALES ORDÓÑEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restitución de la demandante en su cargo, salarios dejados de percibir y derechos adquiridos, costa del juicio, promovida por la señora SONIA PALMA RODRIGUEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representado en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 5 de marzo de 2006, fue nombrada en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho en la Dirección Ejecutiva de Ingresos; que mediante Acuerdo No.004-2008, de fecha 31 de enero de 2008, fue notificada la demandante de la cancelación de su cargo por parte de la Secretaría de Finanzas, sin haber dado motivo suficiente para ello; que la demandante ha venido realizando las labores encomendadas aún con las condiciones deficientes donde fue asignada en la Aduana El Amatillo y que conforme a las leyes de aduanas, los reglamentos, memorando e instrucciones impartidas por el Jefe, se han realizado las mismas aún no teniendo la obligación de revisar las mercancías físicamente para comparar con la Póliza; no obstante en las pólizas seleccionadas como Canal Amarillo no es así, no hay exigencia de revisión física, conforme lo establece los artículo 59 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que es el caso por el cual se levantó audiencia de descargo sobre el procedimiento aduanero realizado en la nacionalización de mercaderías, lozas sanitarias y sillas de escritorio consignada al importador “INDUFAB,” lo que implica que no estaba obligada la demandante a inspeccionar físicamente las mercaderías ingresadas, muchos menos cuando se trataba de loza sanitaria que venía en camión uno sobre otra sin embalaje, como consecuencia de ello no procede la cancelación del cargo, ya que en el caso más extremo de haber cometido un error que no es así, procedía que se le sancionara en forma leve a la demandante, violentando de esta manera el Derecho de Defensa establecido en la Constitución de la República, por lo que jamás se le probó el incumplimiento de sus obligaciones como empleada de aduanas. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contesto dicha demanda señalando que en ningún momento se le ha violentado a la demandante sus garantías constitucionales o cualquier otro ordenamiento jurídico aplicable al caso en particular, habiéndose efectuado su despido, atendiendo a lo establecido al respecto, en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación, disposiciones estas que forman parte del derecho positivo de la República de Honduras, por lo que al haber incurrido la demandante en una falta laboral, se le siguió el procedimiento de despido que regula la normativa correspondiente, iniciándose el procedimiento con las investigaciones practicadas por el Departamento de Control Interno de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, siendo resultante de tales investigaciones, que efectivamente la demandante incurrió en la falta de inhabilidad manifiesta en el desempeño del cargo, la cual fue debidamente comprobada, y que conforme a dicha Ley y su Reglamento, se considera una falta que corresponde a la sanción por despido sin responsabilidad para el Estado. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por la demandante, por no ajustarse a Derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No.004-2008, de fecha 24 de enero de 2008, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio del cual se le cancelo por cesantía a la demandante; anulando el acuerdo de cancelación; reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar a la demandante en iguales condiciones a las que tenia al momento de su cancelación en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho en la Sección de Aforo, y al pago de los salarios dejados de percibir y todos los demás derechos adquiridos; condenando al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a reconocer, ejecutar y pagar a la demandante por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por desviación de poder, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su reglamento, en virtud de no haberse probado legalmente la inhabilidad e ineficiencia manifiesta de la demandante, causal por la cual fue cancelada ya que según manifiesta la demandante, ella revisó la mercancía en base al canal amarillo el cual da la opción de revisar documental o físicamente la mercancía y no existir en dicha aduana las condiciones adecuadas para hacer una revisión completa, no siendo esta una causal de despido. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que de conformidad al artículo 261 causal 3 de la Ley del Servicio Civil, a la que se refiere el acuerdo de cancelación o de despido; establece que los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos, por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobado, y que a la demandante, el artículo que debió aplicarle la demandada es el 258 inciso d) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, donde expresa que son faltas menos graves, “la negligencia en el desempeño de sus funciones o inobservancia de orden superior”, falta que la Ley no sanciona con el despido; siendo la falta que debió aplicarse como sanción de conformidad a la gravedad de esta, y al no hacerlo, se violentó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción, interpuesta por la demandante, resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado. 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presentó en fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 079-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 053-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 6.- Mediante providencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo. 7.- Mediante providencia de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por precluído el término concedido al Abogado OSCAR RENE CORRALES, a efecto de que se pronunciara sobre el recurso interpuesto, habiendo perdido la oportunidad de realizar el acto de que se trate; la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA y por vía teléfono celular No.99488510, en fecha tres de agosto de dos mil doce, al Abogado OSCAR RENE CORRALES. 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado OSCAR RENÉ CORRALES ORDOÑEZ, presentó escrito en fecha diez de agosto de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” NORMA DE DERECHO MAL APLICADA E INFRINGIDA. En el presente motivo se encuentra MAL APLICADO E INFRINGIDO EL ARTÍCULO 261 CAUSAL 3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL, PUES EL AD-QUEM LO APLICÓ COMO LEY DE SERVICIO CIVIL, lo anterior relacionado con los artículos: 2 , 12 y 47 numeral 3 de la Ley de Servicio Civil, 35 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, y 190 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha veintidós (22) de Marzo del año dos mil doce (2012) (corre agregada en segunda pieza de autos de folios 11 al 18), en su acápite Primero declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado (Estado de Honduras), y posteriormente el Juez Ad-Quem HACE SUYA la Sentencia Definitiva que emitiera en Primera Instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán el día treinta de septiembre del dos mil once, (corre agregada de folio 292 a folio 303 de la primera pieza de autos), ya que el Ad-Quem literalmente confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo contiene MAL APLICACIÓN DE LA LEY, ES DECIR HAY ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE DERECHO Y POR ENDE VIOLACIÓN A LA MISMA EN SU ARTÍCULO 261 CAUSAL 3 DEL REGLAMENTO DE SERVICIO CIVIL.- LO ANTERIOR HONORABLES MAGISTRADOS ES EVIDENTE A SIMPLE VISTA, YA QUE EL AD-QUEM EN SU SENTENCIA RECURRIDA, EXACTAMENTE EN FOLIO DIECISIETE (17) DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS, EN ACAPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO, MOTIVA SU SENTENCIA EN CONSIDERANDO (6), ASÍ: “ QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 261 CAUSAL 3 DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL?”.- A simple lectura de lo anterior Honorables Magistrados es obvia la confusión y por ende mal aplicación a la Norma de derecho por parte del Ad-Quem, pues no existe artículo 261 causal 3 de Ley de Servicio Civil, ya que la Ley de Servicio Civil no tiene más de 72 artículos, lo que si es cierto es que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil si contiene dicho artículo, por lo anterior expuesto es clara la mala aplicación por parte del Ad-Quem en su sentencia recurrida, ya que confunde 2 Estamentos legales diferentes, y mal aplica un artículo del Reglamento de la Ley, como un artículo de la Ley de Servicio Civil, lo cual es un claro motivo del presente Recurso de Casación de fondo para casar la sentencia recurrida, pues simple y sencillamente dicho artículo aplicado en la sentencia no corresponde a la Ley de Servicio Civil, sinó que a un Reglamento.- Asimismo, existe violación a los artículos 47 numeral 3, de la Ley de Servicio Civil establece: Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualesquiera de las siguientes causas: 1..., 2..., 3. Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, relacionado con el artículo 48 de la misma Ley.- Es así que la Administración demandada después de haber realizado las investigaciones pertinentes y posterior Audiencia de Descargo al demandante se comprobó la falta de la demandante SONIA PALMA RODRIGUEZ, SIENDO NUESTRA DEFENSA los siguientes escritos: escrito de contestación de demanda, 4 medios de prueba y conclusiones acreditados en Juicio por la parte demandada, por lo que en estricto cumplimiento a lo ordenado en la Normal Legal antes señalada es que se procedió a Cancelar por Despido a la ciudadana SONIA PALMA RODRIGUEZ, mediante la emisión del Acuerdo de despido Nº. 004-2008 de fecha 24 de Enero del 2008, utilizando como fundamentación jurídico la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, pero el Tribunal Ad-Quem interpreta de forma errónea y aplica de forma indebida la Ley al hacer suyo el fallo dictado en Primera instancia por el Juez Ad-Quo, al subsumir de forma ilegal dicha falta como un “NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES” y no como INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DEBIDAMENTE COMPROBADA POR MI REPRESENTADO, incurriendo en abierta violación a la Ley, ya que el demandante acepto haber infringido la Ley y procedimientos aduaneros de Aforo y despacho en Audiencia de Descargo, por lo que queda evidenciado que mi Representado actúo en estricto apego a la Ley, observando el Ordenamiento Jurídico aplicable al presente caso, tal como lo estipula el artículo 47 numeral 3 y 48 de la Ley de Servicio Civil. En consecuencia procede se case la sentencia en el presente motivo ante la evidente violación a la Ley prescrita, e interpretación errónea de la misma, al subsumir incorrectamente e ilegalmente el Tribunal Ad-Quem la falta cometida por SONIA PALMA RODRIGUEZ, como: “NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES”, según el Ad-Quem como simple sanción que no merecía despido, siendo lo correcto: INHABILIDAD E INEFICIENCIA MANIFIESTA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DEBIDAMENTE Y LEGALMENTE COMPROBADA POR MI REPRESENTADO, que es la real causal de su despido según Ley, en la cual se basa la autoridad Nominadora para realizar dicho despido.- Lo anterior en virtud de que el Ad-Quem con su sentencia hace suya la sentencia de Primera Instancia, pues confirma unánime la misma. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violentó el ordenamiento jurídico al emitir su Fallo, aplicando e interpretando erróneamente normas de Derecho de fondo, fundamentando el mismo en contra del Estado de Honduras, lo cual es motivo de este Recurso, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva, legal y justa al fondo del presente Juicio. Al confirmar el Juez Ad-Quem la sentencia del A-quo prácticamente hace suya dicha sentencia, e interviene en preceptos jurídicos fuera a los límites de lo pedido por las partes, siendo dichos preceptos adicionales y fuera de las pretensiones del demandante, por ende infringiendo lo contenido en el artículo 35 de la ley de La Jurisdicción de lo contencioso-administrativo que para ilustración literalmente dice: “la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición”. II.- Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) en su explicación alude a la aplicación indebida y la interpretación errónea de la norma invocada como infringida, modos que debieron ser expresados en forma separada e independiente; b) hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en este recurso extraordinario acorde a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia. III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veinte de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 647-12

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL