Sentencia CA-635-11 — Registro 2761
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio de que efectivamente la demandada siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, fundamentando la Acción de Personal y Acuerdo de Cancelación en la referida Ley de Servicio Civil; sin embargo, la Ley del Estatuto del Médico Empleado como su Reglamento, es la legislación que regula las labores o servicios de trabajo de los Médicos y Cirujanos debidamente colegiados, como servidores de las dependencias del Estado en organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En el caso sub-júdice en que la controversia gira alrededor del ejercicio de un profesional de la medicina al que el patrono le imputa haber abusado de su cargo en perjuicio de una menor, era menester ponderar la omisión de un requisito formal contenido en una disposición sustantiva de orden laboral, que constituye una garantía instrumental para el ejercicio de los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa, en cuanto a que el trabajador debe saber la razón o razones por las cuales el patrono toma la decisión de romper, de forma unilateral, la relación laboral que los unía, vis-a-vis, la violación de derechos fundamentales amparados también en disposiciones con rango constitucional o desarrollados en convenios internacionales que tutelan bienes jurídicos superiores como la integridad de las personas y el interés superior del niño y de la niña, mediante conductas del trabajador, que si bien es cierto, no fueron indicadas expresamente en la nota de despido, no es menos cierto que del estudio y análisis de los elementos fácticos controvertidos planteados por las partes, el juzgador podía colegir que el trabajador si tenía conocimiento de los hechos imputados que dieron origen a la sanción de despido, toda vez que consta en autos la celebración de todo un procedimiento disciplinario en el que al trabajador se le respetaron su derecho al debido proceso y de defensa.- XIV.- Si bien es cierto la Sala ha avalado el criterio utilizado por los tribunales inferiores para resolver el conflicto, también lo es, que no en todo los casos se puede utilizar la instrumentalización lógica de la norma en las decisiones jurisdiccionales. El Juez, mediante un proceso intelectivo complejo de análisis de los hechos planteados, deberá encontrar esas razones para motivar su decisión de apartarse de la jurisprudencia establecida en ese caso particular, analizando las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de esa decisión, de manera tal que el tribunal de alzada o el de Casación, puedan intuir lo que ha ocurrido en el fuero interno del Juez que lo ha motivado a tomar una decisión en uno u otro sentido y validarla si es jurídicamente sustentable.- XV.- Que la Constitución de la República en sus artículos 59 y 119 establece lo siguiente respectivamente: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable……; El Estado tiene la obligación de proteger a la Infancia”.- XVI.- Que la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5.1 establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral.- XVII.- Además el artículo 19 de la supra indicada Convención establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.- XVIII.- Que el artículo 3.1 y 19.1 de la Convención de los Derechos del Niño establecen: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño….. Los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”
Legislación citada
- Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA y el recurrido: EDOM GUEVARA JIMENEZ, representado en juicio por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de cancelación de un Médico Empleado, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro al trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, salarios dejados de percibir y las costas, promovida por el señor EDOM GUEVARA JIMENEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que fue nombrado como Médico Empleado mediante Acuerdo No.1005 emitido el 27 de septiembre de 2001, por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, posteriormente en fecha 25 de noviembre de 2002, fue nombrado funcionalmente como Jefe del Centro de Salud “Dr. VICENTE MEJIA COLINDRES”, conforme comunicación que le hiciera el Director Departamental de Salud, labor que realizó ad-honorem y que causó incomodidad en algunos colegas y subalternos de dicho centro de salud, del cual fue cancelado por despido mediante acuerdo No.1535 de fecha 6 de junio de 2004, sin señalársele concretamente causa o motivo justificado para tal determinación, invocando la aplicación únicamente de las normas y disposiciones de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, pese a encontrarse protegido y amparado por la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contestó dicha demanda señalando que el demandante incumplió las obligaciones contenidas en el artículo 3 literales d) y e) de la Ley de Servicio Civil, ya que el mismo no observó una buena conducta ni guardó la debida consideración y respeto con una paciente, por lo cual se originó la respectiva denuncia por parte de la ofendida en contra del demandante, procediéndose a su cancelación por despido por medio del acuerdo No.1535 de fecha 6 de julio de 2004, haciendo uso de la acción contenciosa administrativa de forma extemporánea, en virtud de que el demandante presentó demanda en fecha 4 de agosto de 2004, habiendo transcurrido el término de los quince días que concede la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación No.1535, de fecha 6 de julio de 2004 emitido por el Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública por Ley, en consecuencia lo anula totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve el reintegro del demandante al puesto de trabajo y reconoció en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio de que la demandada no dio estricto cumplimiento al régimen jurídico aplicable al presente caso, como es lo establecido en la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, específicamente en su artículo 8 el cual por invocación del trabajador a la norma más favorable, lo conecta con lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, y por tal razón quebrantó lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al no respetar los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de agosto de dos mil once, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio de que efectivamente la demandada siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil, fundamentando la Acción de Personal y Acuerdo de Cancelación en la referida Ley de Servicio Civil; sin embargo, la Ley del Estatuto del Médico Empleado como su Reglamento, es la legislación que regula las labores o servicios de trabajo de los Médicos y Cirujanos debidamente colegiados, como servidores de las dependencias del Estado en organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, pudiendo ellos invocar las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, Ley de Servicio Civil y demás Leyes aplicables cuando les sean más favorables, en tal virtud, aún y cuando se haya escuchado al demandante en una audiencia de descargos, su despido se fundamentó en una Ley que no era la aplicable, ya que la Ley que debe aplicarse es el referido Estatuto y únicamente que el empleado hubiese solicitado en el procedimiento de despido, como más favorable, la Ley de Servicio Civil, debió aplicarse ésta, que no es el caso de autos, por lo cual debió invocarse para el despido del demandante una falta grave de las establecidas en el Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y no de las estipuladas en la Ley de Servicio Civil.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, presentó en fecha trece de octubre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha dieciocho de agosto de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 196-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 174-2004 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal del demandante, representado en juicio por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, presentó en fecha diez de noviembre de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fué resuelto mediante providencia de fecha quince de noviembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha dieciséis y veintidós de noviembre de dos mil once, los Abogados LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA y HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA y HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, presentaron escrito en fecha diecisiete y veintitrés de noviembre de dos mil once, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. La censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o de l debido proceso, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- III.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- V.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 18 de Agosto de 2011, que CONFIRMA la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sede judicial en fecha 29 de marzo del 2011, la cual había declarado procedente la acción interpuesta por el señor EDOM GUEVARA JIMENEZ contra El ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuraduría General de la República.- VIII.- Que el Juzgado y el Tribunal de segundo grado han tomado su decisión en base a los requisitos establecidos en el artículo 117 del Código del Trabajo con relación al artículo 8 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y en la jurisprudencia reiterada por parte de los Tribunales del país en cuanto a que todo despido tiene que contener el motivo o la causa que llevó al empleador a tomar esa decisión, norma que obedece al derecho fundamental de defensa y a que todo trabajador debe saber la razón por el cual el patrono toma la decisión de romper, de forma unilateral, la relación laboral que los unía.- IX.- Que en el caso de mérito, el debido proceso que defiende el Juzgado y la Corte de Apelaciones respectiva constituye una garantía instrumental y secundaria para el acceso a la tutela de los derechos y a la reclamación de los deberes. Su relevancia ha sido constantemente destacada. Nos referimos al requisito de justificar taxativamente la causa que llevó al empleador a tomar esa decisión y que en la ausencia de la misma llevó a los tribunales ordinarios a tomar la decisión que ya se conoce.- X.- Esto lleva a este Tribunal de Casación a establecer que si bien es cierto que hay una relación entre la teoría de los derechos y la teoría del razonamiento jurídico, también lo hay en cuanto a la teoría de la ponderación y el papel que juega el Juez en un Estado de Derecho, salvaguardando, en primer término, las normas materiales constitucionales e internacionales de carácter sustantivo y en un segundo término normas de la misma jerarquía, pero de carácter adjetivo. Esto quiere decir que el juez al hacer el análisis de los elementos fácticos controvertidos, deberá ponderar las normas que están en concurso para determinar entre ellas la que tutele el bien juridico de mayor relevancia. No es simplemente conectar la teoría de los derechos o los derechos consagrados en las normas con el razonamiento jurídico y emitir un veredicto o resolución. El Juez debe analizar todos los elementos que están en juego, máxime cuando hay confrontación entre derechos fundamentales y constitucionales.- XI.- El principio de ponderación, que debe ser inherente a la función del juez, “son mandatos de optimización, implican lo que en la terminología jurídica alemana se llama regla de proporcionalidad”. (Robert Alexy “Derecho y Razón Práctica pg.31). En otras palabras, esas reglas de proporcionalidad y de ponderación están basadas en la consideración por parte del juzgador de las normas en competencia, en orden de prelación o relevancia en la protección del bien jurídico superior en disputa. Así por ejemplo, si se está frente a un caso en que el Estado, que debe ser el garante de los derechos del niño, de la salud, de la integridad de la persona,, es el mismo que los infringe fundamentando su decisión en normas y principios procesales, se estaría frente a una flagrante violación del mandato de optimización, consustancial con la aplicación de los principios de ponderación y proporcionalidad en la determinación de la norma en función de la relevancia del bien jurídico superior a tutelar.- XII.- En consecuencia cuanto más intensa sea la interferencia entre normas o la posibilidad de apartarse de criterios jurisprudenciales establecidos, más importante tiene que ser la relevancia de los principios y de los derechos en disputa.- XIII.- En el caso sub-júdice en que la controversia gira alrededor del ejercicio de un profesional de la medicina al que el patrono le imputa haber abusado de su cargo en perjuicio de una menor, era menester ponderar la omisión de un requisito formal contenido en una disposición sustantiva de orden laboral, que constituye una garantía instrumental para el ejercicio de los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa, en cuanto a que el trabajador debe saber la razón o razones por las cuales el patrono toma la decisión de romper, de forma unilateral, la relación laboral que los unía, vis-a-vis, la violación de derechos fundamentales amparados también en disposiciones con rango constitucional o desarrollados en convenios internacionales que tutelan bienes jurídicos superiores como la integridad de las personas y el interés superior del niño y de la niña, mediante conductas del trabajador, que si bien es cierto, no fueron indicadas expresamente en la nota de despido, no es menos cierto que del estudio y análisis de los elementos fácticos controvertidos planteados por las partes, el juzgador podía colegir que el trabajador si tenía conocimiento de los hechos imputados que dieron origen a la sanción de despido, toda vez que consta en autos la celebración de todo un procedimiento disciplinario en el que al trabajador se le respetaron su derecho al debido proceso y de defensa.- XIV.- Si bien es cierto la Sala ha avalado el criterio utilizado por los tribunales inferiores para resolver el conflicto, también lo es, que no en todo los casos se puede utilizar la instrumentalización lógica de la norma en las decisiones jurisdiccionales. El Juez, mediante un proceso intelectivo complejo de análisis de los hechos planteados, deberá encontrar esas razones para motivar su decisión de apartarse de la jurisprudencia establecida en ese caso particular, analizando las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de esa decisión, de manera tal que el tribunal de alzada o el de Casación, puedan intuir lo que ha ocurrido en el fuero interno del Juez que lo ha motivado a tomar una decisión en uno u otro sentido y validarla si es jurídicamente sustentable.- XV.- Que la Constitución de la República en sus artículos 59 y 119 establece lo siguiente respectivamente: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable……; El Estado tiene la obligación de proteger a la Infancia”.- XVI.- Que la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5.1 establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral.- XVII.- Además el artículo 19 de la supra indicada Convención establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.- XVIII.- Que el artículo 3.1 y 19.1 de la Convención de los Derechos del Niño establecen: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño….. Los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”.- XIX.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 721 numeral 3) y 721 numeral 3 del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha 18 de Agosto de 2011, visible a folios 09 al 13 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de julio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha dieciséis de julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 635-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL