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Sentencia CA-626-11 — Registro 7418

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado y se declara a improcedente la acción interpuesta  por el señor demandante por estar ajustado a Derecho el acto impugnado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Respecto al cargo que antecede, esta Sala aprecia que por una parte se alega que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al dictar la sentencia impugnada, no observó lo prescrito en el artículo 5 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; y, luego, por otra, se hace referencia de los artículos 40 y 41 del cuerpo legal antes indicado, arguyéndose que, al emitirse el fallo censurado, se le dio a dichos preceptos legales un sentido distinto al establecido en ellos. El planteamiento así esgrimido es contrario a la técnica del recurso de casación, pues se invoca en un mismo motivo la falta de aplicación de una norma y la interpretación errónea de otras, lo que supone dos censuras por violación directa del derecho material con alcances jurídicos diferentes, que debieron ser expuestas en forma separada e independiente. Esta falencia en el primer cargo formulado hace que el mismo no prospere

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de abril del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado este último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor HECTOR JOSE ARZU MARTINEZ representado en juicio por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo, por no ser conforme a Derecho, haberse infringido el ordenamiento jurídico, se reconozca una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento se adopten las medidas necesarias del caso en el sentido de que se reconozca el ajuste al beneficio de jubilación voluntaria y se deje sin valor ni efecto el calculo del déficit actuarial correspondiente a efecto de que se entere al INJUPEMP, el pago que en derecho corresponda para la plena eficacia de la resolución que ahora se esta impugnando, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de enero del dos mil ocho por el señor HECTOR JOSE ARZU MARTINEZ, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EPLEADOS Y FUCNIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que presentó solicitud de jubilación voluntaria en fecha 28 de diciembre del 2005, siéndole otorgada por el departamento de beneficios del INJUPEMP por un monto de L. 6,845.00; no estando conforme con el beneficio que le fue otorgado presentó solicitud de ajuste de jubilación, en fecha 13 de febrero del 2006 por la cantidad de L. 17,293.85, que es lo que le corresponde tomándose en consideración los 23 años y meses que prestó servicios en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comprendidos desde el 22 de julio del 1961 a 30 de septiembre de 1984, solicita la ilegalidad y nulidad de la resolución de punto de acta número 07 del acta número 1029 de la sesión ordinaria del 25 de julio del 2007, en la que se otorga el ajuste a la jubilación solicitada condicionando que previo al ajuste, debería proceder al pago del correspondiente déficit actuarial.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que acepta parcialmente los hechos de la demanda, alegando que la Junta Directiva del INJUPEMP otorgó ajuste condicionado, debido a que el demandante aportó a otro sistema de previsión social, asimismo, manifiesta que en el desarrollo del trámite administrativo no se ha violentado en ningún momento la Constitución ni otras leyes.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dictó sentencia definitiva en fecha dieciséis de febrero del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción incoada por el señor HECTOR JOSE ARZÚ MARTÍNEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución recaída en el punto siete (07) del acta N° 1091 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de julio del año dos mil siete. Emitida por la Junta Directiva del INJUPEMP. SEGUNDO: Anular totalmente el acto administrativo impugnado por no ser conforme a derecho. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y como medidas para el pleno y efectivo restablecimientote tal situación jurídica, se condena al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a que se le reconozca a favor del demandante el ajuste al beneficio de jubilación voluntaria a partir del mes de marzo del año 2006, por la cantidad de Lps. 17,239.85, que es lo que le corresponde tomando en consideración los veintitrés años y meses que prestó sus servicios en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comprendidos desde el 22 de julio del año 1961 al 30 de septiembre 1984 y se deje sin valor ni efecto por improcedente el calculo del Déficit Actuarial correspondiente a efecto de que se entere al INJUPEMP, el pago que en derecho correspondía. CON COSTAS.” Bajo el criterio que habiéndose examinado y apreciado la fuerza probatoria del juicio se desprende que de conformidad a los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que las partes litigantes apoyaron sus pretensiones, haciendo uso de las reglas de la sana critica las pruebas presentadas por ambas partes fueron necesarias para esclarecer el fondo del juicio, y según documentación todo se originó de la solicitud presentada por ajuste de jubilación voluntaria, ya que en el articulo numero 5 de la Ley del INJUPEMP le asistía tal derecho al demandante, siendo evidente que en el presente caso se ha violentado la Constitución y la Leyes aplicables al caso.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha ocho de junio del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha dieciséis de febrero del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número trescientos setenta y ocho frente (378 f), al folio número trescientos ochenta y uno vuelto (381 v) de la pieza principal de autos; TERCERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción interpuesta por el señor HECTOR JOSE ARZU MARTINEZ representado en juicio por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, por estar ajustado a Derecho el acto impugnado. SIN COSTAS.” Bajo el Criterio que del análisis y estudio en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyaron sus pretensiones la Corte concluye que el demandante deberá hacer efectivo el déficit actuarial que establece el INJUPEMP, ya que para tener derecho al beneficio de la pensión tiene que haber aportado al sistema, por tal razón la Corte es del criterio de revocar la sentencia definitiva apelada.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, presentó en fecha dieciséis (16) de agosto del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha ocho (08) de junio del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 148-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 012-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- 6.- Mediante providencia de fecha diecisiete (17) de agosto del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, presentó en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, apoderado de la parte demandante, en fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil once (2011) y el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, apoderado de la parte demandada, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011) respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados JOSE EFRAIN BRICEÑO y LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, presentaron escrito de personamiento en fecha uno (01) de noviembre del dos mil once (2011), en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, producidas en las mismas, o bien por vulneración de la normativa sustancial o jurídico-material aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser apegadas a derecho y acertadas, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe reunir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II.- El Abogado JOSÉ EFRAÍN BRICEÑO estructura su primer motivo de casación de la siguiente manera: “Que en aplicación del Articulo 719 numeral 2, que constituye una causal del Recurso de Casación como ser: la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en vista Que la sentencia definitiva de fecha 16 de febrero del año 2011, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que puso fin al procedimiento en primera instancia. La que se encuentra ajustada a derecho ya que el Juzgador se sustento acerca de los hechos alegados, las pruebas practicadas, y las fundamentos jurídicos en que las partes colitigantes apoyaron sus pretensiones, para la declaración de la procedencia de la acción, ya que esencialmente los hechos en que se funda, el demandante para la declaración, de la procedencia de la acción, lo constituyó a que se declarará la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia ordinaria, concretizado en la resolución recaída en el punto siete (07) del acta N° 1091 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles Veinticinco (25) de julio del año dos mil siete. Emitida por la Junta Directiva de dicha Institución mediante la cual RESOLVIÓ PRIMERO: otorgar el ajuste de jubilación solicitada por el demandante, por los servicios prestados en el Organismo Regional denominado Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tomando en consideración los periodos del 1 de Enero de 1976 al 9 de marzo de 1982 y del uno de mayo de 1984 al 30 de septiembre de 1984 laborados en la referida institución; condicionándolo en el entendido que para hacer dicho ajuste previamente el interesado deberá proceder al pago del correspondiente déficit actuarial que determine el Instituto.- se reconozca una situación jurídica individualizada, y para su pleno restablecimiento y reconocimiento se adopten las medidas necesarias del caso, en el sentido de que se le reconozca el ajuste al beneficio de jubilación voluntaria a partir del mes de marzo del año 2006, por la cantidad de Lps. 17,293.85, que es lo que le corresponde tomando en consideración los veintitrés años y meses que prestó sus servicios en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comprendidos desde el 22 de julio del año 1961 al 30 de septiembre de 1984 y se deje sin valor ni efecto por improcedente el cálculo del Déficit Actuarial correspondiente a efecto de que se entere al INJUPEMP, el pago que en derecho corresponda. Y la Honorable Corte de Apelaciones haciendo suya la motivación, en fecha 8 de junio del año 2011, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró “Con Lugar”, un Recurso de Apelación interpuesto por El Abogado Lee Antonio Ramírez Paz, en su condición de Apoderado del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y Revocó la sentencia definitiva de fecha 16 de febrero del 2011, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- Dicha Corte sentenciadora dicto una sentencia sin apreciar La Ley de INJUPEMP y no observo que en el articulo 5 le asistía tal derecho y que a la letra dice: Artículo 5.- Los servicios prestados en organismos internacionales o regionales en los cuales el Estado es miembro activo, así como los becados en el exterior por cualquier concepto se tomaran como si fueren ejecutados en Honduras, para recuento de los años trabajados, teniendo por base para efecto de su jubilación el promedio de los últimos Treinta y Seis sueldos mensuales que hubieren devengado como funcionarios o empleados del Gobierno Central. (Obsérvese que en el referido artículo no dice que debe procederse al pago del correspondiente Déficit Actuarial). Y si analizamos detenidamente los artículos 40 y 41 de La Ley de INJUPEMP; relacionados con el artículo 5 de ese cuerpo legal, que textualmente dicen: Artículo 40.- Se deberá aportar al sistema tanto por los servicios prestados con posterioridad a la vigencia del mismo, como por los prestados con anterioridad. Artículo 41.- El pago total de la aportaciones correspondientes a Servicios prestados con anterioridad a la vigencia del sistema están a cargo del gobierno sin que en ningún caso deban los participantes pagar cantidad alguna por dicho concepto. El artículo 41 se refuerza con el artículo 5 porque reafirma el derecho de reconocer los servicios prestados con anterioridad a la vigencia del sistema y establece quien pagara las aportaciones a las que se refiere el artículo 40, esa es la hermenéutica jurídica a la interpretación del mismo artículo sino que le está dando la Corte de Apelaciones otro sentido distinto a lo establecido en ellos.- En el presente caso estamos interponiendo y formalizando este Recurso de casación con el fin de protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo La mas adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo y que las normas deberán aplicarse e interpretarse en La forma más favorable a La finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídicas. Y no como las apreciaciones e interpretaciones que hizo suyas la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo al dictar la sentencia definitiva de fecha 8 de junio del año 2011, dictada por esa Honorable Corte de Apelaciones, mediante la cual se puso término al pleito en segunda instancia en un proceso Contencioso Administrativo. La que declaró con lugar un Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Lee Antonio Ramírez Paz, en su condición de Apoderado Legal del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y revocó la sentencia definitiva de fecha 16 de febrero del año 2011, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. La que no se encuentra ajustada a derecho”.- III.- Respecto al cargo que antecede, esta Sala aprecia que por una parte se alega que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al dictar la sentencia impugnada, no observó lo prescrito en el artículo 5 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; y, luego, por otra, se hace referencia de los artículos 40 y 41 del cuerpo legal antes indicado, arguyéndose que, al emitirse el fallo censurado, se le dio a dichos preceptos legales un sentido distinto al establecido en ellos. El planteamiento así esgrimido es contrario a la técnica del recurso de casación, pues se invoca en un mismo motivo la falta de aplicación de una norma y la interpretación errónea de otras, lo que supone dos censuras por violación directa del derecho material con alcances jurídicos diferentes, que debieron ser expuestas en forma separada e independiente. Esta falencia en el primer cargo formulado hace que el mismo no prospere.- IV.- El Impetrante estructura su segundo motivo de casación de la siguiente manera: “Que en aplicación del Artículo 719 numeral 1, letra c), que constituye una causal del Recurso de Casación como ser: La forma y contenido de la sentencia.- Porque la Corte de Apelaciones no observo que mi representada como parte actora, Con los medios de prueba propuestos en tiempo y forma por la, probo fehacientemente y específicamente con el medio de prueba INSPECCIÓN PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ, se constato en las instalaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), donde se pusieron los expedientes administrativos siguientes: 1) El de Mario Tito Díaz Sarmiento en el cual aparece el ajuste al beneficio de Jubilación Voluntaria, autorizado en fecha 11 de agosto del año 2004, y nota donde constan la emisión del cheque por Jubilación voluntaria por razón de un ajuste de fecha 27 de agosto del año 2004 ( en dicho medio de prueba constan copias adjuntas); Rubén Antonio Rodezno Sandoval en la cual aparece resolución JD-079 —2001 y acta numeró 902 de fecha 7 de febrero del año 2001 y nota donde consta la emisión del cheque por jubilación voluntaria de fecha 2 de marzo del año 2001; Jorge Sierra Fonseca se constato el memorando JD 341- 2006 de fecha 13 de noviembre del año 2006. En el cual se trascribe el punto de acta sobre solicitud de pensión por invalidez, Rufo Paredes Lardizábal expediente en el cual aparece ajuste al beneficio de jubilación voluntaria de fecha 16 de julio del año 2003 y nota donde consta le emisión del cheque de jubilación voluntaria por ajuste de fecha 19 de noviembre del año 2003. y resolución 10-206-2002 y acta numero 938 de fecha 4 de mayo del año 2002 mediante las cuales se le autorizo un ajuste de jubilación voluntaria, todos estos antecedentes fueron autorizados y se han hecho efectivos sin haberles pedido ningún déficit actuarial. si bien es cierto que el Banco Centroamericano de Integración Económica, le devolvieron cantidades de dinero tan bien es cierto que hay precedentes en esa institución de otras personas que fueron objeto de los mismos beneficios, en virtud que no continuaron laborando para dicha institución Internacional, y habiendo hecho aportaciones al fondo de prestaciones sociales del BCIE, les devolvieron los mismos, porque legítimamente les correspondían por habérseles deducido mensualmente de sus sueldo de los cuales señalo antecedentes sin que hayan pagado por parte de los beneficiarios el respectivo Déficit actuarial y que corresponden a las siguientes personas: a) Licenciando Rubén Rodezno que prestó sus servicios al BCIE y está jubilado por el INJUPEMP; b) El Perito mercantil y Contador Público Jorge Alberto Sierra Fonseca que prestó sus servicios al BCIE y está jubilado por el INJUPEMP; c) El Perito mercantil y Contador Público Arnulfo Cárcamo Tercero el que nunca cotizo ni cubrió Déficit actuarial y está jubilado por INJUPEMP; d) El Señor Rufo Paredes Lardizábal que desempeño un cargo Ad-honoren en la Ciudad del vaticano en la República de Italia en representación del Gobierno de Honduras; e) Rosa Angélica Barrios Platero que prestó sus Servicios al BCIE y Mario Tito Díaz Sarmiento por realizar estudios en el Extranjero y ser becado por el Ministerio de. Salud aplicándole el artículo 5 de la Ley de INJUPEMP, sin hacer ningún pago del Referido Déficit Actuarial, (Señalo que dicha documentación De las personas antes relacionadas se encuentran en los archivos que lleva la Secretaría del INJUPEMP), quedando sorprendido que con todos los antecedentes señalados fuese una utopía aun habiendo emitido con fecha 22 de septiembre del año 2006 la División legal de INJUPEMP mediante Memorando 2447-06 opinión legal que le asistía el derecho (IPSO —JURI), analizando lo anterior y en atención a la pacuna número 300 en el diccionario de derecho usual de Don Guillermo Cabanelas dice: de la HERMENÉUTICA: Ciencia que interpreta los textos y fija su verdadero sentido, aun referida a la Exégesis Bíblica se relaciona con la más frecuencia a la interpretación jurídica. HERMENÉUTICA JURÍDICA: Arte, ciencia de interpretar los textos legales (verbigracia interpretación de las leyes) ya que el artículo 5 de la Ley de INJUPEMP no necesita ninguna interpretación ni gramatical, ni jurídica ni Exegético pues está más clara que el cielo y el agua. Y que esa fue la intención del Legislador cuando plasmo ese precepto, como no la hacen entrever La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo aun sabiendo que existen precedentes donde se les ha otorgado los ajustes por beneficio de jubilación desconociéndose que la lev y el derecho es de aplicación general y debe aplicarse en todo su contexto. No haciendo distinción alguna”.- V.- En relación con el cargo que antecede, este Tribunal de Casación advierte: a) que el mismo no configura una proposición jurídica completa, ya que el Recurrente, basado en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, pretende que se revise el material probatorio, lo cual esta excluido del recurso de casación, salvo lo expuesto en el artículo 720 numeral 2) del cuerpo legal antes citado, al cual no se hace referencia en su exposición; b) que al haber invocado la causal relacionada con la forma y contenido de la sentencia, devenía obligado a indicar las normas procesales que consideradas violadas y, c) formula extensos alegatos de instancia. Por estas razones, el segundo cargo formulado tampoco puede ser estimado.- VI.- El Recurrente estructura su tercer motivo de casación de la siguiente manera: “Que en aplicación del Articulo 719 numeral 2, que constituye una causal del Recurso de Casación como ser: la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio porque el Juzgador de Segunda Instancia al basarse en el Articulo 41 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones Para Los Empleados y Funcionarios del poder Ejecutivo, le ha dado una interpretación errónea a su manera, olvidando que la interpretación de las leyes solo corresponde al Soberano Congreso Nacional. Y a los Jueces solo les corresponde aplicar La ley a los casos concretos que están sometidos a su conocimiento. Porque el Articulo 41 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones Para Los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo preceptúa que: “El pago total de las aportaciones correspondientes a servicios prestados con anterioridad a la vigencia del Sistema, estará a cargo del Gobierno, sin que en ningún caso deban los participantes pagar cantidad alguna por dicho concepto”. También el Artículo 48 de la antes referida Ley dispone: “Se acreditará a favor de los participantes, el total de los años de servicio prestados al Gobierno sin consideración de que sean anteriores o posteriores a la vigencia del Sistema, siempre y cuando ostenten la condición de tales al momento de entrar en vigencia esta ley. Los años de servicio prestados a las Instituciones autónomas o semiautónomas y a los Poderes del Estado afiliados al Sistema, se acreditarán en igual forma, siempre que se haya cumplido con las mismas condiciones exigidas para el caso de los empleados del Poder Ejecutivo”. Por lo tanto el Juzgador con la interpretación de las normas anteriores a su manera incurre en violación del los Artículos 5 y 40 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones Para Los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; Si bien e cierto que a mi representado. El Banco Centroamericano de Integración Económica le devolvió cantidades de dinero, también es cierto que hay precedentes en esa Institución de otras personas que fueron objeto de los mismos beneficios, en virtud que no continuaron Laborando para dicha institución Internacional, y habiendo hecho aportaciones al fondo de prestaciones sociales del BCIE, les devolvieron los mismos, porque legítimamente les correspondían por habérseles deducido mensualmente de sus sueldo de los cuales señalo antecedentes sin que hayan pagado por parte de los beneficiarios el respectivo Déficit actuarial y que corresponden a las siguientes personas: a) Licenciando Rubén Rodezno que prestó sus servicios al BCIE y está jubilado por el INJUPEMP; b) El Perito mercantil y Contador Público Jorge Alberto Sierra Fonseca que prestó sus servicios al BCIE y está jubilado por el INJUPEMP; c) El Perito mercantil y Contador Público Arnulfo Cárcamo Tercero el que nunca cotizo ni cubrió Déficit actuarial y está jubilado por INJUPEMP; d) El Señor Rufo Paredes Lardizábal que desempeño un cargo Ad-honoren en la Ciudad del vaticano en la República de Italia en representación del Gobierno de Honduras; e) Rosa Angélica Barrios Platero que prestó sus Servicios al BCIE y Mario Tito Díaz Sarmiento por realizar estudios en el Extranjero y ser becado por el Ministerio de Salud aplicándole el articulo 5 de la Ley de INJUPEMP, sin hacer ningún pago del Referido Déficit Actuarial,(Señalo que dicha documentación de las personas antes relacionadas se encuentran en los archivos que lleva la Secretaría del INJUPEMP) me sorprende que con todos los antecedentes señalados fuese una utopía aun habiendo emitido con fecha 22 de septiembre del año 2006 la División legal de INJUPEMP mediante Memorando 2447-06 opinión Legal que le asistía a mi representado el derecho (IPSO —JURI), analizando lo anterior y en atención a la pagina número 300 en el diccionario de derecho usual de Don Guillermo Cabanelas dice: de la HERMENÉUTICA: Ciencia que interpreta los textos y fija su verdadero sentido, aun referida a la Exégesis Bíblica se relaciona con la más frecuencia a la interpretación jurídica. HERMENÉUTICA JURIDICA: Arte, ciencia de interpretar los textos legales (verbigracia interpretación de las leyes) ya que el articulo 5 de la Ley de INJUPEMP no necesita ninguna interpretación ni gramatical, ni jurídica ni Exegético pues está más clara que el cielo y el agua. Y que esa fue La intención del legislador cuando plasmo ese precepto, como no la hacen entrever algunos funcionarios del INJUPEMP. Aun sabiendo que existen precedentes donde se les ha otorgado los ajustes por beneficio de jubilación y a otros no desconociendo que la ley y el derecho es de aplicación general y debe aplicarse en todo su contexto. No haciendo distinción alguna. En consecuencia con lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral-Contenciosa deberá casar la Resolución recurrida y resolver conforme a derecho en relación a la sentencia de fecha 16 de febrero del año 2011”.- VII.- Analizado el cargo que antecede se colige que el Impugnante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional, al alegar, basado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo incurrió en violación de los artículos 5 y 40 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, producto de la interpretación errónea de los artículos 41 y 48 de dicha ley; lo cual es impropio, ya que se señalan dos formas distintas de violar la ley, que debió haber formulado en forma separada e independiente. Por esta razón, el tercer cargo formulado también es inestimable.- VIII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por la parte recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, pues se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado, todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- IX. Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 200, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) declara INADMISIBLE el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en sus tres motivos. 2) declara FIRME la sentencia recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. 4) ordena remitir las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha tres de abril del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 626-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL