Sentencia CA-616-11 — Registro 5996
Resumen
Se interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la corte de apelaciones que confirma y declara con lugar la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en cuanto al señalamiento del concepto de la infracción alegada, si es por la aplicación ó interpretación de las normas procesales que cita; b) en su explicación del motivo se limita a copiar las normas señaladas como violadas, como el texto del fallo impugnado, igual se extiende en alegatos propios de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), representado en juicio por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN y Recurrido: la señora MARLEN TURCIOS DIAZ, representado en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir y las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de junio del 2010, por la señora MARLEN TURCIOS DIAZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La representación procesal de la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), representado en juicio por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha 19 de octubre del 2011, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 233-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 325-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 2.- Mediante providencia de fecha 19 de octubre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 3.- La representación procesal de la parte demandante, la señora MARLEN TURCIOS DIAZ, representada en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha 9 de noviembre del 2011, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 10 de noviembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, apoderado de la parte demandada, en fecha 14 de noviembre del 2011 y el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, apoderado de la parte demandante, en fecha 15 de noviembre del 2011.- 4.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, apoderado de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 15 de noviembre del 2011, en concepto de parte recurrente y el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 16 de noviembre del 2011, en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Se impugno la sentencia recurrida por infracción en la aplicación e Interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia: (Artículos 200.2, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil). Artículo 200.2 del Código Procesal Civil: “2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representado y el objeto del proceso. b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.” Artículo 206 del Código Procesal Civil: “CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” Artículo 207 del Código Procesal Civil: “MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Artículo 208 del Código Procesal Civil: “CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias sé efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” El Artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El Artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” Pues bien Honorable Corte, solicito por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil regulaba a través del Artículo 200, en sus ordinales 1) y 2) el contenido formal de las sentencias; estipulando en el literal d) del numeral 2 lo siguiente:”... 2)... d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.” (El subrayado es propio)”, disposición que en el presente caso debe relacionarse con el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece “Los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta Ley.” y con el Artículo 134 de la misma Ley que establece “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.” La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio enmarcándolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión, que del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación ajena a la ley. El Tribunal Ad quem mediante la Sentencia impugnada en este recurso de fecha treinta (30) de Septiembre del año dos mil once (2011) confirmó la Sentencia de fecha diecisiete (17) de Junio del año dos mil once (2011) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial en la que reconoció la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento resolvió condenare a mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a pagarle a la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se produzca el reintegro, más el pago de los beneficios obtenidos durante su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, motivando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial la sentencia recurrida de la siguiente manera: “CONSIDERANDO (1): Que la sentencia definitiva venida en apelación declara la procedencia de la acción y reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante esto porque el A-Quo es del criterio que la demandante no ocupaba un cargo de confianza y que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento de cancelación que prescribe el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (2): Que el apelante expresa agravios expresando que el fallo recurrido no se ajusta a derecho, porque estima haber prescrito el término para la presentación de la demanda, pidiendo la revocatoria del fallo. CONSIDERANDO (3): Que la parte apelada contesta agravios manifestando que su a representada le fue notificado erróneamente el acto impugnado y a la vez se dictó sin seguir el procedimiento que ordena la ley y que el puesto no es excluido de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. CONSIDERANDO (4): Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que el acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho, esto porque no existe procedimiento alguno para la cancelación de la demandante. CONSIDERANDO (5): Que asimismo de la revisión de los antecedentes y de la normativa jurídica aplicable al caso concreto se desprende que el cargo que ocupaba la demandante no reúne los requisitos para ser estimado de confianza, esto porque la autoridad nominadora no siguió los presupuestos emanados de ley para que el cargo fuera tipificado como tal. CONSIDERANDO (6): Que por los motivos antes expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva apelada por estar dictada conforme a derecho y asimismo por no existir la causa de inadmisibilidad que alega el apelante.” La parte apelante recurre la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en vista que considera que la demanda fue interpuesta extemporáneamente y que el acuerdo de cancelación fue notificado en legal y debida forma a la demandante, sin embargo de la motivación del Tribunal de segunda instancia se desprende que el mismo no se pronunció sobre tales agravios expresados. Del escrito de interposición del recurso de apelación se desprende la siguiente expresión de agravios “En la demanda de mérito se presentó como medio de prueba documental la copia debidamente autenticada del Acuerdo número 887-2009 de fecha trece (13) de Julio del año dos mil nueve (2009) emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), mediante el cual se acuerda delegar en la ciudadana Claudia Patricia Mancia la firma del Secretario de Estado o de los Subsecretarios, en las providencias y resoluciones, así como para efectuar notificaciones de conformidad con la Ley, medio de prueba que fue admitido y evacuado en su oportunidad. Al delegársele tales funciones a la Abogada Claudia Patricia Mancia mediante el acuerdo propuesto y evacuado como prueba en el presente juicio, se acredita que dicha funcionaria pública estaba plenamente facultada para notificarle a la demandante el acuerdo de cancelación número 423- 2010 y parlo tanto, el plazo para interponer la demanda comenzó a correr a partir del día siguiente de la notificación, por lo tanto el Juzgado debió haber declarado con lugar la causa de inadmisibilidad de la demanda promovida en el escrito de contestación de demanda presentado por la Señora Procuradora General de la República. En los numerales 8 y 10 del acuerdo de delegación de firma emitido a favor de la Abogada Claudia Patricia Mancia, como Asistente de la Secretaría General de la SERNA, claramente se establece que se le delegan fichas funciones para efectuar 8) Notificaciones por Tabla de Avisos...” y “... 12) Refrendar las notificaciones de los Apoderado Legales...”, por lo que se infiere que igualmente estaba facultada para efectuar cuantas notificaciones fueran necesarias efectuar en la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, cumpliéndose con lo preceptuado en el Artículo 92 de la Ley de Procedimiento Administrativo “En la Secretarías de Estado, las notificaciones se practicarán por la Secretaría General y en las Direcciones Generales cuando lo preveo la Ley, en las dependencias de aquélla cuando radicaren en inmuebles distintos, en los órganos desconcentrados y en las entidades descentralizadas, por el funcionario designado al efecto.” Tal como apreciarse, la forma y contenido de la sentencia impugnada mediante el presente recurso no cumple con lo establecido en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, mismo que regula el contenido formal de las sentencias, ya que no cumple con lo establecido en el literal d) del numeral 2) del precitado Artículo, ya que la Corte de Apelaciones de Contencioso Administrativo en ningún momento se pronunció sobre la pretensión de la parte demandada referente a que la demanda fue interpuesta extemporáneamente y que el acuerdo de cancelación fue notificado en legal y debida forma a la parte demandante, requisito que debió haber contenido la sentencia impugnada, tal como ordena el precitado Artículo “...el fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aungue la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos....” (el subrayado es propio). Asimismo, el Artículo 207 del Código Procesal Civil establece la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, situación que no se da en el caso de la sentencia recurrida, ya que no considera en ningún momento los agravios expresados por la parte apelante, siendo esta una obligación ineludible al momento de dictarse el fallo, no siendo la sentencia congruente con los agravios expresados en el recurso de apelación. Tal como se ha expuesto anteriormente procede el presente motivo de casación en virtud que la forma y contenido de la sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho y en vista que la falta de motivación sobre los aspectos antes indicados es determinante para un sentido diferente del fallo, siendo procedente la revisión de la motivación fáctica en virtud de lo establecido en el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil en relación con los Artículos 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.- II.- Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en cuanto al señalamiento del concepto de la infracción alegada, si es por la aplicación ó interpretación de las normas procesales que cita; b) en su explicación del motivo se limita a copiar las normas señaladas como violadas, como el texto del fallo impugnado, igual se extiende en alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha quince de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 616-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL