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Sentencia CA-613-12 — Registro 7414

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que fue citado a una audiencia de descargo sin señalarle los cargos a él imputados, violentando con esto el ordenamiento jurídico ya  que se le restringe el derecho de defensa y  genera nulidad del acto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en cuanto al motivo de casación que antecede, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en cuanto al señalamiento del concepto de la infracción alegada, ya que alega violación por falta de aplicación y en la explicación del motivo alude a otras situaciones, al señalar: “…pues se interpreta la no presentación de los medios de prueba propuestos por mi representada, con lo cual da lugar a la no congruencia en la sentencia…”, las cuales debió haber formulado e forma separada e independiente; b) censura la valoración del material probatorio, improcedente en este extraordinario recurso acorde a lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no es preciso en el señalamiento del precepto autorizante, ya que enuncia el artículo 719 inciso b), sin indicar a que cuerpo de leyes pertenece dicha disposición y aún si se entendiera que es del Código Procesal Civil, omitió señalar el numeral 1) de dicha norma; y, d) realiza alegatos propios de instancia

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de abril de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS representada en juicio por el Abogado LUIS FERNANDO DE JESUS RIVERA AVILES y el Recurrido: El Señor HERI OMAR ERAZO representado en juicio por el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir; promovida el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, actuando en su condición de apoderado legal del Señor HERI OMAR ERAZO, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección General de la marina Mercante, representada en juicio por el Abogado LUIS FERNANDO DE JESUS RIVERA AVILES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante en el escrito de su acción manifiesta que en fecha 28 de febrero del 2006, mediante acuerdo 020/06 fue nombrado en el cargo de Jefe en el departamento de Gente de mar, el 27 de febrero del 2009, conforme acuerdo fue cancelado de su cargo por incurrir en la causal de despido establecida por la Ley de Servicio civil en el articulo 47 numeral 1, por haber incumplido o violado gravemente alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el articulo 37 y 42 de la misma ley, no explicando la obligación que como servidor público violentó, viciando de nulidad el acto, al igual el articulo 48 de la Ley de Servicio Civil y 264 del Reglamento de la misma establecen la aplicación de la sanción de despido, la Autoridad Nominadora o a quien se le asigne dicha función deberá notificar por escrito al empleado los hechos que se le imputan para escuchar los descargos que el empleado tenga y pueda aportar pruebas en su defensa, el 17 de febrero del 2009 se le convoco a la mencionada audiencia en la oficina de Recursos Humanos en relación a una denuncia interpuesta por dos personas sin informar los hechos que se le imputaban violentando su derecho de defensa, no probándole ningún hecho dejando en evidencia el exceso de poder con que actuó la Autoridad nominadora al alterar los hechos suscitados.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se dio como causal la violación del articulo 37 de la Ley de Servicio Civil, por lo cual se le realizó audiencia de descargo no llegando el demandante a desvanecer lo que se le imputaba, procediendo a aplicársele la medida disciplinaria correspondiente establecida en la referida ley, ya que el demandante en flagrante abuso a su puesto de confianza que ostentaba, se comprometió con personas ajenas a la Institución para darle un empleo como marinos, sirviendo de intermedio con una empresa extranjera que involucra directamente a la Dirección General, pues ésta ejecuta como actividad atribuida, formando y capacitando a gente de mar por medio de los cursos correspondientes, quedando demostrado la mala conducta del reclamante dentro y fuera del servicio, falta que se subsume en la causal 1) del articulo 47 del Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción incoada, reconoce la situación jurídica individualizada y reclamada y para su pleno restablecimiento adoptar las medidas de pagarle al demandante las prestaciones laborales y derechos adquiridos en consecuencia condena al estado de Honduras a través de la Dirección General de la Marina Mercante a pagar los conceptos señalados y sin costas, bajo el criterio que en la audiencia de descargo no se aprecia que el demandante haya cometido una infracción tan grave como alegada por el demandado, pues lo que se deduce de dicha audiencia es haberle proporcionado a los denunciantes las posibilidades de fuentes de empleo no un compromiso con personas ajenas a la Institución, no acreditando ninguna falta ni justa causa para el despido.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha cinco de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo y sin costas, bajo el criterio que fue citado a una audiencia de descargo sin señalarle los cargos a él imputados, violentando con esto el ordenamiento jurídico ya que se le restringe el derecho de defensa y genera nulidad del acto, no acreditando en el juicio prueba sobre las faltas cometidas por el demandante.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado LUIS FERNANDO DE JESUS RIVERA AVILES, en fecha ocho de marzo del dos mil doce, interpuso formalización del Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha cinco de enero del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 287-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 098-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- 6.- Mediante providencia de fecha catorce de marzo del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, presentó en fecha siete de mayo del dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de mayo del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, en fecha veintiséis de junio del dos mil doce y mediante notificación por vía telefónica el Abogado LUIS FERNANDO DE JESUS RIVERA AVILES, en fecha veintisiete de julio del dos mil doce.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado LUIS FERNANDO DE JESUS RIVERA AVILES, presento escrito en fecha tres de agosto del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que en fecha veinte de septiembre del dos mil doce se declaró PRECLUIDO el término dejado de utilizar por el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, en su condición de recurrida, y en consecuencia se ordeno seguir con el tramite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Violación, por falta de aplicación de leyes aplicables al caso del pleito. PRECEPTO AUTORIZANTE. PRIMERO: La causa de este motivo de casación es que la sentencia en su parte dispositiva viola, por falta de aplicación de las Leyes aplicables del pleito, causa que se encuentra comprendida en el Artículo 719 inciso b). SE CITA CON PRECISIÓN Y CLARIDAD LA LEY INFRIJIDA POR LA SENTENCIA RECURRIDA. La Sentencia, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con fecha 05 de Enero del 2012, conociendo el Recurso de Apelación, infringe o viola por falta de aplicación a la Ley de Servicio Civil, el Articulo 37 literal d), Articulo 47 numeral 1 y 49, 204 literal f, 261 numeral 1 y 3, 264, 265, 266, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y 80 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo se violentó el principio de legitimidad de los actos Administrativos, pues no corresponde a la administración probar si se siguió o no a cabalidad con el procedimiento de dicha cancelación, pues a quien realmente corresponde probar la supuesta ilegitimidad de un acto administrativo es a la persona que lo impugna y no a la autoridad que lo emite, pues para el caso de autos, el apoderado legal de la parte demandante en ningún momento pudo demostrar ante el Juez de instancia, que dicho auto administrativo se encontraba viciado en su procedimiento, por tal razón se ha infringido la Ley al emitir su fallo, pues se interpreta la no presentación de los medios de prueba testifical propuestos por mi representada, con lo cual da lugar a la no congruencia en la sentencia ya que las Sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las pretensiones de las partes , de igual forma es menester señalar que la pretensión de la parte demandante es la nulidad del acto por la supuesta infracción al ordenamiento jurídico, pues la sanción de despido se aplicó escuchando los suficientes descargo del inculpado realizando las investigaciones pertinentes y evacuando las pruebas que correspondían. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. Efectivamente, la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo incurrió en violación de la Ley, por falta de aplicación, Ley de Servicio Civil, Articulo 37 literal d), Articulo 47 numeral 1 y 49, 204 literal f, 261 numeral 1 y 3, 264, 265, 266, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y 80 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que la prestación de la demanda se contrae a pedir que se declare nulo el acto en lo particular de la Administración Pública por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos y para su pleno restablecimiento de orden al pago de las prestaciones y indemnizaciones laborales que correspondan. Considerando que el servidor publico HERI OMAR ERAZO, inicio su relación de trabajo en fecha 28 de febrero del 2006, mediante Acuerdo 020/2006, fue nombrado como Jefe del Departamento de Gente de Mar. Considerando que el Acuerdo de la demanda se aplicaron disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se infringió el ordenamiento jurídico todo lo anterior de acuerdo a que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer el Acto impugnado consistente en el Acuerdo de cancelación del señor HERI OMAR ERAZO. Como se podrá observar, la citada Ley faculta a la Dirección General de la Marina Mercante, para nombrar y cancelar a su personal, lo cual es lógico si se toma en cuenta que no se ha emitido reglamento Interno de dicha Institución, a lo cual la Ley somete lo relacionado al manejo de personal de la Marina Mercante en vista que la institución demandada de Acuerdo al Artículo 31 del Reglamento de Organización, y Funcionamiento de Competencia del Poder Ejecutivo, regula a nivel de Reglamento la naturaleza de las Instituciones desconcentradas y somete al personal que labora en ellos al régimen de Servicio Civil, con respeto a la violación de la Ley con motivo de casación, el Doctor ANTONIO BERMUDES, en su obra el Recurso de Casación en materia Civil, sostiene que “La violación consiste en la omisión a falta de la aplicación de la Ley ... “Don VICTOR M. PADILLA, en sus LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL .. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, afirma que hay violación de la Ley o de Doctrina Legal, cuando el Juez al dictar su Sentencia quebranta la Ley o la contraviene, o no la aplica “EL DOCTOR GUILLERMO CABANELLAS en su obra el DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL Tomo VIII T-Z 23 edición sustentada que: Violación, infracción, quebrantamiento o trasgresión de la Ley o mandato ... con común característica de atentar contra el orden jurídico...” y el Tomo IV F-I 23 Edición asevera que: Infracción de Ley Denominada de los Recursos de casación fundados en la trasgresión o incorrecta interpretación de las normas vigentes o de doctrina legal” El mismo criterio tiene el Abogado ENRIQUE FLORES VALERIANOS en su obra LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.” .- II.- Que en cuanto al motivo de casación que antecede, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en cuanto al señalamiento del concepto de la infracción alegada, ya que alega violación por falta de aplicación y en la explicación del motivo alude a otras situaciones, al señalar: “…pues se interpreta la no presentación de los medios de prueba propuestos por mi representada, con lo cual da lugar a la no congruencia en la sentencia…”, las cuales debió haber formulado e forma separada e independiente; b) censura la valoración del material probatorio, improcedente en este extraordinario recurso acorde a lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no es preciso en el señalamiento del precepto autorizante, ya que enuncia el artículo 719 inciso b), sin indicar a que cuerpo de leyes pertenece dicha disposición y aún si se entendiera que es del Código Procesal Civil, omitió señalar el numeral 1) de dicha norma; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de Abril del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha tres de abril del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 613-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL