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Sentencia CA-594-12 — Registro 2969

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su puesto de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: En sus primeros tres motivos alega: “PRIMER MOTIVO.Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso b) y 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil instaura literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso...”En relación a lo anterior, luego de una revisión de los ANTECEDENTES DE HECHO de la sentencia recurrida se puede constatar que los mismos carecen de la debida CLARIDAD, PRECISIÓN y EXHAUSTIVIDAD, requisitos internos de toda sentencia según lo estipulado en el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil, ya que no se consignaron todas las pretensiones de las partes ni tampoco los hechos en que las mismas se fundaron y que fueron alegados oportunamente y tenían relación con las cuestiones que debían resolverse y las pruebas propuestas y evacuadas y los hechos probados. Del mismo modo, este Tribunal tampoco se pronunció sobre todos los puntos objeto del litigio con la debida separación, infringiendo directamente lo instaurado en el artículo 206 numeral 3 del Código Procesal Civil.En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en el artículo 206 numeral 1 y 3 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”.SEGUNDO MOTIVO. Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso c), 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso c) del Código Procesal Civil establece literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)..; c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...”.En relación a lo anterior, luego de una revisión de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida se comprueba que lo único hicieron los señores magistrados fue una vaga relación de argumentos legales, sin que en ningún momento se hayan establecido:1. Los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas; y2. Las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión CONCRETA de las normas jurídicas aplicables al caso. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)..; c) La forma y contenido de la sentencia...” . TERCER MOTIVO. Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso d) y 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil establece literalmente que “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)...; c)..; d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes alas pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación...”.En relación al artículo citado, si se revisa detenidamente la parte de la sentencia recurrida denominada FALLO o también conocida como PARTE RESOLUTIVA, se podrá constatar que la misma no se pronuncia sobre todas las pretensiones establecidas por el apelante en su recurso de apelación, requisito que deben poseer todos fallos aún y cuando la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos.En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE.Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)..; c) La forma y contenido de la sentencia...”.- “Que en relación a los motivos antes expuestos por el Recurrente, en base al estudio realizado, se puede apreciar que no resultan admisibles, en virtud de lo siguiente: a) omite indicar si la violación es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales citadas como violadas; b) olvida desarrollar el concepto de la infracción o explicación del cargo; c) carece de claridad y precisión, ya que se fundamenta en que no se consignaron los antecedentes de hecho y las pretensiones de las partes, sin embargo, menciona que “de una revisión de los antecedentes de hecho” lo cual indica la existencia de dicho contenido; d) no señala la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; e) olvida que el Tribunal de apelación revisa lo actuado por el a quo enmarcado en los términos del recurso, lo cual indica que los antecedentes de hecho del ad quem son un extracto de la demanda y de lo actuado en segunda instancia propiamente, asi como su fundamentación jurídica puede estar indicada con la cita de la norma o con el desarrollo de lo que la misma dispone.- “ Que el Censor expone su cuarto motivo manifestando:“Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículo 119 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado. Concepto de la infracción: no aplicación. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no aplicó el artículo citado, pues argumenta equivocadamente en el considerando 7 de la sentencia recurrida que “...Si la finalización del mismo fuera por abandono de labores, no se encuentra el debido proceso en víaadministrativa para acreditar dicha falta, así como la garantía constitucional del derecho de defensa de la contratante...”, ignorando que el contrato de servicios profesionales en relación contempla la rescisión del contrato por decisión unilateral de la Administración Pública, la cual es una de sus prerrogativas. Como dije anteriormente, en la parte resolutiva de la sentencia impugnada se omite la aplicación del artículo 119 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado, pues el contrato de servicios profesionales celebrado entre el demandante y el Estado de Honduras es un contrato administrativo, el cual tanto la doctrina como la jurisprudencia ecuménicamente aceptadas definen como “Una especie dentro del género de los contratos, con características especiales, tales como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto es un fin público y que llevan insertas CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL DERECHO PRIVADO”.En este sentido, el autor Farías Mata señala que el rasgo característico del régimen del contrato administrativo aparece fundamentalmente concretado en relación al “ATENTADO que dicho régimen supone contra los principios básicos de la técnica contractual del derecho privado, específicamente el de la “Libertad contractual” y el de la “Igualdad de las partes”.Para el autor Hildegard Rondón de Sansó, la noción de contrato administrativo comprende ciertos negocios jurídicos bilaterales que poseen las siguientes características: “a. Que son celebrados por una Administración Pública, esto es, aquellos en los cuales por lo menos una de las partes sea una Administración Pública; b. El objeto es la prestación directa de un servicio público; y c. Los contratos administrativos, por estar vinculados a la prestación de un servicio público, incluyen CLÁUSULAS EXORBITANTES, ESTO ES, CLÁUSULAS QUE EXCEDEN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN DE LOS PARTICULARES ”Armando Rodríguez, por su parte, considera que los contratos administrativos revisten cualidades o condiciones especiales o excepcionales y por ello constituyen una categoría jurídica específica y singular, exorbitante de la cualidad genérica de contrato propio del Derecho Civil, y en la cual entrarían las otras fórmulas de contratación empleadas por la Administración. Sin embargo, en opinión de este autor, la característica esencial del contrato administrativo no es la noción de servicio público, sino el “Conjunto de prerrogativas que en su contenido ofrecen a la Administración, a los efectos de su manejo general y en especial en cuanto a la ejecución de su objeto”.En virtud de los conceptos esgrimidos, queda claro que las cláusulas exorbitantes constituyen uno de los caracteres básicos de los contratos administrativos, siendo definidas por la doctrina como “Aquellas que otorgan a la Administraciónderechos sobre su co-contratante que serían nulos o ilícitos dentro del derecho privado”.Para una mejor ilustración debo manifestar que la figura de las cláusulas exorbitantes tuvo su origen en Francia, donde se las define como estipulaciones“Cuyo objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales” o “Cláusulas que por su naturaleza, difieren de aquellas que pueden insertarse en un contrato análogo de Derecho civil”En países hermanos y que se rigen por la misma legislación que el nuestro como Costa Rica, las cláusulas exorbitantes han sido definidas por la jurisprudencia como potestades de la Administración. En este sentido, el fallo número 530-96 de fecha 28 de noviembre de 1996, emitido por la Sala Constitucional de aquel país estableció que “Efectivamente, en razón de que una de las partes es precisamente la Administración, la contratación administrativa se rige por principios diferentes de los que regulan la contratación civil. Así, tales contratos son preparados en forma unilateral por la Administración, y el concesionario, si tiene ventajas, no las discute, sólo las acepta; el contrato debe interpretarse en el sentido del interés general y no del particular o del contratante, y por último y los más importante, la Administración tiene poderes especiales en la ejecución de los contratos administrativos que dimanan de sus prerrogativas como tal. De esta manera, la Administracióntiene un privilegio especial, la DECISIÓN UNILATERAL-EJECUTIVA Y PREVIA en mérito de la cual puede intervenir en la ejecución del contrato. Tal intervención comporta la existencia de determinados poderes, los cuales habrán de aplicarse a la ejecución del contrato. Estos se refieren al control y dirección del contrato administrativo, luego, a las sanciones que pueden imponerse por la vía de la ejecución defectuosa del mismo y por último, a las modificaciones impuestas por el cambio de circunstancias...”Como consecuencia de todos los argumentos invocados, queda claro que en la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se omitió la aplicación de la norma legal contenida en el artículo 119 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado, al considerar que no se respetó el debido proceso y que se le violentó el derecho de defensa a la parte actora, hecho alejado de la realidad, pues al argumentar dicho extremo se están obviando y desconociendo las prerrogativas de las cuales goza la Administración Pública al momento de contratar y por ende está convirtiendo al Estado de Honduras en un simple particular cuyos actos y contratos sólo interesan a él mismo, cuestión inaplicable cuando se habla de la Administración Pública, cuyos intereses son los intereses de la sociedad misma, agravando la situación el hecho de que el Estado de Honduras probó en primera instancia que la demandante se ausentó repetidamente de sus labores y no presentaba informes sobre las actividades que realizaba.PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil” Que en relación al anterior motivo expuesto por el Recurrente, el mismo no resulta admisible en virtud de lo siguiente: a) señala situaciones que tienen que ver con la forma de la terminación del contrato de servicios que vinculó a las partes y por ende del material probatorio, arguyendo que probó en primera instancia que la demandante se ausentó repetidamente de sus labores y no presentaba informes sobre actividades realizadas, todo lo cual, se aleja de la técnica del recurso que nos ocupa ya que éste Tribunal tiene vedada la revisión probatoria con base al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- “ El acusador del fallo adicionalmente a sus motivos establece un acápite: “CAUSA DE INADMISIBILIDAD NO DETECTADA EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. Luego de la exposición de motivos relacionada, considero oportuno hacer notar que la acción de mérito debió ser declarada INADMISIBLE de oficio, sobre la base de lo establecido en el artículo 80 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la misma se interpuso contra un ACTO FIRME Y CONSENTIDO, pues no fue recurrido en TIEMPO Y FORMA (artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), dado que la actora aceptó en el libelo de su demanda que prestaba sus servicios profesionales y técnicos para la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SETCO), órgano que según lo instaurado en el artículo 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo “Estaba adscrito a la Presidencia de la República...”. Digo que estaba adscrito debido a que dicho órgano fue absorbido por laSECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) en fecha posterior a la presentación de esta demanda, según lo estipulado en el artículo 37 de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación.Al establecerse que SETCO “Estaba adscrito a la Presidencia de la República…”, es claro que era un órgano subordinado a la Presidencia de la República, por lo que era imprescindible que previo a interponer la presente acción, la demandante interpusiera, primero el recurso de apelación ante el propio órgano que dictó el acto impugnado (en este caso SETCO) y luego el recurso de reposición ante el órgano superior (en este caso la Secretaría del Despacho Presidencial según el artículo 48 numeral 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo), todo lo anterior en base a los artículos 137, 138 y 140 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A pesar de que en el propio acto impugnado (resolución número 001-ST- 009 de fecha 16 de octubre del 2009) se estableció claramente que contra el mismo procedía el recurso de apelación (no obstante, por circunstancias que desconocemos, dichos datos fueron reformados con corrector, tal como obra a folio 433 del expediente número 393-2009 de primera instancia), la parte actora interpuso el recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar de conformidad con la ley. En consecuencia, es indudable que el acto impugnado no era susceptible de impugnación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el mismo está FIRME, debido a que no fue recurrido en TIEMPO y FORMA, tal como lo ordena el artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la presente demanda debió ser declarada INADMISIBLE”No procede la petición de considerar en este recurso una causa de inadmisibilidad de la demanda, la cual debió invocarse en el momento procesal oportuno y por los medios procesales que franquea la Ley; además, lo planteado por el Impetrante constituyen alegatos propios de instancia.- “Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA TECNICA Y DE COOPERACION INTERNACIONAL (SETCO), representado en juicio por el abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS; y, Recurrido: la señora GUIOMAR LIZETH NUÑEZ HERNANDEZ, representada en juicio por la abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda que se contrae a pedir se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato de servicios profesionales celebrado por el Poder Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO); y para su pleno restablecimiento se dicten las medidas necesarias de pago de honorarios profesionales adeudados y el pago de lo que falta para que se venza el plazo del contrato; asimismo el pago de aguinaldo y décimo cuarto mes proporcional e intereses comerciales y moratorios devengados sobre las cantidades líquidas demandadas y costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre del dos mil nueve, por la señora GUIOMAR LIZETH NUÑEZ HERNANDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA TECNICA Y DE COOPERACION INTERNACIONAL (SETCO).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con el Estado de Honduras por medio de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), en fecha 02 de mayo del 2007, mediante contrato, en el cago de Asistente Técnico de Unidad de Asesoría, siendo cancelada en forma verbal el 17 de agosto de 2009, sin haberse vencido el contrato.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), contestóseñalando que rechaza los hechos alegados por la parte demandante y en esencia sus alegaciones se fundamentan en que la demandante había incumplido la cláusula novena del contrato lo cual se refiere al incumplimiento en cuanto a la ausencia de sus labores sin justificación, faculta a la autoridad nominadora a dar por interrumpido el contrato de servicios profesionales originado por la decisión propia de la demandante.- 3.-El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha 2 de noviembre del 2011, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la señora GUIOMAR LIZETH NUÑEZ HERNANDEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución No. 003-ST-09 de fecha 09 de fecha 09 de noviembre del 2009, dictada por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Ordenar el pago a favor de la demandante de los salarios correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009, por la cantidad total de Lps. 109,530.00; Asimismo se ordena el pago en concepto de décimo cuarto mes proporcional por la cantidad de Lps. 8.333.33; Y en concepto de décimo tercer mes proporcional la cantidad de Lps. 20,000.00; haciendo entre todas las cantidades a pagar un gran total de Lps. 137,863.33 TERCERO: Se declara sin lugar el pago de los remanentes de los meses de marzo, abril, y mayo del 2009, en vista que los mismos fueron cancelados de acuerdo a los 20,000.00 lempiras de salario establecidos en el contrato con sus respectivas deducciones legales.- SIN COSTAS.”Bajo el criterio que la parte demandada con los medios de prueba aportados al proceso no logro probar la causal de terminación del contrato de servicios profesionales, en cambio la prueba aportada esta mas orientada a la falta de cumplimiento de las labores encomendadas por la demandante, pero que lograron establecer que la demandante falto a sus labores, tal como lo estableció la demandada en la contestación de la demanda, del estudio del expediente administrativo se observa que no existe documento alguno que acredite que le dieron oportunidad a la ahora demandante que se defendiera o expresara el motivo por el cual le señalaban la ausencia de sus labores, lo que demuestra una violación al debido proceso.- 4.-La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de marzo del 2012, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS, en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras y CONFIRMÓ la sentencia definitiva de fecha 2 de noviembre del 2011, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, sin costas. Bajo el criterio que del estudio y análisis de los antecedentes se desprende que la causa que invoca el Estado para dar por finalizado el contrato suscrito entre partes como ser la falta de presupuesto es incongruente con el actuar posterior de la Secretaría de Estado emisora del mismo, por contrataciones posteriores en dicha Secretaría de Estado y la finalización del mismo fuera por abandono de labores, no se encuentra el debido en vía administrativa para acreditar dicha falta, así como la garantía constitucional del derecho de defensa de la contratante, en consecuencia el acto administrativo que se impugna es contrario a derecho.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS,presentó en fecha 09 de mayo del 2012, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 29 de marzo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 070-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 393-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.-La representación procesal de la parte demandante, abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, presentó en fecha 07 de junio de 2012, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 07 de junio del 2012, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas 13 y 25 de junio de 2012 los abogados FRANCISCO AYES CALLEJAS y EMY CLAUDETH ASFURA ASFURA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogadoFRANCISCO AYES CALLEJAS, presentó escrito de personamiento en fecha 15 de junio del 2012, en concepto de parte recurrente, y la abogada EMY CLAUDETH ASFURA ASFURA, presentó escrito de personamiento en fecha 29 de junio del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: En sus primeros tres motivos alega: “PRIMER MOTIVO. Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso b) y 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil instaura literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso...”En relación a lo anterior, luego de una revisión de los ANTECEDENTES DE HECHO de la sentencia recurrida se puede constatar que los mismos carecen de la debida CLARIDAD, PRECISIÓN y EXHAUSTIVIDAD, requisitos internos de toda sentencia según lo estipulado en el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil, ya que no se consignaron todas las pretensiones de las partes ni tampoco los hechos en que las mismas se fundaron y que fueron alegados oportunamente y tenían relación con las cuestiones que debían resolverse y las pruebas propuestas y evacuadas y los hechos probados. Del mismo modo, este Tribunal tampoco se pronunció sobre todos los puntos objeto del litigio con la debida separación, infringiendo directamente lo instaurado en el artículo 206 numeral 3 del Código Procesal Civil.En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en el artículo 206 numeral 1 y 3 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”.SEGUNDO MOTIVO. Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso c), 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso c) del Código Procesal Civil establece literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)..; c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...”.En relación a lo anterior, luego de una revisión de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida se comprueba que lo único hicieron los señores magistrados fue una vaga relación de argumentos legales, sin que en ningún momento se hayan establecido:1. Los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas; y2. Las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión CONCRETA de las normas jurídicas aplicables al caso. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)..; c) La forma y contenido de la sentencia...” . TERCER MOTIVO. Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso d) y 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil establece literalmente que “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)...; c)..; d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes alas pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación...”.En relación al artículo citado, si se revisa detenidamente la parte de la sentencia recurrida denominada FALLO o también conocida como PARTE RESOLUTIVA, se podrá constatar que la misma no se pronuncia sobre todas las pretensiones establecidas por el apelante en su recurso de apelación, requisito que deben poseer todos fallos aún y cuando la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos.En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)..; c) La forma y contenido de la sentencia...”.- II.- Que en relación a los motivos antes expuestos por el Recurrente, en base al estudio realizado, se puede apreciar que no resultan admisibles, en virtud de lo siguiente: a) omite indicar si la violación es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales citadas como violadas; b) olvida desarrollar el concepto de la infracción o explicación del cargo; c) carece de claridad y precisión, ya que se fundamenta en que no se consignaron los antecedentes de hecho y las pretensiones de las partes, sin embargo, menciona que “de una revisión de los antecedentes de hecho” lo cual indica la existencia de dicho contenido; d) no señala la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; e) olvida que el Tribunal de apelación revisa lo actuado por el a quo enmarcado en los términos del recurso, lo cual indica que los antecedentes de hecho del ad quem son un extracto de la demanda y de lo actuado en segunda instancia propiamente, asi como su fundamentación jurídica puede estar indicada con la cita de la norma o con el desarrollo de lo que la misma dispone.- III.- Que el Censor expone su cuarto motivo manifestando:“Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículo 119 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado. Concepto de la infracción: no aplicación. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no aplicó el artículo citado, pues argumenta equivocadamente en el considerando 7 de la sentencia recurrida que “...Si la finalización del mismo fuera por abandono de labores, no se encuentra el debido proceso en vía administrativa para acreditar dicha falta, así como la garantía constitucional del derecho de defensa de la contratante...”, ignorando que el contrato de servicios profesionales en relación contempla la rescisión del contrato por decisión unilateral de la Administración Pública, la cual es una de sus prerrogativas. Como dije anteriormente, en la parte resolutiva de la sentencia impugnada se omite la aplicación del artículo 119 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado, pues el contrato de servicios profesionales celebrado entre el demandante y el Estado de Honduras es un contrato administrativo, el cual tanto la doctrina como la jurisprudencia ecuménicamente aceptadas definen como “Una especie dentro del género de los contratos, con características especiales, tales como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto es un fin público y que llevan insertas CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL DERECHO PRIVADO”.En este sentido, el autor Farías Mata señala que el rasgo característico del régimen del contrato administrativo aparece fundamentalmente concretado en relación al “ATENTADO que dicho régimen supone contra los principios básicos de la técnica contractual del derecho privado, específicamente el de la “Libertad contractual” y el de la “Igualdad de las partes”.Para el autor Hildegard Rondón de Sansó, la noción de contrato administrativo comprende ciertos negocios jurídicos bilaterales que poseen las siguientes características: “a. Que son celebrados por una Administración Pública, esto es, aquellos en los cuales por lo menos una de las partes sea una Administración Pública; b. El objeto es la prestación directa de un servicio público; y c. Los contratos administrativos, por estar vinculados a la prestación de un servicio público, incluyen CLÁUSULAS EXORBITANTES, ESTO ES, CLÁUSULAS QUE EXCEDEN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN DE LOS PARTICULARES ”Armando Rodríguez, por su parte, considera que los contratos administrativos revisten cualidades o condiciones especiales o excepcionales y por ello constituyen una categoría jurídica específica y singular, exorbitante de la cualidad genérica de contrato propio del Derecho Civil, y en la cual entrarían las otras fórmulas de contratación empleadas por la Administración. Sin embargo, en opinión de este autor, la característica esencial del contrato administrativo no es la noción de servicio público, sino el “Conjunto de prerrogativas que en su contenido ofrecen a la Administración, a los efectos de su manejo general y en especial en cuanto a la ejecución de su objeto”.En virtud de los conceptos esgrimidos, queda claro que las cláusulas exorbitantes constituyen uno de los caracteres básicos de los contratos administrativos, siendo definidas por la doctrina como “Aquellas que otorgan a la Administración derechos sobre su co-contratante que serían nulos o ilícitos dentro del derecho privado”.Para una mejor ilustración debo manifestar que la figura de las cláusulas exorbitantes tuvo su origen en Francia, donde se las define como estipulaciones “Cuyo objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales” o “Cláusulas que por su naturaleza, difieren de aquellas que pueden insertarse en un contrato análogo de Derecho civil”En países hermanos y que se rigen por la misma legislación que el nuestro como Costa Rica, las cláusulas exorbitantes han sido definidas por la jurisprudencia como potestades de la Administración. En este sentido, el fallo número 530-96 de fecha 28 de noviembre de 1996, emitido por la Sala Constitucional de aquel país estableció que “Efectivamente, en razón de que una de las partes es precisamente la Administración, la contratación administrativa se rige por principios diferentes de los que regulan la contratación civil. Así, tales contratos son preparados en forma unilateral por la Administración, y el concesionario, si tiene ventajas, no las discute, sólo las acepta; el contrato debe interpretarse en el sentido del interés general y no del particular o del contratante, y por último y los más importante, la Administración tiene poderes especiales en la ejecución de los contratos administrativos que dimanan de sus prerrogativas como tal. De esta manera, la Administración tiene un privilegio especial, la DECISIÓN UNILATERAL-EJECUTIVA Y PREVIA en mérito de la cual puede intervenir en la ejecución del contrato. Tal intervención comporta la existencia de determinados poderes, los cuales habrán de aplicarse a la ejecución del contrato. Estos se refieren al control y dirección del contrato administrativo, luego, a las sanciones que pueden imponerse por la vía de la ejecución defectuosa del mismo y por último, a las modificaciones impuestas por el cambio de circunstancias...”Como consecuencia de todos los argumentos invocados, queda claro que en la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se omitió la aplicación de la norma legal contenida en el artículo 119 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado, al considerar que no se respetó el debido proceso y que se le violentó el derecho de defensa a la parte actora, hecho alejado de la realidad, pues al argumentar dicho extremo se están obviando y desconociendo las prerrogativas de las cuales goza la Administración Pública al momento de contratar y por ende está convirtiendo al Estado de Honduras en un simple particular cuyos actos y contratos sólo interesan a él mismo, cuestión inaplicable cuando se habla de la Administración Pública, cuyos intereses son los intereses de la sociedad misma, agravando la situación el hecho de que el Estado de Honduras probó en primera instancia que la demandante se ausentó repetidamente de sus labores y no presentaba informes sobre las actividades que realizaba. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil”.- IV.- Que en relación al anterior motivo expuesto por el Recurrente, el mismo no resulta admisible en virtud de lo siguiente: a) señala situaciones que tienen que ver con la forma de la terminación del contrato de servicios que vinculó a las partes y por ende del material probatorio, arguyendo que probó en primera instancia que la demandante se ausentó repetidamente de sus labores y no presentaba informes sobre actividades realizadas, todo lo cual, se aleja de la técnica del recurso que nos ocupa ya que éste Tribunal tiene vedada la revisión probatoria con base al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- V.- El acusador del fallo adicionalmente a sus motivos establece un acápite: “CAUSA DE INADMISIBILIDAD NO DETECTADA EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. Luego de la exposición de motivos relacionada, considero oportuno hacer notar que la acción de mérito debió ser declarada INADMISIBLE de oficio, sobre la base de lo establecido en el artículo 80 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la misma se interpuso contra un ACTO FIRME Y CONSENTIDO, pues no fue recurrido en TIEMPO Y FORMA (artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), dado que la actora aceptó en el libelo de su demanda que prestaba sus servicios profesionales y técnicos para la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SETCO), órgano que según lo instaurado en el artículo 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo “Estaba adscrito a la Presidencia de la República...”. Digo que estaba adscrito debido a que dicho órgano fue absorbido por la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) en fecha posterior a la presentación de esta demanda, según lo estipulado en el artículo 37 de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación.Al establecerse que SETCO “Estaba adscrito a la Presidencia de la República…”, es claro que era un órgano subordinado a la Presidencia de la República, por lo que era imprescindible que previo a interponer la presente acción, la demandante interpusiera, primero el recurso de apelación ante el propio órgano que dictó el acto impugnado (en este caso SETCO) y luego el recurso de reposición ante el órgano superior (en este caso la Secretaría del Despacho Presidencial según el artículo 48 numeral 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo), todo lo anterior en base a los artículos 137, 138 y 140 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A pesar de que en el propio acto impugnado (resolución número 001-ST- 009 de fecha 16 de octubre del 2009) se estableció claramente que contra el mismo procedía el recurso de apelación (no obstante, por circunstancias que desconocemos, dichos datos fueron reformados con corrector, tal como obra a folio 433 del expediente número 393-2009 de primera instancia), la parte actora interpuso el recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar de conformidad con la ley. En consecuencia, es indudable que el acto impugnado no era susceptible de impugnación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el mismo está FIRME, debido a que no fue recurrido en TIEMPO y FORMA, tal como lo ordena el artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la presente demanda debió ser declarada INADMISIBLE.”.- VI.-No procede la petición de considerar en este recurso una causa de inadmisibilidad de la demanda, la cual debió invocarse en el momento procesal oportuno y por los medios procesales que franquea la Ley; además, lo planteado por el Impetrante constituyen alegatos propios de instancia.- VII.-Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VIII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS, en su condición de apoderado de la parte demandada, en sus cuatro motivos, así como desestimar la causa de inadmisibilidad de la acción alegada. 2º) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 594-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL