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Sentencia CA-574-12 — Registro 2929

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora estaba obligada al emitir los acuerdos de cancelación del recurrente a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo hubo infracción al ordenamiento jurídico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), por la falta de aplicación del articulo 60 de la Ley de Servicio Civil en relación con el articulo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que deberían ser cumplidas para resolver la cuestión de fondo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 705 del Código Procesal Civil, 17 del Código Civil 31 Ley de Procedimientos Administrativos y 60 de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha nueve de febrero del año dos mil doce. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil”.- “ Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación ya que en la estructuración del cargo alega, entre otras, normas de derecho distintas a las que indica en el acápite de disposiciones infringidas lo cual vuelve al cargo una proposición jurídica incompleta e imprecisa.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de septiembre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por la Abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ y el Recurrido: JESUS PEREZ GRADIZ, representada en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal contencioso administrativa para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo o la nulidad de los actos administrativos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento se adopte el pago en concepto de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, reintegro a su puesto de trabajo por ser nulos los actos administrativos y costas, promovida por el señor JESUS PEREZ GRADIZ, representada en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD representada en juicio por la Abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el demandado, según acuerdo No.067-2006, emitido por el Presidente de la República, en fecha 23 de febrero del 2006, a partir del 8 de marzo de 2006, desempeñándose como Auditor Interno, Jefe de la Unidad de Auditoria; que en fecha 31 de mayo del 2010, se le notificó el acuerdo de cancelación por cesantía No. SEDS-0636-2010 del 14 de mayo del 2010, sin ninguna justificación, efectiva a partir del 31 de mayo del 2010, violentando de esta forma el ordenamiento jurídico al no cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 53 y 54 la Ley del Servicio Civil y su reglamento, referente a la Cesantía, en relación al artículo 280 del Reglamento de esa misma ley, otra ilegalidad e injusticia del despido está en el hecho de que se le entregó el 31 de mayo del 2010, fecha a partir de la cual entraba en vigencia su cancelación, cuando en la Ley del Servicio Civil se establece que debió de entregársele con un mes de anticipación, así también se violentó lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, que establece que el Auditor y Sub – Auditor Interno sólo puede ser despedido del cargo por la autoridad superior del ente en donde presta sus servicios cuando se comprobare plenamente con las garantías del debido proceso, el incumplimiento o falta grave en el ejercicio del cargo. Solicita que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo o la nulidad de los actos administrativos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento se adopte el pago en concepto de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, reintegro a su puesto de trabajo por ser nulos los actos administrativos, costas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que acepta el puesto desempeñado y la fecha de inicio de la relación laboral, manifiesta que el cargo ocupado por el demandante está excluido de la aplicación del Régimen de Servicio Civil, por establecerlo su acuerdo de nombramiento, lo que conlleva a que el órgano administrativo pueda removerlo cuando así lo estime conveniente, además se establece que es excluido del Régimen de Servicio Civil, por establecerlo su acuerdo de nombramiento así como el artículo 3 literal a) de la misma ley, que a su vez el artículo 5 numerales 26 y 28 del Reglamento de la misma Ley de Servicio Civil, Acuerdo 175 del 18 de febrero de 1976, lo que conlleva a que el órgano administrativo pueda removerlo cuando así lo estime conveniente, manifiesta que el acuerdo de cancelación fue emitido en legal y debida forma y fundamenta dicha acción en los artículos 5 y 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro del demandante al cargo de Auditor Interno Jefe de la Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría de Seguridad, el pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación 31 de mayo de 2010, hasta el día en que quede firme la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder, se decreta la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. Criterio: Que en el presente caso existió infracción al ordenamiento jurídico al haberse cancelado al demandante sin seguirse procedimiento ni de cesantía ni de despido, estando protegido por el Régimen de Servicio Civil al no estar su cargo excluido del mismo, según artículo 3 de la Ley de Servicio Civil.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia del juez a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora estaba obligada al emitir los acuerdos de cancelación del recurrente a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo hubo infracción al ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ, en fecha quince de mayo del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada, en fecha nueve de febrero del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.014-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 338-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, JESUS PEREZ GRADIS, representada en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó, en fecha siete de junio del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha siete de junio del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha dieciocho de junio del año dos mil doce el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, y en fecha veintiséis de junio del año dos mil doce la Abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó escrito en fecha veinte de junio del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrido.- 9.- Que la Abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ, presentó escrito en fecha diecisiete de julio del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), por la falta de aplicación del articulo 60 de la Ley de Servicio Civil en relación con el articulo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que deberían ser cumplidas para resolver la cuestión de fondo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 705 del Código Procesal Civil, 17 del Código Civil 31 Ley de Procedimientos Administrativos y 60 de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha nueve de febrero del año dos mil doce. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil”.- II.- Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación ya que en la estructuración del cargo alega, entre otras, normas de derecho distintas a las que indica en el acápite de disposiciones infringidas lo cual vuelve al cargo una proposición jurídica incompleta e imprecisa.- III.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ, en su condición de apoderada de la parte demandada. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha ocho días del mes de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 574-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL