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Sentencia CA-556-11 — Registro 7409

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción y reconociendo la situación jurídica individualizada reclamada y se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en relación a la expresión del motivo que antecede, se puede apreciar que no resulta admisible, en virtud de lo siguiente: a) No constituye una proposición Jurídica completa, ya que no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, tampoco señala si la infracción de las normas señaladas como violadas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Al hacer relación a la prueba en juicio pretende se revise su interpretación y valoración, lo cual es inadmisible en este recurso; y c) formula señalamientos y alegatos de instancia."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de febrero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representado en juicio por el Licenciado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA y el Recurrido: El señor DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS, representado en juicio por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto por despido y, como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado, el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de noviembre del 2008, por el señor DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS, mayor de edad, soltero, Licenciado en Comercio Internacional, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de demanda que inició relaciones laborales con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el día 5 de marzo del 2007, mediante acuerdo en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho en la Sección de Aforo y Despacho de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras; posteriormente en fecha 5 de noviembre del 2008, fue notificado del despido de su cargo; alega que dicha cancelación es ilegal ya que no se observó de parte de la Autoridad Nominadora el procedimiento que manda la ley para despedirle, es decir, su despido debe ir en consulta a la Dirección de Servicio Civil, ya que funda el despido en una supuesta inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo; que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de los hechos que se le imputan el 22 de Septiembre del 2008, asimismo se le informa vía acta de notificación de fecha 05 de noviembre del 2008, por lo que es evidente de la relación de fechas, que cuando se ejecutó la acción de despido, ya se encontraba prescrita dicha acción según lo que cita el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil, lo cual hace el despido ilegal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, manifiesta que él demandante fue despedido en legal y debida forma, ya que violentó y omitió procedimientos estipulados en el artículo 177 del Código Tributario y 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduana Vigente, ya que una vez concluidas las investigaciones respecto al informe técnico No.106/2008, emitido por el Departamento de Control Interno, se le citó para comparecer a una audiencia de descargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Servicio Civil, en la cual el demandante no logró desvirtuar los cargos a él imputados, por lo que se tiene como responsable de la no aplicación a un contribuyente de la liquidación de la multa del 50% que ordena el artículo del Código arriba mencionado, omisión que le ha causado un perjuicio económico al Estado de Honduras. En cuanto a que la acción de despido ha prescrito, el demandado aduce que el autor de la demanda no ha tomado en cuenta que en el período comprendido del 22 de septiembre al 05 de noviembre del 2008, se otorgaron dos días de asueto a la Administración Pública, puesto que si se toman en cuenta los dos asuetos concedidos, contaba hasta el 07 de noviembre del 2008, rechazando tal argumento.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de marzo del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción y reconociendo la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptaron las siguientes medidas: 1) Reintegrar al demandante al cargo que desempeñaba. 2) Pagarle al demandante en concepto de INDEMNIZACION los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que se reintegre a su trabajo. 3) Reconocer a favor del demandante los aumentos de salario que se hayan producto durante la tramitación del presente proceso. 4) Anular el acto administrativo por medio del cual se ha nombrado al sustituto (a) del demandante, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de la infracción supuestamente cometida por el demandante en fecha 10 de septiembre de 2008, mediante MEMORANDO DCI-514-2008 enviado al Licenciado ARMANDO SARMIENTO, Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos por parte del señor HECTOR ORLANDO MEJIA, Jefe de control Interno, mediante el cual le remite el informe 106/2008 relacionada con la importación de un vehículo con dispensa falsa No. 5020060050.- Ante tal acontecimiento es desde ese instante en que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento del hecho imputado al demandante y por tanto desde esa data es que se debe computar el plazo de 30 días hábiles; es decir la Autoridad Nominadora tenía hasta el día 24 de octubre de 2008, para tomar la decisión de aplicar la sanción correspondiente al demandante, haciendo la aclaración que los días 03 y 21 de octubre fueron tomados como días hábiles, ya que fueron trasladados los feriados correspondientes a dichos días al día 06 y 27 de octubre y como se puede apreciar la decisión de cancelación del demandante fue notificada en fecha 05 de Noviembre del 2008, por lo que la tesis jurídica expuesta por el demandante respecto a que ya había prescrito la acción de la Administración Pública es válida.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 2 de agosto del 2011, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmando la sentencia dictada por el Tribunal en primera instancia, sin costas; bajo el criterio de que la ley de Servicio Civil y su Reglamento establecen que para el despido de un servidor público, una vez realizado el trámite respectivo, deberá hacerse la solicitud de autorización de acción de personal con los documentos que amparen la misma, a la cual deberá darle trámite la Dirección General de Servicio Civil, constando en autos que dicha Dirección General no tiene expediente del demandante, por lo cual, la demandada no realizó el referido trámite de autorización de la acción de personal, en tal virtud, no realizó totalmente el procedimiento que la Ley establece para el despido de un servidor público.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Licenciado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, presentó en fecha 16 de septiembre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha 2 de agosto del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 178-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp.341-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, presentó en fecha 4 de octubre del 2011, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 5 de octubre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, Apoderado de la parte demandante, en fecha 11 de octubre del 2011 y el Licenciado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, Apoderado de la parte demandada, en fecha 13 de octubre del 2011.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, Apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 12 de octubre del 2011, en concepto de parte recurrida y el Licenciado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, apoderado de la parte demandada, personándose en concepto de parte recurrente en fecha 14 de octubre del 2011.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” MOTIVO: En el presente motivo se encuentran infringidos el artículo 1, Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, articulo 3 numeral 3 deL Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, articulo 57 deL Decreto 212-87 de la Ley de Aduanas Vigente, articulo 177 Código Tributario, Circular DATA- 025-2007, Artículos 1,2,37 literales a, b, c. 45, 46, 47 numeral 1 y 3 de la Ley del Servicio Civil, Articulo 1 157, 165 numeral 3, 167, y 173 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: Es así que la apreciación de este Tribunal Adquem, en los Considerandos Cuatro, Cinco, Seis y Siete no es cierta, en vista que fue fehacientemente acreditado con el expediente administrativo y con el informe realizado por el departamento de Control Interno, las faltas cometidas por el ahora demandante y que dieron motivo para la aplicación de la sanción de Despido efectuada por la Secretaría de Finanzas. De conformidad al articulo 1 Ley de Estructuración de la Administración Tributaria el cual estipula “Crease la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como un Órgano administrativo dependiente de la Secretaria de Estado enel Des pacho de Finanzas, con domicilio en la ciudad capital y autoridad en todo el territorio nacional”, así mismo citamos el articulo 3 numeral 3 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos el cual dice “Son funciones del Director Ejecutivo las siguientes: numeral 3 Imponer sanciones por infracciones Tributarias y Aduaneras que correspondan de conformidad con las Leyes fiscales aplicables” por lo tanto el Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos esta facultado para poder imponer la sanción de Despido, cuando la falta a podido ser confirmada mediante informe realizado por el departamento de Control Interno, siendo así evidente quien la impone es la Dirección Ejecutiva de Ingresos, pero quien la aplica y ejecuta es la Autoridad Nominadora, en este caso la Secretaria de Estado en los despacho de Finanzas, mediante la Dirección Ejecutiva de Ingresos; en el mismo considerando este Tribunal Ad-quem, hace mención que la Secretaria de Estado en los despacho de Finanzas es la que tiene la facultad de Contratar, despedir y cancelar empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos tal y como consta en el Acuerdo de Despido numero 081/2008 de fecha 30 de Septiembre del año 2008 y notificación de dicho Acuerdo, dichos documentos están refrendados por la Secretaría de Estado en los Despacho de Finanzas, siendo así evidente que quien despide es la Secretaría de Finanzas y no la Dirección Ejecutiva de Ingresos, tal y como se hace mención en la recurrida sentencia; con el articulo 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduanas Vigente el cual estipula: “El Aforo implica el reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor, peso o medida, clasificación en la Nomenclatura Arancelaria y liquidación de la obligación Aduanera”; es así que la apreciación de este Tribunal Ad-quem, en los Considerandos Cinco, Seis y Siete, no es cierta, en vista que fue fehacientemente acreditado en autos que el señor DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS, infringió el ordenamiento la norma jurídica relacionada como motivo de este Recurso de Casación, en vista que no pudo desvanecer los hechos a el imputados, consistentes en haber incumplido los procedimientos de la Aduana Toncontin, en su cargo de Oficial de Aforo y Despacho, específicamente en la mercancía de la DUA- C-4069 dejando de percibir el Estado de Honduras, la cantidad de Ciento cuarenta y Cinco Mil Seis Cientos Cincuenta y Ocho Lempiras con Un Centavo (Lps. 145,658.01), violentando lo estipulado en el articulo 177 del Código Tributario, en su párrafo cinco, al no aplicar la multa del 50% sobre el valor del impuesto o gravámenes dejados de percibir, y por ende el incumplimiento de la Circular DATA-025-2007, emitido en fecha 29 de Enero 2007 de SANDRA LOURDES AVILA, Directora Adjunta de Rentas Aduaneras, para Administradores de Aduanas de toda la Republica el cual transcribo a continuación “Es de nuestro conocimiento que algunas de las administraciones a su cargo, no están dando cumplimiento a las sanciones establecidas en el Código Tributario, las cuales sufrieron reformas mediante Decreto 210-2004 del 31 de Octubre de 2004, específicamente las referidas en el articulo 177, párrafo quinto; así mismo y para efectos de coordinar en todas sus administraciones la uniformidad en la aplicación correcta de las sanciones anteriormente señaladas se creo el instructivo para la aplicación de sanciones por infracción Aduaneras en el que se detallan algunas Infracciones Administrativas y Tributarias.- Es obligación de cada uno de ustedes como autoridad máxima en sus administraciones dar a conocer y exigir el cumplimiento de esta disposición al personal a su cargo, en ese sentido el incumplimiento a la Lev y a las disposiciones administrativas emitidas por esta Dirección, dará lugar a la aplicación de las sanciones que conforme a ley corresponda.” Circular que se encuentra en anexo quince (15) del informe realizado por el departamento de Control Interno, por lo tanto no entendemos como el Tribunal Ad-quem puede venir una opinión tan alejada a la verdad, ya que en la Audiencia de Descargo hubieron varias preguntas que el señor DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS, no pudo contestar, siendo esto una aceptación tacita de los hechos a él imputados, además en el articulo 47 numeral tres(03) de la Ley del Servicio Civil y articulo 165 numeral tres (03), del Reglamento de la Ley del Servicio Civil establece “Los Servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualquiera de las causa siguientes(Numeral 3 Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo)” como es evidente en ningún instante la Ley del Servicio Civil y su Reglamento hace mención que deberán existir varias faltas para imponer esta sanción tal y como lo expresa el Tribunal Ad-quem en la presente sentencia recurrida en el considerando cinco (05),siendo de tal gravedad la falta en que incurrió la parte demandante, que la Dirección Ejecutiva de Ingresos le aplico en forma irrestricta la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sanción disciplinaria que se le impuso a la parte recurrida, cancelándolo por despido del cargo, por subsumirse los cargos imputados, enmarcándose en la causal de despido que se refiere a la Inhabilidad e ineficiencia en el desempeño del cargo; asimismo la causal de inhabilidad e ineficiencia en el desempeño del cargo, fue acreditada con los Medios de Prueba, así como en Audiencia de Descargo no desvirtuó fehacientemente y contundentemente las faltas cometidas por él mismo. Otro aspecto es que el Juzgador aduce que se debió sancionar con una falta menos grave, la cual se sanciona en base al artículo 162 numeral 4) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, circunstancia que no trae aparejada como sanción el despido; apreciación equivoca y subjetiva, en virtud que el despido además de encontrarse en el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil en la causal tercera, también se encuentra contemplado como Medida Disciplinaria de acuerdo a la gravedad de la falta cometida por el señor DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS, así como lo estipula el artículo 45 de la Ley de Servicio Civil donde se establecen los tipos de sanciones y consecuentemente la aplicación de Medidas Disciplinarias según las faltas cometidas por el Servidor Público, y que en una de sus partes dice “Sin perjuicio que de conformidad con la gravedad de la falta, la medida que corresponda aplicar sea la de despido.“, en consecuencia, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el demandante, se le aplico la Cancelación por Despido del cargo que desempeñaba, en virtud de comprobársele fehacientemente la inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, que ostentaba el ahora demandante; se puede determinar Honorables Magistrados que el Juzgador tergiversa los relacionados artículos en virtud que si existe gradualidad, no obligatoriamente se sigue un orden establecido para aplicar las medidas disciplinarias, de acuerdo a las faltas cometidas por el Servidor Público; es importante hacer la observación en el considerando numero siete ce la presente sentencia recurrida el Tribunal Ad-quem, se contradice con el considerando numero cinco (5), en el cinco reconoce que la parte demandada siguió el procedimiento para despedir al demandante y el considerando siete (7) alega todo lo contrario citando la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde enuncia todo lo contrario a lo expresado en el considerando numero cinco, de la misma forma hacemos notar que el Tribunal Ad-quem, basa la presente sentencia en artículos 258 inciso d) y 271 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículos que actualmente están derogado según Acuerdo numero A. 081-2009, en donde dicho Reglamento de la Ley de Servicio Civil fue modificado, por lo tanto dicha sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem debe ser revocada en su totalidad. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violento el ordenamiento jurídico al emitir una resolución judicial, interpretando erróneamente normas de Derecho al aducir que la falta del servidor publico no fue cometida, lo cual es motivo de este recurso, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva del fondo del presente juicio”.- II.- Que en relación a la expresión del motivo que antecede, se puede apreciar que no resulta admisible, en virtud de lo siguiente: a) No constituye una proposición Jurídica completa, ya que no ha precisado ni justificado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, tampoco señala si la infracción de las normas señaladas como violadas es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Al hacer relación a la prueba en juicio pretende se revise su interpretación y valoración, lo cual es inadmisible en este recurso; y c) formula señalamientos y alegatos de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, en su condición de Apoderado de la parte demandada. 2º) DECLARAR FIRME la resolución recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha doce de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 556-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL