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Sentencia CA-538-12 — Registro 7407

Resumen

En primera instancia se declaró improcedente la acción, por ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en la Resolución emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-"Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución de los presentes Recursos de Casación interpuestos y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Como parte demandante el señor VIRGILIO SANCHEZ CARCAMO, como representante legal de la joven GLADIS EMELINA SANCHEZ SIERRA, representado en juicio por el Abogado ANTONIO AMADOR BARRIENTOS y como parte demandada/Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, representado en juicio por la Abogada LILY ELVIR RODRIGUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria, contraída a pedir la nulidad de un Acto Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a efecto de que se reconozca una indemnización por daños y perjuicios en la salud física y moral de su menor hija por negligencia de elementos del Ejercito Nacional al disparar en su cuerpo, se tenga por aclarada sentencia definitiva para su ejecución misma que fue emitida y fue condenado el Estado de Honduras por esta causa mediante dicha sentencia que es definitiva, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del dos mil nueve, por el señor VIRGILIO SANCHEZ CARCAMO, como representante legal de la joven GLADIS EMELINA SANCHEZ SIERRA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que en fecha 14 de noviembre del 2002, fue presentada ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad reclamo administrativo solicitando el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios causados en la salud física y moral de la menor GLADIS EMELINA SANCHEZ SIERRA, por negligencia de agentes de la policía y miembros del ejercito nacional, el cual fue declarado sin lugar, por lo que posteriormente iniciaron la demanda ordinaria, contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Seguridad, emitiéndose sentencia definitiva en fecha 17 agosto del 2005, condenando a dicha Secretaria al pago de la indemnización por los daños y perjuicios. La cuantía solicitada en dicha demanda fue por L.12,000,000.00; que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en la sentencia relacionada declaró con lugar parcialmente en un 50% ejecutándose dicha cantidad por la Secretaria de Seguridad y se menciona en esa sentencia que no solo los miembros que pertenecen a la Secretaria de Seguridad son responsables que participaron en los daños causados a la menor y por dicha sentencia que debe cumplirse en la otra parte o sea por la otra Secretaria de Estado de Defensa Nacional donde por la participación de los Miembros del Ejercito Nacional, tal como lo define dicha sentencia en su considerando número nueve; y que el reclamo administrativo actualmente presentado ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional se ha agotado la vía administrativa, donde mediante la Resolución respectiva niegan el pago solicitado según sus fundamentos porque ya fue resarcido por la Secretaría de Seguridad, en el mencionado escrito de reclamo administrativo se hizo mención que la cuantía que se reclama es por el 5O% de los L.12,000,000.00, según lo ya determinado en la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de fecha 17 de agosto del año 2005 y que ahora le corresponde pagar siempre al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, por la participación de los elementos del Ejercito Nacional, con los que podrá cubrir los gastos de recuperación de su salud física y moral de manera total y no parcial; que la responsabilidad de las dos Secretarias está determinada en la sentencia relacionada faltando que sea ejecutada en el momento oportuno que se demanda, habiendo agotado el proceso administrativo que es esencial para iniciar las acciones judiciales para su ejecución, o sea que se haga efectivo el pago de la indemnización por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, por la participación de esos miembros del Ejército Nacional, en ese día que se causó el daño y perjuicio a la menor relacionada; que al haber emitido sentencia parcial y dar responsabilidad a una de las dos Secretarias de Estado de conformidad a la cuantía demandada la que se probó mediante todos los medios probatorios propuestos y evacuados los que dieron lugar a condenar al Estado de Honduras al pago de la indemnización reclamada a través de la Secretaria de Seguridad, porque consta en el expediente respectivo donde se establece que la cuantía está determinada en un 50% de lo demandado de L.12,000,000.00, ahora debe pagar la otra Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por la participación de los Miembros del Ejercito Nacional es el 5O% de la demanda que falta sea resarcido, en consecuencia se decrete que se ejecute el faltante de lo que se determinó en la sentencia referida para que sea totalizada la condena.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, dice que rechaza las pretensiones del demandante y manifiesta que promueve causa de inadmisibilidad de la demanda que debe de apreciarse de oficio por el Tribunal, consistente en que la demanda tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativa y que recayere sobre cosa juzgada, por tratarse el Acto Impugnado de un Acto Firme, es decir, aquellos que no hubieran sido recurridos anteriormente y que la Resolución que se pretende anular ha pasado a autoridad de cosa Juzgada, tomando en consideración lo desarrollado en el articulo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con base en lo establecido en el articulo 95 de la Constitución de la República; que opone excepción de pago, ya que el Tribunal dictó sentencia interlocutoria donde se da estricto cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 17 de agosto del 2005 y donde se determinaba por parte del Perito Actuario el monto que el Estado de Honduras resarciría al demandante, en su condición indicada, sentencia que se cumplió a cabalidad, por lo que visto lo anterior y tomando en consideración lo que establece el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en este caso se opone como excepción el pago de la obligación impuesta por el Tribunal en la sentencia interlocutoria oportunamente decretada; que consta en la sentencia definitiva dictada por este Tribunal en fecha 17 de agosto del 2005, que ya se condenó al Estado de Honduras al pago de una indemnización, recordemos que el Estado de Honduras es uno solo, que si bien dentro del Poder Ejecutivo tiene que realizar actuaciones a través de diferentes órganos, en realidad es un solo Ente con personalidad jurídica propia, en razón de lo cual no puede ser sujeto de doble enjuiciamiento por la misma causa, ningún Juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia al menos que haya un recurso contra ella o que la Ley lo permita, en el presente caso la controversia y el asunto de fondo ya fue definido, está fundada en los mismos hechos, son las mismas partes procesales y la misma pretensión resarcitoria, por tanto tenemos una cosa juzgada; que si bien es cierto existe una sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha 17 de agosto del 2005, no es menos cierto que consta que este Juzgado Contencioso Administrativo ordena el nombramiento de un Perito Actuario para valorar los daños y perjuicios ocasionados a la menor referida por el supuesto acto negligente, nombrándose dicho Perito, quien una vez discernido su cargo rindió oportunamente el informe, en el cual se determinó que la cuantía a pagar por el Estado en concepto de daños y perjuicios asciende a la cantidad de L.4,414,352.43, no como pretende hacer creer el demandante al solicitar el 50% de los L.12,000,000.00.- 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de mayo del 2011, mediante sentencia definitiva declaró improcedente la acción, por ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en la Resolución de fecha 26 de septiembre del 2008, emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y declarar sin lugar la excepción de pago opuesta por la demandada por improcedente, ya que lo alegado al respecto es sobre el fondo del asunto, sin costas; bajo el criterio que en virtud de lo fallado en la sentencia relacionada de fecha 17 de agosto del 2005, emitida por éste Juzgado, se procedió a nombrar el Perito Actuario a petición del demandante, quien rindió el respectivo informe, en el cual para cuantificar los daños y perjuicios lo hace en base al monto de salarios dejados de percibir por la menor durante el periodo que estaría apta para trabajar y la jubilación que hubiese percibido, según la esperanza de vida de la mujer en Honduras, es decir, que cuantifica los daños y perjuicios que ocasionó el acto realizado por los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional en forma general, no estableciendo solo un 50%, por lo cual el cálculo realizado por dicho Perito es lo que se le debía pagar a la menor por el daño ocasionado por ambos elementos, debiendo haber pagado el 50% la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y el otro 50% la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; sin embargo, la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad hizo el pago total de los daños y perjuicios, es decir la cantidad de L.4,414,352.43, en consecuencia, el pago al que estaba obligado el Estado de Honduras por el acto negligente cometido por Miembros de la Policía y Ejercito Nacional, ya fue realizado; si bien es cierto, lo hizo una sola Secretaría, también es cierto, que lo hizo por la cantidad que correspondía pagar a ambas y que el obligado es el Estado de Honduras, por lo cual aunque no se hizo en la forma establecida en la sentencia definitiva de fecha 17 de agosto del 2005, es decir, 50% cada Secretaria, el mismo se efectuó y la obligación está cumplida por parte del Estado de Honduras, ya que si se paga otra cantidad similar a la pagada, se estaría pagando dos veces, porque la cantidad a la que estaban obligadas ambas Secretarías era la señalada por el Perito nombrado para tal efecto, en un 50% cada una y no la cuantía señalada en la demanda, ya que mediante una sentencia interlocutoria se estableció la suma a que ascendían los daños y perjuicios ocasionados a la menor, por lo cual el Acto Administrativo Impugnado está dictado conforme a Derecho. Que en cuanto a las causas de inadmisibilidad alegadas por la demandada, son improcedentes, puesto que el presente reclamo el demandante lo hizo en virtud de lo señalado por la sentencia definitiva de fecha 17 de agosto del 2005, es decir, que consideraba se le debía pagar otro 50%, ya que, según él, solo se le había pagado un 50%, razón por la cual, si bien es cierto, dicha sentencia tiene carácter de cosa juzgada, no es menos cierto, que la presente acción no lo tiene, ya que la parte demandada es el Estado de Honduras, pero a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, es decir, era otra la parte demandada, no reuniendo la presente acción la condición de cosa Juzgada, en consecuencia, el acto impugnado, si es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción, por las razones expuestas y porque lo alegado para fundamentar dichas causas de inadmisibilidad son mas sobre el fondo del asunto.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 27 de septiembre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que al existir sentencia firme que condena al Estado de Honduras por los mismos hechos punibles por el cual se incoa la presente demanda, es improcedente por mandato expreso de la Constitución de la República un nuevo enjuiciamiento y condena sobre los mismos hechos que motivaron el anterior, y por estar cumplidos los daños y perjuicios ocasionados a la demandante por parte de la Administración Pública.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado ANTONIO AMADOR BARRIENTOS, como apoderado del señor VIRGILIO SANCHEZ CARCAMO como representante legal de la joven GLADIS EMELINA SANCHEZ SIERRA, presentó en fecha 6 de diciembre del 2011, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 224-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 039-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 7 de diciembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado, en tiempo y forma, el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada LILY ELVIR RODRIGUEZ, presentó en fecha 16 de abril del 2012, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 17 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución la Abogada LILY ELVIR RODRIGUEZ, apoderada de la parte demandada en fecha 24 de abril del 2012 y el Abogado ANTONIO AMADOR BARRIENTOS, apoderado de la parte demandante, en fecha 21 de junio del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada LILY ELVIR RODRIGUEZ, apoderada de la parte demandada en concepto de parte recurrida presentó escrito de personamiento en fecha 2 de mayo del 2012 y el Abogado ANTONIO AMADOR BARRIENTOS, apoderado de la parte demandante en concepto de parte recurrente, en fecha 25 de junio del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente expone dos motivos en la forma siguiente: “Motivo Primero Acuso la Sentencia Recurrida Por interpretación Indebida de las normas Procesales de manera directa proveniente de la no apreciación de los medios de pruebas Documentales y de Inspección Personal del Juez por apreciación indebida o de Doctrinas Legal que resulta evidente en autos ya que se acredito con las pruebas Aportadas el Daño a la menor por los elementos pertenecientes a las Secretarias de Estado tanto de Seguridad en el primer Juicio y de Defensa Nacional en el Segundo Juicio….; Segundo Motivo Acuso la Sentencia Recurrida Por aplicación e interpretación en forma indebida de las normas de Derecho la Disposición Constitucional como otras normas el cual solamente es aplicable conforme a la sana critica o sano Criterio, estando como base la Sentencia que Condena Parcialmente en el primer Juicio que deja abierta la acción en Derecho de Demandar lo que realmente corresponde y que tanto el Juzgado de Letras y la misma Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Declara improcedente y esta la Confirma….”.- II.- Que los cargos antes expuesto resultan inadmisibles puesto que no se indican con claridad y precisión los concepto de la infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea de las normas consideradas infringidas, se omite señalar la normas consideradas violadas y el precepto autorizante. Además en el primer cargo se insta la revisión del material probatorio, lo cual de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, no es posible en esté recurso extraordinario.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintisiete de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 538-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL