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Sentencia CA-526-13 — Registro 7374

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación se confirma en segudan instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es preciso en el concepto de la infracción al alegar al mismo tiempo la aplicación e interpretación errónea del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que además es una disposición derogada con la vigencia del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación hace referencia a una condena de pago de aumentos salariales a favor de la demandante, que no se encuentra contenida en el texto del fallo, por lo que en todo caso no existe la incongruencia alegada."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo así expuesto, no es claro ni preciso en el concepto de la infracción, ya que alega al mismo tiempo varias formas de violar la ley, las cuales debió haber formulado en párrafos separados e independientes; además, el alegato de que la demandante debió acudir a reclamar contra su cancelación del cargo ante el Consejo del Servicio Civil, se encuentra fuera de contexto y evidentemente tal requisito no existe, ya que con la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la facultad revisora de esos actos administrativos de cancelación en materia de personal, corresponde a dicha jurisdicción.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los dos motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- "- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de diciembre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLA y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), representada en juicio por la abogada KARLA YESENIA LOPEZ TABORA; y, Recurrida: FLAVIA LIGIA BERTRAND ORTEGA, representada en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare nulo un acto administrativo, por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida en fecha veintiuno de julio del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora FLAVIA LIGIA BERTRAND ORTEGA, mayor de edad, casada, Secretaria Comercial, hondureña y con domicilio en el municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, representado en juicio por la abogada KARLA YESENIA LOPEZ TABORA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que laboró para la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), desempeñando el cargo de Supervisor, pagada por sistema de jornal, desde el 01 de febrero de 2006, posteriormente, mediante Acuerdo No.00971 de fecha 14 de diciembre de 2006 fue nombrada Auditor I. Que el cargo que desempeñaba al momento del despido era de Secretaria de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos, siendo su último salario de L.13,710.00. Que en fecha 16 de junio del año 2010 recibió nota de parte del Licenciado RAMON OVIEDO Jefe de Personal, quien le comunicó que estaba siendo despedida, haciéndole entrega de la correspondiente acción de personal de Cancelación por Cesantía, de fecha 10 de junio de 2010, con efectividad a partir del 16 de junio del año 2010, denominado como Acuerdo No. 0497, la cual carece no solo de fundamentos legales sino también del motivo o causa justa en que se sustente el despido de que fue objeto. Que el puesto de trabajo del cual fue despedida está siendo ocupado por otra persona, o sea que ha sido sustituida por personal contratado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos lo que viene a demostrar que tanto la plaza de Auditor I al igual que las actividades que tenia asignadas subsisten, circunstancias que no justifican su despido.- 2.- La parte demandada ESTADO DE HONDURAS, manifiesta que la demandante laboró en la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), inicialmente mediante el sistema de planilla por jornal y posteriormente mediante Acuerdo 00971 de fecha 14 de diciembre del 2006. Que no fue despedida del cargo que ostentaba, ya que lo que sucedió fue que la Autoridad Nominadora actuó conforme a lo establecido en el artículo 53 literal b) de la Ley General del Servicio Civil el cual establece el procedimiento para una cancelación por cesantía, situación que es totalmente diferente al despido que erróneamente aduce la demandante, pues la autoridad administrativa observo el procedimiento establecido en la ley para prescindir de un servidor público por estar comprendido en una de las excepciones que faculta a la administración pública para cancelar la cesantía tal como es la reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa, en consecuencia no es necesario una causa justificada como sucede con la figura del despido que no fue la aplicada a la demandante. Que mediante Acuerdo Número 497 de fecha 10 de junio del 2010, la autoridad administrativa determinó cancelar por Cesantía, a la demandante del puesto que esta venia desempeñando contenido en la acción de personal No. 326 de fecha 10 de junio del 2010, emitido por la Dirección General de Servicio Civil, quien autorizo la cancelación por cesantía de la demandante en aplicación de lo que establece el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil. Que se rechaza que haya sido despedida y que no se haya invocado causal legal justa, porque la autoridad administrativa solamente hizo uso de las excepciones que la ley otorga para cancelar por cesantía a un servidor público. Que no es cierto lo manifestado por la demandante, en cuanto a que el puesto que ocupaba en (SOPTRAVI), esta siendo ocupado por otra persona, ya que se observo para emitir el Acuerdo de Cancelación por Cesantía lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, al solicitar la Autoridad Nominadora el dictamen para realizar cancelaciones por Cesantía, tal y como lo señala el artículo 53 de dicho Ley específicamente en el literal b) de la Ley de Servicio Civil. Que pronunciándose el Consejo del Servicio Civil mediante oficio No. 072-CSC-2010 de fecha 04 de mayo del 2010 emite la autorización para movimiento de personal, y es por tal razón que la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), emite el Acuerdo No. 0497 de fecha 10 de junio del año 2010, que separa del cargo a la demandante por cesantía. Que no se cancelo a la demandante del puesto que esta venia ocupando por la edad, sino que esta obedece a la excepción calificada de poder cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General del Servicio Civil, como lo es la reducción de servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización Administrativa establecida en el artículo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil ya relacionado.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por la señora FLAVIA LIGIA BERTHAND ORTEGA, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía No.0497 de fecha 10 de junio del 2010, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en consecuencia lo anuló totalmente; reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro de la demandante señora FLAVIA LIGIA BERTHAND ORTEGA, al cargo de Auditor Interno I de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por ser el cargo que estaba nombrada; Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), al pago a favor de la demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de su acuerdo de cancelación 16 de junio del 2010, hasta el día en que se ejecute el presente fallo y demás derechos que le pudieran corresponder; se decreta, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado a la sustituta de la demandante; sin costas; bajo el criterio que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que no se siguió el procedimiento establecido en el mismo para la cancelación del nombramiento de la demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintinueve de octubre del dos mil doce, dictada por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento total que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar por cesantía a la demandante, por lo que se encontró ante un acto administrativo viciado de nulidad, ya que la Ley de esta jurisdicción es clara al ordenar que la acción es procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, que en caso de autos es la emisión del acto impugnado sin seguir los presupuestos que prescribe la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la nulidad del mismo decretada por el A-Quo es correcta.- 5.- La representación procesal de la demandada, abogada KARLA YESENIA LOPEZ TABORA, presentó con fecha tres de abril del año dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.019-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.389-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha ocho de abril del año dos mil trece, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha ocho de mayo de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, resolviendo el ad quem, en proveído de fecha nueve de mayo del dos mil trece, tenerlo por pronunciado en tiempo y forma sobre el contenido del recurso de casación y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandante abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, y a la parte demandada, abogada KARLA YESENIA LOPEZ TABORA, en fecha trece de agosto del año dos mil trece, vía telefónica.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y KARLA YESENIA LOPEZ TABORA, presentaron escritos de personamiento en fecha diecisiete de mayo y veinte de agosto del año dos mil trece, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la sentencia recurrida violatoria por aplicación e interpretación errónea del articulo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles en relación con el artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. LA INFRACCIÓN LA PASO A EXPLICAR ASI: El artículo 190 párrafo primero establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” Siendo lo correcto haber interpretado: “Que de acuerdo a que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en pleito. Falla: Reconocer la situación Jurídica Individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento. De Auditor por ser el Cargo del cual fue cancelado.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, el pago de los sueldos que correspondan a partir de la fecha de la cancelación, hasta la fecha en que sea reintegrado la demandante. En el caso que nos ocupa, la Corte acusada se coloca en rebeldía cuando, actuando fuera de las pretensiones del demandante, en un acto de dar más del derecho pedido “Extra-petita”. e interpretando erróneamente la normativa jurídica, otorga al demandante el pago de los aumentos salariales que se hayan dado en su ausencia.- Volviendo de esta manera incongruente la sentencia con las pretensiones del demandante, ya que éste en ningún momento pretendió tal pago. Razón por la cual procede se realice el control de la motivación fáctica a efecto de revisar la suficiencia, racionalidad y carácter lógico de la forma y contenido de la sentencia, por considerar que dicho control es determinante para que el fallo haya sido diferente...” .- II.- Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es preciso en el concepto de la infracción al alegar al mismo tiempo la aplicación e interpretación errónea del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que además es una disposición derogada con la vigencia del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación hace referencia a una condena de pago de aumentos salariales a favor de la demandante, que no se encuentra contenida en el texto del fallo, por lo que en todo caso no existe la incongruencia alegada.- III.- Que en el segundo motivo se expone: “Ser la sentencia recurrida violatoria por aplicación e interpretación errónea del articulo 54 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 53 del mismo cuerpo de leyes Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA INFRACCIÓN LA PASO A EXPLICAR ASI: El Juez A-quo, dictó fallo el veintinueve de Octubre del dos mil doce, anulando totalmente el Acto Administrativo consistente en el Acuerdo de Cancelación Número 0497, de fecha 10 de junio del 2010ión, emitido por mi representado la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).-, Empleando para la solución de fondo el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil Como podrá observarse Honorable Corte de Justicia, una de las soluciones de fondo que emplea el A-quo y que luego la Corte de Apelaciones hace suya, para Anular el acuerdo a través del cual se prescindió de los servicios del demandante. Es la interpretación incompleta y por ende errónea del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, mismo que en su parte inicial a la literalidad dice: “Para prescindir de los servicios de las personas afectadas, a que se refiere el artículo anterior, la autoridad nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas, y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nomina de los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso...” Esta recurrente debatió en autos, específicamente en el PERSONAMIENTO Y EXPRESION DE AGRAVIOS que corre a folio ( ) de la pieza de autos: “Que el Juzgador (el A-quo), hizo una interpretación parcializada y errónea de los fundamentos y medios probatorios en que las partes apoyan sus pretensiones, especialmente de lo preceptuado en el articulo 54 de la Ley de Servicio, ya que no consideró la parte final de dicha normativa. A este respecto cabe aclarar Honorable Corte, que el demandante no acreditó en ningún momento haber hecho uso de la facultad que le concede el artículo 54 de la ley de Servicio Civil en su parte final. Convalidando o subsanando así cualquier inobservancia que pudiese haber producido en el procedimiento de emisión del acuerdo, a través del cual se le canceló del cargo que venía desempeñando. Por tal razón procedía que tal normativa se interpretase así: “Que si bien es cierto que del contenido del párrafo inicial del artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, se determina que la autoridad nominadora no agotó el procedimiento administrativo en su totalidad para proceder a la cancelación por Cesantía del demandante.- No es menos cierto que de conformidad al párrafo final del mismo, éste pudo reclamar ante el Consejo del Servicio Civil, cuando en su opinión no se configurase ninguna de las causas de despido que se establecen el artículo 53. (Que por error aparece artículo 54)”. Y al no haberlo hecho permitió que tal actuación quedase firme. Si bien es cierto que la corte acusada no menciona en su fallo la parte final de dicho artículo, no por ello se puede decir que no lo aplicó, ya que tampoco relacionó haber aplicado solamente la parte inicial del mismo.- Debiendo haberlo interpretado por lo tanto en todo su contenido. Procediendo por tal razón la correcta aplicación e interpretación del artículo 54 de la ley de Servicio Civil en todo su contenido, en este caso su párrafo final a efecto de que se case la sentencia en el presente motivo. Apreciación de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos de derechos en que las partes apoyan sus pretensiones se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado al demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido y sin haberse cumplido con el fin de la Cesantía.- Cabe manifestar Honorables Magistrados, que al haber la corte acusada interpretada la normativa jurídica de la forma en que lo hizo, se colocó en rebeldía y causó grandes daños y perjuicios en el lacónico presupuesto con que actualmente cuenta mi representado. -Procediendo por tal razón la enmienda, a fin de que se proteja la normativa del ordenamiento jurídico y se promueva la más adecuada interpretación del derecho objetivo...”.- IV.- Que el cargo así expuesto, no es claro ni preciso en el concepto de la infracción, ya que alega al mismo tiempo varias formas de violar la ley, las cuales debió haber formulado en párrafos separados e independientes; además, el alegato de que la demandante debió acudir a reclamar contra su cancelación del cargo ante el Consejo del Servicio Civil, se encuentra fuera de contexto y evidentemente tal requisito no existe, ya que con la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la facultad revisora de esos actos administrativos de cancelación en materia de personal, corresponde a dicha jurisdicción.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los dos motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha dos de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 526-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL