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Sentencia CA-525-11 — Registro 7373

Resumen

Se interpone demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de una resolución y contra autos emitidos por el Banco Central de Honduras, se reconozca una situación jurídica individualizada y adopción de medida necesaria para el pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en los motivos que anteceden el Recurrente no formula una proposición jurídica completa ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) omite señalar el Recurrente la disposición que sustentan los motivos; b) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que es omiso en señalar si es por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de determinadas normas; c) ataca las consideraciones de la sentencia cuando si bien es cierto, estas contienen las apreciaciones jurídicas en que descansa la resolución y deben estar unidas con ella por el engranaje preciso de la lógica, esto no puede dar lugar a descuidar el verdadero problema de derecho que debe plantearse y que se da en la parte diapositiva del fallo motivando el recurso de casación; c) presenta alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de enero de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados, JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM designado el segundo como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: CARLOS FERNANDO MALDONADO V., actuando en causa propia y el Recurrido: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de una resolución y contra autos emitidos por el Banco Central de Honduras, se reconozca una situación jurídica individualizada y adopción de medida necesaria para el pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios de acuerdo a dictamen , promovida por el señor CARLOS FERNANDO MALDONADO V., actuando en causa propia, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado CARLOS FERNANDO MALDONADO V., en fecha dos de agosto del año dos mil once, presento escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la Sentencia dictada, en fecha veintinueve de junio del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.149-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp. 190-07 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 2.- Mediante providencia de cuatro de agosto del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 3.- La representación procesal de la demandada, BANCO CENTRAL DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ, presentó, en fecha siete de septiembre de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de septiembre del año dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil once, los Abogados NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ y CARLOS FERNANDO MALDONADO V..- 4.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ, presentó escrito en fecha veinte de septiembre del año dos mil once, personándose en concepto de parte recurrida.- 5.- Que el Abogado CARLOS FERNANDO MALDONADO V., presentó escrito en fecha veintidós de septiembre del año dos mil once, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE

DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “MOTIVOS EN QUE LA CASACION SE BASA CON EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA CADA MOTIVO PRIMERO: De la simple lectura del Considerando numero siete se desprende que ha resultado violado el artículo 119 de la Ley General de la Administración Pública el Que a la Letra indica “Los Decretos, asi como los acuerdos del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado, serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta”. Ahora bien, se ha probado hasta la saciedad y fue reconocido tanto por el Juez de Primera instancia y ahora por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo esta última en su considerando numero siete (7) el que a la letra indica “Que en cuanto al objeto del debate en el proceso de autos, el demandante ha acreditado fehacientemente la falta de publicación del acuerdo de nombramiento de la señora Licenciada Gabriela Nuñez Ennabe como presidenta del Banco Central de Honduras, que el demandante ha sido cancelado de su puesto de trabajo en sesión celebrada en fecha 18 de mayo de 2006 presidida por la Licenciada Gabriela Nuñez Ennabe” SEGUNDO: Habiéndose probado los extremos vertidos en el numeral anterior con toda claridad se puede deducir que la RESOLUCIÓN NUMERO 184 - 5/2006 DEL 18 DE MAYO DE 2006 es un acto primario sujeto a impugnacion de acuerdo a lo que determina la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por lo que es contra esta que se debe dirigir cualquier acción legal por los efectos que la misma cause ya que la misma esta viciada de nulidad en vista de la violación del artículo 119 de la Ley General de la Administración Pública., en consecuencia al disponer desafortunadamente la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que el demandante tenia expedita la via laboral para demandar esta incurriendo en la violacion del articulo 28 de la Ley de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el cual a la letra indica “La acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública Que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa.” Lo anterior Indica que si la Resolución como acto de la administración pública es susceptible de impugnación en vista de haberse agotado la vía administrativa la resaluden del presente litigio deberá de fallarse de acuerdo al derecho positivo vigente y de ser cierto, como argumenta la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que la presente demanda se debió haber planteado por la via laboral se tuvo que haber declarado inadmisible en el momento procesal oportuno o sea en el momento de su presentación. ES NECESARIO PRECISAR SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL MEDIANTE SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 2010 RESOLVIO EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL SUSCRITO CONTRA LA SENTENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 PRONUNCIADA POR ANTERIOR SALA CONSTITUCIONAL EN RELACION A UN RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA FALLO PROFERIDO POR LA CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL 27 DE AGOSTO DE 2007 FALLO QUE CONFIRMO UN AUTO DICTADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL DECLARO INADMISIBLE LA DEMANDA. En su fallo la honorable Corte Suprema de Justicia declaro con lugar el recurso de reposición interpuesto por el suscrito OTORGANDO EL AMPARO, contra la sentencia dictada por la anterior sala constitucional en fecha 21 de noviembre de 2008 consecuentemente declarando admisible la demanda de merito reformando la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su fallo del 27 de agosto de 2007 y consecuentemente el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 24 de julio de 2007 las cuales declaraban la inadmisibilidad de la demanda de merito, todo esto puede ser corroborado en el folio numero 28 de la pieza principal de autos en la certificación emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por medio de la cual se certifica la sentencia del 30 de junio de 2010. Con lo expuesto se deja por sentado que toda causal de inadmisibilidad ya fue debatida y fallada por lo que argumentar a estas alturas que la acción debió debatirse por el fuero laboral es un argumento que contradice lo actuado por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre lo cual se expuso anteriormente, resultando un argumento que se lo han sacado debajo de la manga de la camisa al no haber asidero jurídico para declarar sin lugar la demanda Es necesario precisar, sobre este tema que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fallo bajo el argumento de que, en tanto que la inadmisibilidad de la demanda decretada de oficio por el Juez de lo Contencioso Administrativo y confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo vulnera un derecho fundamental de acceso a los Tribunales de Justicia que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República por lo que resolvió: PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha 2 de noviembre de 2008 SEGUNDO: OTORGAR EL AMPARO INTERPUESTO POR EL RECURRENTE A LOS EFECTOS DE QUE SE PROSIGA CON LA SUSTANCLACION NORMAL DE LA DEMANDA INTERPUESTA Ahora bien deducir cualquier acción legal en los Juzgados del Trabajo como lo dispone el considerando séptimo de la sentencia sujeta al recurso de casación seria consentir las infracciones al ordenamiento jurídico específicamente al artículo 119 de la Ley General de la Administración Pública por lo que es a todas luces un desaguisado por parte de la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo fallar en ese sentido ya que el mismo fallo resulta violatorio de la norma en mención. Lo que podemos imaginar es que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se confunde y al no haber estudiado bien el presente caso no tiene claro que el génesis de todo este litigio jurídico es la Resolución 184 — 5/2006 del 18 de mayo de 2006 aquí nacen derechos y responsabilidades para las partes recuérdese que el acto subsecuente fue cancelar mediante nota al suscrito pero si esta viciado el acto original o sea la Resolución entonces esta viciado todo el proceso que incluye la cancelación del puesto de trabajo por lo que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo lo que debio considerar tal como se pidio se declare la ilegalidad y nulidad de una Resolucion por las causas expuestas no analizar que debio hacer una u otra parte subsecuentemente al acto impugnado, simplemente la genesis u origen del litigio esta viciada y consecuentemente esta viciado todo el proceso. TERCERO: El articulo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta completamente violado ya que este faculta a que el demandante pretenda una declaración de no ser conforme a derecho cualquier acto que resulte violatorio del ordenamiento Jurídico, veamos señores Magistrados lo que el mismo indica: EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ES CLARO Y DETERMINA “EL ACTOR PODRÁ PRETENDER LA DECLARACIÓN DE NO SER CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO LA ANULACION DE LSO ACTOS DE CARÀCTER GENERAL Y PARTICULAR POR LOS MOTIVOS DE NO SER CONFORME A DERECHO Y ESTA PODRÁ COMPRENDER CUALQUIER INFRACCIÓN AL ORDENAMIENTO JURIDICO. Como se ha dejado anotado anteriormente en el Considerando septimo (7) de la sentencia del veintinueve de junio de dos mil once (2011) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo claramente se indica que “el demandante ha acreditado fehacientemente la falta de publicación del acuerdo de nombramiento de la señora Licenciada Gabriela Nuñez Ennabe como presidenta del Banco Central de Honduras, que el demandante ha sido cancelado de su puesto de trabajo en sesion celebrada en fecha 18 de mayo de 2006 presidida por la Licenciada Gabriela Nuñez Ennabe” ESTA_RESULTA SER LA VIOLACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO CONSECUENTEMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROBADA LA VIOLACION ES PROCEDENTE LA DECLARACION DE NO SER CONFORME A DERECHO EL ACTO O SEA EN ESTE CASO la Resolución numero 184 - 5/2006 DEL 18 DE MAYO DE 2006 emitida por el Directorio del Banco Central de Honduras por ser, como tantas veces se ha indicado, violatoria del ordenamiento jurídico. CUARTO: El considerando numero ocho (8) resulta una completa falsedad ya que según se dispone en el mismo “la acción que se interpuso en contra del acuerdo de nombramiento de la funcionaria que decidió la separación en este caso no es viable, en vista de que para interponer esta clase de demandas le pertenece interponerla únicamente a quien tiene un interés legitimo y directo en el asunto, o sea aquel que en su momento pudo haber optado a que se le nombrara como presidente del Banco central de Honduras y no fue beneficiado con el nombramiento.” Y ES COMPLETAMENTE CLARO OUE NUNCA SE HA TRATADO DE IMPUGNAR EL NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ESE NO FUE UN ASUNTO SOMETIDO A CONOCIMIENTO DEL ORGANO JURISDICCIONAL EN EL PRESENTE CASO Por lo que, el referido considerando resulta falso, tendensioso, ridiculo y deja en evidencia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al no encontrar merito para declarar sin lugar la demanda invento algo que ni siquiera es objeto del debate ni nunca se solicito ni se expreso algún criterio o idea en relación a la situación que se señala por lo que estimamos que esto no es mas que prueba del poco estudio y el nulo análisis de que ha sido objeto la sentencia Sujeta al Recurso de Casación la cual no lleva criterio jurídico ni una conexión lógica entre lo peticionado ni una verdad legal objetiva, TODO LO CONTRARIO EL ACTO IMPUGNADO ES UNA RESOLUCION EMTIDA YA ESTANDO EN FUNCIONES LA PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CON TODO LO ANTERIOR SE VIOLENTA EL ARTÍCULOS 82 Y 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA LOS CUALES PROTEGEN EL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO. Llamamos la atención de los señores Magistrados en el sentido de que el argumento expresado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el considerando octavo al que hemos hecho referencia, causa alarma en vista de las mentiras que se estan utilizando para “IMPARTIR JUSTICIA” se cayo en la falsedad, disfrazando la verdad por lo que es definitivamente necesario se enmiende tan poco razocinio en un fallo judicial. QUINTO: Sobre la parte resolutiva de la sentencia se impugna por estar basada en la aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio por lo que consideramos que hay suficientes elementos en estricto derecho para estimar el presente recurso y casar la sentencia del 29 de junio de dos mil once declarando con lugar la demanda de merito. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto es evidente la violación de las garantías Constitucionales como son el artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República, que establece: “El Derecho de Defensa es inviolable...” .- II.- Que en los motivos que anteceden el Recurrente no formula una proposición jurídica completa ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) omite señalar el Recurrente la disposición que sustentan los motivos; b) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que es omiso en señalar si es por falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida de determinadas normas; c) ataca las consideraciones de la sentencia cuando si bien es cierto, estas contienen las apreciaciones jurídicas en que descansa la resolución y deben estar unidas con ella por el engranaje preciso de la lógica, esto no puede dar lugar a descuidar el verdadero problema de derecho que debe plantearse y que se da en la parte diapositiva del fallo motivando el recurso de casación; c) presenta alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION en el ó los motivos expuestos por el Impetrante. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha veintidós de Enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 525-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL