Sentencia CA-518-12 — Registro 2759
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA………SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once..” SEGUNDO: Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios en cuanto a mi expresión de agravios en el numeral SEGUNDO establezco que el acto administrativo impugnado es fundamentado en el artículo 53 literal b) de la Leyde Servicios Civil, que es de las excepciones calificadas que la Ley le concede a la Autoridad Nominadora del instituto de la Propiedad para efectos de poder llevar a cabo el despido respectivo y en estas argumentaciones que hice en mi expresión de agravios tampoco se pronuncio la Honorable Corte, dado que ese mismo aplicación exime de la obligación de seguir dicho procedimiento dispuesto en el Artículo 48 de la misma Ley, que establece el procedimiento normal del Régimen de despido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; de la misma manera desde la presentación de la demanda el demandante en sus fundamento de derecho se apoya en los artículos 3 y 117 del Código Laboral Legislación que no se aplica al Instituto de la Propiedad.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.-“- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) establece dos numerales y un solo precepto autorizante, por lo que no se puede precisar si se trata de dos o un único motivo; b) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la señalada como causa o motivo en el precepto autorizante; c) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de agosto de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y el recurrido: NAPOLEON ORELLANA DONAIRE, representado en juicio por el Abogado ALCIDES DANIEL ORELLANA DONAIRE.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida para el restablecimiento se le reintegre al cargo para el cual se le había nombrado al demandante, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal acto hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, promovida por el señor NAPOLEON ORELLANA DONAIRE, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha tres de julio de dos mil seis, fue nombrado en el cargo de Jefe de la Sección de Nombres Geográficos; que mediante Acuerdo No.269-2010, de fecha 14 de octubre de 2010, la Dirección General de Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad, decidió sin ninguna justificación válida o legal cancelar del puesto de trabajo al demandante, violentando el ordenamiento jurídico.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que el hecho Segundo se rechaza rotundamente por no ser cierto su contenido y por estar apegado a derecho el Acuerdo No.269-2010 de fecha 14 de octubre de 2010 y efectivo a partir del 19 de octubre del mismo año, ya que en el mismo si se consignó causal de despido válida lo cual se probará en la secuela del juicio, así como el sueldo que devengaba el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación 269-2010 de fecha 14 de octubre de 2010, emitido por el Instituto de la Propiedad, por medio del cual se cancelo por cesantía al demandante; anulando dicho acuerdo de cancelación; reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante a su cargo de Jefe de la Sección de Nombres Geográficos; condenando al Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, con costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado una audiencia de descargo ni evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada por lo cual esta vigente y es de obligatorio cumplimiento; que no se acreditó en juicio elementos indispensables que debe cumplir la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, lo que hace que dicho acto, infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento tal y como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280, 281 de su respectivo reglamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de febrero de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas en ambas instancias; bajo el criterio que no consta que la autoridad nominadora haya realizado procedimiento alguno para la cancelación del demandante, por lo cual, el acto impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente, para su emisión del procedimiento establecido; que la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la parte vencida en juicio podrá ser exonerada del pago de las costas cuando por la naturaleza de la cuestión debatida haya habido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar, que es el caso de autos.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, presentó en fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha nueve de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 012-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 638-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha nueve de abril de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, representado en juicio por el Abogado ALCIDES DANIEL ORELLANA DONAIRE, presentó en fecha nueve de mayo de dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de mayo de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintitrés de mayo y ocho de junio de dos mil doce, los Abogados ALCIDES DANIEL ORELLANA DONAIRE y NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado ALCIDES DANIEL ORELLANA DONAIRE, presentó escrito en fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA………SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once..” SEGUNDO: Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios en cuanto a mi expresión de agravios en el numeral SEGUNDO establezco que el acto administrativo impugnado es fundamentado en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicios Civil, que es de las excepciones calificadas que la Ley le concede a la Autoridad Nominadora del instituto de la Propiedad para efectos de poder llevar a cabo el despido respectivo y en estas argumentaciones que hice en mi expresión de agravios tampoco se pronuncio la Honorable Corte, dado que ese mismo aplicación exime de la obligación de seguir dicho procedimiento dispuesto en el Artículo 48 de la misma Ley, que establece el procedimiento normal del Régimen de despido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; de la misma manera desde la presentación de la demanda el demandante en sus fundamento de derecho se apoya en los artículos 3 y 117 del Código Laboral Legislación que no se aplica al Instituto de la Propiedad.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- II.- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) establece dos numerales y un solo precepto autorizante, por lo que no se puede precisar si se trata de dos o un único motivo; b) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la señalada como causa o motivo en el precepto autorizante; c) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de Agosto del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha trece de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 518-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL