Sentencia CA-493-12 — Registro 2949
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado; bajo el criterio que en el presente caso que se alega daños y perjuicios no fue impugnado ni se interpuso reclamo administrativo de indemnización de daños y perjuicios por el dueño original el que ahora debe responder por evicción, por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no el Estado de Honduras, ya que se prescribió el derecho para reclamar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que elRecurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Por aplicación e interpretación errónea del artículo 2289 del Código Civil, en relación a los artículos 90 y 106 de la Constitución de la República, 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 No 2 del Código Procesal Civil, precisamente en la parte que dice: “CAUSALES DEL RECURSO. 1.……. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. LEYES INFRINGIDAS: El articulo 90 de la Constitución de la Republica, prescribe “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Leyestablece…- El Artículo 106 de la Constitución de la Republica, que prescribe “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad e interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada… “El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible”. El Articulo 105 de la Constitución de la Republica, que prescribe “Se prohíbe la confiscación de bienes, la propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causa de delito político.- El Artículo 17 del Código Civil, prescribe “No podrá atribuirse ala Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del Legislador”. EXPLICACION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: El artículo 17 del Código Civil establece claramente las reglas de interpretación de las Leyes, al establecer que no puede atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos; es así que cuando una Ley es clara en su texto se debe estar a la literalidad de la misma, sin embargo este artículo es desconocido e inobservado por los juzgadores (en consecuencia interpretado erróneamente, al desconocerse su propia naturaleza), la sentencia objeto del presente Recurso de Casación se basa fundamente en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2291 y 2292 del Código Civil referente a la prescripción de acciones, pero no valora el Juzgador el hecho que el Estado se ha apropiado de la propiedad de mis representados limitándolos en su uso y aprovechamiento, constituyendo este hecho por una parte un enriquecimiento indebido por parte del Estado que es la parte mas poderoso en relación al administrado, y por otra una flagrante violación al derecho a la propiedad privada consignado en el artículo 106 Constitucional que de manera expresa ordena el pago PREVIO del justiprecio de la propiedad afectada por expropiación, que en el caso de autos no ocurrió y que de constituye una apropiación indebida, es decir una confiscación de bienes, por ende en aplicación del artículo 105 Constitucional la acción reivindicatoria en este tipo de actos es imprescriptible, es por ello que a nuestro criterio en la sentencia objeto de recurso de casación existe una aplicación e interpretación indebida de las normas de derecho empleadas en la solución del fondo del asunto, y debe declararse la admisibilidad del presente recurso y se declare con lugar el mismo por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Debo señalar que la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa nace de la necesidad de proteger al administrado, es decir al pueblo, de los abusos de la administración, que necesita regulaciones para que esta no cometa abusos como el que nos ocupa en el cual se apropia y beneficia de la propiedad privada, y pretende violar disposiciones constitucionales al no reconocer el pago del justiprecio reclamado.”.-“- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por carecer el mismo de claridad y precisión, a saber: establece en su formulación como norma infringida el artículo 2289 del Código Civil y en el acápite denominado “LEYES INFRINGIDAS” señala a los artículos 90, 105 y 106 de la Constitución de la República y 17 del Código Civil y en su explicación adiciona los artículos 2291, 2292 del mismo Código, lo cual produce confusión y determina que el motivo no contenga una proposición jurídica completa.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejandoestablecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 1 inciso 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Los señores ISIDRO, MAGIN, DELIA y ELENE todos de apellidos MATAMOROS GODOY, representados en juicio por el abogado RAMON EDGARDO PONCE; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), representada en juicio por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para declarar la ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular y se decrete la nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RAMON EDGARDO PONCE, actuando en su condición de apoderado de los señores ISIDRO, MAGIN, DELIA y ELENE todos de apellidos MATAMOROS GODOY, contra EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que el Decreto 211-85 en fecha 30 de octubre de 1985 y vigente a partir de ser publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 8 de enero de 1986 aprueba el Acuerdo Ejecutivo No. 1348 del 10 de octubre de 1984, por medio del cual se declara zona forestal protegida el Cerro de Uyuca en una área aproximada de 904 hectáreas localizadas en los Municipios de Tatumbla, San Antonio de Oriente y el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Forestal Vigente, encontrándose dentro de sus límites un terreno de propiedad privada de los demandantes, estableciendo en el artículo 5 del Decreto 211-85 que los terrenos de propiedad privada serán adquiridos por el Estado de conformidad a la Ley Forestal, siendo el terreno privado de 68 manzanas de extensión superficial, ubicados en Uyuca, Departamento de Francisco Morazán, presentando ante la Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFECOHDEFOR), reclamo administrativo para la indemnización de treinta millones de lempiras por la afectación o limitación de un área aproximada de dieciocho manzanas cuatro mil novecientos cincuenta y tres varas con veintiocho centésimas de varas cuadradas del derecho de propiedad privada decretado por el Estado de Honduras sobre el inmueble de que se ha hecho merito y en virtud de la declaratoria de la zona forestal protegida del Cerro Uyuca, sin recibir pago del justiprecio u observado el procedimiento de expropiación forzosa por causa de utilidad publica ordenado en el mismo decreto de declaratoria de la zona forestal, teniendo dictamen legal por parte de la administración pública del 4 de abril del 2005, en la cual se determina que una vez determinado el valor del inmueble se proceda a lo solicitado, ya que el terreno esta ubicado dentro del núcleo de la reserva biológica cerro de uyuca, contrariamente la Procuraduría general de la Republica en fecha 10 de junio del 2005, negando la naturaleza jurídica de carácter privado al terreno de que se trata y argumentando prescripción también emitió dictamen desfavorable en cuanto a la integración de una comisión evaluadora a lo cual la Procuraduría General de la República mediante auto del 14 de junio del 2005, ordenó a la Oficina de Investigación establecer la naturaleza jurídica de dicho predio mediante tracto sucesivo aun lo ordenada la investigación no se realizó, encontrándose en la Ley Forestal el procedimiento a seguir en el caso de que se emita un decreto en el cual se declare como área forestal, por lo que se debe realizar una expropiación forzosa por ser un bien inmueble de propiedad privada.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes no son dueños ancestrales como lo exponen si no que adquirieron el inmueble por compraventa el 24 de julio del 2001, los demandantes aceptan el hecho que nunca hicieron el uso del término que la Ley les contempla por no afectarse la misma, no realizando el reclamo la persona que le correspondía como era el señor JUAN FRANCISCO MATAMOROS AMADOR, y nunca lo utilizó por lo cual les prescribió el derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por los demandantes, decretando la nulidad del acto impugnado como ser la Resolución No. DE-MP-82-2008, reconociendo la situación jurídica y para su pleno restablecimiento se ordenó a pagar a la demandada la indemnización correspondiente por afectación indebida de un predio de naturaleza privada para reserva forestal, diferir para el período de ejecución del presente fallo, la determinación de la cuantía condenada en el considerando anterior, por no constar con los elementos necesarios para fijarlos; bajo el criterio que la prescripción para el caso de los demandantes nace desde que se tiene dominio del inmueble con el derecho real del mismo, como lo establece el artículo 697 del Código Civil, al igual nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés publico calificados por la ley o por resolución fundada en la ley y sin que medie previa indemnización justipreciada.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de febrero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que en el presente caso que se alega daños y perjuicios no fue impugnado ni se interpuso reclamo administrativo de indemnización de daños y perjuicios por el dueño original el que ahora debe responder por evicción, por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no el Estado de Honduras, ya que se prescribió el derecho para reclamar.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado RAMON EDGARDO PONCE BETANCO, en fecha trece de abril del dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de febrero del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 018-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 078-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha dieciséis de abril del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó en fecha veintidós de mayo del dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente el abogado RAMON EDGARDO PONCE BETANCO en fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, y mediante notificación telefónica de fecha cinco de junio del dos mil doce el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados RAMON EDGARDO PONCE BETANCO y JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ presentaron escritos de personamiento en fechas uno y ocho de junio del dos mil doce, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Por aplicación e interpretación errónea del artículo 2289 del Código Civil, en relación a los artículos 90 y 106 de la Constitución de la República, 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 No 2 del Código Procesal Civil, precisamente en la parte que dice: “CAUSALES DEL RECURSO. 1.……. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. LEYES INFRINGIDAS: El articulo 90 de la Constitución de la Republica, prescribe “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…- El Artículo 106 de la Constitución de la Republica, que prescribe “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad e interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada… “El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible”. El Articulo 105 de la Constitución de la Republica, que prescribe “Se prohíbe la confiscación de bienes, la propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causa de delito político.- El Artículo 17 del Código Civil, prescribe “No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del Legislador”. EXPLICACION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: El artículo 17 del Código Civil establece claramente las reglas de interpretación de las Leyes, al establecer que no puede atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos; es así que cuando una Ley es clara en su texto se debe estar a la literalidad de la misma, sin embargo este artículo es desconocido e inobservado por los juzgadores (en consecuencia interpretado erróneamente, al desconocerse su propia naturaleza), la sentencia objeto del presente Recurso de Casación se basa fundamente en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2291 y 2292 del Código Civil referente a la prescripción de acciones, pero no valora el Juzgador el hecho que el Estado se ha apropiado de la propiedad de mis representados limitándolos en su uso y aprovechamiento, constituyendo este hecho por una parte un enriquecimiento indebido por parte del Estado que es la parte mas poderoso en relación al administrado, y por otra una flagrante violación al derecho a la propiedad privada consignado en el artículo 106 Constitucional que de manera expresa ordena el pago PREVIO del justiprecio de la propiedad afectada por expropiación, que en el caso de autos no ocurrió y que de constituye una apropiación indebida, es decir una confiscación de bienes, por ende en aplicación del artículo 105 Constitucional la acción reivindicatoria en este tipo de actos es imprescriptible, es por ello que a nuestro criterio en la sentencia objeto de recurso de casación existe una aplicación e interpretación indebida de las normas de derecho empleadas en la solución del fondo del asunto, y debe declararse la admisibilidad del presente recurso y se declare con lugar el mismo por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Debo señalar que la Jurisdicción Contencioso Administrativa nace de la necesidad de proteger al administrado, es decir al pueblo, de los abusos de la administración, que necesita regulaciones para que esta no cometa abusos como el que nos ocupa en el cual se apropia y beneficia de la propiedad privada, y pretende violar disposiciones constitucionales al no reconocer el pago del justiprecio reclamado.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por carecer el mismo de claridad y precisión, a saber: establece en su formulación como norma infringida el artículo 2289 del Código Civil y en el acápite denominado “LEYES INFRINGIDAS” señala a los artículos 90, 105 y 106 de la Constitución de la República y 17 del Código Civil y en su explicación adiciona los artículos 2291, 2292 del mismo Código, lo cual produce confusión y determina que el motivo no contenga una proposición jurídica completa.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2º); DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigara. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha quince de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 493-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL