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Sentencia CA-49-12 — Registro 2755

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelacion de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, producidas en las mismas, o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “ El Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA estructura su primer y único motivo de casación de la siguiente manera: “Infracción directa a lo establecido en la Cláusula Novena literal C) Cuando por conveniencia de la secretaria considere necesario la terminación de los servicios del contratista bastando para ello la notificación, por lo cual no se ha tomado en cuenta la debida apreciación de lo que preceptúa esta cláusula ya que es de común acuerdo la aceptación de la misma, como también para que haya contrato tiene que haber consentimiento entre las partes, de manera que al suscribirse el referido contrato entre las partes aceptaron las condiciones establecidas en el mismo ya lo establece el Artículo 1348 del Código Civil “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución defondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en elconsiderando número tres (3): “establece en una de sus cláusulas que la secretaria unilateralmente podrá dar por terminado el mismo entre otras causas a voluntad de dicha secretaria bastando para ello la notificación con 30 días de anticipación por escrito”, cabe aclarar que la cláusula Novena literal c) no menciona a cabalidad lo manifestado en el considerando tres, no menciona términos perentorios, igualmente en el considerando cuatro (4) menciona que no se cumplió el termino de 30 días de la notificación pero tal condición no está pactada en el contrato de servicios profesionales, por lo que no puede referirse a una infracción del ordenamiento jurídico por haber resuelto de forma unilateralmente. Por lo tanto la apreciación tomada por la honorable corte de apelaciones al aplicar e interpretar la cláusula novena literal c) del contrato de servicios profesionales No. 159-2009 no es la correcta ya que ha tomado un antecedente erróneo”.- “ Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar por las siguientes razones: a)se denuncia la infracción directa del literal c) de la cláusula 9ª del contrato de servicios profesionales suscrito entre las partes, olvidando el Impetrante que para efectos casacionales la norma de Derecho que se estime transgredida debe tener alcance general y el contenido en las estipulaciones contractuales es particular, razón por la que debió alegarse la vulneración de una o varias normas jurídicas reguladoras del contrato objeto de la litis; b) el alcance de la infracción no fue debidamente precisado, ya que en su explicación alude a distintas formas de violar la ley; c)también se debió tener en cuenta que la determinación de la voluntad e intención de las partes en un contrato constituye una cuestión de hecho que los jueces de las instancias, en uso de sus facultades privativas, deben llegar a establecer como resultado de la valoración de las probanzas rendidas en el juicio, por lo que, la única vía que permite el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil es a través de la revisión del control de la motivación fáctica de la sentencia, hacerlo de otra manera no es permitido en este extraordinario recurso; y, d) se cita el artículo 1348 del Código Civil, pero no se establece con qué objeto se hace mención del mismo, lo cual produce ambigüedad e imprecisión al cargo.- “ El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, pues contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.-“

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de septiembre del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente: AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA y Recurrido: El señor CARLOS ALBERTO CARDONA MIRANDA, representado en juicio por el Abogado JOSE RENE ROMERO ESPINOZA.- OBJETO DEL PROCESO: Que la demandante se contrae a pedir la nulidad o anulación de un acto administrativo por medio del cual se cancela un contrato de servicios profesionales y acuerdo de nombramiento, cumplimiento de un contrato de servicios profesionales, pago de derechos laborales como ser: vacaciones decimotercer y decimocuarto mes de salario, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, se alega notificación defectuosa del acto administrativo impugnado, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de esta sección judicial, en fecha veintiocho de abril del dos mil once, por el señor CARLOS ALBERTO CARDONA MIRANDA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la demandada en fecha 6 de abril del 2009, mediante la modalidad de contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado, con vencimiento al 31 de diciembre del mismo año, desempeñando el cargo de Asistente Técnico Monitoreo y Seguimiento EFA, pero en fecha 16 de Julio del 2009, la demandada emitió el Oficio N° 1041-SG-09, por medio del cual se le notifica que cesa su relación laboral, amparándose en la cláusula Novena, inciso c) del Contrato de Servicios Profesionales, por medio del cual prestaba sus servicios profesionales a la demandada; que la forma en que se le notifica la cesación laboral es ilegal, ya que se violentó el ordenamiento jurídico al notificarle en forma defectuosa al no cumplir con los requisitos exigidos en el articulo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo ya que dicha notificación no reúne ciertos requisitos, por ejemplo la hora, no se expresa, también si el acto pone fin a la vía administrativa, los recursos que proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos, por lo tanto es una notificación defectuosa; que la cancelación de su contrato es un despido ilegal e injusto en virtud que fue contratado por tiempo determinado para desempeñar un cargo, cumpliendo con la jornada laboral y funciones establecidas oficialmente, sin embargo, en forma intespectiva y arbitraria se le canceló de su cargo sin mediar justa causa que motive dicho despido, violentándose de esta manera lo pactado en dicho contrato, específicamente en las cláusulas tercera y cuarta ya que establecen el plazo de duración y forma de pago en concepto de sueldo mensual por el desempeño de las funciones estipuladas y subsidiariamente la séptima, décima primera, décima segunda y décima quinta; que la demandada motiva el despido en el literal c) de la cláusula novena, por lo que el despido es arbitrario, ilegal, injusto e inconstitucional. Solicita la nulidad o anulación de un acto administrativo por medio del cual se cancela un contrato de servicios profesionales y acuerdo de nombramiento, cumplimiento de un contrato de servicios profesionales, pago de derechos laborales como ser: vacaciones décimotercer y decimocuarto mes de salario, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, se alega notificación defectuosa del acto administrativo impugnado, costas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, contestó dicha demanda señalando que en cuanto al alegato del demandante que de manera ilegal se le violentó el ordenamiento jurídico al notificarse en forma defectuosa, al respecto se alega que a través del Oficio relacionado se le puso en conocimiento el cese de la relación laboral existente con el demandante, en aplicación de la cláusula Novena, inciso c) del Contrato de Servicios Profesionales referido, es oportuno reconocer que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su articulo 91 establece que las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente; que no obstante que en la cláusula tercera del Contrato de Servicios Profesionales se establece el plazo de la relación contractual, también en la cláusula novena inciso c) se establecen las causas de terminación del Contrato; que por otra parte, para que haya Contrato tiene que haber consentimiento entre las partes, de manera que al suscribirse el referido Contrato con el demandante, aceptaron, ambas partes, de antemano las condiciones establecidas en el mismo y siendo que la cancelación del Contrato de Servicios Profesionales, ha sido emitida con sustento en una de las cláusulas contenidas en el mismo, es en consecuencia improcedente el presente reclamo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha 28 de abril del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, en consecuencia se anula totalmente y se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve: condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, a pagarle al demandante, en concepto de daños y perjuicios, los salarios correspondientes a los meses del 18 de Julio al 31 de Diciembre del 2009, en base al salario mensual que devengaba que era de LPS. 35,000.00, así como el decimocuarto y decimotercer mes de salario, de no habérsele pagado los mismos o únicamente el faltante si se le hubiesen pagado al momento de su cancelación proporcionalmente, para completar el salario correspondiente para dichos meses, asimismo sin lugar el pago de vacaciones solicitado en virtud de que el contrato relacionado establece que gozará de las mismas pero no serán remuneradas, también se declara finalizada la relación de trabajo entre las partes en juicio, Sin lugar los intereses solicitados por improcedentes, sin costas. Criterio: Que no se pueden establecer en los contratos cláusulas y condiciones contrarias a las Leyes y al orden público y que el cumplimiento de los mismos no puede dejarse al arbitrio de uno de los Contratantes, por lo que con la cláusula que le sirvió de fundamento a la demandada para rescindir el contrato relacionado se violentan derechos y garantías constitucionales del demandante, no pudiendo los Órganos y Entidades de la Administración Pública, es decir, la demandada, pactar y ejecutar Actos que restrinjan, disminuyan o tergiversen los derechos y garantías de las personas, reconocidas por la Constitución de la República, como así sucedió en el presente caso, que sin ningún tipo de causa, se rescinde un Contrato de Servicios Profesionales de forma unilateral, violentando derechos laborales, únicamente porque dicho contrato establece la cláusula referida; por otro lado, la demandada no determinó ni acreditó la razón por la que era conveniente para ella la terminación de los servicios del demandante, que en todo caso al aplicarse dicha cláusula debió establecerse.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional, en fecha 13 de septiembre de 2011, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación, asimismo se CONFIRMA la sentencia de fecha 28 de abril del 2011, dictada por el Tribunal de Primera Instancia… SIN COSTAS. Criterio: Que la parte demandada tenía la facultad de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios profesionales suscritos por ambas partes, bastando para ello, la notificación por escrito, con 30 días de anticipación, sin embargo es este caso, consta en autos la notificación por escrito con 01 días de anticipación, que el plazo establecido para la notificación respectiva es de 30 días y al ser este plazo señalado en días, estos deberán ser hábiles, ya que así lo estipula la Ley, en vista que la notificación fue el 16 de julio 2009, se observa que los 30 días señalados a que se refiere los contratos, vencían el 14 de agosto del 2009, y con ello cumplir el requisito de haberles notificados por escrito y en el tiempo que señala la Ley.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, presentó en fecha 7 de noviembre del 2011, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 20 de enero del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 226-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 118-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha 8 de noviembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el señor CARLOS ALBERTO CARDONA MIRANDA, representado en juicio por el Abogado JOSE RENE ROMERO ESPINOZA, presentó en fecha 2 de diciembre del 2011, escrito de contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 5 de diciembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado JOSE RENE ROMERO ESPINOZA, apoderado de la parte demandante, en fecha 7 de diciembre del 2011 y el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, apoderado de la parte demandada, en fecha 9 de diciembre del 2011.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, Abogado JOSE RENE ROMERO ESPINOZA, apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 12 de diciembre del 2011, en concepto de parte recurrida y el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, apoderado de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 15 de diciembre del 2011, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, producidas en las mismas, o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II.- El Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA estructura su primer y único motivo de casación de la siguiente manera: “Infracción directa a lo establecido en la Cláusula Novena literal C) Cuando por conveniencia de la secretaria considere necesario la terminación de los servicios del contratista bastando para ello la notificación, por lo cual no se ha tomado en cuenta la debida apreciación de lo que preceptúa esta cláusula ya que es de común acuerdo la aceptación de la misma, como también para que haya contrato tiene que haber consentimiento entre las partes, de manera que al suscribirse el referido contrato entre las partes aceptaron las condiciones establecidas en el mismo ya lo establece el Artículo 1348 del Código Civil “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando número tres (3): “establece en una de sus cláusulas que la secretaria unilateralmente podrá dar por terminado el mismo entre otras causas a voluntad de dicha secretaria bastando para ello la notificación con 30 días de anticipación por escrito”, cabe aclarar que la cláusula Novena literal c) no menciona a cabalidad lo manifestado en el considerando tres, no menciona términos perentorios, igualmente en el considerando cuatro (4) menciona que no se cumplió el termino de 30 días de la notificación pero tal condición no está pactada en el contrato de servicios profesionales, por lo que no puede referirse a una infracción del ordenamiento jurídico por haber resuelto de forma unilateralmente. Por lo tanto la apreciación tomada por la honorable corte de apelaciones al aplicar e interpretar la cláusula novena literal c) del contrato de servicios profesionales No. 159-2009 no es la correcta ya que ha tomado un antecedente erróneo”.- III.- Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar por las siguientes razones: a) se denuncia la infracción directa del literal c) de la cláusula 9ª del contrato de servicios profesionales suscrito entre las partes, olvidando el Impetrante que para efectos casacionales la norma de Derecho que se estime transgredida debe tener alcance general y el contenido en las estipulaciones contractuales es particular, razón por la que debió alegarse la vulneración de una o varias normas jurídicas reguladoras del contrato objeto de la litis; b) el alcance de la infracción no fue debidamente precisado, ya que en su explicación alude a distintas formas de violar la ley; c) también se debió tener en cuenta que la determinación de la voluntad e intención de las partes en un contrato constituye una cuestión de hecho que los jueces de las instancias, en uso de sus facultades privativas, deben llegar a establecer como resultado de la valoración de las probanzas rendidas en el juicio, por lo que, la única vía que permite el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil es a través de la revisión del control de la motivación fáctica de la sentencia, hacerlo de otra manera no es permitido en este extraordinario recurso; y, d) se cita el artículo 1348 del Código Civil, pero no se establece con qué objeto se hace mención del mismo, lo cual produce ambigüedad e imprecisión al cargo.- IV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, pues contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral–Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 200, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) Declarar INADMISIBLE el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en su primer y único motivo. 2) Declara FIRME la sentencia recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. Y MANDA: remitir las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha tres de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 49-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL