Sentencia CA-487-12 — Registro 7400
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la invocada como causa o motivo en el precepto autorizante; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD representado en juicio por el Abogado NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA. Recurrido: RENE DE JESUS MARADIAGA GALO.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare no ser conforme a derecho y en su caso se declare la nulidad de un acto de carácter particular, que se reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el reintegro al puesto, mas el pago de los salarios dejados de percibir con especial condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio del dos mil diez por el señor RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad el 02 de mayo del 2006, en el cargo de Registrador Titular de Siguatepeque; siendo despedido en fecha 14 de julio del 2010, sin invocar ningún tipo de causal.- 2.- La parte demandada, el Instituto de la Propiedad, contestó señalando que acepta unos hechos y rechaza otros y en cuanto a las pretensiones del demandante los rechaza de pleno derecho lo que se demanda por no estar apegado a la verdad, alegando la defensa que el acto administrativo que se impugna se emitió por el Instituto de la Propiedad apegado a estricto derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha uno de diciembre del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por el señor RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, emitido por el Instituto de la Propiedad, en consecuencia se anula totalmente el Acto Impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación No. 043-2010 del 12 de julio de 2010, pues ha sido proferido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: A) Reintegrar a RENE DE JESUS MARADIAGA GALO al cargo de Registrador Titular de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Siguatepeque dependiente de la Dirección General del Registro de la Propiedad. B)Pagar a RENE DE JESUS MARADIAGA GALO los sueldos dejados de percibir, a partir de la fecha de la ilegal cancelación hasta que el demandante sea restituido al cargo de Registrador Titular del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Siguatepeque dependiente de la Dirección General del Registro de la Propiedad. Asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos del cargo al que se esta reintegrando como vacaciones, bonificaciones o cualquier otra prebenda devengada mientras estuvo ausente del cargo. TERCERO: Diferir para la etapa de ejecución de este fallo, el cálculo de los anteriores conceptos, CUARTO: En caso de que el reintegro sea viable al puesto ya referido, SE ANULA totalmente el acuerdo de nombramiento del o la sustituta del demandante. QUINTO: Condenar al Estado de Honduras a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD a reconocer, ejecutar y pagar al demandante, RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, los conceptos antes señalados. SEXTO: Condenar en costas al vencido en juicio por no haber tenido motivo suficiente para litigar. Bajo el criterio que ni de las pruebas aportadas por las partes y o del estudio del expediente administrativo que corre agregado a los autos, se desprende documento o medio de prueba alguno que acredite que el demandante se le haya imputado la comisión de alguna falta que tenga como sanción la cancelación del nombramiento, por consecuencia lógica, tampoco consta que se le haya seguido procedimiento de descargo alguno como paso previo a su cancelación.”.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional en fecha ocho de marzo del dos mil doce, dicto sentencia mediante el cual falló, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, en su condición de apoderado legal sustituto del Instituto de la Propiedad; CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha uno de diciembre del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas en ambas instancias. Bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto, de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo, de los fundamentos de derecho aplicables al caso de autos, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo concluye que el Instituto de la Propiedad, para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, estaba obligado a seguir el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento del Instituto de la Propiedad, para dictar esta clase de autos y al no hacerlo, violó el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulte ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, resultando ser nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, presentó en fecha dieciocho (18) de abril del dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha ocho (08) de marzo del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 055-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 387-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha diecinueve (19) de abril del dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y ordenó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, la Abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, presentó en fecha ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce (14) de mayo del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución la Abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, apoderada de la parte demandante, en fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil doce (2012) y mediante tabla de avisos a la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO, apoderado de la parte demandada, en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, presentó escrito de personamiento en fecha veintidós (22) de mayo del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrida y a la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO, se le precluyó el término dejado de utilizar en fecha treinta (30) de julio del dos mil doce (2012), en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en ninguno de sus considerando se pronuncia en cuanto a que el Instituto de la Propiedad no está adscrito al Régimen del Servicio Civil y en sus considerandos argumenta “…… que del estudio y análisis del presente caso, de autos se desprende que nos encontramos ante un acto administrativo nulo de pleno derecho, esto porque la Autoridad Nominadora dictó el mismo, sin seguir procedimiento alguno para su emisión.” y en el decimo (10) considerando arguye... “Que la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder”. Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada contra mi representada por parte del señor RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAMOS SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL, por los siguientes preceptos legales: 1) El Articulo 118 de la Ley General de la Administración Pública, establece que se emitirán por Acuerdo: 1...2 “Los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria”. 2) Es así, que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, mediante Acuerdo No 037-2005, en sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo del 2005, aprobó el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con el No 30,847, de fecha 11 de Noviembre del año 2005, para su eficacia. El precitado Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de Propiedad y los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales que el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de las dependencias en todo el territorio nacional. El Articulo 2 de dicho Reglamento estipula “que quedan sujetos al presente Reglamento de Personal todos los Servidores y Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) aplicándose el mismo a todas aquellas personas que ejecuten labores bajo su dirección, dependencia o subordinación, en cada una de sus unidades en todo el territorio nacional”. Y en virtud de que el mismo no ha sido derogado, por ende continúa vigente para todos los empleados que laboran para el Instituto de la Propiedad. En consecuencia la demanda promovida por el Señor RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, tuvo que haber sido ventilada a la luz de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y no como erróneamente lo ha venido realizando el respectivo juzgador. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma Y contenido de la sentencia” SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su carao al señor RENE DE JESUS MARADIAGA, del cargo de Registrador Titular, dependiente de la Dirección General de Registro del Instituto de la Propiedad, de la Ciudad de Siguatepeque. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte ,todo esto en virtud de que el Señor RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, fue cancelada de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal.”.- II.- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la invocada como causa o motivo en el precepto autorizante; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que también se solicita la nulidad de los fallos dictados en primera y segunda instancia, en la forma siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violentó el procedimiento según su considerando que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO SE DECLARE NULO UN ACTO DE CARÁCTER PARTICULAR, QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUAUZADA Y QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO COMO SER EL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO, MAS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; Promovida por el Señor RENE DE JESUS MARADIAGA GALO, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día uno (1) de diciembre del año dos mil once (2011), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dictó sentencia de fecha ocho (08) de marzo de dos mil doce (2012), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha ocho (08) de marzo de dos mil doce (2012), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el articulo Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.”.- IV.- Que tal pretensión de nulidad resulta improcedente, ya que las sentencias proferidas en ambas instancias han sido dictadas llenando los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; tampoco se advierte la existencia de alguna situación que pudiera afectar el derecho de defensa de las partes, así como el debido proceso.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- VI.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad absoluta solicitada de los fallos de primera y segunda instancia. 3°) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 4º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia y librar certificación al Tribunal Superior de Cuentas para los efectos legales correspondientes. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veinte de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 487-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL