Sentencia CA-485-12 — Registro 2948
Resumen
En primera instancia se declaró procedente la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada de la sociedad mercantil demandante y para el pleno restablecimiento se condenó al Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor de la demandante, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrentefundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la sentencia recurrida de fecha, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, 207, 238 numeral 3 en relación con el 712 numeral 1 y el 720, todos del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil doce (2012), en lo que se refiere a los ordinales PRIMERO y SEGUNDO y TERCERO, dejándose subsistente la declaración sobre las costas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720 del mismo Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Elartículo 719 inciso c) del numeral 1 del Código Procesal Civil prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” El artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Con fundamento en las disposiciones transcritas se solicita por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia por haber llegado a una conclusión equivocada el Tribunal de Segunda Instancia en la falta de aplicación de las normas que regulan el contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana el contenido de las sentencias, y cito textualmente: “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a)... b)... c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d)... 3. ...“ “ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Por su parte el artículo 238 prescribe: “ARTICULO 238. DISTRIBUCION. 1... 2... 3. Cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva, el Tribunal considerase dudosos hechos relevantes para su decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que fundamentando sus pretensiones permanezcan inciertos.” La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio subsumiéndolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión. Del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación contraria al derecho. La demanda promovida por GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. tiene su génesis en el contrato celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. mediante el cual ésta última prestaría los servicios para el registro nacional de armas y la emisión de permisos para portar armas con una vigencia del contrato de 24 meses, el que, a su terminación y no notificarse su renovación, GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. continúo prestando el servicio alegando una prórroga tácita, lo que luego se formalizó a través de una ampliación del contrato por 24 meses, que no fue pagado por el ESTADO DE HONDURAS, según la demandante. La parte actora fija su pretensión en la parte petitoria de su demanda, la que dice, y cito textualmente: “... declarando procedente la acción, anulando el acto administrativo el cual no fue manifestado por escrito, pero que surte los mismos efectos de una resolución expresa al evidenciar un comportamiento de la administración que es univoco e incompatible con una voluntad distinta, comportamiento acaecido el 1 de abril del 2008 que demuestra la terminación unilateral de la vigencia de la ampliación del contrato que había operado de pleno derecho, procediendo el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para su restablecimiento que se reconozca la plena vigencia de la ampliación por el término de 24 meses o en su defecto el reconocimiento de los daños y perjuicios por la terminación anticipada, así como el pago de las prestaciones efectivamente realizadas desde el 19 de diciembre del 2008 hasta el 31 de marzo del 2008, con la respectiva condena en costas por no tener la parte demandada motivos racionales para litigar.” Con fecha dos (2) de julio de dos mil nueve (2009) el Juzgado de Letras de 1 Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción y condenó al ESTADO DE HONDURAS a pagar a favor de la demandante la cantidad de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 21, 424,918.43) en concepto de daños y perjuicios, mas meses y días trabajados y no pagados. Esta sentencia fue recurrida, por ambas partes, pero solo el ESTADO DE HONDURAS pidió la apertura a pruebas en la segunda instancia para practicar pruebas que no se pudieron terminar de evacuar en la primera instancia. Con fecha trece de enero de dos mil diez la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia así: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ en sucondición de apoderado de la Sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. TERCERO: REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha dos de julio de 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en su parte dispositiva identificada como numeral “SEGUNDO” en el sentido que los daños y perjuicios causados que se deberán pagar ala Sociedad demandante deben se incluir la totalidad de lo establecido en el dictamen rendido por el perito nombrado en juicio LUIS ANGEL MONTOYA ZUNIGA el cual junto con la indemnización señalada por el A quo en su sentencia asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 67,5 16,138.69) que deberá ser pagada por la demandada. CUARTO: SE CONFIRMA el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada y lo relativo al reconocimiento del A Quo de la obligación que tiene la demandada de pagar los meses y días trabajados por la demandada y que no han sido pagados, lo cual asciende a la cantidad de dos millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho lempiras con ochenta y seis centavos (LPS. 2,422,758.86) Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se devuelva al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación correspondiente, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto. SINCOSTAS. NOTIFIQUESE.” Con fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011), la Corte Suprema de Justicia dictó auto anulando de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el trece (13) de enero de dos mil diez (2010), sustentándola entre otras motivaciones, en la siguiente: “X. Que también resulta de los autos, que el Tribunal Ad Quem en la sentencia definitiva dictada en fecha 13 de enero del 2010, basa su decisión para reformar la sentencia de primer grado en el informe pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA, sin fundamentar o motivar tal determinación para hacerlo. Si bien es cierto la prueba pericial fue propuesta por la parte demandante como medio de prueba número 4, admitida en primera instancia (ver folios 295, 311, 315, 316 y 318), concediéndose además un nuevo término para la evacuación de la misma, no es menos cierto que dicho medio probatorio no fue evacuado dentro del término que señala el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni en el nuevo término concedido para su evacuación, siendo presentado hasta el 19 de enero del 2009, cuando ya era vencido el período de conclusiones, tal como consta a folio 378 de la primera pieza de autos, teniéndose por agregada la documentación en el expediente conforme providencia dictada en fecha 22 de enero del 2009 (ver folio 376 al 1091 de la primera pieza), informe que el A quo, bajo las circunstancias aludidas, evidentemente no tomó en cuenta al momento de dictar la sentencia de primer grado, pero que el Tribunal de alzada si lo hace, sin justificar ni explicar las razones para ello. XI. Que por lo anteriormente expuesto, se aprecia que en las diligencias de segunda instancia ha existido infracción de normas y garantías procesales. Procede en consecuencia declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha 13 de enero de 2010 dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.” Por consecuencia de la nulidad antes referida, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo procedió a dictar nueva sentencia con fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) en la forma siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR S1N LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras; SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ en su condición de apoderado de la sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dos de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que consta a folio número mil noventa y tres frente (1093f) a folio número mil noventa y cinco vuelto (1095v). Y MANDA:...”La parte actora para acreditar los daños y perjuicios reclamados presentó extemporáneamente el dictamen pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA, sustentándose la sentencia de primera instancia en este peritaje y confirmado después por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia antes referida, el que, como ya se dijo, consta de autos fue presentado extemporáneamente, razón por la cual la Corte Supremade Justicia mediante auto de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011) decretó la nulidad de dicha sentencia. El peritaje, habiéndose presentado extemporáneamente, no podía por manera alguna ser tomado en consideración para condenar al ESTADO DE HONDURAS, no obstante, se tomó en consideración y se le condenó. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar los recursos de ambas partes y confirmó la sentencia de primera instancia, es decir, confirmó la condena al ESTADO DE HONDURAS por la cantidad de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 21,424,918.43) en concepto de daños y perjuicios, mas meses y días trabajados y no pagados, repito, basado en un peritaje presentado extemporáneamente y por consiguiente no se prueba no podía ser apreciado para condenarlo. La Corte de Apelaciones recurrida motivó su sentencia, entre otros, en los siguientes razonamientos: “CONSIDERANDO: (5) Que la parte demandada en la audiencia antes referida propuso el medio de prueba denominado documental, los que se tuvieron por admitidos en la misma audiencia, habiendo así mismo formulado además las respectivas alegaciones. La parte demandante solicitó que se tuviera por evacuado el medio de prueba denominado dictamen pericial, debido a que por causas no imputables a la parte no pudo haber sido practicada en primera instancia, teniéndose por evacuado el dictamen pericial rendido por el Perito Mercantil y Contado Público LUIS ANGEL MONTOYA. CONSIDERANDO: (6) Que la prueba en el recurso de apelación podrá practicarse cuando por cualquier causa no imputable al que la solicita la prueba no hubiera podido practicarse en primera instancia; en el caso del dictamen pericial al cual el máximo Tribunal ha señalado una extemporaneidad en su evacuación, esta Corte aplicando el principio de excepcionalidad que el Tribunal en referencia menciona en su resolución de fecha veintiséis días del mes de octubre del año dos mil once, y la letra y espíritu del artículo 712 letra c) del Código Procesal Civil ya que el mismo abarca la presente situación habida cuenta que la evacuación de la prueba corre a cargo de un auxiliar del Juez como lo es un período judicial, lo cual no es imputable a la parte, en tal razón se ha tenido por evacuada la prueba tal como consta en la diligencia de audiencia celebrada al efecto.” Pero es del caso hacer notar que la petición de práctica de prueba en la segunda instancia fue propuesta únicamente por la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, como consta en los escritos de interposición y formalización de los recursos de apelación que formularon ambas partes, de manera que dicha práctica, con fundamento en el articulo 712 del Código Procesal Civil solo era admisible a mi representado, sin embargo de manera ilegal la Corte de Apelaciones con la oposición del ESTADO DE HONDURAS tuvo por evacuado el dictamen pericial con el propósito de establecer la condena contra el ESTADO DE HONDURAS, bajo el razonamiento del principio de excepcionalidad mencionado por la Corte Suprema de Justicia, como en efecto así se hizo. (Ver folios 80 al 81 vuelto de la primera pieza de autos). Razonamiento con el que se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa puesto que el principio de excepcionalidad es aplicable precisamente a la parte que pide la práctica de la prueba en la segunda instancia y la justifica debidamente conforme los presupuestos claramente definidos por la Ley, pero esa excepcionalidad no abarca a quien no lo ha pedido y si la parte demandada no lo pidió mal hizo el Tribunal de Alzada tener por evacuado un medio de prueba agregado extemporáneamente y que la Ley no le autoriza. La inobservancia del Tribunal Sentenciador de lo prescrito en el artículo 712 numeral 1 del Código Procesal Civil al darle entrada al proceso a una prueba practicada al margen de la ley y contra lo resuelto por la misma Corte Suprema de Justicia en el auto de fecha 26 de octubre de 2011, para condenar a mi representado al pago de una indemnización de daños y perjuicios demuestra que la motivación que sustenta la sentencia recurrida es, como lo he expresado antes, defectuosa. Demás esta decir que el Tribunal de Alzada debió considerar también, para llegar a una conclusión lógica en la sentencia, lo prescrito en el artículo 238.3 del Código Procesal Civil, el que literalmente dice: “Cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva, el Tribunal considerase dudosos hechos relevantes para su decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que fundamentando sus pretensiones permanezcan inciertos.” De lo anterior y ante un peritaje viciado por haber sido presentado extemporáneamente, que sirvió de sustentación al Juzgado de primera instancia para condenar a mi representado, lo lógico era que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo lo desestimara y revocase dicha sentencia para ser consecuente con el ordenamiento jurídico y con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en el auto de veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011); sin embargo procedió en forma contraria, y siendo manifiesto que la sentencia recurrida adolece de una motivación defectuosa por contener razonamientos fácticos y jurídicos extraños a dicho ordenamiento, originada fundamentalmente por la falta de aplicación, de los artículos 200, 207 y 238 numeral 3 en relación con el 712 numeral 1, todos del Código Procesal Civil ya que ha infringido lo ordenado en tales disposiciones, es procedente estimar con lugar el recurso y en consecuencia, casar la sentencia recurrida.SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil que regula el contenido de la sentencia dando lugar a la incongruencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Articulo 208 del Código Procesal Civil.PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil doce (2012) en lo que se refiere a los ordinales PRIMERO y SEGUNDO y TERCERO, dejándose subsistente la declaración sobre las costas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe: “ARTICULO 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” La sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., fija su pretensión en los acápites ACTO ADMINISTRATIVO DEL CUAL SE PIDE SU NULIDAD y ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA Y LAS MEDIDAS PARA SU PLENO RESABLECIMIENTO, y en éste último expresa textualmente: “Una vez que sea declarada la nulidad del acto administrativo impugnado, se pide el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, y como medida para su pleno restablecimiento, se ordene a la Secretaría de Seguridad mantenga la vigencia de la relación contractual por el término del contrato original y su posterior ampliación (24 meses), o en su defecto o como pretensión alternativa, el reconocimiento de la indemnización de los daños y perjuicios originados de la terminación anticipada de la ampliación tácita que ha operado de pleno derecho así como el pago de las prestaciones efectivamente realizadas desde el 19 de diciembre del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008.” (La negrita y subrayado es mío). En la parte petitoria confirma su pretensión en la forma siguiente: “... dictar sentencia definitiva declarando procedente la acción, anulando el acto administrativo el cual no fue manifestado por escrito, pero que surte los mismos efectos de una resolución expresa al evidenciar un comportamiento de la administración que es univoco e incompatible con una voluntad distinta, comportamiento acaecido el 1 de abril del 2008 que demuestra la terminación unilateral de la vigencia de la ampliación del contrato que había operado de pleno derecho, procediendo al reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento que se reconozca la plena vigencia de la ampliación por el término de 24 meses o en su defecto el reconocimiento de los daños y perjuicios por la terminación anticipada, así como el pago de las prestaciones efectivamente realizadas desde el 19 de diciembre del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008, con la respectiva condena en costas por no tener la parte demandada motivos racionales para litigar.”(La negrita y subrayado es mío). La parte actora planteó dos pretensiones en forma alternativa, la vigencia del contrato o en su defecto la indemnización de daños y perjuicios, cuestión, que si bien no era permitido por nuestra legislación en aquellos momentos, así se planteó, el Juzgado lo admitió y el ESTADO DE HONDURAS no lo objetó al momento de contestar la demanda. Pero las pretensiones formuladas en esa forma obligaban al A quo a definir, al momento de dictar sentencia cuál de la pretensiones resolvería para el caso de declarar procedente la acción y por supuesto a motivar su resolución en esa definición. Cuando el Juzgado resolvió la controversia falló a favor de GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., determinando únicamente la condena del ESTADO DE HONDURAS al pago de la indemnización de daños y perjuicios reclamada en forma alternativa, y omitió pronunciarse sobre la pretensión de vigencia del contrato, omitiendo además la motivación correspondiente a ese extremo, dando lugar a una incongruencia de la sentencia por no resolver todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 208 del Código Procesal Civil. Y si bien el Juzgado incurrió en la omisión referida, el Tribunal de Alzada perfectamente podía suplirla y dictar sentencia al tenor de lo prescrito en el artículo 715 numeral 2 del Código Procesal Civil al prescribir que “si se tratara de infracciones de otra clase anulara la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente”. En el presente caso constan en el proceso los elementos de juicio suficientes para que se dictase sentencia sin que el Tribunal de Alzada recurriese a la nulidad, habida cuenta que si le fue posible confirmar el fallo de primera instancia, también le era posible expresar porqué no procedía la pretensión de vigencia del contrato. El reclamo del ESTADO DE HONDURAS en este motivo deriva del hecho que la defensa se encaminó a demostrar la improcedencia de la acción sobre la vigencia del contrato, pero primero el Juzgado y después la Corte de Apelaciones hicieron caso omiso de ello favoreciendo de esa manera a la demandante y naturalmente que perjudicando a mi representado”.-“.- Que los cargos en la forma expuesta resultan inadmisibles por contener defectos técnicos: a) en el primer cargo los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil señalados como violados, además de regular el primero el contenido formal de las sentencias y el segundo los requisitos internos de las mismas, ellos contienen varios numerales, que comprenden situaciones jurídicas distintas, que era necesario precisar. En el mismo defecto se incurre en el segundo cargo cuando no se precisa el numeral del artículo 208 del Código Procesal Civil que se considera ha sido infringido; b) En el primer motivo hace referencia al material probatorio, lo cual es inapropiado en este extraordinario recurso con base en lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- “Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- “
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA; y, Recurrido: la sociedad mercantil GRUPO VISION S. de R.L., representado en juicio por la abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria contraída a pedir la nulidad de un acto administrativo, presunto reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se mantenga vigente la relación contractual o indemnización de daños y perjuicios; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, actuando como apoderado de la sociedad mercantil GRUPO VISION S. de R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que la empresa mercantil GRUPO VISION, prestó en forma continua e ininterrumpida los servicios de un proceso tecnológico para el registro nacional de armas y emisión del permiso para portar armas de fuego, dicho contrato nace a raíz de la adjudicación de la licitación pública SEDS-004-2003, que dio origen consecuentemente a la suscripción del contrato citado en fecha 18 de diciembre del año 2003, con una vigencia de 24 meses; trascurrido el término anteriormente señalado, la Secretaría de Seguridad al no notificar anticipadamente a la contratista la no intención de renovar el contrato, obligó a su representada a seguir con las prestaciones derivadas del mismo, lo cual era un consentimiento o prórroga tácita de ambas partes, dicha prórroga fue materializada mediante la suscripción de un documento denominado AMPLIACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROCESO TECNOLOGICO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS Y EMISION DEL PERMISO PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO, REGIDO POR LA LICITACION PUBLICA No.SEDS-004-2003, el cual tenía una vigencia igual a la del contrato primitivo, o sea 24 meses, los cuales finalizaban el día 18 de diciembre del 2007. Habiendo ya un antecedente de ampliación o prórroga tácita, su representada al no tener por parte de la Secretaría de Seguridad, previo al 18 de diciembre del 2007, una manifestación, nota, oficio o notificación en donde se dispusiera la finalización de la relación contractual, si no que más bien al contrario se continuó normalmente con la ejecución del contrato por ambas partes, tal circunstancia constituyó tácita y evidentemente un concurso de voluntades que mostraba a todas luces el consentimiento referente a continuar mediante una ampliación o prórroga, tal acto al tenor del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo produce los mismos efectos de una resolución expresa que implica la renovación del contrato, la cual ha operado de pleno derecho en virtud de los propios actos y del comportamiento mantenido por la administración después del 18 de diciembre del 2007, ya que al permitir, consentir, y colaborar con el mantenimiento del servicio en forma continua e ininterrumpida, evidencia consecuentemente la intención de una prorroga tal como ya había sucedido anteriormente (lo que constituye un antecedente similar); el Código Civil establece claramente que “para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y posteriores al contrato” (Artículo 1577 del Código Civil como norma supletoria al tenor del artículo 147 de la Ley de Contratación del Estado), y los actos ejecutados por la administración desde antes y después del 18 de diciembre del 2007, demostraron esa intención de continuar con las prestaciones y alcances del contrato que ahora (casi cuatro meses después) en forma irresponsable y sin haber seguido procedimiento administrativo alguno, pretenden desconocer. Resulta que esa renovación se mantuvo con la normalidad durante tres meses y medio, ya que a partir del 1 de abril de 2008, la Secretaría de Seguridad sin previa notificación o aviso, suspendió las actividades a cargo de su personal en la ejecución del contrato, provocando con ello ineludiblemente y dada la naturaleza de los servicios, que se paralizara toda la actividad relacionada con la emisión del registro y permiso para portar armas. El solo hecho que la Secretaria de Seguridad como contratante se haya negado a partir del 1 de abril del 2008, a seguir cumpliendo con su obligación contractual, tal acto tácito, constituye la presunción de dar por terminada anticipadamente la relación contractual, pero lo ilegal es que tal comportamiento contraviene lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo que señala que “Ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento jurídico”.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demandante en virtud de alegar que si bien es cierto existió la ampliación del CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PROCESO TECNOLOGICO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS Y EMISION DEL PERMISO PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO, también es cierto que en dicha ampliación, por voluntad expresa de las partes, dejó de tener vigencia la cláusula décima quinta del contrato primitivo (como lo llama el demandante), como consecuencia a satisfacción y como un hecho consentido quedó expresamente sin valor ni efecto la misma, por tanto con ánimo de sorprender al Tribunal el demandante hace alusión a un hecho que no es congruente con la realidad, como ser el de argumentar que al no tener un oficio o notificación que disponga la finalización de la relación contractual, existía la pretendida intención de una prórroga de veinticuatro (24) meses más, lo cual no es cierto. la sociedad mercantil denominada GRUPO VISION S. de R. L. DE C.V. estaba de sobra sabida que el contrato de ampliación tenía vencimiento EXPRESO el 18 de diciembre del año 2007, cualquier disposición para renovación del mismo incluso su vigencia estaba sujeta a un nuevo acuerdo, tal cual se dio en función de las diversas visitas que su representante hizo a la Secretaría para determinar el tiempo que continuarían prestando el servicio en caso de sucederse una ampliación; en la última reunión sostenida con el representante legal de la Empresa y sus apoderados que hicieron acto de presencia, se les hizo formal entrega del contrato para su firma acordándose una vigencia ampliada del 18 de diciembre del 2007 al 31 de marzo del 2008, tiempo que era prudencial por estar a la espera de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, no obstante, con la asesoría de sus apoderados el representante legal de la empresa demandante dispuso que llevarían el contrato para analizarlo no queriéndolo firmar en ese momento. Es de hacer notar que la Secretaría de Seguridad ya no necesitaba los servicios de esta empresa ni de ninguna otra; puede observarse la intención desmedida de obligar al Estado a un contrato sin causa justificada ya que no existe obligación alguna para continuar sosteniendo un contrato innecesario. Para los efectos de contratación la Secretaría de Seguridad se regula por las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República de cada año fiscal, al efecto se remite a la aplicación de lo que dispone el artículo 41 de dicho instrumento legal que dice: “cuando al comienzo de un ejercicio fiscal no se hubieren completado los tramites de Licitación Pública requerida para un nuevo contrato, con el fin de no paralizar los servicios que se reciben, se podrá prorrogar el contrato vigente hasta por un máximo de tres (3) meses dentro de cuyo término debe haberse completado dicho trámite, ..” lo cual sucedió en el caso de autos, en ningún momento ha existido irresponsabilidad del Estado en este acto, si habría irresponsabilidad de continuar con un contrato innecesario por ende no conveniente a los intereses del Estado. Habida cuenta que los contratos se suscitan a voluntad de ambas partes y las reglas las define el contratante conforme a sus necesidades y conveniencias, de no aceptarlas el contratista simple y sencillamente no hay contrato.- 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 2 de julio del 2009, mediante sentencia definitiva declaró PROCEDENTE la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada de la sociedad mercantil demandante y para el pleno restablecimiento se condenó al Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor de la demandante, de la cantidad de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L.21,424,918.43) en concepto de daños y perjuicios, más meses y días trabajados y no pagados, sin costas; bajo el criterio de que si bien es cierto la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad en la primera ampliación de contrato eliminó las cláusulas primitivas que en su momento y expresamente consignaban los requisitos que daban lugar a prorrogar automáticamente el contrato del proceso tecnológico para el registro nacional de armas y emisión del permiso para portar armas de fuego, pero no es menos cierto que la Secretaría de Estado antes descrita mantuvo un comportamiento posterior mediante el cual consintió y permitió que las labores continuaran ininterrumpidamente durante más de tres meses (18 de diciembre del 2007 al 1 de abril 2008), sin manifestar a la sociedad demandante la fecha o período de prórroga y estaba devenida a dar respuesta a la situación jurídica que comenzaba una vez finalizado la ampliación contractual, y aunque se alegue la supresión de cláusulas que permitían expresamente la prorroga, los actos propios de la demandada generan una prorroga tácita del contrato. Que el demandado con su silencio, dejó operar el supuesto que establece el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el presente caso de autos al permitir que el demandado continuara con la ejecución de un contrato en forma ininterrumpida, genera daños y perjuicios por no permitir finalice la prorroga tácita, que estaban obligados ambas partes a cumplir, lo que no ocurrió al finalizar anticipadamente lo prorrogado tácitamente, ya que como se dijo anteriormente el actuar de la administración, demuestra la intención que señala la ley como una voluntad inequívoca de que algo ocurra, en este caso la vigencia prorrogada de un contrato. Que al encontrarnos ante la finalización de un contrato prorrogado de forma tácita y finalizado antes de su finalización de 24 meses, esto ocasionó daños y perjuicios al demandante, daños y perjuicios estos que están acreditados de autos, y los que no se comparten eh su totalidad por este tribunal, ya que únicamente se aprueban en cuanto a los montos relativos a los gastos e inversión realizados ante la ejecución de la prorroga tácita que había operado (LS.19,002,159.57) por no respetarse la prorroga del contrato, que generó gastos a la sociedad demandante, y, lo concerniente a los meses y días trabajados por el demandante y aceptados por el demandado (L.2,422,758.86), los que le deben ser pagados a la sociedad mercantil demandante de una sola vez, más no el lucro cesante.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 28 de febrero del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA, en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras; asimismo DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado de la sociedad GRUPO VISION S. de R. L. de C.V. y CONFIRMÓ la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, sin costas; bajo el criterio que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral-Contencioso Administrativo, dicto sentencia el día veintiséis de octubre del año dos mil once, manifestando que se apreciaba que en la diligencia de segunda instancia ha existido infracción a las normas y garantías procesales procediendo en consecuencia a declarar la nulidad absoluta de actuaciones de la sentencia de fecha trece de enero del dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y manda a devolver los autos al tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo para que reponiéndolos al estado que tenia cuando se cometió la falta, los subsane con arreglo a derecho, incluyendo la providencia de fecha siete de septiembre del dos mil nueve. Que en atención a lo dispuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Laboral-Contencioso, la Corte de Apelaciones procedió a evacuar las pruebas propuestas y pendientes de evacuar al tenor de lo establecido en el artículo 713 del Código Procesal Civil, señalándose al efecto una audiencia la cual fue celebrada el día lunes trece de febrero del dos mil doce, evacuándose en la misma las pruebas propuestas y pendientes de evacuar tanto de la parte demandante como de la parte demandada; que la parte demandada en la audiencia antes referida propuso el medio de prueba denominado documental, los que se tuvieron por admitidos en la misma audiencia, habiendo así mismo formulado además las respectivas alegaciones. La parte demandante solicitó que se tuviera por evacuado el medio de prueba denominado dictamen pericial, debido a que por causas no imputables a la parte no pudo haber sido practicada en primera instancia, teniéndose por evacuado el dictamen pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA. Que la prueba en el recurso de apelación podrá practicarse cuando por cualquier causa no imputable al que la solicite, la prueba no hubiera podido practicarse en primera instancia; en el caso del dictamen pericial al cual el máximo Tribunal ha señalado una extemporaneidad en su evacuación, el ad quem aplicando el principio de excepcionalidad que el Tribunal en referencia menciona en su resolución de fecha veintiséis de octubre del dos mil once, y la letra y espíritu del artículo 712 letra c) del Código Procesal Civil ya que el mismo abarca la presente situación habida cuanta que la evacuación de la prueba corre a cargo de un auxiliar del Juez como lo es un periodo judicial, lo cual no es imputable a la parte, en tal razón se ha tenido por evacuada la prueba tal como consta en la diligencia de audiencia celebrada al efecto. Que al encontrarnos ante la finalización de un contrato prorrogado de forma tacita y finalizado antes de su finalización de 24 meses, esto ocasiona daños y perjuicios al demandante, daños y perjuicios estos que están acreditados de autos, y los que no se comparten en su totalidad por ese Tribunal, ya que únicamente se aprueban en cuanto a los montos relativos a los gastos e inversión realizados ante la ejecución de la prorroga tacita que había operado (L. 19,002,159.57) por no respetarse la prorroga del contrato, que genero gastos a la sociedad demandante y lo concerniente a los meses y días trabajados por el demandante y aceptados por el demandado (L.2,422,758.86) los que le deben ser pagados a la sociedad mercantil demandante de una sola vez, dando la totalidad a la cantidad de veintiún millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos dieciocho lempiras con cuarenta y tres centavos (L.21,424,918.43), mas no el lucro cesante.- 5.- La representación procesal de la demandada, abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, presentó en fecha veinticinco de abril de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.185-2009, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.116-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiséis de abril del dos mil doce, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- Que la representación procesal de la parte demandante, abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, presentó en fecha quince de mayo del dos mil doce, pronunciamiento sobre el contenido del Recurso de Casación presentado, resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, tener por presentado en forma y tiempo el escrito y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a las abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA y WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en fechas veinticuatro y veinticinco de mayo del dos mil doce, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, en providencia de fecha treinta de julio del dos mil doce, se tuvo por personada a la abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en concepto de parte recurrida, y se declaró precluído el término concedido y dejado de utilizar por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la sentencia recurrida de fecha, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, 207, 238 numeral 3 en relación con el 712 numeral 1 y el 720, todos del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil doce (2012), en lo que se refiere a los ordinales PRIMERO y SEGUNDO y TERCERO, dejándose subsistente la declaración sobre las costas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil en relación con el artículo 720 del mismo Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 719 inciso c) del numeral 1 del Código Procesal Civil prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” El artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Con fundamento en las disposiciones transcritas se solicita por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia por haber llegado a una conclusión equivocada el Tribunal de Segunda Instancia en la falta de aplicación de las normas que regulan el contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana el contenido de las sentencias, y cito textualmente: “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a)... b)... c) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d)... 3. ...“ “ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Por su parte el artículo 238 prescribe: “ARTICULO 238. DISTRIBUCION. 1... 2... 3. Cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva, el Tribunal considerase dudosos hechos relevantes para su decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que fundamentando sus pretensiones permanezcan inciertos.” La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio subsumiéndolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión. Del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación contraria al derecho. La demanda promovida por GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. tiene su génesis en el contrato celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. mediante el cual ésta última prestaría los servicios para el registro nacional de armas y la emisión de permisos para portar armas con una vigencia del contrato de 24 meses, el que, a su terminación y no notificarse su renovación, GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. continúo prestando el servicio alegando una prórroga tácita, lo que luego se formalizó a través de una ampliación del contrato por 24 meses, que no fue pagado por el ESTADO DE HONDURAS, según la demandante. La parte actora fija su pretensión en la parte petitoria de su demanda, la que dice, y cito textualmente: “... declarando procedente la acción, anulando el acto administrativo el cual no fue manifestado por escrito, pero que surte los mismos efectos de una resolución expresa al evidenciar un comportamiento de la administración que es univoco e incompatible con una voluntad distinta, comportamiento acaecido el 1 de abril del 2008 que demuestra la terminación unilateral de la vigencia de la ampliación del contrato que había operado de pleno derecho, procediendo el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para su restablecimiento que se reconozca la plena vigencia de la ampliación por el término de 24 meses o en su defecto el reconocimiento de los daños y perjuicios por la terminación anticipada, así como el pago de las prestaciones efectivamente realizadas desde el 19 de diciembre del 2008 hasta el 31 de marzo del 2008, con la respectiva condena en costas por no tener la parte demandada motivos racionales para litigar.” Con fecha dos (2) de julio de dos mil nueve (2009) el Juzgado de Letras de 1 Contencioso Administrativo dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción y condenó al ESTADO DE HONDURAS a pagar a favor de la demandante la cantidad de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 21, 424,918.43) en concepto de daños y perjuicios, mas meses y días trabajados y no pagados. Esta sentencia fue recurrida, por ambas partes, pero solo el ESTADO DE HONDURAS pidió la apertura a pruebas en la segunda instancia para practicar pruebas que no se pudieron terminar de evacuar en la primera instancia. Con fecha trece de enero de dos mil diez la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia así: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ en su condición de apoderado de la Sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V. TERCERO: REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha dos de julio de 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en su parte dispositiva identificada como numeral “SEGUNDO” en el sentido que los daños y perjuicios causados que se deberán pagar a la Sociedad demandante deben se incluir la totalidad de lo establecido en el dictamen rendido por el perito nombrado en juicio LUIS ANGEL MONTOYA ZUNIGA el cual junto con la indemnización señalada por el A quo en su sentencia asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 67,5 16,138.69) que deberá ser pagada por la demandada. CUARTO: SE CONFIRMA el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada y lo relativo al reconocimiento del A Quo de la obligación que tiene la demandada de pagar los meses y días trabajados por la demandada y que no han sido pagados, lo cual asciende a la cantidad de dos millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho lempiras con ochenta y seis centavos (LPS. 2,422,758.86) Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se devuelva al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación correspondiente, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto. SIN COSTAS. NOTIFIQUESE.” Con fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011), la Corte Suprema de Justicia dictó auto anulando de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el trece (13) de enero de dos mil diez (2010), sustentándola entre otras motivaciones, en la siguiente: “X. Que también resulta de los autos, que el Tribunal Ad Quem en la sentencia definitiva dictada en fecha 13 de enero del 2010, basa su decisión para reformar la sentencia de primer grado en el informe pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA, sin fundamentar o motivar tal determinación para hacerlo. Si bien es cierto la prueba pericial fue propuesta por la parte demandante como medio de prueba número 4, admitida en primera instancia (ver folios 295, 311, 315, 316 y 318), concediéndose además un nuevo término para la evacuación de la misma, no es menos cierto que dicho medio probatorio no fue evacuado dentro del término que señala el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni en el nuevo término concedido para su evacuación, siendo presentado hasta el 19 de enero del 2009, cuando ya era vencido el período de conclusiones, tal como consta a folio 378 de la primera pieza de autos, teniéndose por agregada la documentación en el expediente conforme providencia dictada en fecha 22 de enero del 2009 (ver folio 376 al 1091 de la primera pieza), informe que el A quo, bajo las circunstancias aludidas, evidentemente no tomó en cuenta al momento de dictar la sentencia de primer grado, pero que el Tribunal de alzada si lo hace, sin justificar ni explicar las razones para ello. XI. Que por lo anteriormente expuesto, se aprecia que en las diligencias de segunda instancia ha existido infracción de normas y garantías procesales. Procede en consecuencia declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha 13 de enero de 2010 dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.” Por consecuencia de la nulidad antes referida, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo procedió a dictar nueva sentencia con fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) en la forma siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR S1N LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras; SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ en su condición de apoderado de la sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dos de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que consta a folio número mil noventa y tres frente (1093f) a folio número mil noventa y cinco vuelto (1095v). Y MANDA:...” La parte actora para acreditar los daños y perjuicios reclamados presentó extemporáneamente el dictamen pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA, sustentándose la sentencia de primera instancia en este peritaje y confirmado después por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia antes referida, el que, como ya se dijo, consta de autos fue presentado extemporáneamente, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia mediante auto de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011) decretó la nulidad de dicha sentencia. El peritaje, habiéndose presentado extemporáneamente, no podía por manera alguna ser tomado en consideración para condenar al ESTADO DE HONDURAS, no obstante, se tomó en consideración y se le condenó. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar los recursos de ambas partes y confirmó la sentencia de primera instancia, es decir, confirmó la condena al ESTADO DE HONDURAS por la cantidad de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 21,424,918.43) en concepto de daños y perjuicios, mas meses y días trabajados y no pagados, repito, basado en un peritaje presentado extemporáneamente y por consiguiente no se prueba no podía ser apreciado para condenarlo. La Corte de Apelaciones recurrida motivó su sentencia, entre otros, en los siguientes razonamientos: “CONSIDERANDO: (5) Que la parte demandada en la audiencia antes referida propuso el medio de prueba denominado documental, los que se tuvieron por admitidos en la misma audiencia, habiendo así mismo formulado además las respectivas alegaciones. La parte demandante solicitó que se tuviera por evacuado el medio de prueba denominado dictamen pericial, debido a que por causas no imputables a la parte no pudo haber sido practicada en primera instancia, teniéndose por evacuado el dictamen pericial rendido por el Perito Mercantil y Contado Público LUIS ANGEL MONTOYA. CONSIDERANDO: (6) Que la prueba en el recurso de apelación podrá practicarse cuando por cualquier causa no imputable al que la solicita la prueba no hubiera podido practicarse en primera instancia; en el caso del dictamen pericial al cual el máximo Tribunal ha señalado una extemporaneidad en su evacuación, esta Corte aplicando el principio de excepcionalidad que el Tribunal en referencia menciona en su resolución de fecha veintiséis días del mes de octubre del año dos mil once, y la letra y espíritu del artículo 712 letra c) del Código Procesal Civil ya que el mismo abarca la presente situación habida cuenta que la evacuación de la prueba corre a cargo de un auxiliar del Juez como lo es un período judicial, lo cual no es imputable a la parte, en tal razón se ha tenido por evacuada la prueba tal como consta en la diligencia de audiencia celebrada al efecto.” Pero es del caso hacer notar que la petición de práctica de prueba en la segunda instancia fue propuesta únicamente por la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, como consta en los escritos de interposición y formalización de los recursos de apelación que formularon ambas partes, de manera que dicha práctica, con fundamento en el articulo 712 del Código Procesal Civil solo era admisible a mi representado, sin embargo de manera ilegal la Corte de Apelaciones con la oposición del ESTADO DE HONDURAS tuvo por evacuado el dictamen pericial con el propósito de establecer la condena contra el ESTADO DE HONDURAS, bajo el razonamiento del principio de excepcionalidad mencionado por la Corte Suprema de Justicia, como en efecto así se hizo. (Ver folios 80 al 81 vuelto de la primera pieza de autos). Razonamiento con el que se demuestra que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa puesto que el principio de excepcionalidad es aplicable precisamente a la parte que pide la práctica de la prueba en la segunda instancia y la justifica debidamente conforme los presupuestos claramente definidos por la Ley, pero esa excepcionalidad no abarca a quien no lo ha pedido y si la parte demandada no lo pidió mal hizo el Tribunal de Alzada tener por evacuado un medio de prueba agregado extemporáneamente y que la Ley no le autoriza. La inobservancia del Tribunal Sentenciador de lo prescrito en el artículo 712 numeral 1 del Código Procesal Civil al darle entrada al proceso a una prueba practicada al margen de la ley y contra lo resuelto por la misma Corte Suprema de Justicia en el auto de fecha 26 de octubre de 2011, para condenar a mi representado al pago de una indemnización de daños y perjuicios demuestra que la motivación que sustenta la sentencia recurrida es, como lo he expresado antes, defectuosa. Demás esta decir que el Tribunal de Alzada debió considerar también, para llegar a una conclusión lógica en la sentencia, lo prescrito en el artículo 238.3 del Código Procesal Civil, el que literalmente dice: “Cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva, el Tribunal considerase dudosos hechos relevantes para su decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que fundamentando sus pretensiones permanezcan inciertos.” De lo anterior y ante un peritaje viciado por haber sido presentado extemporáneamente, que sirvió de sustentación al Juzgado de primera instancia para condenar a mi representado, lo lógico era que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo lo desestimara y revocase dicha sentencia para ser consecuente con el ordenamiento jurídico y con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en el auto de veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011); sin embargo procedió en forma contraria, y siendo manifiesto que la sentencia recurrida adolece de una motivación defectuosa por contener razonamientos fácticos y jurídicos extraños a dicho ordenamiento, originada fundamentalmente por la falta de aplicación, de los artículos 200, 207 y 238 numeral 3 en relación con el 712 numeral 1, todos del Código Procesal Civil ya que ha infringido lo ordenado en tales disposiciones, es procedente estimar con lugar el recurso y en consecuencia, casar la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil que regula el contenido de la sentencia dando lugar a la incongruencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Articulo 208 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil doce (2012) en lo que se refiere a los ordinales PRIMERO y SEGUNDO y TERCERO, dejándose subsistente la declaración sobre las costas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe: “ARTICULO 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” La sociedad GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., fija su pretensión en los acápites ACTO ADMINISTRATIVO DEL CUAL SE PIDE SU NULIDAD y ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA Y LAS MEDIDAS PARA SU PLENO RESABLECIMIENTO, y en éste último expresa textualmente: “Una vez que sea declarada la nulidad del acto administrativo impugnado, se pide el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, y como medida para su pleno restablecimiento, se ordene a la Secretaría de Seguridad mantenga la vigencia de la relación contractual por el término del contrato original y su posterior ampliación (24 meses), o en su defecto o como pretensión alternativa, el reconocimiento de la indemnización de los daños y perjuicios originados de la terminación anticipada de la ampliación tácita que ha operado de pleno derecho así como el pago de las prestaciones efectivamente realizadas desde el 19 de diciembre del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008.” (La negrita y subrayado es mío). En la parte petitoria confirma su pretensión en la forma siguiente: “... dictar sentencia definitiva declarando procedente la acción, anulando el acto administrativo el cual no fue manifestado por escrito, pero que surte los mismos efectos de una resolución expresa al evidenciar un comportamiento de la administración que es univoco e incompatible con una voluntad distinta, comportamiento acaecido el 1 de abril del 2008 que demuestra la terminación unilateral de la vigencia de la ampliación del contrato que había operado de pleno derecho, procediendo al reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento que se reconozca la plena vigencia de la ampliación por el término de 24 meses o en su defecto el reconocimiento de los daños y perjuicios por la terminación anticipada, así como el pago de las prestaciones efectivamente realizadas desde el 19 de diciembre del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008, con la respectiva condena en costas por no tener la parte demandada motivos racionales para litigar.” (La negrita y subrayado es mío). La parte actora planteó dos pretensiones en forma alternativa, la vigencia del contrato o en su defecto la indemnización de daños y perjuicios, cuestión, que si bien no era permitido por nuestra legislación en aquellos momentos, así se planteó, el Juzgado lo admitió y el ESTADO DE HONDURAS no lo objetó al momento de contestar la demanda. Pero las pretensiones formuladas en esa forma obligaban al A quo a definir, al momento de dictar sentencia cuál de la pretensiones resolvería para el caso de declarar procedente la acción y por supuesto a motivar su resolución en esa definición. Cuando el Juzgado resolvió la controversia falló a favor de GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V., determinando únicamente la condena del ESTADO DE HONDURAS al pago de la indemnización de daños y perjuicios reclamada en forma alternativa, y omitió pronunciarse sobre la pretensión de vigencia del contrato, omitiendo además la motivación correspondiente a ese extremo, dando lugar a una incongruencia de la sentencia por no resolver todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 208 del Código Procesal Civil. Y si bien el Juzgado incurrió en la omisión referida, el Tribunal de Alzada perfectamente podía suplirla y dictar sentencia al tenor de lo prescrito en el artículo 715 numeral 2 del Código Procesal Civil al prescribir que “si se tratara de infracciones de otra clase anulara la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente”. En el presente caso constan en el proceso los elementos de juicio suficientes para que se dictase sentencia sin que el Tribunal de Alzada recurriese a la nulidad, habida cuenta que si le fue posible confirmar el fallo de primera instancia, también le era posible expresar porqué no procedía la pretensión de vigencia del contrato. El reclamo del ESTADO DE HONDURAS en este motivo deriva del hecho que la defensa se encaminó a demostrar la improcedencia de la acción sobre la vigencia del contrato, pero primero el Juzgado y después la Corte de Apelaciones hicieron caso omiso de ello favoreciendo de esa manera a la demandante y naturalmente que perjudicando a mi representado”.- II.- Que los cargos en la forma expuesta resultan inadmisibles por contener defectos técnicos: a) en el primer cargo los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil señalados como violados, además de regular el primero el contenido formal de las sentencias y el segundo los requisitos internos de las mismas, ellos contienen varios numerales, que comprenden situaciones jurídicas distintas, que era necesario precisar. En el mismo defecto se incurre en el segundo cargo cuando no se precisa el numeral del artículo 208 del Código Procesal Civil que se considera ha sido infringido; b) En el primer motivo hace referencia al material probatorio, lo cual es inapropiado en este extraordinario recurso con base en lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 485-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL