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Sentencia CA-484-12 — Registro 7375

Resumen

En primera isnatncia se declara improcedente la acción incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, bajo el criterio que el acto impugnado se emitió cumpliendo los requisitos de ley y a través del dictamen emitido por el Técnico del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), se comprobó que la falla del vehículo no se debe a fatiga de materiales, ni un golpe producto del uso, sino por un problema estructural, o sea de fabrica, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo también resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no indica cual es la interpretación correcta de la norma estimada violada; y, b) hace referencia al material probatorio, lo cual no es procedente en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- "Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- " Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo también resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no indica cual es la interpretación correcta de la norma estimada violada; y, b) hace referencia al material probatorio, lo cual no es procedente en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- "Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- "Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La CORPORACION FLORES S.A., representado en juicio por el abogado ALLAN JOSE MILLER; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representada en juicio por el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para declarar la ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular y se decrete la nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento, costas; promovida por el abogado JOSE JOB MARTINEZ, actuando en su condición de apoderado de La CORPORACION FLORES S.A., en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, representado en juicio por el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que la señora GLADIS YOLANDA HERNANDEZ PINTO, compró de contado un vehículo automotor adhiriéndose a las garantías de funcionamiento por compra de vehículo que otorga el fabricante TOYOTA AUTOMOTOR CORPORATION, que son debidamente aprobadas por la Dirección de Producto y Consumo, a través del Estado de Honduras, con base en la Ley de Protección al Consumidor y en cumplimiento a su obligación de la consecución del bien común; en fecha 22 de julio del 2008, la señora GLADIS YOLANDA HERNANDEZ PINTO, presentó denuncia en contra de la CORPORACIÓN FLORES S.A., por mal funcionamiento del automotor y supuesta irresponsabilidad de su afiliada TOYOSERVICIOS, S.A., quedando registrada en el expediente. DGPC-041-2008, ante la Dirección General de Protección al Consumidor, exagerando en la exposición de sus hechos, con el objetivo de conseguir el cambio por un automotor nuevo, realizando las reparaciones del caso y entregándolo en fecha 5 de agosto del 2008, en buen estado, presentando manifestación el 10 de octubre del 2008, ante la Dirección General de Protección al Consumidor, aduciendo que al día siguiente de su entrega se le había desprendido el escape y seguía presentando desperfectos, sin tener dictamen previo elaborado por un profesional especializado en la rama. La Dirección General de Protección al Consumidor en flagrante exceso de autoridad procedió a imputar una mala reparación violentando el derecho de defensa de la empresa, al recibir traslado de la imputaciones se procedió a su descargo, presentando peritaje de un técnico de la empresa en la cual determina que el desprendimiento del escape se debió a un golpe recibido por la usuaria y deterioro del uso del automotor, lo cual ignoró dicha Dirección y basándose en el peritaje emitido por un Técnico del Instituto de Formación Profesional (INFOP), en el cual consigna que la causa es un problema estructural o de fábrica por lo cual se declara con lugar la denuncia, condenándose a la Corporación a realizar las reparaciones o en su defecto se haga el cambio por otro automotor igual o mejor características y se le impone una condena de quince salarios mínimos mensuales, equivalentes a Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Veintiséis Lempiras en concepto de sanción por no asegurar un servicio técnico adecuado y en consecuencia no cumple con la reparación por concepto de garantía.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que con el Decreto Legislativo 24-2008 publicado el 7 de julio del 2008, se derogó el Decreto 41-89 del 7 de abril de 1989, en la que se aprobó la Ley de Protección al Consumidor ya que no protegía los derechos ni regulaba relaciones de consumo con el mundo global, en consecuencia resultó imperativo la actualización y complementación de las disposiciones vigentes en la materia para tutelar los derechos de los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo y la generación de reglas claras efectivas y transparentes en el mercado, constituyendo que dichos derechos y garantías son irrenunciables; siendo que la Dirección General de Protección al Consumidor ordenó realizar las reparaciones del automóvil para el buen funcionamiento, no dando cumplimiento se fundamenta la multa impuesta; para corroborar los hechos se emitió nota al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) para que nombrara una persona especializada en el área para que emitiera dictamen técnico de los daños del automóvil, concluyendo el mismo que se presentaban fallas no debiéndose a la fatiga del material ni un golpe producto del uso pues era un auto relativamente nuevo, siendo un problema estructural o de fábrica del mismo, no existiendo exceso de poder en virtud de tener suficientes méritos para pronunciarse violentando derechos al consumidor.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que el acto impugnado se emitió cumpliendo los requisitos de ley y a través del dictamen emitido por el Técnico del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), se comprobó que la falla del vehículo no se debe a fatiga de materiales, ni un golpe producto del uso, sino por un problema estructural, o sea de fabrica.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo y sin costas, bajo el criterio que la Ley del Consumidor establece el procedimiento a seguir en el caso de denuncia constando que el presente caso se realizó en legal y debida forma no existiendo infracción en el procedimiento estableciéndose en la misma ley sanciones que proceden cuando la reparación no a sido satisfactoria siendo el presente caso.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado ALLAN JOSE MILLER, en fecha veintiuno de marzo del dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de enero del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 288-11, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 323-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintitrés de marzo del dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandada, el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, presentó en fecha veintiocho de mayo del dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de mayo del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicho auto mediante comunicación telefónica en fecha cuatro de junio del dos mil doce, los abogados ALLAN JOSE MILLER y JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ALLAN JOSE MILLER y JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, presentaron escrito de personamiento en fecha ocho de junio del dos mil doce, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION PROCESAL. Este tipo de Infracción nos obliga a distinguir bien los errores anteriores a la Sentencia y los producidos en la sentencia impugnada. PRIMER MOTIVO EN LO RELACIONADO A ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción del artículo 200.1 literal b, o sea, en la parte que dicen: “1. La sentencias serán siempre motivadas...2.- En particular la redacción de la sentencia se ajustara al siguiente contendido formal.... b) En lo antecedentes de hechos se consignaran, con la claridad y concisión posibles y en párrafo separados y numerado, las pretensiones de las partes o interesado, los hechos en que las funde que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolver, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados en su caso; en relación con el artículo 207 del Código Procesal Civil; por ende se impugna la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, produciéndose en la misma sentencia, o sea, son vicios internos que producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir que su elaboración, en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Se impugna la falta de aplicación de los artículos 200.1.2 literal b, en relación con el 207 del Código Procesal Civil, que afecta la norma y contenido de la sentencia, especialmente se solicita el control de la motivación factica de la sentencia con el objeto, que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente el fallo. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y en su numeral 2, al final de la letra b), “los hechos probados”, pero al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado, y la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal, en el fallo impugnado es insuficiente, porque no existen razonamientos facticos y jurídicos sobre los presupuestos jurídicos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. En fin, existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 270.2 del Código Procesal Civil, debiéndose siempre ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla los hechos probados como tal, exigencia que integra la motivación de hecho, o sea, no se ha aplicado a cabalidad esa relación de los preceptos citados como infringidos, esa declaración es necesaria para conjurar a las resabidas practicas que causaban indefensión a las partes y, además, dificultaban extraordinariamente el control de los tribunales superiores sobre la declaración factica efectuada en la instancia. Dicha omisión es manifestación inequívoca de que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación, así tampoco cumple con la exigencia del artículo 207.1 pues la expresión de los fundamentos de derecho precisamente se encuentra en esa declaración de hechos probados y difícilmente se puede afirmar de una sentencia con esa acefalia que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiadas de la prueba, y tampoco satisface la exigencia del numeral 2 de ese artículo puesto que la insuficiente motivación no incide en los distintos elementos factico, estos es los hechos probado, y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, estos vicios de motivación sin duda alguna son vicios de razonamiento, lo que se extiende hasta vicios de justificación. Así las cosas, las sentencia recurrida no esta provista de los elementos necesarios que permiten examinar y analizar las razones de la que normalmente se vale la decisiones como medios legítimos de la función jurisdiccional, ya que la motivación debe contener la declaración de los hechos probados que es parte de la expresión de los razonamientos facticos, que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la apreciación de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho y al no entenderlo así la corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Precepto autorizante. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.1. C) causales e del Recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice “..c) La forma y contendido de la sentencia”. DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA. Como los errores denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplico porque como manifestamos la infracción de la norma procesal se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. SEGUNDO MOTIVO EN LO RELACIONADO A LA EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. Se desarrolla el presente motivo en base a lo establecido en el artículo setecientos veinte (720) del Código Procesal Civil, en sus numerales uno [1)] y [2)] prescribe: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Se fundamenta el presente motivo como causal del presente recurso en el Artículo setecientos diecinueve (719) inciso c) del numeral uno [1)] prescribe: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) la forma y contenido de las sentencias.” Que es el caso Honorable Corte que se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que llegó el Tribunal de Segunda Instancia por la aplicación e interpretación de las normas y contenido formal de las sentencias y sus requisitos internos en que se fundamenta la misma ya que los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que establecen: ARTÍCULO 206.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Citando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTICULO 207.- MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. ARTÍCULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. En relación a este motivo es que se solicita a la Honorable Corte el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. Se pide pues, que se examine si el Tribunal Sentenciador ha hecho un razonamiento correcto en la estimación de los hechos para haber llegado a la conclusión de desestimar la demanda promovida por mi representada y estimar ajustada a derecho el Acto administrativo impugnado, llegando a dichas determinaciones en base de un dictamen técnico emitido por el Instituto de Formación profesional INFOP, documento este que no puede tener el valor probatorio que le asigna el Tribunal Sentenciador, en tanto que es un documento que ha sido rebatido en juicio por lo que no es aceptable el razonamiento de valor que le determina la Corte de Apelaciones, si resulta claro que en la referida sentencia impugnada se infieren supuestos distintos al plasmado en el fallo, con los medios de prueba técnicos presentados por mi representada, por lo que al dársele al respectivo dictamen técnico llevado a cabo por el INFOP la Corte le da un valor probatorio que no le corresponde para desestimar la procedencia de la acción presentada por mi representada, por lo que resulta incuestionable que la motivación fáctica de la Sentencia no corresponde a la lógica que ha debido imperar en la conclusión del litigio. Bajo estos mismos conceptos, esta Corte Suprema debe darle cabida a la oposición formulada por mi representada, por lo que debe estimar la procedencia de éste motivo”.- II.- Que en cuanto los motivos de casación expuestos anteriormente por el recurrente, los mismos resultan inadmisibles, debido a que la sentencia recurrida confirma el fallo de primera instancia y hace suyos sus razonamientos; además, en ambos casos, dichas resoluciones cuentan con la explicación suficiente y necesaria para motivar la decisión, realizando el razonamiento lógico y jurídico del caso.- III.- En el siguiente motivo de casación el Impetrante expone lo siguiente: “MOTIVOS DE CASACION POR IMPUGNACION DE LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADSA PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO. PRIMER MOTIVO EN LO RELACIONADO POR INFRACCION DE LEY MATERIAL. Se impugna en su interpretación errónea el artículo 34 de la Ley de Protección al Consumidor. Este motivo se halla comprendido en el artículo 719.2 causal del recurso, del Código Procesal Civil, en la parte que dice: 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. Es el caso que para los efectos de la presente casación que el artículo señalado como infringido deja claro lo relacionado al cumplimiento de las garantías. Por lo que la referida norma se debe de interpretar por parte del juzgador en razón de lo ventilado en juicio y de acuerdo a los alegatos llevado a cabo por las partes vinculadas en el mismo, es por eso que dicha interpretación dada a dicho precepto por parte del Juzgador se encuentra mal interpretada ya que en el presente caso no se hace presente legalmente los efectos enmarcados en su concepto, ya que no media ni existe concepto alguno para que se le de ha dicha norma la referida interpretación, ya que ninguna de estas situaciones anotadas en el referido artículo han sido objeto de sentencia judicial como Acción Primaria, ya que mi mandante si cumplió con lo ordenado en el referido artículo al llevar a cabo las reparaciones indicadas y someterse al Libro de garantías que para tal efecto se establece y se entrega en la compra de un vehiculo con el fin de que la garantía establecida se cumpla tal como lo ha cumplido mi representada. Aunado a lo anterior la Corte Sentenciadora al mal interpretar la referida norma objeto de impugnación se limita a esgrimir una tesis que no es vinculante al caso de autos, por lo que la referida Corte imposibilita la correcta interpretación del artículo señalado, haciendo que dicha omisión incida de una manera directa y notable en la resolución dictada, por lo que la sentencia recurrida hoy mediante recurso de casación fue en el sentido de declarar sin lugar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia, cuando de haber llevado a cabo la correcta interpretación del referido artículo su resolución hubiese sido declarando con lugar el recurso de apelación y revocando la sentencia dictada en primera instancia, por lo que la referida norma empleadas para resolver el fondo del litigio señalada en el presente motivo es ajena a la esencia del caso controvertido. La Corte recurrida no lo ha entendido así, y por ello es que se impugna esta norma empleadas en la solución del litigio, porque inciden en el sentido del fallo e inciden en su contenido. Que de la forma así precisada y justificada se ha demostrado la incidencia de esta infracción de normas materiales en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada, ya que la misma al haber interpretado de la forma indicada no observo lo desarrollado en juicio como fue el propio cumplimiento de dicha norma en su carácter esencial llevada a cabo, al revisar el vehiculo objeto de la garantía y establecer que el daño causado y que se ventila en el presente juicio no es por defecto de fabricación sino que se debe a causas externas en el cuidado y manejo de dicho vehiculo por parte de la propietaria, es decir por un golpe recibido en la parte trasera del mismo”.- IV.- Que en cuanto al motivo de casación anteriormente expuesto, el mismo también resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no indica cual es la interpretación correcta de la norma estimada violada; y, b) hace referencia al material probatorio, lo cual no es procedente en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha doce de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 484-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL