Sentencia CA-483-12 — Registro 2962
Resumen
EN primera instancia se declara procedente la acción incoada y anuló totalmente el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 200 numeral 2 inciso c), 206 y 207 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 letra c) del Código Procesal Civil. El Artículo 200.1 y 2 letra c) CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS prescribe: 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a)... b) ……c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numeraros, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. “Articulo 206. CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras precisas y exhaustividad. Artículo 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. El Código Procesal Civil tiene como exigencia la motivación de las sentencias para evitar las indefensiones a las partes. No basta con que se citen disposiciones legales en la fundamentación jurídica, es necesario que el Tribunal Sentenciador exprese, de a conocer las razones que la motivan a dictar una sentencia en tal o cual sentido, y por supuesto que esas razones se subsuman en los hechos planteados por las partes. En este caso particular la Corte Sentenciadora declara la nulidad de un acto administrativo pero no nos dice, no nos explica, cuales son los razonamientos basados en ley que tuvo para decretar dicha nulidad. La Ley de Procedimiento Administrativo establece los motivos de nulidad y de anulabilidad de los actos administrativo, sin embargo en la fundamentación jurídica de la sentencia que se impugna no encontramos esos razonamientos. Dice la Corte Sentenciadora en los considerandos 5 al 7: “CONSIDERANDO: (5) Que el Acuerdo 273=2008 emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, si bien es cierto dispone trasladar el beneficio que se otorga con el cambio de facturación de 60 grados Fahrenheit a los consumidores finales, no es menos cierto que dicho acuerdo lo limita o restringe al 30%, lo cual no es congruente con el interés publico que se esgrime como justificación para haber determinado el cambio de facturación citada, ya que el 70% de ese beneficio esta constituido a favor del detallista. Por tanto al apreciar que en efecto las justificaciones del acto impugnado jurídica y materialmente no existen, es evidente que el mismo carece de los elementos necesarios para su plena vida y eficacia lítica. Además es importante acotar que el Acuerdo 273=2008, emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio de fecha 25 de julio de 2008, aparte de haber sido emitido con posterioridad al acto impugnado PCM15=2008 de fecha 12 de junio d2 2008, no tiene el rango o la jerarquía del ultimo, en virtud de que este es un Decreto Ejecutivo dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y por lo tanto no puede legalizar o subsanar los vicios que el acto impugnado tiene desde su emisión. CONSIDERANDO: (6) Que en el caso de autos, nos encontramos frente a un acto que para el solo otorgar beneficios a uno de los elementos que forman la cadena de distribución de los derivados del petróleo, y en vista de que se trata de relaciones comerciales deja en desventaja a los otros participantes, lo cual resulta contrario a las libertades y fomento de empresas que reconoce nuestra Constitución. CONSIDERANDO: (7) Que por lo expuesto en los considerandos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada por estar dictada conforme a derecho por lo que la acción interpuesta resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente es nulo.” La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es revisora de los actos de la administración publica, pero ¿quien revisa los actos de los Juzgados y de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo? En los considerandos que he transcrito y que constituyen la motivación de la sentencia impetrada se evidencia que esta es defectuosa pues aunque da las razones para declarar la nulidad del acto, no subsume en la legislación correspondiente esos hechos para establecer en definitiva si se trata de la nulidad de un acto administrativo o bien de una anulabilidad, mas aun cuando en las disposiciones legales que se citan como sustento de ese fallo no cita ninguno de la Ley de Procedimiento Administrativo referentes a la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos. El articulo 207 del Código Procesal Civil es claro cuando ordena que “las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho” y que “la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Si la Cortede Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dice que el acto administrativo impugnado es nulo o anulable que nos diga las razones y cual de los artículos de la Leyde Procedimiento Administrativo es el aplicable al caso de autos para saber a ciencia cierta cual ha sido la motivación y de esa manera poder impugnar conforme a derecho la sentencia. ¿Cómo se puede llegar a una conclusión y declarar la nulidad de un acto administrativo si no se dice cual es el motivo de nulidad? Y lógicamente, ¿Cómo se puede impugnar una sentencia sino se especifica cual ese motivo de nulidad? Obviamente la motivación fáctica de la sentencia es defectuosa al haber dejado de aplicar los artículos que se consideran como infringidos y por tanto debe casarse la sentencia.”.-
“ Que el anterior motivo resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que refiere que su motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 letra c), del Código Procesal Civil, siendo que dicha norma en ese numeral no contiene el literal mencionado; b) no precisa si la infracción alegada es por la forma o por el contenido de la sentencia, ya que se debieron individualizar por tratarse de situaciones jurídicas diferentes; y, c) aun cuando cita el precepto autorizante equivocadamente, se observa, que en el fallo del ad quem, confirmatorio del emitido en primera instancia, se han establecido las razones y criterios para decretar la nulidad del acto administrativo impugnado, entre ellos, “apreciar que en efecto las justificaciones del acto impugnado jurídica y materialmente no existen, es evidente que el mismo carece de elementos necesarios para su plena vida y eficacia licita”.-“
“ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.”
“Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra esteAuto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CA-483-12
CORTE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete ______días del mes de diciembre ______de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ; y, Recurrido: La EMPRESA CHEVRON CARIBBEAN INC, representada en juicio por la abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID.-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento, se condene al pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización, suspensión del acto impugnado, costas; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, actuando en su condición de apoderada de la EMPRESA CHEVRON CARIBBEAN INC, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Presidencia de la República, representado en juicio por la abogada TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que la Presidencia de la República emitió decreto número PCM-015-2008, de fecha 12 de junio del 2008, siendo dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria, sin embargo aun cuando la Constitución le otorga al Presidente expedir reglamentos, estos deben justificarse de necesarios y tener como fin el cumplimiento de las leyes, esto lleva al supuesto interés publico y convivencia nacional, lo que queda desvirtuado que el referido decreto que pretende la regulación de la facturación del petróleo crudo y sus derivados, biocombustibles por la diferencia de la temperatura, es únicamente aplicable a los importadores, distribuidores mayoristas, refinadoras y fabricantes del mismo, tal como lo establece en su artículo 1, situación que en un mercado regulado, como lo es el nuestro mediante la imposición de un sistema de precios de paridad de importación, que determina los precios máximos al consumidor, consigue limitar los derechos de los particulares a los cuales es aplicable el acto, sin tener atribuida por ley tales potestades, contrariándose de esta manera a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 3) de la Ley de la Administración Pública, siendo nulo el acto administrativo; por otro lado, el Decreto PCM-015-2008, se contrapone a los objetivos del Decreto Ejecutivo PCM-02-2007 (sistema de precios de paridad de importación), ya que este último persigue garantizar que los consumidores paguen mejores precios por los productos regulados a contrario sensu del derecho impugnado que no ampara el traslado de ninguna ventaja por su implementación a los consumidores, siendo incierto el objeto del acto administrativo que se ha señalado, por no evidenciarse que el mismo sea de interés público y de conveniencia nacional como lo anuncia, siendo ilegal el acto administrativo e incurriendo en exceso de poder por la alteración de los hechos y falta de conexión lógica entra las motivaciones y disposiciones decretadas.-
2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el Presidente de la República, de acuerdo a sus facultades, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-015-08, cuyo contenido confirma las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 441-79 que regula la facturación la comercialización de los productos derivados del petróleo, declarados como productos estratégicos para la seguridad y desarrollo económico y social, siendo el acto impugnado debidamente sustentado en hechos y antecedentes que sirven de base legal, fundamentado mediante disposiciones jurídicas vigentes y con las consideraciones que justifican el acto emitido, cuyo contenido no infringe el ordenamiento jurídico y no incurre en ninguna causa de invalidez señalada en el artículo 34. La norma de corrección en el volumen de los combustibles por diferencia de temperatura setenta grados es de carácter internacional homologada y con vigencia en Honduras desde el año de 1979 mediante la emisión de Acuerdo Ejecutivo 441-79, que es y ha sido un acto administrativo de interés público.-
3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando precedente la acción incoada y anuló totalmente el acto administrativo impugnado, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se dejó sin efecto el acto impugnado y se reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado por el acto ilegal adoptado y condenando al pago de daños y perjuicios causados desde la fecha en que operó materialmente el cambio de facturación, hasta la fecha en que quede firme la sentencia, sin costas; bajo el criterio que el acto impugnado otorgó beneficio a uno de los elementos que componen la cadena de distribución de los derivados del petróleo, que por tratarse de relaciones comerciales dejó en una posición de desventaja a los otros participantes, lo cual es contrario a las libertades y fomento de empresa que reconoce nuestra Constitución, habida cuenta que no pueden haber distorsiones a dichos principios mediante al utilización o excesivo uso de las facultades de intervención que el Estado tiene algunos casos.-
4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de diciembre del dos mil once, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que el acuerdo emitido No. 273-2008, en el cual dispone trasladar el beneficio que se otorga con el cambio de facturación de 60% al consumidor final, lo limita o restringe al 30%, lo cual no es congruente con el interés público que se esgrime como justificación para haber determinado el cambio de facturación citada, ya que el 70% de este beneficio estáa constituido a favor del detallista; al apreciar las justificaciones del acto impugnado jurídica y materialmente no existen, es evidente que el mismo carece de los elementos necesarios para su plena vida y eficacia licita, además al emitir el acuerdo 273-2008 con posterioridad al acto impugnado PCM15-2008 no tiene el rango o la jerarquía del último, en virtud de ser un Decreto Ejecutivo dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por lo que no puede legalizar o subsanar los vicios del acto impugnado tiene desde su emisión.-
5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ, en fecha trece de febrero del dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha trece de diciembre del dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 290-11, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 230-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha catorce de febrero del dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
6.- La representación procesal de la parte demandante, abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, presentó en fecha diez de mayo del dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente y por medio de teléfono fijo, las abogadas TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ y FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, en fechas veintidós de mayo y cuatro de junio del dos mil doce, respectivamente.-
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ y FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, presentaron escritos de personamiento en fechas veintinueve de mayo y siete de junio del dos mil doce, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 200 numeral 2 inciso c), 206 y 207 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 letra c) del Código Procesal Civil. El Artículo 200.1 y 2 letra c) CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS prescribe: 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a)... b) ……c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numeraros, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. “Articulo 206. CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras precisas y exhaustividad. Artículo 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. El Código Procesal Civil tiene como exigencia la motivación de las sentencias para evitar las indefensiones a las partes. No basta con que se citen disposiciones legales en la fundamentación jurídica, es necesario que el Tribunal Sentenciador exprese, de a conocer las razones que la motivan a dictar una sentencia en tal o cual sentido, y por supuesto que esas razones se subsuman en los hechos planteados por las partes. En este caso particular la Corte Sentenciadora declara la nulidad de un acto administrativo pero no nos dice, no nos explica, cuales son los razonamientos basados en ley que tuvo para decretar dicha nulidad. La Ley de Procedimiento Administrativo establece los motivos de nulidad y de anulabilidad de los actos administrativo, sin embargo en la fundamentación jurídica de la sentencia que se impugna no encontramos esos razonamientos. Dice la Corte Sentenciadora en los considerandos 5 al 7: “CONSIDERANDO: (5) Que el Acuerdo 273=2008 emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, si bien es cierto dispone trasladar el beneficio que se otorga con el cambio de facturación de 60 grados Fahrenheit a los consumidores finales, no es menos cierto que dicho acuerdo lo limita o restringe al 30%, lo cual no es congruente con el interés publico que se esgrime como justificación para haber determinado el cambio de facturación citada, ya que el 70% de ese beneficio esta constituido a favor del detallista. Por tanto al apreciar que en efecto las justificaciones del acto impugnado jurídica y materialmente no existen, es evidente que el mismo carece de los elementos necesarios para su plena vida y eficacia lítica. Además es importante acotar que el Acuerdo 273=2008, emitido por el Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio de fecha 25 de julio de 2008, aparte de haber sido emitido con posterioridad al acto impugnado PCM15=2008 de fecha 12 de junio d2 2008, no tiene el rango o la jerarquía del ultimo, en virtud de que este es un Decreto Ejecutivo dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y por lo tanto no puede legalizar o subsanar los vicios que el acto impugnado tiene desde su emisión. CONSIDERANDO: (6) Que en el caso de autos, nos encontramos frente a un acto que para el solo otorgar beneficios a uno de los elementos que forman la cadena de distribución de los derivados del petróleo, y en vista de que se trata de relaciones comerciales deja en desventaja a los otros participantes, lo cual resulta contrario a las libertades y fomento de empresas que reconoce nuestra Constitución. CONSIDERANDO: (7) Que por lo expuesto en los considerandos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada por estar dictada conforme a derecho por lo que la acción interpuesta resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente es nulo.” La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es revisora de los actos de la administración publica, pero ¿quien revisa los actos de los Juzgados y de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo? En los considerandos que he transcrito y que constituyen la motivación de la sentencia impetrada se evidencia que esta es defectuosa pues aunque da las razones para declarar la nulidad del acto, no subsume en la legislación correspondiente esos hechos para establecer en definitiva si se trata de la nulidad de un acto administrativo o bien de una anulabilidad, mas aun cuando en las disposiciones legales que se citan como sustento de ese fallo no cita ninguno de la Ley de Procedimiento Administrativo referentes a la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos. El articulo 207 del Código Procesal Civil es claro cuando ordena que “las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho” y que “la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” Si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dice que el acto administrativo impugnado es nulo o anulable que nos diga las razones y cual de los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo es el aplicable al caso de autos para saber a ciencia cierta cual ha sido la motivación y de esa manera poder impugnar conforme a derecho la sentencia. ¿Cómo se puede llegar a una conclusión y declarar la nulidad de un acto administrativo si no se dice cual es el motivo de nulidad? Y lógicamente, ¿Cómo se puede impugnar una sentencia sino se especifica cual ese motivo de nulidad? Obviamente la motivación fáctica de la sentencia es defectuosa al haber dejado de aplicar los artículos que se consideran como infringidos y por tanto debe casarse la sentencia.”.-
II.- Que el anterior motivo resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que refiere que su motivo se encuentra comprendido en el artículo 719.2 letra c), del Código Procesal Civil, siendo que dicha norma en ese numeral no contiene el literal mencionado; b) no precisa si la infracción alegada es por la forma o por el contenido de la sentencia, ya que se debieron individualizar por tratarse de situaciones jurídicas diferentes; y, c) aun cuando cita el precepto autorizante equivocadamente, se observa, que en el fallo del ad quem, confirmatorio del emitido en primera instancia, se han establecido las razones y criterios para decretar la nulidad del acto administrativo impugnado, entre ellos, “apreciar que en efecto las justificaciones del acto impugnado jurídica y materialmente no existen, es evidente que el mismo carece de elementos necesarios para su plena vida y eficacia licita”.-
III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de enero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 483-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Arita