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Sentencia CA-481-12 — Registro 2758

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia proferida por el a-quo declarando improcedente la acción, bajo el criterio que el plazo establecido por la ley para hacer el reclamo correspondiente era de diez años, no ejerciendo acción se extingue la obligación indemnizatoria por parte de la entidad estatal demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional de fecha 25 de enero del 2012, que REVOCA la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sede judicial en fecha 30 de junio del 2011, la cual había declarado procedente la acción interpuesta por la EMPRESA LABORAL LA VIVIENDA S. de R.L. de C.V. contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, se encuentra en abierta inobservancia del principio dispositivo que rige esta materia, en virtud que el Tribunal de segundo grado aprecia de oficio una prescripción la cual desarrolla en su considerando número (8) de la segunda pieza de autos que corre a folio 13 frente y vuelto, cuando tal facultad la tiene vedada el Juez o Tribunal, ya que es indispensable que para que pueda prosperar la misma, debió haber sido alegada por la parte en el momento procesal oportuno.- " Que uno de los requisitos fundamentales de la sentencia exigidos en el artículo 206 del Código Procesal Civil, es que la misma sea congruente en base a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, el Juez estará facultado para intervenir en los casos previstos en este Código en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivos y de aportación que son privativos de las partes.- " Que el Recurrente ha pedido en forma expresa la nulidad absoluta de la resolución impugnada basándose, entre otros aspectos, en la falta de congruencia del fallo recurrido"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de septiembre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La Empresa LA VIVIENDA S. DE R.L. DE C.V., representado en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y el Recurrido: La COORPORACION MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, representada en juicio por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento, intereses comerciales, costas; promovida el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, actuando en su condición de apoderado legal de la Empresa LA VIVIENDA S. DE R.L., en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra : La COORPORACION MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, representada en juicio por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que la empresa VIVIENDA S. DE R.L. habiendo desarrollado el proyecto de RESIDENCIAL MARBELLA. perfeccionó el contrato de compraventa del terreno urbano con la señora Adelina Sánchez, ubicado en el lugar denominado TILOARQUE con una extensión de 12,6015.76V2, en fecha 22 de octubre de 1981, el Consejo Metropolitano del Distrito Central de aquel entonces, en acta número 81 emitió acuerdo número 171 violentando el derecho de propiedad privada pretendió recuperar el dominio de un inmueble propiedad de la señora Adelina Sánchez, quien posteriormente le vendió a la empresa VIVIENDA S. DE R.L., existiendo resoluciones judiciales y administrativas en contra del Consejo Metropolitano del Distrito Central en donde la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia en fecha 5 de septiembre de 1983, dejo sin valor y efecto el acuerdo número 171 en el punto de acta número 2, debido a la invasión de la lotificación, no se pudo continuar con las actividades sobre los lotes vendidos y el cobro de los lotes financiados acarreando daños y perjuicios a la empresa porque dicha invasión fue patrocinada por el mismo Consejo Metropolitano, causando pérdidas a la empresa ya que a las personas que se presentaban les expresaban que el terreno no era de la empresa por lo que las personas dejaron de pagar y comprar los lotes.- 2.- La parte demandada, la COORPORACION MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contestó dicha demanda señalando que la ahora Alcaldía Municipal nunca ejerció posesión sobre el inmueble y siendo de propiedad privada a nombre de la señora ADELINA SANCHEZ, desde que se celebró el contrato de compraventa con la empresa ya existía la invasión que se alega, no siendo ordenada por la Alcaldía en virtud de jamás haber tenido posesión del inmueble, ni siendo de su propiedad.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción de nulidad incoada por no ser conforme a derecho el acto impugnado y se anula totalmente el mismo; reconocer la situación jurídica individualizada y para el pleno y efectivo restablecimiento y reconocimiento de tal situación, condena a la CORPORACION MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL al pago de daños y perjuicios que se le han ocasionado a la Sociedad mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA S. DE R.L.. DE C.V. por concepto de impacto económico de la parte urbanizada invadida, ocasionados por la invasión de la urbanización marbella, propiedad de la sociedad mercantil; y por el costo del terreno afectado; mas el pago de los intereses comerciales autorizados por el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, los que serán calculados desde la fecha que se presentó el reclamo administrativo hasta que se efectué el pago respectivo; difiriéndose el cálculo de los mismos a la etapa de ejecución de la sentencia por el motivo planteado en el considerando número ocho de la presente demanda. Sin costas, bajo el criterio que la parte demandante acreditó que no pudo desarrollar y promover su proyecto habitacional marbella por haber establecimientos humanos irregulares lo que ocasionó la pérdida de toda infraestructura de la urbanización y le fueron patrocinados y apoyados por al Alcaldía Municipal y dar lugar a la confrontación de un patronato y perdiendo los clientes que por acciones del mismo patronato dudaron del dominio de la propiedad del inmueble.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo y sin costas, declara improcedente la acción, bajo el criterio que el plazo establecido por la ley para hacer el reclamo correspondiente era de diez años, no ejerciendo acción se extingue la obligación indemnizatoria por parte de la entidad estatal demandada, por la prescripción en la acción personal reclamadora de la parte actora no procede.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha quince de marzo del dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada, en fecha veinticinco de enero del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 269-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 361-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- 6.- Mediante providencia de fecha dieciséis de marzo del dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, presentó, en fecha veinte de abril del dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de abril del dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente en fecha catorce de mayo del dos mil doce, el abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA y el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha veintinueve de mayo del dos mil doce.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, presento escrito en fecha dieciocho de mayo del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrido.- 9.- Que el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó escrito en fecha uno de junio del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. La censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o del debido proceso, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- III.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- V.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional de fecha 25 de enero del 2012, que REVOCA la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sede judicial en fecha 30 de junio del 2011, la cual había declarado procedente la acción interpuesta por la EMPRESA LABORAL LA VIVIENDA S. de R.L. de C.V. contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, se encuentra en abierta inobservancia del principio dispositivo que rige esta materia, en virtud que el Tribunal de segundo grado aprecia de oficio una prescripción la cual desarrolla en su considerando número (8) de la segunda pieza de autos que corre a folio 13 frente y vuelto, cuando tal facultad la tiene vedada el Juez o Tribunal, ya que es indispensable que para que pueda prosperar la misma, debió haber sido alegada por la parte en el momento procesal oportuno.- VIII.- Que uno de los requisitos fundamentales de la sentencia exigidos en el artículo 206 del Código Procesal Civil, es que la misma sea congruente en base a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, el Juez estará facultado para intervenir en los casos previstos en este Código en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivos y de aportación que son privativos de las partes.- IX.- Que el Recurrente ha pedido en forma expresa la nulidad absoluta de la resolución impugnada basándose, entre otros aspectos, en la falta de congruencia del fallo recurrido.- X.- En consecuencia y por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 200, 206, 208, 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha 25 de enero de 2012, visible a folios 11 al 14 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha tres de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 481-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL