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Sentencia CA-476-11 — Registro 2753

Resumen

Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que confirma el Auto venido en Apelación dictado por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

“Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 27 de mayo del 2011, visible a folios 9 al 11 de la segunda pieza, donde confirma la de primera instancia que declara inadmisible la demanda porque considera que ha expirado el plazo para su presentación, bajo el criterio que dicha acción debió ser sometida al procedimiento especial establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente en la impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa y no fuere la administración la que demanda contra su propio acto. “ Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 dela Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal. “ Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por el Tribunal Superior de Cuentas, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley y Reglamento que la regula, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación. “ Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva. “ Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolló este tipo de situaciones y las limitó a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden. “ Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “C0RTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: MARCO TULIO BURGOS CORDOVA, representada en juicio por la Abogada VILMA J. MATUTE DE BURGOS. OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir la declaración de no ser conforme a Derecho un acto Administrativo de carácter particular y su correspondiente anulación por infracción del ordenamiento Jurídico, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de enero del dos mil once, por la Abogada VILMA J. MATUTE DE BURGOS, quién actúa en su condición de apoderado del señor MARCO TULIO BURGOS CORDOVA, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante, el señor MARCO TULIO BURGOS CORDOVA, en el escrito de su acción manifiesta que el 16 de junio del 2003, se firmó en la ciudad de Madrid, España, el documento titulado “PROGRAMA DE COOPERACIÓN FINANCIERA HISPANO-HONDUREÑO (2003- 2005)”, mediante el cual el Ministerio de Economía de aquel país manifestó su intensión de poner a disposición del Gobierno de Honduras facilidades hasta por un monto de 83 Millones de Euros para financiar exportaciones de bienes y servicios españoles destinados a proyectos de interés común, por un período de tres años, convenio que fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras mediante el Decreto Número 147-2003 del 17 de septiembre del 2003, que fue publicado en el Diario Oficial de La Gaceta el 24 de noviembre del mismo año, crédito que en su totalidad estaría a cargo del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) de España, estipulándose que los proyectos que se beneficiarían con dicha financiación concesional se decidirían conjuntamente por ambos países, teniendo en cuenta la priorización que haría la Secretaría de Finanzas de Honduras y en la cláusula 2.3 del señalado instrumento se lee lo siguiente: “El sistema de adjudicación de proyectos a financiar con créditos concesionales con cargo a este Programa, será el de licitación restringida a empresas españolas, pudiéndose acordar por ambas partes, bajo circunstancias excepcionales, otras formas de adjudicación acordes con la legislación vigente en ambos países. Que el 27 de diciembre de 2007, se recibieron y abrieron los sobres con las ofertas de las tres (3) empresas españolas invitadas a LICITAR en forma privada, resultando que las ofertas económicas que presentaron fueron las que a continuación señalo: TELVENT EXPANSIÓN EXTERIOR, 19,156,918.72 euros; MAKIBER SICE, 19,193,527.69 euros, y ADASA-EMTE-DOMINION, 18,993,572.80 euros. Posteriormente el 28 de diciembre de 2007, la Junta Directiva de COPECO acordó adjudicar al Consorcio español DOMINION-ADASA-EMTE el proyecto “Modernización de Equipamiento Medioambiental y de Protección Civil Coordinado por COPECO”, por presentar el precio más bajo y cumplir con las especificaciones técnicas y legales requeridas en las bases de la licitación, en consonancia con la Ley de Contratación del Estado y el 29 de diciembre de 2007, se firmó el Contrato entre COPECO y el Consorcio ADASA-EMTE-DOMINION. Que el 29 de mayo de 2008, el nuevo Director General de Comercio e Inversiones del gobierno español, señor Antonio Sánchez Bustamante, comunicó a la titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras su nombramiento y le hizo saber que no se podría atender la financiación del proyecto de COPECO, con cargo a los fondos FAD, debido al tiempo que se ha dejado transcurrir y tratarse de un programa para el período 2003-2005. Que en el mes de junio del 2008, se iniciaron las audiencias de descargo a los funcionarios de COPECO que participamos en el proceso de la mal llamada “contratación directa” que fue la causa de la denuncia, siendo del caso señalar en este momento que el TSC no tuvo razones jurídicas para objetar el sistema de contratación empleado, por las siguientes consideraciones jurídicas y fácticas esenciales: a) El gobierno español nunca objetó el procedimiento utilizado, aunque hipotéticamente hubiese estado ajustada a derecho la calificación que al acto administrativo de COPECO dio el TSC a la resolución impugnada, por lo que debe entenderse su aceptación y plena conformidad con la LICITACIÓN PRIVADA. b) COPECO, desde el punto de vista contractual no estaba obligada a hacer licitación pública, como la primera a vez. c) Sólo hubiese incurrido COPECO en infracción de la cláusula 2.3 del Convenio celebrado entre los gobiernos de España y Honduras que hacía obligatoria “la licitación restringida a empresas españolas’ de haber optado inconsultamente por el “CONCURSO” sin autorización del financista, figura parecida a la “CONTRATACIÓN DIRECTA” pero que se distingue de ella porque consiste en una mera invitación a “potenciales interesados”, sin que necesariamente tengan la cualidad de “oferentes calificados”, tal como resulta de las definiciones contenidas en el Artículo 7 literales p) y q) del ya citado Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. d) Habrá de recordarse que las tres empresas participantes ya habían ofertado en la licitación pública fallida, por lo que estaban precalificadas para la LICITACION PRIVADA. e) Si hubiese sido cierto que COPECO contrató “directamente” la compra, (definida en el Artículo 7 literal p) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado como Procedimiento aplicable en situaciones de emergencia, o en las demás situaciones de excepción previstas en el Artículo 63 de la Ley, excluyendo los requerimientos formales de la licitación o el concurso, obran en el expediente administrativo del TSC sendos decretos ejecutivos del gobierno de Honduras que declararon el ESTADO DE EMERGENCIA, legalmente justificado cuando existen “Situaciones especiales que requieren atención inmediata y urgente, ocasionadas por acontecimientos naturales como inundaciones, terremotos u otros similares ‘ según el Artículo 7 que se ha venido citando, en su literal g), que fue lo que exactamente le estaba sucediendo a nuestro país, procedimiento que sin embargo no se utilizó. Que el 9 de octubre del 2008, el Director General de Comercio e Inversiones de España respondió la carta CP-0053/08 de fecha 25 de junio, en la cual expresa que su gobierno ha RECONSIDERADO la decisión de no financiar el Proyecto COPECO y comunicó que en vez de un crédito concedido a Honduras, el monto del mismo sería tenido como DONACIÓN o CRÉDITO NO REEMBOLSABLE. Posteriormente se suscribió el Acuerdo para la Mejora de la Sostenibilidad del Proyecto preparado por COPECO y el CONSORCIO DOMINION-ADASA-EMTE, no ya por el suscrito, que había cesado en el cargo, sino por el nuevo Comisionado Nacional, señor Julio César Cruz Bonilla, razón por la que carezco de más información, pero he de aclarar que este instrumento fue parte del trámite de la financiación concesional convertida en donación. Por lo manifestado anteriormente es su intención dejar sentado, en primer lugar, que estamos frente a un asunto de mero derecho, ya que se le ha multado por la creencia errónea del TSC de que COPECO contrató “directamente”, cuando en verdad licitó privadamente, ajustándose a los conceptos legales y reglamentarios del término, ejercitando la facultad que le concedió el contrato internacional celebrado entre España y Honduras, que en ninguna parte habla de licitación “pública”; en segundo lugar, porque si no asumía la responsabilidad de impulsar dicho proceso, Honduras hubiera irremisiblemente perdido el financiamiento que tanto necesitaba para auxiliar a gran parte de su población en situación de riesgo por los constantes fenómenos naturales que nos han azotado; y, en tercer lugar, en virtud de que el acto administrativo objetado por el TSC como “irregular”, lejos de generar algún perjuicio patrimonial al país, fue de enorme beneficio por haberse aprovechado oportunamente los importantes recursos donados generosamente por el gobierno español en beneficio de la gente más necesitada”. Solicita: la declaración de no ser conforme a Derecho un acto Administrativo de carácter particular y su correspondiente anulación por infracción del ordenamiento Jurídico. 2. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Francisco Morazán, con fecha: 14 de marzo de 2011, dictó sentencia resolviendo “PRIMERO: DECLARAR parcialmente subsanada la presente demanda únicamente en lo concerniente al numeral 1 del auto de fecha 26 de enero del presente año (2011) y lo dispuesto en el auto de fecha 3 de febrero también del año en curso; SEGUNDO: Tener por no subsanada la causa de inadminisibilidad señalada referente a que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda y al requisito necesario para convalidar la comparecencia del demándate tendiente a la obligación de acompañar el documento acreditativo de la multa o arreglo de pago correspondiente; TERCERO: Declara inadmisible la demanda incoada por el ciudadano MARCO TULIO BURGOS CORDOVA; pues ha expirado el plazo para su presentación, teniendo por no presentado el escrito. Y ordena el archivo de las actuaciones, pues tampoco ha cumplido con el documento exigido en el articulo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; CUARTO: Contra la presente resolución cabe el Recurso de Apelación ante la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo dentro del plazo de diez días hábiles”. Bajo el CRITERIO: Que de la revisión de los autos se desprende que el plazo de 15 días hábiles inició en fecha 17 de noviembre del año 2010, pues al demandante le fue notificado la resolución que resolvió el recurso de Reposición en fecha 16 de noviembre del año 2010.- De un simple conteo, se puede establecer que el plazo para interponer la demanda finalizó el 07 de diciembre del año 2010, habiendo sido presentada la misma hasta en fecha 11 de enero del presente año (2011 ).- Es improcedente el argumento del demandante referente a que la multa impuesta se debe tramitar con el procedimiento ordinario, pues la multa de la que habla el artículo 104 es de carácter general, es decir, es una multa que proviene de cualquier tipo de acto de la administración pública ya sea en materia tributaria o de otra índole.- Por lo expuesto, se tiene por no subsanada la causa de inadminisibildad referente a que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda. Que también ha sido solicitado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cuanto a que el actor acompañe el documento que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, de la cantidad respectiva o el arreglo de pago correspondiente. De la revisión de los autos no consta ninguno de los dos documentos referidos, motivo por el cual se tiene por no subsanado éste aspecto de necesaria concurrencia cuando la demanda, como en el presente caso, pretenda la impugnación de un acto que impone una multa. 3) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, con fecha 27 de mayo del 2011, Falló: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMA el Auto venido en Apelación de fecha catorce de marzo del dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Francisco Morazán. Criterio: Que cuando la acción consistiera en la impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa, y no fuere la administración la que demanda contra su propio acto, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en esta sección, se sujetara a los procedimientos especiales de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 4. La representación procesal de la parte demandante, Abogada VILMA J. MATUTE DE BURGOS, presentó en fecha 26 de julio del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 27 de mayo del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 127-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 010-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial. 5.- Mediante providencia de fecha 29 de julio del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días siguientes al de la notificación, señalando a las partes el plazo de cinco (05) días para que se personen. 6.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada VILMA J. MATUTE DE BURGOS, presentó escrito de personamiento en fecha 9 de agosto del 2011, en concepto de parte recurrente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 27 de mayo del 2011, visible a folios 9 al 11 de la segunda pieza, donde confirma la de primera instancia que declara inadmisible la demanda porque considera que ha expirado el plazo para su presentación, bajo el criterio que dicha acción debió ser sometida al procedimiento especial establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente en la impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa y no fuere la administración la que demanda contra su propio acto. II.- Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal. III.- Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por el Tribunal Superior de Cuentas, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley y Reglamento que la regula, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación. IV.- Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”[1], por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva. V.- Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolló este tipo de situaciones y las limitó a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden. VI.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. VII. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VIII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2, 215 numeral 5 y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 27 de mayo del 2011, visible a folios 9 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de septiembre del dos mil trece; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 476-11.-

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] CIDH, Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de 2007.